Luis Rosero M.
Con la continuación del paro indígena y sus efectos se reduce el nivel de actividad económica y los desequilibrios macroeconómicos se agravan. La mediación se torna necesaria para que las partes lleguen a un acuerdo a fin de resolver el conflicto. Mientras tanto sigue aumentando la inseguridad y la situación social sigue agravándose principalmente por la crisis de salud.
La crisis política se agrava por la continuación del paro, el conflicto del gobierno con la Corte Constitucional (CC) y la promoción del ejecutivo del referéndum y consulta popular. En efecto, ya se cumplen 16 días del paro nacional de la CONAIE con acciones de protestas, cierre y bloqueo de carreteras. La policía y FF.AA. actúan con más fuerza y, por el lado de los indígenas, se retuvieron a militares. Como resultado hay un muerto, heridos y un centenar de detenidos. La CONAIE demanda para terminar el paro que se revoque el alza del diésel mientras que el gobierno trata de mantener la medida. Los efectos negativos del conflicto le pasan la factura al sector agropecuario, floricultor, textil, turístico y otros. Las pérdidas para las empresas siguen aumentando mientras que los medios informan que habría desabastecimiento de ciertos productos agrícolas de la sierra, en la costa, y aumento de éstos. Cada día de paro afecta a la economía, sobre todo a las provincias del norte. Sin embargo, las partes no ceden y se requiere una mediación para llegar a un dialogo.
Para tratar de frenar el paro el gobierno declaró estado de excepción en diez provincias, en las zonas en que se desarrolla el conflicto, después que la CC anulará dicho estado en 5 de las 7 provincias decretado por el gobierno en días pasados y declaró día no laborable el 9 de octubre, con lo que el feriado se amplío a 4 días. Esta última medida busca diluir el paro indígena y que este termine por el debilitamiento de la protesta social. El gobierno mantiene un conflicto con la CC por varios temas. Entre los últimos esta la declaración de inconstitucionales de la CC de la ley de Solidaridad Nacional y de Integridad Pública, que la Asamblea, con el carácter de económicas urgente, que son claves en el esquema de gestión del gobierno. El estado de excepción, vigente, se decretó por grave conmoción interna y por la declaración del presidente de la CONAIE de tomarse Quito.
El ejecutivo ha otorgado una serie de bonos temporales para compensar a transportistas y bono Raíces. Además, se decretó la entrega del bono Incentivo Emprende y CATTA para agricultores todo lo cual es para calmar a los afectados por el alza del diésel. También, dado los efectos negativos del paro sobre la economía, ha decretado que el décimo tercer sueldo, que las empresas y gobierno pagaban en diciembre, se entregue en noviembre, ha rebajado el IVA en los feriados de octubre y noviembre y ha transformado bonos temporales, como el de los programas Bonos Jóvenes y Ecuatorianos en Acción, en permanentes. Hasta la fecha el gobierno desembolsó 353 millones en los nuevos bonos. Estas tres últimas medidas es para reactivar el sector turismo, darle liquidez a los trabajadores y empleados así a como los jóvenes que reciben dicho bono con el propósito de reactivar la economía. Además, aumentó 50000 nuevos beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano que fue acordado en el convenio con el FMI como forma de protección social de los grupos más vulnerables de la sociedad.
La crisis económica tiene varios aspectos. Llegar a un acuerdo para revocar el alza del diésel y terminar el paro resulta complicado para el gobierno ya que, con el acuerdo con el FMI, se comprometió a reducir y eliminar los subsidios. Además, lo firmado con dicho organismo, busca después de las revisiones recibir 1200 millones, acceder a más recursos de otros organismos multilaterales y contar con el doble aval del FMI para la emisión de bonos soberanos internacionales para obtener más recursos a fin de cubrir las necesidades de financiamiento del presupuesto y del déficit fiscal de 2025 así como por una probable renegociación de la deuda externa. Pero los problemas macroeconómicos incluyen otros como mantener la sostenibilidad de la deuda externa y reducir el riesgo de una renegociación de esta así como reactivar la economía, creación de empleo formal y la reducción del tamaño del sector informal urbano.
En cuanto al financiamiento, el FMI ha señalado que entre los desafíos más importantes están las condiciones de acceso para el financiamiento externo son estrechas y, por otro lado, el aumento de la inseguridad que no tiene visos de solución. En efecto, en Guayaquil, en Bastión Popular hubo un triple crimen, una familia fue asesinada en su vivienda en Nueva Prosperina, un ataque armado dejó dos muertos y un herido en Duran, etc.
En síntesis, el gobierno busca con su política de mano dura, las compensaciones y las medidas dictadas conseguir el apoyo de la población para presionar a que termine el paro indígena y promocionar el referendo y la consulta popular. El primero incluye preguntas para permitir la instalación de bases militares extranjeras, terminar con el financiamiento estatal a los partidos políticos y reducir el número de asambleístas. La consulta busca el establecimiento de una asamblea constituyente para elaborar una nueva constitución a la medida del gobierno. Las acciones de éste y la atención pública se ha centrado en el paro indígena, relegando a un menor plano los principales desequilibrios macroeconómicos (financiamiento del presupuesto y déficit fiscal 2025, empleo formal estancado, aumento del subempleo y del sector informal urbano) y la creciente inseguridad ciudadana que sigue atemorizada por el crecimiento de la violencia debido a las acciones de los carteles de la droga, el crimen organizado y la delincuencia común. El tema clave de la violencia es si la política, estrategia y táctica del gobierno esta funcionando. O en otras palabras, su gestión en esta área parece no tan efectiva.
Pensamiento y comportamiento 