REFORMA DEL ESTADO: REDUCCION DE SU TAMAÑO (I) Luis Rosero M.

En el reciente convenio con el FMI el gobierno se comprometió a realizar varias reformas estructurales, que implican cambios profundos, en varias áreas, entre ellas, al sector público. Incluso antes de que se firmará dicho convenio el gobierno aplicó una serie de medidas para reducir su tamaño. En este artículo revisaremos las medidas que vendrían y sus efectos.

La reducción del tamaño del estado, en el esquema del FMI, es por varias vías. Una es a través de la privatización, o sea la venta de propiedades y empresas del sector público o la privatización de la administración, o sea una concesión (eufemísticamente llamada monetización de activos públicos), mediante el cual una entidad pública pasa a ser dirigida por privados mientras que la propiedad queda en manos del estado. Una segunda forma, es la eliminación y fusiones de instituciones públicas. Una tercera, es la reducción del personal del sector público. De todas estas formas, al parecer, el único que no se ha comprometido el gobierno es la privatización de propiedades públicas.

Como señalé, al principio, el gobierno tomó varias medidas, para reducir el tamaño del Estado, incluso antes de la firma del convenio con el FMI. En efecto, se eliminaron los contratos ocasionales del sector público, luego vino la fusión y eliminación de varias entidades públicas. En febrero, se dispuso la reducción del 10% de empleados de Empresas Públicas (CNT y Petroecuador, ya la ejecutaron, incluso el IEES, que es autónomo). Con esto, se buscaba disminuir el número de burócratas que concuerda con el objetivo del achicamiento del tamaño del estado:  la reducción del déficit fiscal. En efecto, en la primera revisión del convenio con el FMI, el primer semestre, de este año, registra una reducción de 65 millones de dólares en la masa salarial.  Sin embargo, el déficit fiscal aumentó por el mayor gasto en pago de intereses de la deuda, gasto en mantenimiento y el 40% para pensiones jubilares. Para tratar de cumplir con la meta, pactada para este año a fin de reducir el personal del sector público, se debe reducir en 435 millones la masa salarial en el gobierno, IESS y empresas públicas. Con este propósito se dictó el acuerdo interinstitucional No. 0001 entre Senplades, Ministerio de Finanzas y Trabajo, de Junio de este año, mediante el cual se dispone la reorganización en el territorio (zonal, distrital y circuital) y en la Administración Pública Central. Para el primer caso, se establece la eliminación de la duplicación de la presencia en territorio (las unidades desconcentradas asumirá las funciones de las oficinas técnicas). Habrá una reestructuración orgánica, en unidades desconcentradas con cobertura zonal o pluricantonal,  mediante el cual se elimina personal, que será dirigida por un jefe de nivel jerárquico superior. Esta reestructuración incluye al sector salud, que implica la reorganización de hospitales que incluye su optimización en 3 meses. O sea, que si se van a ver afectados los gastos sociales.

El siguiente paso es la concesión de varias empresas y entidades públicas. Están en la lista CNT, hidroeléctricas (Sopladora y Coca Codo Sinclair), empresas eléctricas (distribuidoras), refinería de Esmeraldas, Banco del Pacifico e inclusive hospitales del IESS. En el caso de CNT e hidroeléctricas son empresas rentables y se las va a concesionar a largo plazo. En la primera, eso implicará reducción de personal y, posiblemente, la liberalización del mercado de telecomunicaciones, lo que implicará que el mercado determinará el precio de telefonía fija, celular, internet, y TV por cable. Respecto a las hidroeléctricas, es factible que aumente el precio de la electricidad, dependiendo del proyecto de unificación de las empresas de distribución, que concesionarían. Las entidades privadas que administrarían éstas establecen sus condiciones y el gobierno recibirá un canon por el alquiler de la infraestructura.