Luis Rosero M.
El referéndum y la consulta popular son claves en la intención del gobierno de implantar una nueva constitución. En la decisión electoral de la población influenciarán la coyuntura y el escenario, la calidad de la gestión gubernamental y la pre campaña así como la campaña electoral. El gobierno busca una constitución a la medida de su ideología y política. Cómo en los gobiernos anteriores, la consulta y el referéndum se convertirían en una evaluación de la gestión pública del régimen.
La coyuntura es parte del escenario electoral. En éste destacan ciertos elementos. La encuesta de Click Report, de octubre de este año, muestra que el 45.2% de los ecuatorianos señalaron a la crisis económica como el principal problema, mientras que el 32.2% dijo que delincuencia y la inseguridad es el segundo problema. Como he señalado, en artículos anteriores, dicha crisis se refleja principalmente en un déficit fiscal de 4.4% (que restringe la asignación presupuestaria a salud, IESS, obra pública, etc.). A pesar de que, en el primer semestre, la economía creció 3.8%, esto es una recuperación en relación al -2% de contracción en 2024, sin embargo, se mantiene en la fase de contracción del ciclo económico de 2025 según el Banco Central. En 2026, el crecimiento disminuiría a 2%, según el FMI. Esta tendencia afecta a la generación de empleo (en agosto, apenas el empleo formal 35.1%, subempleo 19.4%, otro empleo no pleno 31.3% y sector informal 55%). El otro gran problema macroeconómico es la deuda pública y su amortización. De ésta, a julio, la externa era 77% y la interna 23%. Para 2026, el país deberá desembolsar 12282 millones en pagos de capital e intereses de la deuda pública según el Observatorio de Política Fiscal, de lo que deberá pagar 6551 millones de la deuda externa que representa el 53% de la deuda total. Como bien señala La Hora, la deuda pública devora al presupuesto, lo que deja menos recursos para otras asignaciones presupuestarias. Como ocurre con la crisis de la salud pública que se refleja en hospitales sin medicamentos y la atención médica tardías, al igual que en el IESS. Pero, además surge el riesgo de la sostenibilidad de la deuda externa y la posibilidad de una renegociación de la misma. Para disminuir este riesgo cabría la posibilidad de una nueva reforma tributaria para obtener mas recursos para pagar dicha deuda.
En cuanto a la seguridad ciudadana, a pesar de los operativos de la policía y FF.AA. los índices de muertes violentas siguen altos, se repiten masacres (cárcel de Machala 27 muertos, según CNN) continúan aumentando las extorsiones (vacunas) y los secuestros. En suma, hay problemas de la menor calidad de la gestión en salud pública, seguridad ciudadana y manejo económico.
La precampaña y la campaña electoral en el referéndum y consulta popular ha sido fuerte en la que el gobierno ha ejecutado políticas y acciones que influirán en la decisión electoral. La visita de la Secretaria de Seguridad Nacional de EE.UU. a la base militar de Salinas incidirá, en el referéndum, en la decisión de los electores sobre la instalación de bases militares en el Ecuador. En la segunda y tercera preguntas del referéndum de eliminar la entrega de fondos a los partidos políticos y de reducir el número de asambleísta inclina a votar. De esta última, el problema es la calidad y no la cantidad de los legisladores. Dada la crisis y descrédito de la población hacia dichos partidos, y, la histórica mala gestión de la asamblea, en los últimos años, también incidiría en un voto positivo.
Respecto a la consulta popular, el gobierno impulsa una nueva constitución, no ha planteado que tipo de carta magna busca que se apruebe. Solo se ha mencionado ciertos temas. Dahik ha declarado que, en la crisis del IESS, debe separarse el fondo de pensiones, que paga a los jubilados, de los otros fondos (salud, cesantía, etc.) argumentando que las necesidades de los otros fondos ponen en riesgo al fondo de pensiones. Por otro lado, el presidente ha declarado que pasen al Ministerio de Salud las prestaciones de salud del IEES y que éste solo se encargue del fondo de pensiones. Relaciona a esto, si la salud pública esta en crisis agregarle la atención médica de los afiliados al IESS agravaría dicha crisis. Esta propuesta no podría realizar en el corto plazo, como ha señalado el presidente, sino en un mediano plazo ya que implicaría una reforma estructural del sistema de salud pública que reduzca las ineficiencias y la mala atención a los usuarios del servicio salud. En el fondo. lo que plantea el gobierno es una reforma previsional adoptando el modelo chileno de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y las Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES), ambas privadas. Este modelo hizo pasar la seguridad social de un modelo de reparto a un sistema de capitalización individual. Las AFP cobraban una comisión por administrar los fondos y las ISAPRES se financian con una comisión pagada por sus afiliados para recibir atención médica. El problema central de ésta última es que no atendía a los usuarios de salud pobres. En cambio, con las AFP, con la crisis y presión social, se aprobó una ley que permitió el retiro de los fondos de la AFP. En suma, este modelo fracasó en Chile y esta en crisis en Perú. Se pasó a un modelo de salud mixto. Uno público, administrado por el Fondo Nacional de Salud que atiende a los de ingresos bajos y medios, y, otro privado, ISAPRES que proporciona servicios de salud a los de ingresos altos cobrando una comisión. Se complementó con un sistema de gestores públicos y privados que administran los fondos de pensiones, que reemplazan a las AFP privadas.
El gobierno no ha señalado nada sobre el equilibrio de poderes del estado, sobre los derechos y libertades de los ciudadanos, sobre la organización del estado, etc. O sea, vamos a votar sobre el llamado a una asamblea constituyente que elaborará una nueva constitución que, dada la mayoría del gobierno en la asamblea, que se replicaría en la elección de los constituyentes, redactándose una nueva carta magna siguiendo la ideología, concepciones y políticas del gobierno. La economía en la nueva carta magna, como se trata de un empresario presidente, se orientaría hacia la implementación de una economía de libre mercado sin cortapisas.
En síntesis, pesará en la decisión electoral la calidad de la gestión del gobierno principalmente en seguridad, la crítica situación económica y la crisis social (en la que sobresale la crisis de la salud pública). En el fondo el gobierno pretende una privatización del fondo de pensiones del IESS y pasar al Ministerio de Salud las prestaciones de salud de los afiliados, agravando la crisis de salud que duraría algún tiempo. Por ello, La campaña electoral del gobierno hay opacidad y camufla la privatización de otros sectores (IESS, petróleo, gas, electricidad. Telecomunicaciones, etc.), que son temas sensibles, e incidiría en la decisión electoral. Se presume que el gobierno intentaría establecer una constitución parecida a la de 1988 que, en economía, propugnó un régimen (neo) liberal. Como muestran las presiones a la Corte Constitucional, el control del Tribunal Contencioso Electoral y judicialización de la protesta y enfrentamiento a opositores, etc. habría una tendencia a aumentar la concentración y acumulación poder o sea buscaría apuntalar aún más el hiperpresidencialismo. De ahí, la importancia del equilibrio de poderes y la necesidad del contrapeso entre estos a fin de contener el abuso del poder.