El proyecto de ley económico-urgente, enviado por el ejecutivo que, en su difusión, ha llamado de crecimiento económico incluye una reforma fiscal (tributaria: evasión, exoneración impositiva; a empresas públicas;  y a reglas fiscales) y un cambio normativo al Código Monetario Financiero (independencia al Banco Central, variación del modelo de regulación y supervisión financiera, esquema de seguridad financiera, etc.). Las dos reformas son parte de los condicionamientos del FM, incluidos en el acuerdo crediticio. En este artículo trataremos sobre la primera reforma, los principales aspectos en la área tributaria en lo referente a impuestos.

Debido a que la marcha indígena obligó a derogar el decreto 883, de eliminación de subsidios a los combustibles, que iba a financiar parcialmente el déficit fiscal, que sustituiría con la focalización de éstos, el gobierno busca otras fuentes de ingresos que están contenidos en la reforma fiscal. En la parte tributaria, la reforma fiscal modifica y crea algunos impuestos. En el primer caso está la producción y venta local del banano que ahora pagará un impuesto a la renta de 2% y la exportación el 3%. En el establecimiento de nuevos impuestos se incluye la variación de la base imponible del ICE y la inclusión de este a nuevos productos y servicios: al tabaco, bebidas gaseosas (con azúcar menor a 25 g/l, 11%), perfumes, armas de fuego, focos y sistemas de calentamiento de agua, vehículos de carga de hasta 3.5 T, vehículos de más de 35.000 dólares, aviones y avionetas, servicios de TV pagada (15%), de telefonía fija a empresas, telefonía móvil (10%), tendrán la tarifa ad valorem; a cigarrillos, alcohol, cerveza artesanal e industrial bebidas gaseosas (con azúcar mayor a 25 g/l) y fundas plásticas se les aplicará una tarifa especifica; bebidas alcohólicas, pagarán una tarifa mixta. Con esta reforma tributaria la mayor parte se recaudará en bebidas gaseosas y cerveza, por su alto consumo; telefonía móvil (100 millones), por el uso mayoritario de este servicios, a eso se suma, el impuesto a los dividendos a extranjeros al que se le aplicará el 40% (191 millones) y, se crea, la contribución temporal, por tres años, a empresas que tengan un ingreso bruto de más de un millón de dólares (177 millones).

Hace poco se eliminó el impuesto ambiental a los vehículos, que también pagaban el impuesto a la propiedad, impuesto al rodaje y tasas. La reforma fiscal, en su parte tributaria, el impuesto al rodaje lo sustituye con el impuesto anual a la circulación, que lo recaudarían los GADs, a través del SRI y se mantiene el impuesto a la propiedad del vehículo. Ambos tendrán como base imponible el valor de éste. Además se impone IVA a los servicios digitales, con los que quedan gravados los usuarios de las plataformas que vendan bienes, den servicios de transporte (Uber) o entrega a domicilio de bienes y las de streaming (Netflix). A eso se agrega, la eliminación de los gastos personales de quienes tengan ingresos de más de 100.000 dólares anuales, lo que generaría un ahorro de 41 millones.

Se crea el impuesto a la renta para microempresas con una tarifa de 2% sobre los ingresos brutos y  reduce el impuesto a la salida de divisas a la importación de materias primas, insumos y bienes de capital, con lo cual se beneficia a todas las empresas medianas y grandes, principalmente del sector industrial. Según el gobierno la reforma tributaria generará 731 millones en 2010 y 887 en el 2021. La mayor parte de los ingresos adicionales que genera esta reforma lo pagarán las empresas medianas y grandes, inversionistas extranjeros, la clase media (telefonía móvil, plataformas digitales, vehículos, eliminación de deducciones al impuesto a la renta) y las de ingresos bajos (por la telefonía móvil y fundas plásticas). La política fiscal es uno de los instrumentos de redistribución del ingreso, con la focalización del subsidio a los combustibles que está en discusión y la aprobación del Presupuesto General del Estado de 2020, tendríamos el esquema de dicha redistribución. Hasta el momento, con la remisión tributaria otorgada a los empresarios, con el perdón de multas a intereses a este grupo social, de más de 4000 millones, la política fiscal ha beneficiado, de largo, a los dueños de empresas. Con esta reforma, se carga el peso de la imposición a la clase media y baja.

Después de la marcha indígena, que obtuvo que se derogue el decreto de alza de combustibles, dando una lección al gobierno, se dictarán nuevas medidas económicas, las comprometidas con el FMI, el nuevo decreto de focalización de subsidios a los combustibles, el Presupuesto del Estado de 2020, reforma laboral y cambios normativos en la seguridad social, pero esta vez tendrán que ser bien analizadas por el gobierno  ya que se demostró que la protesta popular puede hacer dar marcha atrás aquellas medidas que afecten al bienestar de la población. Lo preocupante es el aplazamiento del ajuste y el deterioro de la economía que pueden causar las medidas.

En efecto, la economía creció apenas 0.3%, en el II Trimestre de este año, cuando en el IT fue de 0.6% mostrando la tendencia a la desaceleración económica. Los factores que explican este magro crecimiento fueron el aumento del consumo de los hogares en 0.6%, la contracción del gasto del gobierno en 1.2% y una reducción de la inversión de 1.8% (explicada principalmente por la contracción de la construcción). Estos datos muestran la  tendencia de la economía hacia  la contracción, como ya prevé el FMI. La disminución del ritmo de crecimiento impactó en el mercado de trabajo. Así, el subempleo aumentó cinco décimas alcanzando el 5.9%, el empleo adecuado creció apenas 3 décimas y el otro empleo no pleno apenas varió manteniendo en 22.6% en el que se ubican el sector informal ya llegan ya a dos millones de trabajadores.

Con esta tendencia de desaceleración de la economía, aumento del subempleo y del sector informal, el gobierno envío un proyecto de ley, llamado de crecimiento económico, en el que incluyen dos de las reformas estructurales, exigidas  por el FMI, la reforma fiscal y el marco reformatorio al código monetario. En la primera, se establece una reforma tributaria con una contribución temporal a las empresas que hayan facturado un millón, aumento del ICE a bebidas, fundas, veíiculos y telefonía móvil, IVA para servicios digitales ya sea de streaming, servicios de taxis y entrega de productos a domicilio y eliminación del anticipo del impuesto a la renta. Además se incluye cambio en reglas macrofiscales. Se espera recaudar más de 500 millones. En la segunda,  se cambia la denominación de la Junta Monetaria y se le quita las facultades macroeconómicas, se devuelve la autonomía al Banco Central y queda relacionado solo con el mercado monetario, varían los objetivos de los organismos de supervisión financiera, se altera el funcionamiento de las instituciones de seguridad financiera, etc. Previamente, el gobierno había reducido aranceles a bienes de capital y materia prima a tres sectores y se eliminaron para celulares y computadoras.

Se está elaborando el nuevo decreto que sustituirá al 883 que eliminó el subsidio al combustible, se proyecta que será focalizado el subsidio a la gasolina extra (hacia transporte público y taxis) y no se tocará el del diésel. Por otro lado, hasta fines de Octubre, el ejecutivo deberá enviar a la Asamblea el Presupuesto General del Estado de 2020 con los se conocería las necesidades de financiamiento, el ajuste previsto para el siguiente año, el nivel de gasto e inversión pública, el monto de subsidios, estimaciones del crecimiento, etc. que determinarán la orientación de la política fiscal y de deuda.

Las reformas más conflictivas son la laboral y la de seguridad social. En la primera se introducirá la flexibilización laboral con introducción de nuevos tipos de contratos, ampliación del periodo de prueba a un año y formas de evadir pago de horas suplementarias y extraordinarias. El gobierno para impulsar esta reforma se basa en su aliado, el sindicalismo blanco (CUT y otros), en cambio canceló una reunión pactada con el FUT con el argumento que llevará a cabo una movilización sindical para el 30 de Octubre. Los efectos de la marcha indígena y los de dicha movilización generaran una presión por flexibilizar dicha reforma.

Finalmente, la reforma a la seguridad social sería la de mayor conflictividad, pues se estima que, como se ha aplicado en otros países, incluiría el alza de aportes, aumento de la edad de jubilación y/o disminución o topes a la pensión y recorte de servicios. Esto implica afectar la economía y bienestar de empleados y trabajadores, jubilados y afiliados. Esto llevaría protestas de los implicados para defender su nivel de vida y su bienestar.

En suma, la proyección del decrecimiento de 0.5 del PIB, según el FMI, sería mayor con los efectos de la paralización de 11 días por la marcha indígena y otras protestas, por lo que se ha señalado, podría acercarse a una contracción del 1% de la economía, en 2019, con más desempleo y subempleo, deterioro de las condiciones de vida y mayor pobreza. Pero lo más crítico vendría en 2020. El Observatorio de la Política Fiscal estima, que para ese año, sería de 10.000 millones de dólares y el déficit fiscal de 5.000 millones lo que implicaría un fuerte ajuste (alza de impuestos, reducción de burocracia y más reducción de inversión y subsidios) y/o más deuda pública interna y externa lo cual aunado al efecto contractivo que tienen las políticas del FMI, llevará a una recesión mucho mayor de la economía que en 2019 y consecuentemente más deterioro del mercado de trabajo (precarización), de las condiciones de vida y aumento de la pobreza, que es caldo de cultivo para la protesta social para defender sus condiciones de vida como lo muestra la marcha indígena y en otros países por alza de servicios públicos y reformas estructurales.

Después de 11 días de paro de transporte, de indígenas, FUT y movimientos sociales y, por los efectos económicos, políticos y sociales del mismo, el gobierno se vio obligado a negociar y derogar el decreto 883 que eliminó el subsidio a los combustibles, buscando cumplir con las condiciones del FMI, para reducir el déficit fiscal, pero buscando descargar el peso de la crisis económica sobre la población.

Por dicho decreto, el miércoles 2 de Octubre, los transportistas declararon un paro nacional demandando la derogación de dicho decreto. La falta de transporte provocó la inasistencia al trabajo de miles de empleados, se redujo el nivel de actividad y comienzo de las protestas por las medidas. El gobierno se negó a eliminar la medida y la Federación de Transportistas levantó el paro el sábado 5 de octubre.

Ese mismo día la CONAIE decide emprender una marcha indígena para oponerse al decreto señalado. Las organizaciones indígenas, de la sierra centro, norte y del austro comenzaron a organizarse y en varias ciudades, de estas provincias, salieron a manifestarse, se tomaron algunas gobernaciones y atacaron algunas instituciones públicas. Se unió a la marcha el FUT y varias organizaciones sociales. El lunes 7 de Octubre comenzaron a llegar los indígenas a la capital. El gobierno declaró estado de excepción y comenzó el asedio a los manifestantes. Los indígenas, trabajadores y estudiantes salieron a protestar por varios días, se tomaron momentáneamente la Asamblea, y fueron fuertemente reprimidos. El gobierno aplicó una estrategia militar para combatir la rebelión y una táctica de guerra. Los manifestantes cada día iban aumentando sus protestas y la presión sobre el gobierno, que para enfrentar la situación, el jueves 10 decretó toque de queda parcial, pero como las protestas aumentaron de su intensidad, el viernes 11, volvió a regir un toque de queda, a partir de las 15h, por 24 horas. Hay que señalar que, en las protestas, en diferentes ciudades del país, se infiltraron delincuentes y agitadores que ejecutaron actos vandálicos y sembraron terror y convulsión en la población. Esto sucedió, principalmente, en Durán y Guayaquil. El temor a la marcha indígena llevó al cierre del puente la Unidad Nacional y, el Presidente, cambio la sede del gobierno a Guayaquil debido a que la sede del Palacio Nacional, en Quito, estaba asediado por los manifestantes.

El Presidente acorralado, buscó el apoyo de la derecha tradicional y moderna, en Guayaquil, para enfrentar la rebelión y tener respaldo político. El régimen para enfrentar la rebelión, en el país, aplicó una fuerte represión que, según el Defensor del Pueblo, provocó 7 muertos, más de 1000 detenidos y cientos de heridos.

Hay varios efectos del paro y marcha indígena. En lo político, después de 11 años, volvió la inestabilidad política que debilitó al régimen e hizo perder la credibilidad y confianza en su capacidad de resolver conflictos sociales. Quedó demostrado, en la nación, que los indígenas con este paro, son una fuerza política organizada y capaz de llevar adelante la resistencia política y exigir negociación para aplicar políticas gubernamentales.  Por otro lado, el gobierno se vio obligado a demorar el envío de proyectos de ley para aplicar la reforma estructural comprometida con el FMI. Hay varios efectos económicos. El alza del transporte, como consecuencia de la liberalización del precio de los combustibles, el desabastecimiento de productos agropecuarios, llevó al aumento de sus precios. Este incremento y el efecto domino que provocó, la liberalización de dichos precios, llevó a un aumento de la inflación.  Además, el clima de temor,  zozobra y rompimiento de la paz social y desconfianza en el mundo de los negocios, llevó a que las empresas se vieran obligadas a cerrar en el momento de las protestas, reduciéndose así el nivel de actividad económica. Las pérdidas por la toma de pozos petroleros y por la caída de la producción y ventas de los diferentes sectores económicos suman millones de dólares.

En el diálogo entre el movimiento indígena y el gobierno, celebrado el domingo 13 de Octubre, llevaron a planteamientos de las partes. El régimen insistió en mantener el decreto y que los recursos que generé el alza del precio de los combustibles se reparta entre los más pobres y los indígenas insistieron en la derogatoria del decreto 883. Finalmente, el gobierno cedió y derogó dicho decreto nombrándose una comisión para elaborar otro que lo sustituya.

La rebelión indígena deja varias lecciones. La primera es que los gobiernos, de ahora en adelante, se verán a obligados a pensar dos veces antes de tratar de imponer una política económica que impacte fuertemente a la población, sino vendrá la resistencia a ésta. La segunda es que los poderes económicos se les reduce su margen de maniobra para que, a través del gobierno, traten de resolver crisis económica recargando su peso sobre la población. La tercera es que a los organismos financieros internacionales no le va a ser tan fácil imponer medidas de ajuste y estructurales que afecten el nivel de vida de la población, lo cual manda un mensaje al resto del mundo sobre que si es posible, con presión social, resistir y hacer dar marcha atrás a dichas medidas. Las otras lecciones las trataremos en el siguiente artículo, examinando el nuevo decreto que sustituye al 883.

El gobierno liberalizó el mercado de combustibles, en cumplimiento de los condicionamientos del FMI, que liga su precio a los del mercado internacional, generando una fuerte protesta social por los efectos sobre las condiciones de vida de la población. El presidente anunció otra serie de medidas, el alza del bono de desarrollo humano y reforma laboral.

La medida tomada, vía shock, provocó la reducción de la rentabiidad del sector transporte que derivó en al paro de transportistas urbanos, intercantonales, interprovinciales  y generó una fuerte protesta social, en varias ciudades del país, por el aumento del costo de la vida. En efecto,  hasta el 2 de octubre, la gasolina extra y ecopaís tenían un precio de 1,85 por galón, con la liberación, pasaron a 2,30 y el diésel con un precio de 1,03 aumentó a 2,27, lo que significa incrementos de 24.3% y 1.18% respectivamente. Este último, afecta sobre todo al transporte urbano y de carga. El paro fue levantado temporalmente el sábado 5 de octubre pero el Lunes 7 de Octubre en Quito continuó la paralización. De transporte público, lo único que funciona es la ecovía y trolebús. El alza de los combustibles generó un elevado aumento de sus costos de operación.

El gobierno redujo fuertemente la inversión pública, hizo leves ajustes en el número de servidores públicos, no ha reducido significativamente el gasto corriente y, para mantenerlo en su alto nivel y obtener liquidez, ha aumentado agresivamente la deuda externa y tiene un alto déficit fiscal.  Un importante funcionario del régimen señaló que hay 120.000 burócratas con contratos eventuales. La liberalización del mercado de combustible, fue una medida muy funcional y hábil. Por un lado, genera ingresos y liquidez inmediata a la caja fiscal y, por otro, el alza de las tarifas del transporte público es competencia de los municipios del país, lo que implicaría que, de autorizarlas, un alto costo político para los alcaldes, como lo ha dejado entrever la alcaldesa de Guayaquil.

El gobierno ya autorizó el aumento del 32% de los pasajes intercantonales e interprovinciales mientras que los municipios pueden aumentar el pasaje urbano entre 5 y 10 centavos. En Guayaquil, los buses de transporte urbano, ya están cobrando, sin autorización, 40 centavos. La metrovía, del Municipio, cobra 30 centavos y, subiría, a 40 centavos. Por otro lado, la mayoría del transporte de carga utiliza diésel, su alza de 118% aumenta de manera significativa sus costos de operación. La medida generará en toda la economía un impacto en cadena, aumentando los costos de producción que sería trasladado a precios provocando, en cascada, un aumento de la inflación.

A eso se suma, el desabastecimiento de los mercados de mayoristas. En Quito, ya se nota la falta de algunos productos que ya aumentaron de precios. En el mercado de Sauces 9, en Guayaquil, hubo aumento de precios de productos agrícolas de la sierra, un ejemplo es el de la papa. En este fin de semana, indígenas de Cotopaxi, Imbabura, Tungurahua y otras provincias de la sierra centro han iniciado una movilización hacia Quito. También está bloqueado el acceso a Cuenca. Se han tomado carreteras hacia la capital que hacen prever que el Lunes 7 de Octubre y días venideros llegue la marcha a la capital de los indígenas a los que se unirán las centrales sindicales para iniciar una protesta masiva a fin de presionar al gobierno para derogar la medida de liberalización del mercado de combustible, luchar contra la minería, oponerse a la reforma laboral, etc. El efecto económico, en el muy corto plazo, será aumentar el desabastecimiento de bienes, incremento de sus precios y más inflación. La presión social ha conseguido hasta el momento que el gobierno aplace el envío a la Asamblea de la reforma laboral y otras reformas estructurales.

En síntesis, la resistencia y la protesta social pueden frenar la implementación de las medidas de ajuste y reforma estructural, exigidas por el FMI, llevando a un periodo de inestabilidad política con fines impredecibles y, por otro lado, a efectos económicos negativos como el aumento de la inflación, reducción de la capacidad adquisitiva de la población y de su nivel de vida. Esta coyuntura además puede conducir a que la recesión, pronosticada en -0.5% por el FMI, sea más profunda llevando a mayor desempleo, subempleo, aumento del sector informal y la pobreza.

El gobierno anunció la emisión de bonos por 2.000 millones de dólares para financiar el presupuesto del estado, mostrando su incapacidad o falta de decisión para reducir el gasto corriente. La deuda contraída, por este gobierno, desde Mayo de 2017, alcanza 11.675 millones de dólares, lo que implica más egresos por el servicio de la deuda. Este endeudamiento traerá consecuencias en el flujo de pagos por ésta, así entre 2024 al 2030 el servicio de la deuda pública externa obligará a elevados pagos que requerirá búsqueda de recursos para cumplir los compromisos financieros.

Además, en un comunicado público, el FMI informó que para recibir el siguiente desembolso el país debe entregar y aprobar en la asamblea tres reformas estructurales. A eso se agrega, la “La complicada coyuntura económica y social actual y futura”, título del artículo anterior, que enfrenta el Ecuador por la posible recesión mundial, los efectos de la guerra comercial entre EE.UU. y China así como el Brexit duro. De darse estos eventos, como señalé en el artículo, el efecto para país sería la reducción de las exportaciones y consecuentemente una caída del PIB. Ésta ya está pronosticada, por el propio FMI, con una contracción de 0.5 en el crecimiento económico con efectos en el mercado de trabajo y en las condiciones sociales. Hay que considerar también la evolución del precio del petróleo, el 25 de setiembre bajo a 56.6 dólares cuando la semana anterior bordeo los 60 dólares. Ese día el riesgo país subió 15 puntos alcanzando 678 puntos, reflejando los problemas que enfrenta el país. Lo preocupante es los efectos macroeconómicos de la recesión mundial que impactaría la economía en el año 2020.

De las tres reformas estructurales exigidas por el FMI, la crucial es la reforma tributaria. Se acaba de eliminar el impuesto verde –aplicable a los vehículos por contaminación-, por otro lado, el débil crecimiento de 2019 implica menos ingresos para el sector público que, con el alto gasto corriente, conduce a falta de liquidez pública. La reforma tributaria implicará, dada esta situación, un aumento del IVA, reducción del ISD, aumentos del ICE para ciertos servicios y productos, entre las medidas más importantes, lo que implicaría un efecto inflacionario y contractivo sobre el consumo y recesivo en la economía en el 2020.

La reforma laboral implicará la flexibilización laboral y la reducción de costos de contratación y despido. Lo primero lleva a que se sigan trabajando las 40 horas semanales pero que podrían repartirse en horas de la noche o los sábados, para eludir el pago de horas extraordinarias o por fin de semana. Si bien se reduce el costo laboral, perjudica al trabajador. Para lo segundo, entre las medidas más importantes de esta reforma, están en reducir la indemnización por despido intempestivo reduciendo de 24 meses o mes a sólo 12 meses, eliminar el contrato indefinido, restituir contrato por horas, crear el contrato de obra cierta, aumentar el período de prueba a un año, etc. Si bien esto favorece al patrono, sale perdiendo el trabajador porque se le da menos protección laboral. En síntesis, lo que busca la reforma es acercarse lo más posible a un mercado de trabajo flexible y libre, en que sean las condiciones de oferta y demanda de trabajo la que determinen libremente el costo salarial.

La reforma al Código Monetario Financiero, en lo que respecta al sistema financiero, buscaría a liberalización del mercado del dinero lo que implicaría que sean las fuerzas del mercado que determinen libremente la tasa de interés, con lo cual cada banco podría establecer el costo del dinero. Para que sea posible aquello además debería eliminarse los topes a las tasas de interés: la tasa máxima y la tasa de usura. Esto se viabilizaría a través de la restitución del directorio del Banco Central, que pasaría a retomar el manejo de la política monetaria, crediticia y de tasa de interés. Serían los 5 o 7 miembros que definirían dicha tasa. La cooptación de este directorio por el poder financiero haría posible tal liberalización.

En síntesis, como he señalado, en 2020, la posible recesión mundial, el efecto recesivo de la reforma tributaria y el ajuste fiscal que exigiría el FMI llevarían por segundo año consecutivo a una contracción de la economía. La incapacidad o falta de voluntad del gobierno para reducir el gasto corriente, lleva a más endeudamiento al país lo que tendrá efectos en la economía del país. En concreto, si se cumplen los eventos señalados y se aplican las reformas estructurales del FMI, en 2020 habrá recesión, lo que traerá consigo más desempleo, subempleo, pobreza y reducción del nivel de vida de la población.

Los indicadores muestran una complicada situación económica del país tanto en lo referente al equilibrio interno como al externo, a lo que se suma la crítica coyuntura social que reflejan una difícil coyuntura económica y social.

En efecto, con respecto al equilibrio interno, hubo un débil crecimiento de 0.6% en el I Trimestre de 2019 que se explica, principalmente, por el mayor dinamismo de las exportaciones, un leve crecimiento del consumo interno y una contracción significativa de la inversión (-2.3%) que se debe principalmente por la significativa reducción de la inversión pública. La mayoría de los sectores productivos apenas crecieron y el de la construcción y el comercio tuvieron tasas negativas, sectores generadores de empleo, lo cual impacta en el mercado de trabajo. En efecto, al II Trimestre de este año, la tasa de desempleo 4.4% y la de subempleo 20.3%, que aumentó en 0.9% respecto al mismo periodo del año anterior. La mayor incidencia del subempleo es en Guayaquil (17.7%), Ambato (15%) y Quito (14.3%). A eso se suma el aumento del sector informal urbano.

La inflación anual a Agosto de este año fue negativa al igual que febrero y marzo, lo que indica una posibilidad de deflación que está marcada por la pérdida de dinamismo de la demanda agregada. Si bien se ha reducido, todavía hay un déficit fiscal significativo que en parte se explica por el débil ajuste aplicado por el gobierno. Según la nueva metodología aplicada por el Ministerio de Finanzas, la deuda pública consolidada del sector público, a Julio de este año, alcanza 40.799 millones de dólares, que representa el 37,3% del PIB de la cual 39.447 millones corresponden a la deuda externa, que se ha incrementado ostensiblemente en los dos últimos años, lo cual ha generado que el servicio de la deuda aumente.

En el sector externo, el saldo de la balanza comercial, a Julio, del presente año, apenas era de 96 millones. Las exportaciones y exportaciones son similares a las del igual período del año pasado. Hay caída de precios de algunos productos y el de las exportaciones petroleras si bien ha subido en algunos meses en otros no. Se refleja una fragilidad en la situación externa.

En un artículo, del 26 de agosto de este año, advertí de la posibilidad de una recesión en Europa y EE.UU., podría afectar al país. Decía “el país exportó, en el primer trimestre de este año, a Europa el 18.7% del total y  26.5% a EE.UU. Con respecto a dicha región, si Alemania y Reino Unido entran en recesión arrastraran a toda Europa. Los principales compradores son Alemania, España, Holanda e Italia, lo que implicaría que, con una recesión, estos países importarían menos del Ecuador. E igualmente pasaría con EE.UU., con lo que nuestras exportaciones se reducirían…”. El efecto no solo se sentiría en este año, es posible, que en el 2020 continúe dicha recesión y si le agregamos que la mayor parte del ajuste fiscal se daría en ese año y que las reformas estructurales como la tributaria, laboral, del Banco Central y otras, que se plasmarían en leyes que entrarían a regir a partir del 2020. Si en la reforma tributaria se incluye el alza del IVA, lo más probable que la contracción de la economía siga en el siguiente año.

En consecuencia, puede registrase, por los factores señalado, recesión en 2019 y 2010, la situación social se agravaría por el aumento del desempleo, subempleo y sector informal lo que provocaría aumento de la pobreza e indigencia.

La crisis económica argentina ha degenerado en una crisis social y ahora alimentaria. Las protestas de sindicatos y centrales obrera, informales, desempleados y mujeres van creciendo cada día y, aún más, la clase media, se suma porque ve afectada sus condiciones de vida y, se junta a reclamar, para acabar con la estrategia económica del gobierno que ha llevado al hambre a un sector importante de la población. La situación se ha desbordado y la incertidumbre se ha apoderado de la población que ahora busca echar abajo al gobierno macrista para ver si la alternativa ofrece mejores días.

Si bien el control cambiario parcial ha estabilizado el dólar a 58 pesos, los problemas estructurales y coyunturales económicos y sociales persisten y dibujan un panorama incierto que hacen prever una hecatombe económica y social. En efecto,  un informe LatinFocus Consensus Forecast (un compendio de estimaciones de bancos y consultoras)  señala que el dólar a fin del 2019 valdrá 66.68 pesos, la inflación sería de 53.7% y el PIB se contraería 2.8%. Para el 2020, LCF pronostica un dólar de 88.42 pesos, inflación de 41.2% y una caída del PIB de 1.4%. El Presupuesto 2020, enviado al Congreso por el gobierno, proyecta un dólar de 67 pesos, inflación de 34% y crecimiento de 1%.

Los datos de Julio de 2019 muestran una inflación de 2.2% y la anual de 54.4%, para agosto fue de 4%, casi duplicándose respecto al mes anterior,  y la inflación anual aumentó ligeramente a 54.5%, la tasa de desocupación alcanzó 10.1% en I Trimestre, el subempleo sigue creciendo, la pobreza llegó en el II semestre de 2018 un promedio de 23.7% y se estima que en B. Aires en el I semestre de 2019 alcanzó 33%, hay 5 millones de informales y la actividad económica, en Junio, se contrajo en 0.4%. Las estimaciones oficiales pronosticcan una contracción del PIB de 2.6%. Además continúa la salida de capitales que drena la RMI, la dolarización y retiro de depósitos que podría llevar a una corrida bancaria. A eso hay que agregar la elevada deuda pública que, por problemas de liquidez, llevó al gobierno el diferimiento de pago de la deuda interna y la contraída con el FMI. Pero la coyuntura de la crisis, está en la crisis de confianza e incertidumbre en la economía. En lo social, el problema se agrava con el aparecimiento del hambre, que ha llevado a protestas de parte de piqueteros, mujeres y colectivos sociales que no pueden comer. Se aprobó, en la Cámara de Diputados, prorrogar hasta 2022 la Emergencia Alimentaria Nacional, que fue instituida por Eduardo Duhalde en 2002, e impulsar la creación del Programa de Alimentación y Nutrición Nacional que posibilitaría otorgar fondos a ollas o comederos populares por la emergencia alimentaria. Esta ley se aprueba bajo la presión de las organizaciones sociales que, a las puertas del Congreso, acamparon.

El gobierno macrista es incapaz de afrontar la crisis económica y social fracasando con su estrategia económica, apoyada por el FMI, basada en deuda externa, capital extranjero y mercado libre. Nos hace recordar la estabilidad que se alcanzó con la convertibilidad, que para mantenerla se basó en deuda externa. Previo a su quiebre, en 2001, se aplicaron drásticas medidas fiscales y el congelamiento de depósitos (corralito), que generó una crisis económica y social.

En la primera vuelta de las elecciones presidenciales, del 27 Octubre, se pronostica un triunfo del peronismo kirchnerista, cuyo gobierno heredaría el descalabro económico. La toma de posesión es en Diciembre. En el ínterin,  a crisis económica y social continuaría, más aún cuando el FMI no va a realizar el desembolso después de Octubre y si gana  Fernández, negociará con él en Diciembre. Le tocaría al peronismo adoptar un nuevo modelo y política económica para enfrentar la crisis, estabilizar la economía y enrumbarla al crecimiento. Este se prevé con una orientación hacia el mercado interno, regulación de mercados, política fiscal y monetaria para incentivar la economía, renegociación de la deuda externa, control de cambios y redistribución del ingreso a través de una fuerte política social. Hay que esperar que no cometa los mismos errores del peronismo de Cristina que, con el déficit fiscal y subsidios, derivó en una crisis económica que frenó el crecimiento económico e hizo insostenible el esquema de redistribución del ingreso.

El gobierno implementó el control cambiario, que se establece como medida desesperada para frenar la devaluación de peso y tratar de contener la inflación. Sin embargo, otros problemas macroeconómicos como la moratoria de la deuda, la recesión, desempleo, etc. como los sociales: caída del nivel de vida, pobreza e indigencia completan el cuadro que dibujan el fracaso de la política económica neoliberal.

El control cambiario parcial establece, principalmente, que los particulares no podrán más de 10.000 dólares y las exportadoras tienen que liquidar, en 5 días, los dólares obtenidos. La medida busca frenar la demanda de la divisa y aumenta su oferta, con el fin de bajar su cotización. El viernes 30 de agosto el dólar alcanzó los 62 pesos, la medida logró, del 2 al 6 de setiembre, reducir el tipo de cambio minorista a alrededor de 58 pesos. Sin embargo, el martes, el Banco Central (BCRA) tuvo que vender dólares para contener el alza cambiaria. Esta espiral influye sobre las expectativas de inflación. La inflación en Julio, de este año, llegó a 56%, y con reetiquetamiento de precios de bienes de la canasta básica, se estima que la inflación de Agosto se ubicará entre 4 a 6%, lo que llevaría a una inflación anual de cerca del 60%, lo que implicaría más pérdida del poder adquisitivo de la población, una crisis alimentaria y aumento notable de la pobreza. A más del control de cambios, el gobierno aplazó el aumento del precio del gas, proyectada para octubre, y lo trasladó a Enero de 2020, con el fin de que la inflación no sea mayor a la estimada.

Sin embargo, el control de cambios provocó colas en los bancos de la gente que teme por un nuevo corralito (congelamiento de depósitos) como el de 2001. La medida además disminuyó el retiro de pesos que, de seguir, podría llevar a una corrida bancaria peligrando la estabilidad financiera. Desde las elecciones primarias, los depósitos en dólares disminuyeron 7566 millones de dólares, que muestra también la dolarización de la economía. También se logró atenuar la salida de capitales (restringida por la autorización del BCRA para trasladar utilidades de los bancos al exterior), que a su vez contribuye a reducir la sangría de la RMI. Sólo, en agosto de 2019, el BCRA disminuyó en 10.000 millones de dólares la RMI. Sin embargo, el riego país bajó el 6 de setiembre a 2000 puntos.

Pero la crisis económica se agravó con el anunció del reperfilamiento de la deuda pública que busca posponer el pago a los tenedores de bonos argentino e incluso el reembolso de la deuda contraída con el FMI. Esto es, a las claras, un problema de liquidez externa que aviva el peligro del default de la deuda pública y trae a la memoria los amargos recuerdos de lo que ocurrió en 2002 que además de la moratoria de la deuda llevó al quiebre de la convertibilidad. Es precisamente, la alta deuda externa contraída por el gobierno de Macri y su repago, una de las causas de la crisis económica.

Con este escenario macroeconómico y la cercanía de las elecciones presidenciales de Octubre, pintan un panorama incierto que llevaron a que el riesgo país llegará a 2400 puntos y siembre la desconfianza en el futuro de la economía argentina reflejada en la salida de capitales y la abstención de inversiones por parte de los empresarios nacionales y extranjeros. El panorama se torna aún más incierto con el posible triunfo del peronismo kirchnerista que implicaría un cambio profundo de la política económica y del modelo de crecimiento. Macri ha reconocido los errores cometidos y que han llevado a una crisis económica, como la de 2001-2003, que, al parecer, no tiene salida a no ser por cambios profundos en la conducción económica que se darían con el futuro gobierno peronista. Este último escenario no le conviene al capital extranjero y nacional, que seguirá con sus políticas de salida de capitales, especulación bancaria y espiral cambiaria-inflacionaria. En este interín, hasta el cambio de gobierno en Diciembre, la gente sufrirá las consecuencias de la crisis económica, con mayor desempleo, pobreza e indigencia hasta que se le ponga freno al gobierno comandado por un empresario, que favoreció  a las élites económicas basado en las reglas del capitalismo salvaje que llevó a una crisis social y alimentaria.

En la semana posterior a la primarias (segunda semana de Agosto), el tipo de cambio subió fuertemente y, en la última semana de dicho mes volvió nuevamente la turbulencia cambiaria pero acompañada de un posible default de la deuda externa desatando una espiral de especulación y salida de capitales que deja un halo de incertidumbre de lo que va a pasar en la economía y en lo social.

En efecto, el miércoles 28 de Agosto el dólar minorista volvió a saltar a los 60 pesos, pero el viernes 30 de ese mes subió a 62 pesos como promedio, pero llegó hasta los 65 pesos y el riesgo país se disparó a 2447 puntos, habiendo estado el 14 de Agosto en 1935 puntos. Esta espiral vino precedida del anuncio del gobierno del reperfilamiento de la deuda pública por 101.000 millones de dólares de corto y mediano plazo. El gobierno acusó a Alberto Fernández, el candidato opositor peronista, que superó largamente  a Macri en las elecciones primarias.

Esta estrategia de Macri, de echarle la culpa a su contrincante presidencial no está funcionando. La coyuntura económica se está agravando y se le va de las manos, a tal punto que motivo una reunión del directorio del FMI. La política de defender el peso sigue basada en venta de RMI y mantener una alta tasa de interés.

Para tratar de contener el dólar, el Banco Central (BCRA) vende divisas pero esta política lleva a la pérdida de la RMI. En efecto, al 1 de Agosto de 2019 las RMI eran de 67.760 millones de dólares y al 28 de ese mes bajaron a 56.953 millones, una reducción de 10.807 millones. Este resultado no solo se debe a la venta de dólares por el BCRA, sino que  se está registrando una acelerada salida de capitales que está influida por el anuncio del reperfilamiento de la deuda. Éste es un indicio de los problemas de liquidez, en divisas, que ha llevado a tomar medidas por parte del instituto emisor para frenar dicha sangria. Así, se dictó una comunicación que obliga a los bancos a pedir autorización al BCRA para trasladar sus utilidades al exterior. Y aún más, una segunda comunicación que posibilita al gobierno a tomar parte de los depósitos en dólares para financiar al Tesoro Nacional lo que hace resurgir el temor del corralito financiero decretado el 1 de diciembre de 2001. En Octubre de ese año, con el agravamiento de la crisis, el riesgo país llegó a 2136 puntos, pero con el corralito a diciembre se disparó a 4404 puntos

La pérdida de la RMI está afectando la solvencia externa del país. En lo interno, la devaluación cambiaria genera más inflación. A julio de este año la inflación anual fue de 54.4%, se estima que en Agosto será de 3 – 5%, con lo que la inflación anual saltaría a alrededor de 60%. La situación ha llevado al reetiquetamiento de precios y el poder adquisitivo de la población sigue cayendo aceleradamente, lo que ha obligado al gobierno, para compensar la situación, al aumento del salario mínimo en 35% pagadero en 4 partes. Por otro lado, la tasa de interés de intervención del BCRA alcanza el 83%. Esta tasa y la contracción de la economía genera un aumento del desempleo, sector informal urbano y una pobreza creciente.

La evolución del tipo de cambio y su defensa genera efectos en otras variables que hemos señalado, pero con una declaración del reperfilamiento de la deuda pública aviva los temores de un default de la deuda externa como ocurrió hace 19 años. Esta coyuntura se da en el marco de la elección presidencial, cuya primera vuelta será a fines de Octubre, lo cual genera aún más incertidumbre en la economía. Mientras corre el tiempo los temores de corralito y de un posible default llevan a más salida de capitales e incertidumbre, que obligará al gobierno a tomar medidas antes de que la situación sea incontrolable. El gobierno buscaría frenar al dólar, disipar los temores de la corrida y frenar la salida de capitales. El panorama se torna muy incierto, que puede llevar a una profunda crisis económica social como ocurrió, en Enero de 2002, cuando se abandona la convertibilidad, se declaró el default y se tomaron una serie de medidas, entrando el país en una profunda crisis económica y social.  

Los pronósticos de crecimiento económico de Alemania señalan una caída del 0.1% del PIB y también la posibilidad de que ocurra en EE.UU, proyectan una posible recesión en la economía mundial para 2020 y 2021, lo cual tiene claras implicaciones pues el Ecuador exporta a esos países buena parte de sus productos, lo que implicaría una mayor contracción de nuestra economía en este año y los siguientes.

Alemania, en 2019, está sintiendo los efectos de la caída de sus exportaciones. La guerra comercial entre EE.UU. y China, las sanciones comerciales a Rusia, por parte de la Unión Europea, las medidas comerciales de EE.UU contra la UE y la posibilidad del brexit son los principales factores que estarían incidiendo o incidirían en la baja de sus exportaciones. La buena salud del país germano que había mantenido su ritmo de crecimiento con un mercado de trabajo boyante y favorecido por la política expansiva del Banco Central Europeo. Pues bien, este shock externo puede provocar una recesión en el tercer trimestre de 2019. En efecto, El Bundesbank, el Banco Central Alemán, pronostica una contracción de la economía en el tercer trimestre de este año, con lo que confirmaría la recesión en 2019.

En EE.UU., la cotización de los bonos del Tesoro, a diez años, cayeron por debajo de los bonos a dos años. Según The Washington Post, que el rendimiento de la curva invertida, por lo señalado anteriormente, es un indicador confiable y temprano de una recesión. Si se cumplen ambos pronósticos habría una recesión mundial a fines de año y en el 2020. Entre los países desarrollados, entrarían en esta contracción, Reino Unido, por el brexit e Italia. En Latinoamericana, ya el FMI previó que Argentina, contraería su economía, este año, y en mayor proporción por la turbulencia cambiaria, que llevó a una depreciación del peso de 25% que a su vez generó mayor inflación, después de conocerse la derrota de Macri, por amplio margen, en las primarias. También se afectaría México y Brasil.

De acuerdo con la Información Estadística Mensual, del Banco Central, el país exportó, en el primer trimestre de este año, a Europa el 18.7% del total y  26.5% a EE.UU. Con respecto a dicha región, si Alemania y Reino Unido entran en recesión arrastraran a toda Europa. Los principales compradores son Alemania, España, Holanda e Italia, lo que implicaría que, con una recesión, estos países importarían menos del Ecuador. E igualmente pasaría con EE.UU., con lo que nuestras exportaciones se reducirían sensiblemente lo que afectaría la tasa de crecimiento económico.

De acuerdo con estimaciones del FMI la tasa de crecimiento del país sería negativa en -0.5 en 2019. De cumplirse la recesión en Europa y EE.UU, la contracción de la economía sería aún mayor, lo que implicaría mayor desempleo y pobreza. Pero, si se manifiesta la recesión mundial, igual tendencia habría en el país en el 2020, más si el ajuste fiscal más fuerte  y las principales reforma estructurales, impuestas por FMI, se darían en ese año. En consecuencia, se advierte un panorama de ajuste del cinturón por dos años más y la consecuente caída del nivel de vida de los ecuatorianos.