Luis Rosero M.
Por fin, el paro de la CONAIE finalizó y, en el tiempo que duró, la atención pública estuvo centrada en la paralización y ahora la cruda realidad emerge con la crisis de seguridad, económica y social. En lo político, el gobierno continúa con la precampaña electoral y se prepara para la campaña a fin de ganar el referéndum y la consulta popular orientada a una asamblea constituyente y la redacción de una nueva constitución, que sería el camino, según el gobierno, para resolver la múltiple crisis y enrumbar al país por la senda del progreso y desarrollo. Lo cierto es que el país afronta grave desequilibrios estructurales que se han agravado y los coyunturales contribuyen a complicar la crítica coyuntura que vive el país. A eso se agrega, la falta de un proyecto país que oriente el rumbo del país.
En la crisis política, el fin del paro de la CONAIE llevó a recuperar la paz social afectada por la protesta indígena. La terminación del conflicto se dio por la decisión de la CONAIE ante la amenaza de la militarización de Imbabura. Si bien, el pargo indígena logró paralizar total o parcialmente a algunas provincias del país por 31 días, no tuvo la fuerza para sostenerse ante la mano dura del gobierno. El malestar en esta provincia, que se dinamiza por el turismo, empresas pequeñas y exportación, afectó su economía. A eso se suma la división, el fraccionamiento de la cúpula del movimiento indígena y el accionar del gobierno en esa dirección. Las pérdidas son significativas tanto en lo humano: 3 muertos, heridos y más de 100 detenidos; en lo económico, salieron afectadas, por el cierre de carreteras, parte de Pichincha, Cotopaxi, Imbabura y Carchi y el régimen aprovechó para otorgar compensaciones (bonos y otras medidas). Sin duda, la mano dura, las compensaciones e incentivos del gobierno a los afectados por el paro tendrá un costo político y su incidencia se expresaran en el evento electoral.
El reporte de octubre, de este año, de la encuestadora Click Report, muestra que el 45.2% de los ecuatorianos señala a la crisis económica como el principal problema, seguido por 32.3% que manifestó a la delincuencia y a la inseguridad. En efecto, de esta última, se reportó la fuga en la Penitenciaría del Litoral de alias Fede, líder de una de las bandas criminales, lo que indica que no hay control total en las cárceles del país, y, en Santo Domingo, Manabí y Esmeraldas se ejecutaron tres masacres que dejaron más de 15 muertes. El nivel de violencia e inseguridad sigue aumentado. El gobierno continúa con política de seguridad basada en su estrategia de estados de excepción continuos y operativos de las FF.AA. y policía en la que capturan a sospechosos, sin embargo, los resultados no son tan alentadores. Según CNN, la cifra de homicidios intencionales, en el primer semestre de 2025, aumentó 47% en relación al mismo periodo de 2024.
En cuanto a la crisis económica, si bien hubo un crecimiento de 4.3% en el segundo semestre de 2025, esto es parte de la recuperación de la economía después de la contracción económica de 2% del año pasado. Además, la problemática económica se centra en tres variables más. Una, el déficit fiscal de este año, según la proforma del Estado 2025 sería de 4.3%, un aumento respecto a la de 2024 de alrededor de 1.8%. Por eso, el alza del diésel era necesaria para financiar el déficit y las necesidades de liquidez de la caja fiscal. A pesar, de todas las medidas fiscales que ha tomado el gobierno, el déficit fiscal sigue aumentando. Dos, el financiamiento público, según el Boletín de julio del 2025 de Deuda Pública, del Ministerio de Finanzas, la deuda total alcanzaba 62621 millones de dólares, de las cuales la externa representó el 77% y la interna 23%. Para financiar el déficit el gobierno acude además a deuda externa y interna. Mientras estas sigan aumentando hay presión sobre la sostenibilidad de estas. En 2026, según Fausto Ortiz, la amortización de la deuda externa sería de 3918 y la interna de 3896 millones respectivamente con un total 7813 millones, 2000 millones más que lo programado para 2025. Por ello, ya la ministra de Finanzas del régimen declaró que el gobierno lanzaría una emisión de bonos en el mercado financiero internacional. El riesgo es alimentar el ciclo de aumentar la deuda para pagar deuda, lo que podría llevar, en el caso de la externa, a una renegociación de la misma y, además, a una nueva reforma tributaria que contribuya a pagar los compromisos externos. Tres, la situación del mercado de trabajo. Según el informe de agosto de 2025, del INEC, la tasa de empleo adecuado (formal) fue 35.1%, en cambio, la de subempleo si bien bajo sigue alta con 19.4%, la tasa de otro empleo no pleno aumento a 31.3% y la tasa de empleo en el sector informal, a inicios de 2025, llegó al 55%.
La crisis social, se ve reflejada en la crisis de salud pública que se expresa en la falta de medicamentos y atención en los hospitales públicos. El gobierno anunció que a los hospitales del IESS les va a distribuir 3 millones en medicamentos. Los proveedores de servicios de salud y a los de la tercera edad y otros que cobran la devolución del IVA denuncian que nos les paga todo lo que se adeuda. A esto se suma, que la tasa pobreza, a nivel nacional, en junio de 2025, fue 24%. Aunque se redujo respecto al mismo mes del año pasado, sigue siendo alta. En cambio, la pobreza urbana registró 15.7%, la pobreza extrema alcanzó 10-4% y la pobreza rural 41.7%.
En este escenario, se desarrollará la campaña electoral, del 1 al 13 de noviembre, para el referéndum y consulta popular que se celebrará el 16 de noviembre. El gobierno empezó la precampaña electoral para este evento con la entrega de subsidios y compensaciones a los afectados por el alza del diésel y los del paro del movimiento indígena. El régimen apunta a realizar su campaña para ganar el referéndum y la consulta popular. En el primero se consultará sobre la instalación de bases militares extranjeras, eliminar la asignación de fondos públicos a las organizaciones políticas y reducción del número de asambleístas. Como están formuladas las preguntas, la mayoría votaría si pues la precampaña difundió la idea de que esas bases ayudaría en la lucha contra el narcotráfico y crimen organizado y, las dos segundas, con el desprestigio de los partidos políticos y asamblea se publicita que esto ahorraría dinero al estado necesario para reducir el déficit fiscal. Un voto positivo en el referéndum incidiría para votar si en la consulta basado en la idea de que una nueva constitución ayudaría a resolver los problemas del país y los ciudadanos. En suma, una de las falacias es que las malas normas legales limitan el accionar del gobierno para resolver los problemas del país.
En síntesis, si bien la terminación del paro indígena aporto a la paz social, sin embargo, las muertes violentas del primer semestre de 2025 y la continuación de las masacres aumentaron con lo que la inseguridad creció. Hay problemas de gestión en cuanto a seguridad y salud. A eso se agrega, la crisis económica persiste por el alto déficit fiscal, fuerte endeudamiento público, riesgos de sostenibilidad de la deuda externa y deterioro del mercado de trabajo. La crisis social se refleja en la crisis de salud pública y el alto nivel de pobreza. En suma, el escenario, previo al referéndum y consulta popular, se complica por la múltiple crisis del país que agudizó la crisis política con el paro y sus efectos tendrán un costo político tanto para el gobierno así como en los otros actores políticos y que influenciará en la decisión electoral.
Pensamiento y comportamiento 