En un artículo anterior, advertimos sobre los efectos sociales de la política económica del gobierno que se enmarca dentro de los lineamientos del FMI. Los datos recientes confirman la tendencia del deterioro del mercado de trabajo, pobreza y nivel de vida.

Según datos el informe de Cuentas Nacionales Trimestrales I Trimestre de 2019, del Banco Central, la economía apenas creció 0.6% en el I Trimestre de este año, explicada principalmente por una contracción de la inversión pública. Este débil crecimiento influyó en el comportamiento del mercado de trabajo. En efecto, a junio de este año, con respecto al mismo período de 2018, la tasa de empleo adecuado se redujo en 1%, ubicándose en 37.9% mientras que la tasa de desempleo aumentó a 4.4% y la de subempleo creció 0.9% llegando a 20.3%. Por la tendencia de la primera variable, aumentó el sector informal urbano. El pobre crecimiento, la austeridad y el ingreso de inmigrantes extranjeros influyeron en el deterioro del mercado de trabajo.

Si revisamos los datos del INEC, por ciudades principales, la tasa de empleo adecuado, el empleo tiene una fuerte caída en dos ciudades la sierra: de 3.9% en Quito y 4.2% en Ambato, en cambio en  la costa: Guayaquil aumenta 5.1% y en Machala se registra un incremento muy fuerte de 8.5%. Como consecuencia del comportamiento de la primera variable, la tasa de desempleo en Quito sigue alta en Quito (8.3%), que es donde se registra el mayor despido de empleados públicos e ingreso de extranjeros. En Ambato, se mantiene igual (4.7%) y en Cuenca disminuye levemente (4.5%). En la costa: Guayaquil registra una disminución llegando a 2.5% y en Machala cae a 5.5%. Así mismo, la tasa de subempleo sube fuertemente en Quito llegando a 14.3% y levemente en Ambato donde alcanza 15%.

Los datos de pobreza por ingresos, también reflejan un declive de la situación social. Así, a Junio de 2019, con respecto al mismo período, a nivel nacional, aumenta 1%, ubicándose en 25.5%, o sea un cuarto de la población. La pobreza urbana creció 0.9%, llegando a 16.8%, y la rural subió 0.8%, registrando un 43.8%. Paradójicamente, la pobreza se redujo en Quito y significativamente en Guayaquil. Respecto al grado de concentración del ingreso, medido mediante el coeficiente de Gini, aumentó en Quito y Guayaquil, pero se reduce levemente en Cuenca, Machala y Ambato.

De los datos, se comprueba la reducción de la tasa de trabajo adecuado y aumento de las de desempleo y subempleo que se explican por el débil crecimiento económico y la política de austeridad del gobierno. Sin embargo, este año, al parecer, según lo ha señalado un ex Ministro de Finanzas, no se ha realizado lo más fuerte del ajuste, y, por otro lado, el gobierno ha anunciado para Setiembre de este año el envío de dos proyectos de ley: reforma tributaria y reforma laboral, a los que se agregaría, en Agosto, de este año, otras reformas al Código de Finanzas Públicas, Empresas Públicas, Alianzas Público-Privadas y al mercado de valores.

En consecuencia, si lo más fuerte del ajuste se aplica en el siguiente año y entran a regir las dos reformas estructurales señaladas, en el 2020 se acentuaría la austeridad con lo que se augura un segundo año de contracción económica, y, por la vigencia de la reforma laboral, aumento del desempleo y subempleo, con un incremento de los niveles de pobreza, concentración del ingreso y, por ende, deterioro de los niveles de vida de la población.

En el reciente convenio con el FMI el gobierno se comprometió a realizar varias reformas estructurales, que implican cambios profundos, en varias áreas, entre ellas, al sector público. Incluso antes de que se firmará dicho convenio el gobierno aplicó una serie de medidas para reducir su tamaño. En este artículo revisaremos las medidas que vendrían y sus efectos.

La reducción del tamaño del estado, en el esquema del FMI, es por varias vías. Una es a través de la privatización, o sea la venta de propiedades y empresas del sector público o la privatización de la administración, o sea una concesión (eufemísticamente llamada monetización de activos públicos), mediante el cual una entidad pública pasa a ser dirigida por privados mientras que la propiedad queda en manos del estado. Una segunda forma, es la eliminación y fusiones de instituciones públicas. Una tercera, es la reducción del personal del sector público. De todas estas formas, al parecer, el único que no se ha comprometido el gobierno es la privatización de propiedades públicas.

Como señalé, al principio, el gobierno tomó varias medidas, para reducir el tamaño del Estado, incluso antes de la firma del convenio con el FMI. En efecto, se eliminaron los contratos ocasionales del sector público, luego vino la fusión y eliminación de varias entidades públicas. En febrero, se dispuso la reducción del 10% de empleados de Empresas Públicas (CNT y Petroecuador, ya la ejecutaron, incluso el IEES, que es autónomo). Con esto, se buscaba disminuir el número de burócratas que concuerda con el objetivo del achicamiento del tamaño del estado:  la reducción del déficit fiscal. En efecto, en la primera revisión del convenio con el FMI, el primer semestre, de este año, registra una reducción de 65 millones de dólares en la masa salarial.  Sin embargo, el déficit fiscal aumentó por el mayor gasto en pago de intereses de la deuda, gasto en mantenimiento y el 40% para pensiones jubilares. Para tratar de cumplir con la meta, pactada para este año a fin de reducir el personal del sector público, se debe reducir en 435 millones la masa salarial en el gobierno, IESS y empresas públicas. Con este propósito se dictó el acuerdo interinstitucional No. 0001 entre Senplades, Ministerio de Finanzas y Trabajo, de Junio de este año, mediante el cual se dispone la reorganización en el territorio (zonal, distrital y circuital) y en la Administración Pública Central. Para el primer caso, se establece la eliminación de la duplicación de la presencia en territorio (las unidades desconcentradas asumirá las funciones de las oficinas técnicas). Habrá una reestructuración orgánica, en unidades desconcentradas con cobertura zonal o pluricantonal,  mediante el cual se elimina personal, que será dirigida por un jefe de nivel jerárquico superior. Esta reestructuración incluye al sector salud, que implica la reorganización de hospitales que incluye su optimización en 3 meses. O sea, que si se van a ver afectados los gastos sociales.

El siguiente paso es la concesión de varias empresas y entidades públicas. Están en la lista CNT, hidroeléctricas (Sopladora y Coca Codo Sinclair), empresas eléctricas (distribuidoras), refinería de Esmeraldas, Banco del Pacifico e inclusive hospitales del IESS. En el caso de CNT e hidroeléctricas son empresas rentables y se las va a concesionar a largo plazo. En la primera, eso implicará reducción de personal y, posiblemente, la liberalización del mercado de telecomunicaciones, lo que implicará que el mercado determinará el precio de telefonía fija, celular, internet, y TV por cable. Respecto a las hidroeléctricas, es factible que aumente el precio de la electricidad, dependiendo del proyecto de unificación de las empresas de distribución, que concesionarían. Las entidades privadas que administrarían éstas establecen sus condiciones y el gobierno recibirá un canon por el alquiler de la infraestructura.

En el convenio con el FMI, firmado recientemente por el gobierno, se acordaron metas tanto para los desequilibrios de corto plazo como en las reformas estructurales. En el primero, al parecer el gobierno está teniendo dificultades para cumplir, por lo que ha pedido cambios al FMI en las metas de RMI,  déficit fiscal primario no petrolero, gasto social y precio del petróleo. En este artículo, pasaremos revista a los dos primeros.

En cuanto a la RMI, fuera de la definición de éstas, al parecer no podrá cumplirse con la meta establecida para el segundo y tercer trimestre de este año. A pesar de que ha recibido una serie de créditos de organismos multilaterales, que aumentan la RMI, sin embargo se enfrenta a dificultades pues tiene que cubrir pago a proveedores, habrá una menor producción petrolera y, al parecer, la deuda que tiene la banca pública con el Banco Central no podrá ser cubierta en esos períodos. Al 28 de Junio, de este año, la posición neta de divisas alcanzó 3.091 millones de dólares. La meta de las RMI brutas a fin de año es 4.999 millones En realidad, el factor que está presionando para no alcanzar la meta de RMI, para esos periodos, es el aumento del servicio de la deuda externa por varios préstamos internacionales incluidos los de las multilaterales (FMI, BM, BID y FLAR). Los créditos externos, en los dos primeros años de gobiernos, alcanzan más de 10.000 millones de dólares que implican mayores pagos por el servicio de la deuda. En efecto, a Junio de este año, el país realizó por este servicio 1.708 millones de dólares, 286 millones más que en el primer semestre de 2018. Según el diario digital La Fuente, el primer ministro de Finanzas, de este gobierno, gestionó un crédito del FLAR por 637 millones de dólares, que habría sido aprobado recientemente. Sin embargo, según dicho diario, en Noviembre de 2017, el presidente ejecutivo del FLAR, reitera que dicho crédito fue aprobado pese a que el riesgo de la operación de préstamo era alto.

Respecto al déficit fiscal primario, en el primer semestre de este año, fue de 685 millones de dólares. Esto se explica porque los ingresos petroleros, en relación al mismo periodo del año pasado, cayeron 872 millones de dólares que no fue compensado por el aumento de casi de 200 millones de dólares de los principales impuestos. A pesar de que, entre los principales gastos, en relación al mismo periodo del año pasado, la reducción salarial fue de 65 millones y la disminución de la inversión de 1078 millones, sin embargo, el servicio de la deuda aumentó 286 millones. El gobierno, pese a una reducción importante en la burocracia y en la inversión pública no ha podido disminuir el déficit fiscal, en el primer semestre, lo que compromete el cumplimiento de la meta para este año que es alcanzar un equilibrio fiscal, por ello pide el ajuste de la meta del déficit fiscal primario que es de 2.7% del PIB. Ello implicará, que el gobierno seguirá reduciendo el personal del sector público y para eso dictó a fines de Junio de este año un acuerdo interinstitucional para la reorganización de la reestructuración del gobierno central (Quito) y en territorio (provincias) y va a continuar con su política de atrasar la ejecución de la inversión pública y retraso de pago a proveedores. Sin embargo, Fausto Ortiz, ex Ministro de Finanzas, señaló que el FMI flexibilizaría las metas para este año y que lo más crítico del ajuste será en el siguiente año.

En este año, el gobierno, deberá cumplir con las metas ajustas y las reformas estructurales, para acceder a los nuevos desembolsos del FMI y organismos multilaterales, sino corre el riesgo de incumplir el acuerdo con el FMI lo que significaría la no recepción de sus desembolsos y de los multilaterales, con lo que la situación financiera y económica se complicaría aún más en el país, habida cuenta que ya el FMI pronosticó una contracción económica de 0.5% en este año, lo que significa más desempleo, aumento de la pobreza y reducción de las condiciones de vida.

El Banco Central acaba de publicar el informe de Cuentas Nacionales Trimestrales I Trimestre de 2019, en el que proporciona datos oficiales sobre el sector real. En este artículo analizare la evolución económica  en ese período y las perspectivas para el año 2019.

Según dicha publicación el crecimiento en el IT fue de 0.6% en relación al mismo período del año anterior. Influyeron principalmente en esta evolución las exportaciones y el consumo de hogares. Las exportaciones crecieron 6.4% y las importaciones 0.7%, lo que incidió en un saldo positivo de la balanza comercial en dicho periodo. El consumo de hogares en cambio creció 1%. Sin embargo, hay una reducción de 2.3% de la inversión total.

El crecimiento sectorial registra que los sectores reales con mayor ritmo de actividad fueron: acuicultura y pesca de camarón (12.2%), electricidad y agua (6.7%) y petróleo minas (1.9%). Sin embargo, entre  los sectores de menor crecimiento se ubican agricultura (1.3%) y manufactura (0.9%). De los sectores que decrecieron están construcción (-3.3%) y comercio (-0.7%).

A la caída de la inversión total, contribuyó la reducción de la inversión pública. En el I Semestre de 2019 esta fue de 2.272 millones de dólares, que significó una reducción de 1.072 millones, respecto al mismo período del año anterior, o sea un 1% del PIB. La significativa disminución de la inversión total y el negativo o bajo crecimiento de los sectores más generadores de empleo (construcción, comercio, agricultura y manufactura incidió en el mercado laboral. En efecto, la tasa de empleo adecuado cayó 3.2% en relación al mismo periodo anterior, la tasa de desempleo creció 0.2% y se ubicó 4.6% y, la de subempleo, también aumentó 0.3%, alcanzando 18.7%. Esto se explica por el bajo crecimiento económico, peor desempeño de los sectores generadores de empleo y los despidos en el sector público.

Este débil desempeño macroeconómico también incide en el aumento de la pobreza. No hay datos, de ésta para el I T de 2019. A diciembre, del año pasado, la pobreza a nivel nacional alcanzó 23.2%, y la pobreza extrema 8.4%. En la pobreza por ingresos, inciden el desempleo y el aumento del costo de la canasta básica. Como ya señalamos el desempleo aumentó ligeramente a $ 715,83 a Junio del presente año.

El déficit fiscal en el I semestre, de este año, alcanzó 685 millones de dólares. El gobierno se comprometió a una meta de superávit fiscal primario de 2.7% del PIB, lo que implica que para tratar de acercarse a esta meta debe seguir despidiendo burócratas, reducir aún más la inversión pública y seguir con retraso al pago de proveedores. Los créditos de los organismos multilaterales se están acumulando para incrementar la RMI, que es otra de las metas que debe cumplir el gobierno con el FMI, lo que implica que no se utilizarían inmediatamente para el destino previsto en los contratos de financiamiento. Esto significaría mayor contracción de la economía con un deterioro en el mercado de trabajo.

La proyección de crecimiento del FMI en 2019 es de una contracción de -0.5%, lo que implica un retroceso en el nivel de actividad económica, deterioror del mercado de trabajo así como incremento de la pobreza e indigencia. El ajuste está afectando al desempeño de la economía y consecuentemente habría un aumento del desempleo y subempleo y una caída del nivel de vida de la población. Las reformas estructurales (reforma laboral, fiscal y seguridad social) implicarán para el siguiente año un mayor deterioro de la situación social.

En el convenio firmado con el FMI el gobierno se comprometió a realizar un ajuste y una serie de reformas estructurales. Entre éstas consta la reforma institucional al Banco Central, cuyos objetivos generales constan en la Carta de Intención. La Gerente del Banco Central del Ecuador (BCE) y el representante del Presidente ante la Junta Monetaria Financiera han dado a conocer algunos aspectos de tal reforma, que pasamos a analizar.

En una entrevista de la Gerente, en el diario El Universo, de Junio de este año, señala que tres serían las reformas importantes. Una, devolverle la autonomía administrativa, financiera, laboral y de compras públicas. Dos, fortalecer el balance del BCE y la RMI, con capitalización. Y tres, que vuelva a ser el tercero confiable, en cuanto opinión técnica económica.

Debe recordarse que, en el gobierno de Correa, se le quito la independencia al BCE y paso a ser parte del Ejecutivo. Se eliminó el Directorio del BCE y se lo reemplazó por una Junta Monetaria Financiera (JMF), a cuyas decisiones tenía que atenerse el BCE. La dependencia del Ejecutivo permitió que el BCE le preste recursos al gobierno a través de la compra de bonos emitidos por el Ministerio de Finanzas (MF). Según la Gerente la deuda del MF con el BCE es de 2.891 millones y de 1.883 con la banca pública. La contrarreforma impediría que el BCE le presté al gobierno y habría una devolución de los préstamos de ambas instituciones, con un plan de pagos, por parte del MF, para recapitalizar al BCE. La cancelación de la deuda, según dicho plan, sería hasta 2014 con la banca pública y hasta el 2016 con el MF.

En cuanto a la independencia, se le devolvería su autonomía, en los cuatro ámbitos señalados por la gerente, lo que implica, entre otros aspectos, la restauración del directorio del BCE. Antes de la reforma monetaria, del gobierno de Correa, este directorio era propuesto por el Presidente y el Congreso elegía a sus miembros. Ver artículo en este blog (La Reforma Monetaria Financiera, 18/Marzo/2019). La contrarreforma propone que se vuelva a elegir de la misma forma que se elegía antes de la reforma. El riesgo es que este directorio sea influido por la banca como sucedía antes de la reforma del gobierno anterior.

Actualmente, el directorio de la JMF, toma las decisiones de política monetaria. La contrarreforma implicaría que sea el directorio del BCE quien maneje dicha política, lo que significaría que fijaría las tasas de interés y otras variables de política monetaria. Actualmente, la legislación establece un sistema de tasas de interés, entre las cuales hay una tasa máxima fijada de acuerdo a una formula. En la carta de intención, se entrevé la liberalización del mercado monetario,  para darle más competitividad a este mercado, lo que implicaría eliminar dicha tasa, lo que conllevaría a que cada banco fije su tasa. En una entrevista, en el diario El Comercio, la Gerente declara que la JMF regularía la parte financiera y de valores. En cambio, el Banco Central retomaría el manejo de la política monetaria, cambiaria y crediticia. Volvería a ser el regulador en éstas áreas. La contrarreforma monetaria que, favorecería a los bancos, se complementaría con la contrarreforma en el mercado de valores que devolvería la potestad de tener casa de valores, cías. de seguros e intermediarias financieras a los bancos.

El gobierno realizó la recompra de los bonos 2020, el Banco Central anunció que la tasa de crecimiento de 2019 será de 0.2%, las manifestaciones de los maestros jubilados por el pago de incentivo de jubilación y el cierre de carreteras por agricultores que vendieron a la UNA son algunos de los eventos que ponen de manifiesto las dificultades y problemas que enfrenta el gobierno.

El gobierno recompró 1175 millones de dólares en Bonos 2020 y los canjeo por 1125 millones de Bonos 2029, con lo que logró un reperfilamiento de la deuda externa. En otras palabras, canjeo los bonos 2020, que implicaban un fuerte pago de capital el próximo año, y desplazó su pago para después de 9 años, o sea, en 2029. La reestructuración del plazo de la deuda significa que el país debe pagar un monto mayor de intereses. El gobierno, en sus dos primero años de su período, se ha endeudado en 8.800 millones con bonos soberanos, mil millones más que en todo el período de 4 años del gobierno anterior. Este agresivo endeudamiento, se debió a que aplazó el ajuste y aumentó la deuda para mantener el nivel de actividad económica. En otras palabras, no se tomaron las medidas económicas a tiempo para resolver los desequilibrios macroeconómicos, en los dos primeros años. La recompra obedece a evitar un pago que no podía cubrirse por la iliquidez de la caja fiscal a pesar del acuerdo con el FMI y otros organismos internacionales que le aseguran un flujo condicionado de alrededor de 10.000 millones de dólares.

Por otro lado, la gerente del Banco Central anunció que la proyección del crecimiento para 2019 será de 0.2% argumentando que es debido al ajuste pero justifica el aumento del PIB por el crecimiento de los depósitos, el crédito y consumo de hogares en abril. Sin embargo, en el convenio con el FMI este organismo estableció que habría una contracción de la economía de -0.5%, precisamente por el ajuste, y el Banco Mundial acaba de anunciar que el crecimiento sería cero para este año.  La iliquidez de la economía, de la caja fiscal, la restricción del crédito, la contracción de algunos sectores como el de la construcción, el aumento del desempleo, etc. muestran a las claras que vamos camino a una recesión económica. No se puede negar que las tendencias están conduciendo a un decrecimiento de la economía.

Hay otros eventos que revelan los problemas de iliquidez de la caja fiscal. El primero, es la huelga de hambre de los maestros previo al informe a la Nación por el gobierno por cumplirse el segundo año. La medida extrema de los maestros obligó al gobierno a negociar para que terminen con la huelga y comprometerse al pago del incentivo por la jubilación. El segundo, es el cierre de carreteras de agricultores de la provincia de Los Ríos que protestaban por el no pago por la venta de sus productos a la Unidad Nacional de Almacenamiento (UNA). El tercer, se refiere a que continúan los atrasos a los proveedores que llevó al gobierno a decidir que la solución pasaría por el SRI, lo que supuestamente llevaría a descontar de los pagos atrasados los impuestos adeudados por los proveedores. El cuarto, en un hospital público, de Quito, enfermeras y médicos denunciaron que no habían los insumos médicos para realizar operaciones, según medios de comunicación.

Todos estos eventos reflejan que sigue la iliquidez en la caja fiscal en 2019 y la situación se complica más por todas las reformas exigidas por el FMI. A más de la contracción de la economía que traerá más desempleo en 2019 y caída del nivel de vida, el gobierno tendrá que enfrentar los conflictos por las reformas a la seguridad social y la reforma laboral. La primera por el aumento de la edad de jubilación y mayor aporte de los trabajadores al IESS y, la segunda, por la flexibilización laboral, eliminar el pago de horas extraordinarias para días festivos y horas extras así como reducir indemnización por despidos. En síntesis, el ajuste lo terminan pagando trabajadores del sector público, privado, afiliados  y jubilados del seguro social.

Según datos de prensa, que tiene como fuente al diario azteca El Financiero, Ecuador es el quinto destino de las inversiones mexicanas en A. Latina y el Caribe, con un total de 1.472 millones de dólares entre 2002 y 2013.

Las empresas mexicanas han trazado una estrategia en A. Latina basadas en la expansión del mercado y aumento de competitividad para trasladarse otros países. Entre las grandes inversiones en Ecuador está de América Móvil (Claro), de telefonía celular, que es el operador dominante en nuestro país, continua expandiendo sus negocios con TV satelital, internet y dinero electrónico.

Otra línea de inversión es en la rama de bienes de consumo no durables, principalmente en la  subrama  bebidas y alimentos. En la primera, la empresa  ARCA, la segunda embotelladora de Coca Cola en A. Latina,  compró a la empresa nacional que explotaba esta marca. El año pasado, en Machachi, inició en 2014 la construcción de una nueva planta, la cuarta de la empresa, que representa una inversión de 80 millones de dólares. Pero no solo se trata de bebidas gaseosas (colas), sino también del mercado de agua, jugos y otros. Además, adquirió a la empresa INALECSA que produce snacks, que acaba de iniciar la exportación de chifles a Chile. Para diversificar sus productos, también compró la mayoría de las acciones de TONICORP, construyendo una nueva planta, y ahora producirá yogur, bebidas de té, quesos, etc. con lo que se convertirá en un fuerte competidor de las empresas nacionales en estos mercados.

En cárnicos, la empresa SIGMA adquirió a Juris que produce salchichas, chorizos, morcilla, chuletas, tocino, jamones y otros productos relacionados. La primera compañía forma parte del poderoso Grupo Alfa que explota acero, hierro, petroquímica, autopartes, energía, etc. Tiene inversiones en Centroamérica, Estados Unidos, Europa, India, etc.

En panadería, el grupo Bimbo compró a la empresa ecuatoriana Supan, la cual está produciendo, en el país, pan de molde y otros productos derivados, compitiendo con las empresas nacionales. Este grupo tiene presencia en 22 países de América, Asia y Europa. Es una gran empresa panificadora que produce además snacks, botanas, dulces, etc., pronto será la empresa dominante en el mercado nacional.

En la subrama de plásticos, ARCA adquirió a las empresas Plásticos Ecuatorianas y Dipor que producen envases y contenedores plásticos. Otra línea de inversión mexicana, en tuberías de plásticos. La empresa Plastigama pasó a manos de Mexichem, que opera a través de Amanco que tiene operaciones en Centroamericana y otros países de A. Latina.

Finalmente, Zermat Internacional instaló una planta en Quito para producir perfumes, la cual abastecerá además a los mercados de Perú, Paraguay, Bolivia y Colombia. Además comercializa cosméticos, ropa interior, bisutería, etc. en Centroamérica.

Se concretó la compra de la cadena farmacéutica Fybeca (de la Corporación GPF) que opera la cadena Sana Sana por parte de la empresa mexicana FEMSA que tiene, entre otros negocios, una red de farmacias en Chile. A eso se agrega, la compra de Rizobacter, especialista en el manejo de plagas, por parte de Agroperadora de Silos y Granos (capital mexicano-canadiense). La inversión mexicana en el país se ha realizado principalmente por compra de empresas por grandes grupos, que operan en muchos países y con diversificación de productos. Estas empresas mexicanas operan en su país en mercados oligopólicos y aplican prácticas mercantiles de éste carácter.

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El Banco Mundial prevé una contracción de la economía para 2019, por segundo año consecutivo, y, por ello, se registra un continuo deterioro de los principales indicadores sociales, en especial de la pobreza e indigencia.

En efecto, el BM pronostica un decrecimiento de la economía de -1.2% para 2019. Los signos de la recesión se reflejan en varios sectores de la economía. El INDA registra que, a Marzo, de este año, el índice de producción manufacturera se redujo -13.4% respecto al mismo mes del año anterior. En ese mismo mes, la utilización de la capacidad instalada industrial solo fue 57.7%. De forma interanual, La actividad de la construcción se contrajo, a ese mes, -12.3% y  las ventas del comercio, se redujeron, en términos reales, -16.6%. El saldo de la Balanza Comercial, a Marzo de 2019, fue deficitario en 2.373 millones de dólares a pesar de una fuerte contracción de las importaciones.

El decrecimiento de la mayoría de los sectores tiene un impacto en el mercado de trabajo. Al cuarto trimestre de 2018, la tasa de desempleo llegó a 9.1% pero aumentaron los índices de subempleo y sector informal. Lo que a su vez impacta en los indicadores sociales. Así, al segundo semestre de 2018, las personas bajo la línea de pobreza llegaron a 32%, lo que significaría que, hacia final del primer trimestre de 2019, la pobreza llegaría más de un tercio de la población. El informe del Barómetro de Deuda Social de la Infancia de la Universidad Católica Argentina, según diario El País, “En primer lugar, señala que el 51,7% de las niñas, niños y adolescentes son pobres en la Argentina. Se trata del nivel más alto en una década. En segundo lugar, esa cifra trepa al 63,6% en el conurbano bonaerense. Y el tercer dato es que el 29,3% de los chicos padece déficit en su alimentación y un 13% pasó hambre durante 2018.” De acuerdo con esta información, la situación de vida de los niños y adolescentes es crítico, alcanzando a más de la mitad de su población. Pero no sólo es de los niños, ha aumentado la indigencia. En una reciente visita a Buenos Aires pude ver que hay indigentes que duermen en calles, por ej. en la Av. Corrientes y 9 de Julio, en una cuadra encontré a 2 adultos durmiendo en la calle. La explicación, de esta situación, me la dio un vendedor de libros usados que señaló: dado el pasaje es muy caro (80 centavos de dólar) y como existen ONG que alimentan a pobres, los indigentes prefieren quedarse en las calles para poder comer. Hay también la organización de comedores populares.

Desde mayo, el dólar, a nivel minorista, se ha mantenido alrededor de 46 pesos, lo que frenado el aumento del índice precios. La inflación mensual, al mes de abril de 2019, alcanzó 3.4% y la anual se disparó a 55.8. Sin embargo, con ese índice anual, la población ha perdido más de la mitad de poder de compra en un año%, lo que obligó al gobierno a ampliar la canasta de los productos vigilados, a fin de restringir más el aumento de la inflación. Respecto a los indicadores social disponibles, en el cuarto trimestre de 2018, el índice de Gini se incrementó en 2.3%, o sea hay aumento de la concentración del ingreso, tendencia que continua.

Dado que van realizarse elecciones presidenciales, en Diciembre de este año, con la caída de las preferencias electorales de Macri y el ascenso del peronismo kichernerista, el panorama se torna incierto y, además, el líder de la Unión Industrial Argentina, plantea que “El mercado interno está en su peor momento, por el enfoque monetarista”, lo que significaría que la situación económica empeoraría. Más aún, la directora del FMI declaró que subestimó la situación complicada de Argentina. Este país accedió a un préstamo de 57.000 millones de dólares condicionado a un programa económico y cumplimiento de metas, que al parecer está haciendo agua si miramos los indicadores sociales y económicos. Estos elementos muestran que el escenario económico y social se deterioraría con el consecuente aumento de la pobreza, indigencia y caída del nivel de vida de los argentinos.

La Cámara de Comercio de Guayaquil (CCG) y la Federación Nacional de Cámaras de Comercio del Ecuador (FNCCE) han presentado un planteamiento de Reforma Laboral cuyo objetivo sería la creación de empleo y el impulso a la competitividad que coincide con algunas de las propuestas fundamentales del gobierno de la reforma estructural en el mercado de trabajo, exigida por el FMI.

La teoría microeconómica y los organismos financieros internacionales (FMI, BM, BID y CAF) coinciden en tres planteamientos fundamentales para generar más empleo: reducir la asimetría de información en el mercado de trabajo, reducción del costo de contratación y despido y la flexibilización laboral. La primera se refiere a que hay problemas de conocimiento de información de ofertas y demandas de trabajo, por lo que habría la necesidad de una oficina pública que coordine este conocimiento entre trabajadores y empleadores. La segunda, la fundamental, plantea que el desempleo se genera por el alto costo de contratación y despido de trabajadores, por lo que habría que reducir dicho costo para incentivar el empleo. La flexibilización hace referencia a que las formas de contratación del trabajo son muy rígidas por lo que habría que flexibilizarlas para incentivar el empleo.

La CCG y la FNCCE plantean que la finalidad de la reforma laboral propuesta es dar facilidad de contratación, de las jornadas de trabajo y de nuevas oportunidades de trabajo. Para ello, recomiendan 40 propuestas. En su diagnóstico señalan que en la Constitución de 2008 se eliminó el contrato por hora y en la Ley Orgánica para la Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo en el Hogar también quitó los contratos a plazo fijo a partir de 2016. Según estas instituciones, estas normas hicieron rígido el mercado laboral y el empleo adecuado pasó de 44% en 2015 y a 37.9% en 2019 (Marzo). Este diagnóstico pasa por alto, en cuanto a los índices laborales, que en 2015 cayó el precio del petróleo y el nivel de actividad económica ha venido reduciéndose hasta la fecha, factor clave para explicar el desempleo. Hay que tener presente que el desempleo informal fue de 46.7%, el desempleo juvenil urbano llegó a 13.9% a Marzo de 2019 y el índice de competitividad, relacionado con el mercado laboral, fue 113 en 2018.

Hay 2 propuestas claves de la CCG. Para la flexibilidad laboral, plantea reintroducir el contrato de trabajo a tiempo fijo, crear el contrato por proyecto y ampliar el período de prueba de 10 a 180 días. Respecto al costo laboral, propone reducir las indemnizaciones por despido intempestivo de 3 meses a 1 mes por año y bajar el tiempo, de las mismas, de 25 meses a 12 meses. Elimina la jubilación patronal si hay despido para trabajadores entre 20 – 25 años de servicio y se reduce la pensión jubilar a 8 – 10% de la remuneración básica. Se establecen parámetros para la fijación de la remuneración básica (inflación y variación del PIB) y la parte central es que la jornada laboral pase a ser de 6 días, de Lunes a Sábado, con un máximo de 12 horas diarias.

En cuanto a la flexibilidad laboral, si bien es dable nuevas formas de contratación, como el contrato por proyecto. Más bien,  la normativa laboral debería ajustarse a las condiciones económicas, sobre todo en tiempo de crisis o cíclicas que provocan cierre de empresas y por lo tanto despido de trabajadores. Pero lo central de la propuesta de la CCG es la reducción del costo laboral. Así extender la jornada laboral a 6 días (incluyendo Sábado), sin variar la remuneración básica, implica no pagar el recargo adicional por horas de trabajo el Sábado. Se argumentará que el trabajador puede laborar las 40 horas en 3 días y medio y tener libre día y medio. Esto significa que tendría que trabajar, de Lunes a Miércoles 12 horas, cada día, y 4 horas el Sábado. Pero así, también implica no pagar los recargos adicionales de las 4 horas diarias, de Lunes a Miércoles. Así mismo, la fórmula para calcular el incremento de la remuneración básica se basa en la inflación y tasa de crecimiento. Si la inflación es muy baja (como sucede cuando hay dolarización) y el crecimiento es negativo (según la propuesta, por este factor, el incremento de la RB, sería cero) lo que implica un incremento salarial muy bajo.

Lo principal de la propuesta de la CCG en que se centra en reducir el costo laboral para aumentar la competitividad. Ésta depende principalmente de la productividad, lo que implica inversión en tecnología lo cual significa, para el empresario, un egreso por equipos y tecnología de punta. Poner el énfasis en reducir el costo laboral a costa del nivel de vida del trabajador implica evitar o reducir el gasto en tecnología, pero disminuyendo la calidad de vida del trabajador. Es una propuesta que sólo toma en cuenta una parte de la relación laboral pero destruye o disminuye la vida del trabajador o su familia, factor clave en la producción.

El segundo año de gobierno de Moreno marca un viraje en los tres ámbitos. Hacia una visión ortodoxa en la política económica y, en lo político e ideológico se reorientó a la derecha expresada en una contrarreforma institucional, una contrarreforma monetaria-financiera y pactos con una fracción de la derecha. Esta tendencia, tiene entre sus principales principios: libertad individual, libre mercado, escasa regulación y sector privado motor de la economía.

La contrarreforma institucional busca echar abajo la creación de nuevas funciones del estado y la reestructuración de otras basándose en la independencia de éstas.  Se trata de echar abajo las reformas del correismo para lo cual se revisó o se reformaron las normas de la función judicial, la ley de comunicación, se destituyó a los jefes de las instituciones de control y se nombró a otros, se va en camino de eliminar el CPCCS, etc.

En la política económica dicho viraje se muestra claramente al haber llegado a acuerdos con el  empresariado, tal es así que se nombró como Ministro de Finanzas a un presidente de las Cámaras Empresariales y, por otro lado, el acuerdo con el FMI  define ahora la política económica. En éste se obliga a un ajuste y reformas estructurales. En el primer año de gobierno se aplazó el ajuste, se aumentó el endeudamiento externo y se mantuvo los niveles de gasto público. En el segundo año,  se inició el viraje con  la ley de fomento productivo que redujo las multas y recargos de impuestos, se disminuyó algunos tributos y se dio una serie de incentivos al sector privado. Con el acuerdo, ya se despidieron miles de burócratas, se liberalizó el precio de la gasolina super y se recortó el gasto público, principalmente el de inversión. Para el tercer año se viene un ajuste fiscal, más austeridad que es uno de los condicionamientos en el acuerdo con el FMI.

Entre las principales las reformas estructurales, que se concretaran con reformas legales, en los dos últimos años del gobierno, se incluyen la laboral, del estado, monetaria-financiera (cambios institucionales en el Banco Central, al mercado de valores) y de competitividad. En cuanto a la primera, el Ministro de Trabajo anunció que se enviará un proyecto de reforma del Código de Trabajo en el que destaca la flexibilización laboral que incluye el trabajo por horas, a tiempo parcial, eliminar indemnización por despido, etc. lo cual permitirá reducir el costo de contratación y despido que es, según el FMI y los empresarios, la causa del desempleo. En una entrevista a G. Lasso, con La Posta, acepta que llegaron a un pacto con el gobierno, entre otros aspectos, para aprobar la reforma laboral. Además se difundió por medios de comunicación que se va a enviar el proyecto de ley fomento productivo dos que contemplaría más incentivos (reducción y eliminación de impuestos y otros beneficios) para empresarios.

En cuanto a la reforma del estado, se dictó un decreto ejecutivo que nombró una comisión gubernamental que se encargará de reducir el tamaño del estado. Además de lo que había declarado uno de los asesores presidenciales (concesión CNT, CNEL, hidroléctricas, etc.) que son empresas rentables, se difundió por los medios de comunicación que entrarían dentro del paquete de reducción del tamaño del estado: el Banco del Pacifico, Refinería de Esmeraldas, etc. Revisando los estados financieros de dichos bancos, se desprende que es uno de los bancos más rentables del sistema financiero.

Con la reforma monetaria-financiera, se devolvería la independencia al Banco Central y se liberalizaría el mercado del dinero y, en la reforma al mercado de valores, se devolvería la potestad a que los bancos privados puedan tener casas de valores, administradoras de fondos y, además, aseguradoras.

El cambio político, más bien consitió en pactar con CREO (derecha), BIN y otras fuerzas políticas, lo que le permitió al gobierno dejar de lado a PSC-MdG, para captar con un asambleísta de Alianza País (AP) la presidencia de la Asamblea, con lo cual aseguran la mayoría que les permitirá aprobar las leyes para implementar las reformas estructurales impuestas por el FMI. En lo ideológico, AP dejó de ser un movimiento progresista y  pactó con la derecha  alineándose a los postulados y principios de la derecha.

En síntesis, en el segundo año de gobierno, el manejo económico viró hacia el neoliberalismo y en lo político y ideológico se identifica con la derecha; en los dos últimos años de gobierno se espera se aplique más ajuste y las reformas estructurales señaladas, cuya orientación es hacia mayor austeridad, el imperio del mercado libre sin cortapisas y el sector privado sea el dinamizador de la economía. Quedan pendientes las promesas de campaña de gobierno como las entrega de viviendas populares (parte de lo cual sería posible por el crédito del BID para este propósito) y las metas de empleo, lo cual sería difícil de cumplir ya que el propio FMI pronostica una contracción de la economía, por la austeridad, para el próximo año. La calificación de la gestión del gobierno se ve reflejada en la aprobación, por la población, que registra una reducción a 25% en la gestión del ejecutivo.