El gobierno realizó la recompra de los bonos 2020, el Banco Central anunció que la tasa de crecimiento de 2019 será de 0.2%, las manifestaciones de los maestros jubilados por el pago de incentivo de jubilación y el cierre de carreteras por agricultores que vendieron a la UNA son algunos de los eventos que ponen de manifiesto las dificultades y problemas que enfrenta el gobierno.
El gobierno recompró 1175 millones de dólares en Bonos 2020 y los canjeo por 1125 millones de Bonos 2029, con lo que logró un reperfilamiento de la deuda externa. En otras palabras, canjeo los bonos 2020, que implicaban un fuerte pago de capital el próximo año, y desplazó su pago para después de 9 años, o sea, en 2029. La reestructuración del plazo de la deuda significa que el país debe pagar un monto mayor de intereses. El gobierno, en sus dos primero años de su período, se ha endeudado en 8.800 millones con bonos soberanos, mil millones más que en todo el período de 4 años del gobierno anterior. Este agresivo endeudamiento, se debió a que aplazó el ajuste y aumentó la deuda para mantener el nivel de actividad económica. En otras palabras, no se tomaron las medidas económicas a tiempo para resolver los desequilibrios macroeconómicos, en los dos primeros años. La recompra obedece a evitar un pago que no podía cubrirse por la iliquidez de la caja fiscal a pesar del acuerdo con el FMI y otros organismos internacionales que le aseguran un flujo condicionado de alrededor de 10.000 millones de dólares.
Por otro lado, la gerente del Banco Central anunció que la proyección del crecimiento para 2019 será de 0.2% argumentando que es debido al ajuste pero justifica el aumento del PIB por el crecimiento de los depósitos, el crédito y consumo de hogares en abril. Sin embargo, en el convenio con el FMI este organismo estableció que habría una contracción de la economía de -0.5%, precisamente por el ajuste, y el Banco Mundial acaba de anunciar que el crecimiento sería cero para este año. La iliquidez de la economía, de la caja fiscal, la restricción del crédito, la contracción de algunos sectores como el de la construcción, el aumento del desempleo, etc. muestran a las claras que vamos camino a una recesión económica. No se puede negar que las tendencias están conduciendo a un decrecimiento de la economía.
Hay otros eventos que revelan los problemas de iliquidez de la caja fiscal. El primero, es la huelga de hambre de los maestros previo al informe a la Nación por el gobierno por cumplirse el segundo año. La medida extrema de los maestros obligó al gobierno a negociar para que terminen con la huelga y comprometerse al pago del incentivo por la jubilación. El segundo, es el cierre de carreteras de agricultores de la provincia de Los Ríos que protestaban por el no pago por la venta de sus productos a la Unidad Nacional de Almacenamiento (UNA). El tercer, se refiere a que continúan los atrasos a los proveedores que llevó al gobierno a decidir que la solución pasaría por el SRI, lo que supuestamente llevaría a descontar de los pagos atrasados los impuestos adeudados por los proveedores. El cuarto, en un hospital público, de Quito, enfermeras y médicos denunciaron que no habían los insumos médicos para realizar operaciones, según medios de comunicación.
Todos estos eventos reflejan que sigue la iliquidez en la caja fiscal en 2019 y la situación se complica más por todas las reformas exigidas por el FMI. A más de la contracción de la economía que traerá más desempleo en 2019 y caída del nivel de vida, el gobierno tendrá que enfrentar los conflictos por las reformas a la seguridad social y la reforma laboral. La primera por el aumento de la edad de jubilación y mayor aporte de los trabajadores al IESS y, la segunda, por la flexibilización laboral, eliminar el pago de horas extraordinarias para días festivos y horas extras así como reducir indemnización por despidos. En síntesis, el ajuste lo terminan pagando trabajadores del sector público, privado, afiliados y jubilados del seguro social.