Luis Rosero M.
Con los resultados preliminares del CNE, con el 81% escrutado el No obtuvo el 61.5% para la nueva constitución y el 60.5% para la instalación de bases militares. Es una rotunda derrota en las tres preguntas del referéndum y la de la consulta popular. Como en los años anteriores, el evento electoral se ha convertido en una evaluación de la gestión del gobierno y la aprobación de su desempeño. Varios son los factores que influyeron en este resultado y significa un duro golpe político para el gobierno, fue un voto protesta contra su gestión y estilo de gobierno, deberá rectificar para seguir en el poder.
Este adverso resultado para el régimen se da a pesar de que en la precampaña y campaña electoral el gobierno aplicó una serie de medidas y beneficios económicos para la población como los bonos gubernamentales y otros beneficios para la población, el pago adelantado del décimo tercer sueldo y de las pensiones jubilares, alza de sueldos a miembros de las juntas parroquiales, el reparto de medicinas en hospitales del IESS, etc. Esta estrategia había funcionado en elecciones anteriores ya que inducía el voto a favor del gobierno. La forma en que estaba ordenadas las preguntas del referéndum inducía a votar por el sí y, a su vez, daba la pauta para votar positivamente en la consulta.
Hay varios factores que influyen en la derrota. Uno, el apresuramiento del régimen por imponer la fecha del evento electoral lo más pronto posible. Dos, el saltarse a la Corte Constitucional y realizar la convocatoria para la realización del referéndum y consulta popular. Tres, respecto a la pregunta sobre las bases militares que supuestamente, según el gobierno, iban a contribuir a la lucha contra el narcotráfico, se vio afectada por los datos sobre la seguridad. A pesar de la visita de la Secretaria de Seguridad de EE.UU. y el traslado de los presos más peligrosos a la nueva prisión de Encuentro, que todavía no acaba de concluir su construcción. Según el resumen del informe de la Iniciativa contra la Delincuencia Organizada (ICDO) la criminalidad en Ecuador en 2023 fue de 7.07 y en 2025 subió a 7.48 puntos. En el mercado de la cocaina su calificación es 9/10. Recalca, que este pais esta dominado por poderosas estructuras mafiosas (Los Choneros, los Lobos y los Tiguerones que controlan buena parte del narcotráfico, la extorsión, la trata de personas y la mineria ilegal). El crimen organizado ha hechado raices en el sector privado en el que empresas de transporte, agricultura y mineria juegan un papel en el tráfico de drogas, la extracción ilegal de oro y lavado de dinero. Por otro lado, Luis Gallegos Ch., en su artículo ‘Del paraíso al infierno”, señala, citando el informe ¿Un paraíso perdido? La lucha de Ecuador contra el crimen organizado, de International Crisis Group, “que, durante décadas, Ecuador fue una excepción de paz en una región donde sus vecinos sudamericanos se hundían en conflictos vinculados al narcotráfico. Ese escenario ha cambiado por completo. Hoy Ecuador se ha convertido en uno de los países más violentos del mundo, al transformarse en un punto clave del tráfico de drogas.” Pues bien, la evidencia es que a pesar de los estados de excepción y operativos de la policía y de las FF.AA., el gobierno no ha sido capaz de reducir los 50 asesinatos por día, por cada cien mil habitantes, que se proyectan para 2025, las extorsiones (vacunas) y secuestros. No ha logrado disminuir el nivel de violencia y la inseguridad en el país que genera temor y zozobra a los habitantes y devolverles la paz social. Al parecer, en la mano dura contra el crimen organizado falla la política, la estrategia y tácticas de seguridad para enfrentar a los grupos criminales.
Respecto a la asamblea constituyente, el argumento del ejecutivo para cambiar la constitución actual de 2008 es que es muy garantista de derechos y limita la inversión en los sectores estratégicos a los que hay eliminar. Pero no solamente se trata de la constitución, como señala en su artículo Carlos Cortazar V.: “La Constitución como instrumento jurídico se limita a establecer normas de convivencia guiadas por principios y valores producto de acuerdos políticos y sociales. Por eso una nueva no va a solucionar problemas de delincuencia, ni del sistema hospitalario, ni de un presupuesto desfinanciado, ni va a eliminar la corrupción, porque no son fines constitucionales, sino más bien dependen de estamentos inferiores como leyes bien hechas, fuerza pública suficiente, adecuado sistema judicial, eficiente gestión administrativa, funcionarios públicos idóneos y una sociedad honesta y respetuosa del derecho.” Agregaría que también se trata de la eficacia de la gestión gubernamental y de tener un proyecto político bien definido con sus respectivos objetivos y metas con prioridades.
El interés principal del gobierno en cambiar la constitución, de lo poco que se ha informado, es eliminar o reducir al mínimo la garantía de los derechos sociales y, en economía, facilitar la entrada de inversión extranjera. También señaló el régimen que se busca privatizar el Fondo de Pensiones del IESS y pasar al Ministerio de Salud sus prestaciones de salud. Se pretende implantar el modelo chileno de las Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES) y Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) que fracasó. En suma, se trata de privatizar al IESS.
Además, como señala Irene Torres, en su artículo “El gobierno de los amigos”, que el gobierno ya tiene varias acusaciones como las de conflicto de interés: del Presidente del Consejo Directivo del IESS y del caso de reducción de la deuda tributaria por el SRI al grupo Noboa. Concluye que si gana el si “le darán la necesaria popularidad para continuar tejiendo estas redes de conveniencia personal…” A eso, hay que agregar la judicialización de la protesta social, el autoritarismo, el hostigamiento a opositores, la concentración del poder y el acoso del SRI al diario Expreso.
Cuatro factores adicionales. Uno, la multitudinaria marcha por el agua, encabezada por el alcalde de Cuenca, seguido por la población obligó al gobierno a cancelar la licencia de la minera que amenazaba con contaminar el agua de los ríos de esta ciudad. Dos, la actuación del gobierno con la represión al paro indígena para tratar de terminar con la protesta contra el alza del diésel. Tres, la afectación de los negocios, sector florícola, lácteo y turístico que sufrieron muchas pérdidas. Cuatro, ni las medidas compensatorias a los pequeños comercios afectados y el ofrecimiento de líneas de crédito sirvieron para contentar a los afectados.
En suma, el gobierno se confío en que su millonaria campaña electoral y los incentivos y bonos otorgados a los afectados por el alza del diésel y del paro indígena iba inducir el voto hacia el sí. Por otro lado, su apresuramiento para realizar el referéndum y consulta popular generó desconfianza. La multitudinaria marcha por el agua en Cuenca y la represión del paro fueron factores fundamentales para orientar el voto hacia el no. Por otro lado, la falta de medicamentos y tardía atención en los hospitales públicos y los rasgos del régimen: el conflicto de intereses, la judicialización de la protesta social, el enfrentamiento a opositores, el autoritarismo, la concentración del poder y el acoso del SRI al diario Expreso. La pérdida es rotunda en la consulta popular. En Manabí e Imbabura el no ganaba con 40% de diferencia y era amplia, a favor del no, en las tres preguntas de referéndum. En Imbabura se dio el epilogo del paro con grandes pérdidas. Esta derrota es un grave revés para el régimen, es una desaprobación de su gestión, debe reconocer el descontento popular, ahora deberá rectificar, aceptar el dialogo abandonando la imposición y buscar un proyecto político alternativo de país en que impere la democracia, la defensa de los derechos fundamentales y un manejo económico que tenga independencia no bajo el mandato de los organismos financieros internacionales. Debe alcanzarse un proyecto nacional de país que procure el crecimiento sostenido, defensa de la producción y de los intereses nacionales, una adecuada distribución del ingreso para alcanzar justicia social y garantía de los derechos fundamentales a fin de posibilitar una vida digna a sus ciudadanos. Además, limitar los intereses de la geopolítica contra los del país. Lo que importa es el desarrollo del país y el bienestar de su población. En síntesis, el voto protesta se manifestó contra la ineficacia de la gestión gubernamental, el estilo y rasgos del gobierno cuya característica principal es la deriva autoritaria y la imposición de la fuerza del poder. El llamado para el cambio de rumbo requerirá un nuevo gabinete.
Pensamiento y comportamiento 