Luis Rosero M.
El país vive una coyuntura muy difícil. Se cumple un mes del paro indígena, agravado por los atentados con bombas en la costa. Además, de dos muertos hay carreteras bloqueadas y pérdidas económicas en las provincias del norte. No hay indicios de nuevos diálogos. La inseguridad sigue aumentando, el deterioro social crece y, en medio de esta caótica situación, debemos votar en un referéndum y la consulta popular para instalar una asamblea constituyente, impulsados por el gobierno, para que redacte una nueva constitución. En vista de este nuevo llamado a las urnas el gobierno sigue dictando medidas, antes era para compensar a los afectados por el alza del diésel, ahora, lo hace con miras al evento en que se manifestará la voluntad popular.
A pesar de un acuerdo entre el gobierno y la dirigencia indígena de Imbabura -epicentro del conflicto- para terminar con el paro, las bases indígenas desconocieron dicho acuerdo, la CONAIE no ha declarado el fin del conflicto y algunas organizaciones indígenas amazónicas apoyaron la continuación del paro. Imbabura se mantiene militarizada y algunas carreteras se mantienen bloqueadas. Hay denuncias de uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas del orden y violencia ejercida por los manifestantes. No hay indicios de negociaciones entre las partes y el gobierno apunta al desgaste del movimiento indígena. A eso, se suma la explosión de una bomba frente al Mall del Sol uno de los grandes centros comerciales de Guayaquil, el atentado en el puente de Churute (Guayas) y la explosión en el puente Mollepongo, en la carretera Guayaquil-Cuenca. Estos atentados, atribuidos a grupos criminales, agravaron la violencia, agudizaron el miedo de la población que vive, cada vez más, atemorizada por el aumento de la inseguridad. La economía, de algunas provincias del norte, esta siendo seriamente afectada. Es hora ya de alcanzar un acuerdo para poner fin al conflicto que implica sentarse a la mesa de negociaciones en que cada una de las partes ceda por el bien del país en esta difícil coyuntura que vive. La CIDH reitero el llamado al diálogo para prevenir violaciones a los derechos humanos y el ex presidente de Uruguay, Julio M. Sanguinetti, declaró respecto al conflicto que: “El más fuerte tiene la obligación de dialogar.”
En medio de esta crítica coyuntura, hay buenas noticias por el lado de la macroeconomía. El Banco Central anunció que la economía creció 4.3% en el II trimestre de 2025, lo cual es una recuperación respecto al decrecimiento económico de -2% del año 2024. Sin embargo, hay un déficit fiscal de 4.3% y en 2024 fue el cuarto país más endeudado de Sudamérica. El mayor dinamismo del II trimestre del año señalado, fue impulsado por el aumento del consumo de hogares, mayores exportaciones no petroleras y más inversión. El mayor consumo se debió principalmente por al crecimiento del gasto en alimentos, más crédito de consumo y mayores remesas. Sin embargo, el mas alto consumo de los hogares fue financiado con endeudamiento con tarjeta de crédito. Según un informe de un estudio de la firma Kantar, “el uso del crédito para adquirir productos de consumo inmediato -como los del supermercado- aumento 46% en un año” Aún más, la Superbancos informó que cerca de 4 millones de ecuatorianos están en mora con algún tipo de deuda. Las compras de la canasta básica, electrodomésticos y celulares se pagan con cuotas y a crédito. Las causas de este endeudamiento esta relacionado con la situación en el mercado de trabajo. Según el informe de agosto de 2025, del INEC, la tasa de empleo adecuado (formal) fue 35.1%, en cambio, la de subempleo si bien bajo sigue alta con 19.4%, la tasa de otro empleo no pleno aumento a 31.3% y la tasa de empleo en el sector informal, a inicios de 2025, llegó al 55%. Estos datos inciden sobre los ingresos de los trabajadores y empleados.
El deterioro social continua en el país. En efecto, según datos del INEC, la tasa pobreza, a nivel nacional, en junio de 2025, fue 24%. Aunque se redujo respecto al mismo mes del año pasado, sigue siendo alta. En cambio, la pobreza urbana registró 15.7%, la pobreza extrema alcanzó 10-4% y la pobreza rural 41.7%. Esta última es muy alta y explica la virulencia de las protestas en el paro indígena en las provincias del norte del país. Los indicadores de pobreza están determinados por las condiciones del mercado de trabajo que como ya indicamos, existe alto nivel subempleo, de otro empleo no pleno y del sector informal. A eso se suma, los datos de la evolución de los precios. La inflación nacional, a septiembre de 2025, registró 2,23% más alta que la del mismo mes, del año pasado, en la que llegó a 2.03%. La inflación en dicho mes de 2025 registra el impacto del alza del precio del diésel. En efecto, el costo de la canasta familiar básica en septiembre aumento a USD 819, 17 que significo un aumento de USD 13,27. Por otro lado, la crisis de salud reflejada en la falta de medicamentos e insumos médicos en hospitales públicos y el atraso en pagos a Solca y centros que prestan servicio al IESS aportan al deterioro de las condiciones sociales de la población.
En medio de esta crítica coyuntura, de aumento de la violencia y la inseguridad, la recuperación de la economía resulta positivo pero los consumidores utilizan deuda para compra de la canasta básica. Es preocupante el deterioro social por la crisis de salud, indicadores altos de subempleo y empleo en el sector informal y niveles altos de pobreza. En este escenario se desarrollará la campaña electoral, del 1 al 13 de noviembre, para el referéndum y consulta popular que se celebrará el 16 de noviembre. Como ocurrió previo, a la elección presidencial del 9 de febrero de 2025, ahora el gobierno tomo medidas como el adelanto del pago del décimo tercer sueldo en el sector público, desembolso de recursos a universidades y politécnicas para el programa de residencia estudiantil y adelanto 3 días el pago de la pensión jubilar.
Pensamiento y comportamiento 