La segunda y tercera revisión del acuerdo de Servicio de Facilidad Extendida, firmado con el FMI, flexibilizó los condicionamientos y metas relacionados con el área fiscal y política social pero mantiene las exigencias para las reformas estructurales en lo presupuestario, banco central y regulación y supervisión del sistema financiero. En este artículo me referiré a la situación macroeconómica y social de  2019.

Las protestas de octubre, de este año, echaron abajo la propuesta de eliminar totalmente los subsidios a los combustibles y, como efecto de ésta, la Asamblea rechazó, en Noviembre, el mega proyecto de ley que pretendía un fuerte ajuste fiscal y reformas estructurales. Ante la presión indígena, el gobierno optó enviar por partes dicho proyecto y moderar el aumento impositivo (que analizamos en las entrega del 25 de noviembre y 3 de diciembre). Con la revisión señalada se moderaron las exigencias en las áreas señaladas, incluidas las reformas estructurales. Así, la consolidación fiscal, exigida por el FMI, redujo su objetivo de 5 a 4% del PIB para el saldo primario no petrolero. En otras palabras, se rebajaron las metas del déficit fiscal.

En la revisión, para 2019, se establece que el gobierno no alcanzó a cumplir la meta del déficit primario (no  logró la concesión de activos públicos) y en reservas internacionales. La iliquidez del sector público resultó latente.  Así,  la crisis de la caja fiscal se refleja en los atrasos a los acredores del sector público que serían, en este año, de 1.692 millones de dólares que incluye 628 a los proveedores, 477 a la seguridad social y 585 a los GAD. El gobierno continuó con su política de reducción de gastos, pero más que reducir los gastos corrientes redujo considerablemente el de capital.

Para poder pagar los gastos, el gobierno ha acudido a emitir deuda externa e interna, incluyendo el crédito de 5000 millones del FMI, lo que ha llevado a que la deuda pública alcance el 49.6% del PIB por arriba del 40% que señala la Constitución.

Según el FMI, el crecimiento económico, en el I Semestre de 2019, solo fue de 0.4% (vs. 1.1% en el mismo período de 2018), tanto por la reducción del consumo como de la inversión, lo que muestra la desaceleración de la economía. De acuerdo con el FMI, las protestas de Octubre impactaron en -0.4% en el PIB, aumento del riesgo país a 1400 puntos (después del rechazo del mega proyecto de ley) y se registra un déficit en la cuenta corriente (4% del PIB en 2018), en parte por el aumento de las importaciones a mayor ritmo que el de las exportaciones, financiado por el crédito al consumo. El FMI confirma que la economía se contraerá -0.5% en este año, habría un déficit en la cuenta corriente de 0.8% del PIB,  el déficit fiscal de 3.4% del PIB con un déficit primario no petrolero de 1.1% del PIB y las RMI brutas alcanzaría 4.215 millones de dólares.

Estos datos reflejan la delicada situación de la economía, con una contracción de la economía,  desequilibrios fiscal, en cuenta corriente, bajas RMI, etc. pero también con un deterioro social con aumento del desempleo (4.9% a Septiembre)  y subempleo (19.7% a Septiembre), una subida del sector informal, incremento de la pobreza multidimensional (36.6% a Dic. 2018) y la pobreza por ingresos (25.5% a Junio) que reflejan una reducción del nivel de vida y disminución del poder de compra por un alto costo de la canasta familiar básica que llegó a 715 dólares (Noviembre) cuando el salario básico solo es de 394 dólares, lo que refleja una brecha de consumo para las familias de -321 para una familia con un perceptor de ingreso.

El Congreso aprobó la ley de de Solidaridad Social y Reactivación Productiva.  El Ministro de Economía, Martín Guzmán, anunció, el 17/12/2019, que ésta contiene un conjunto de medidas sociales y económicas que intentan paliar la crisis, en estas áreas, y reducir los desequilibrios macroeconómicos. El proyecto contempla seis grupos de medidas: sociales, tributarias, reactivación, tarifas de bienes y servicios básicos, deuda pública y cambiarias

En lo social, debido al descalabro de la seguridad social, se entregará un bono de 5.000 pesos en Diciembre y Enero de 2020 para los jubilados con pensión mínima y, en el plazo de 6 meses, se reemplazará la fórmula del cálculo de las pensiones. El 70% de la recaudación del nuevo impuesto a la compra de dólares se destinará a financiar la seguridad social, con lo cual se cubren los pagos de los bonos y se apuntala la situación financiera de ésta. Se dispone el reintegro del IVA a los sectores más vulnerables. Se faculta al ejecutivo a que de forma obligatoria los empresarios realicen aumentos de los salarios mínimos. Se declara una emergencia sanitaria con un programa de vacunas para prevención y control de enfermedades, se reduce el precio de los medicamentos y se exonera de gravámenes a las importaciones del Ministerio de Salud. Además, el Plan contra el Hambre entregara tarjetas alimentarias. Aún más, el Ministerio de Trabajo anunció un aumento de salarios.

Para reducir el déficit fiscal, se plantea una serie de tributos. Se vuelve a la progresividad impositiva, que se había eliminado en 2015; para incentivar la repatriación de capitales se gravaría la tenencia de activos financieros en el exterior. Si vuelve una parte de estos, este impuesto adicional no se cobraría. Se elimina el impuesto para inversiones financieras, a plazo fijo y en bonos,  en pesos. Se aumentan las retenciones a exportaciones agropecuarias: en 3% a la soya, que quedaría en 33%, el mismo incremento para trigo y maíz, que pasarían al 15%. Se limita las retenciones a los productos agropecuarios a un 5%, que generan valor agregado. Se incrementa el impuesto a los bienes personales, el impuesto a los débitos y créditos bancarios, la tasa estadística de importación de bienes de consumo

Para la reactivación productiva, se plantea ayudar a las pequeñas y medianas empresas (Pymes) y su recuperación, muchas de las cuales quebraron y están en proceso de liquidación, se aplicará un plan de regularización de deuda y fundaciones sin fines de lucro. Se establece una remisión tributaria de intereses de mora y multas. Por otro lado, las importaciones de los sectores productivos se las exime del impuesto del 30% a la compra de divisas y, además, el 30% del impuestos a la compras de divisas, se destinará para obras de infraestructura y vivienda.

En cuanto a tarifas de los bienes y servicios básicos (gas, luz, transporte), que habían aumentado, algunas de ellas más de 1000% en el gobierno anterior, contribuyó,  según el Ministro, al deterioro de la gente y sectores productivos, se congelan por 6 meses hasta mediados de 2020, en el que se establecerá un nuevo esquema que combine la protección social, incentivo de la producción y fomento de inversión en energía. Se proyecta un sistema de tarifas reajustable.

Para la deuda pública, interna y externa, se propone que se le dote al gobierno de poderes especiales para renegociar la deuda en base a la capacidad de pago en un proceso de recuperación económica. En otras palabras, la renegociación apuntaría a pagar lo que se pueda lo que depende de los resultados fiscales y de balanza de pagos.

Para la situación cambiaria, se crea un impuesto de 30% a la compra de dólares, con lo que espera ahorrar divisas y se mantienen otras restricciones de estas compras (200 dólares mensuales), buscando frenar la influencia que tenía sobre el tipo de cambio. 

Según el Ministro, estas medidas son parte de un programa nacional con capacidad de ahorro y generación de capital. Es un programa integral que busca reimplantar la consistencia macroeconómica.

En síntesis, las medidas de corto plazo, del proyecto de ley, buscan en lo económico reducir el déficit fiscal, con esto y el impuesto a la compra de dólares frenar el aumento del tipo de cambio para reducir la inflación y ahorrar divisas; en lo social, si busca proteger y defender a los más vulnerables de la población –jubilados, trabajadores con salario mínimo, gente de escasos recursos, pobres- con bonos, congelamiento de tarifas de servicios básicos y con el control de la inflación. Se busca restaurar la confianza, calmar las expectativas inflacionarias y reducir los desequilibrios fiscales, cambiarios y monetarios y aplacar las condiciones de pobreza y hambre.

Asumió la Presidencia de Argentina, A. Fernández, con una pesada herencia social y económica, reflejado en los desequilibrios sociales y macroeconómicos: alta pobreza, una excesiva deuda pública y externa, una elevada inflación y déficit fiscal. El desafío es revertir este escenario

En efecto, según el Observatorio de Deuda Social de la Universidad Católica Argentina la pobreza en el III Trimestre de 2019 llegó a 40.8%, pero la desgracia mayor es que en niños y adolescente ascendió a 59.5%, algo tristemente catastrófico. A eso hay que agregar que el nivel de inflación anual, a Octubre, de este año, trepó 50.5%. O sea, en un año, los argentinos perdieron la mitad de su poder adquisitivo agravando las condiciones de pobreza, a pesar del programa de precios cuidados que incluía el control a 500 productos. Contribuyó a aumentar la pobreza el desempleo, que al II trimestre de este año, llegó a  10.6%, producto de la contracción del nivel de actividad económica, cuya estimación, a septiembre, es de -1.6%. El origen de la elevada inflación es el ajuste de los precios de los servicios básicos, la devaluación de la moneda y elevación de precios de gas y gasolina. La devaluación es producto del fracaso de la intervención sucia del Banco Central, en el mercado de divisas, que además contribuyó a la pérdida de RMI que solo alcanzan a 43.731 millones de dólares. El dólar minorista, el 10/12/2015, asunción del mando de Macri, valía 9.85 pesos y el 9/12/2019 alcanzó 62.99 pesos, o sea una devaluación de 539%.

En lo económico, lo más urgente es disminuir el riesgo de default la deuda pública y, sobre todo la externa. La deuda externa, en dólares, a junio de 2019, alcanzó 283.500 millones de dólares, incluidos los 57.000 millones del crédito del FMI. La CEPAL advirtió, en ese mes, que los vencimientos en moneda local de la deuda pública superaba el 80% del PIB. Lo más dramático  es que el próximo año tiene vencimientos, a corto plazo,  por más de 26.000 millones de dólares, que deberán ser pagados hasta la mitad del 2010. En consecuencia, no tiene otra salida que renegociar la deuda externa lo que implica llegar a un acuerdo con el FMI y los tenedores de deuda argentina. Recordemos que en el 2001 se declaró en default y los tenedores de papeles de deuda perdieron alrededor del 80% de su valor. Estos datos macroeconómicos y sociales reflejan el fracaso de la política neoliberal implementada por Macri que aplicó los condicionamientos de política económica que le impuso del FMI para realizar tan alto préstamo.

El día de su posesión, 10/12/2019, Fernandez planteó algunos lineamientos de su política. En lo social, planteo un nuevo contrato social para lo cual creará el Consejo Económico y Social para el Desarrollo, que implementará un programa de emergencia sanitaria y uno integral contra el hambre. La primera medida económica, dictada el sábado pasado, es el aumento de las retenciones a las exportaciones agropecuarias de 4 pesos a 9% del valor de ésta (que financiaría el aumento de los gastos sociales) y propone un proyecto de ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, que elevaría las jubilaciones, asignaciones universal por hijo, sueldos públicos y privados, aumento de impuestos a bienes personales. Además aumentó en 30% más del tipo de mercado el dólar para compras en el exterior- el dólar turista- para frenar importaciones. Busca en la emergencia aliviar la situación de los más pobres, reactivar la economía y reducir los desequilibrios macroeconómicos. En el fondo, se trataría de incrementar el nivel de actividad económica, con un proyecto nacional,  incentivando el consumo interno.

Para enfrentar el problema de la deuda pública y renegociarla nombró a Martín Guzman, doctor en Economía y colaborador académico de Joseph Stiglitz. Fernandez  ya le fijo lineamientos: “Para poder pagar hay que crecer primero”. Lo que implica una larga renegociación, una difícil negociación con el FMI y los tenedores de deuda que, dada las circunstancias, sufrirán una quita en sus papeles. Queda por ver qué tipo de política cambiaria adoptará, como reducirá el déficit fiscal y como controlará la inflación.

El nuevo gobierno enfrenta un desafío enorme en lo social y en lo económico. En los primeros 100 días se verá qué estrategia utilizará para revertir los desequilibrios macroeconómicos, en especial, el déficit fiscal, que en un gobierno progresista, resulta ser el talón de Aquiles. El aumento de subsidios debe ser coherente con dicho déficit. Debe mostrar coherencia la política social con la económica. Lo urgente es reducir la pobreza, el hambre, el desempleo; a corto plazo reactivar la economía y, a mediano plazo, renegociar la deuda pública, aumentar la competitividad externa que contribuirá a obtener divisas para poderla pagar. Lo que es socialmente inaceptable pagar la deuda mientras que gran parte de la población muere de hambre, está en situación de pobreza y pierde su calidad de vida.

El informe, para segundo debate, de la Comisión de Régimen Económico y Tributario, aprobó la mayor parte de reforma tributaria propuesto por el gobierno. Lo paradójico es que se aprobó con los votos de la Revolución Ciudadana y con la oposición del PSC. Lo primero implica que hubo una negociación política. El Pleno de la Asamblea deberá aprobar o negar el proyecto de ley de Simplicidad y Progresividad Tributaria.

Como ya había dicho en un artículo del 25/11/2010, sobre este tema, se crea el impuesto temporal a las empresas que tengan un ingreso bruto de más de un millón de dólares lo cual generará ingresos por 177 millones; se establece un ICE de 10% a la telefonía móvil a personas naturales para los planes de postpago, con lo cual pagarían estos servicios 22% (incluyendo de 10% del IVA), lo que recaudaría 100 millones; ); se aumenta  el impuesto a la renta de los dividendos a extranjeros al 40%, lo cual generaría 191 millones; se crea un IVA de 10% a los servicios digitales tanto al área de streaming (Netflix, Spotifly) y de servicios de transporte (Uber, rappid); se aplica un impuesto a las fundas plásticas que aumentaría de forma gradual de $ 0,03 en 2020 hasta llegar 10 centavos en 2023. Además hay  la variación de la base imponible del ICE y la inclusión de este a nuevos productos y servicios: al tabaco, bebidas gaseosas (con azúcar menor a 25 g/l, 11%), perfumes, armas de fuego, focos y sistemas de calentamiento de agua, vehículos de carga de hasta 3.5 T, vehículos de más de 35.000 dólares, aviones y avionetas, servicios de TV pagada (15%), de telefonía fija a empresas, telefonía móvil (10%), tendrán la tarifa ad valorem; a cigarrillos, alcohol, cerveza artesanal e industrial bebidas gaseosas (con azúcar mayor a 25 g/l) se le aplicará una tarifa especifica. Con los  tres primero nuevos impuestos se recaudaría 468 millones, el grueso de la reforma tributaria, y con la variación de la base y tasa del ICE y otros cambios impositivos se generarían ingresos fiscales de 72 millones. En total, la reforma tributaria aspira a recaudar 540 millones.

Se crea el régimen impositivo para microempresas con un 2% de impuesto a la renta con  Se elimina el anticipo a impuesto a la renta y hay una simplificación al régimen tributario del sector agrícola: la producción y venta local del banano que ahora pagará un impuesto a la renta de 2% y la exportación el 3% y crea el impuesto a la renta único del sector. Las personas que ganen más de 100 mil al año no podrán realizar deducciones de gastos personales en su declaración de impuesto a la renta. Además se incluyó la remisión no tributaria que se analizó en el artículo que publique el 3/12/2019.

Los cambios que realizó la comisión fueron tres importantes: poner topes a los pagos atrasados a los GADS, se eliminó el artículo que posibilitaba que las empresas de telefonía celular paguen el costo del uso del espectro con obras de infraestructura y se retiró el incentivo a la banca de exclusión de impuesto a la renta de los pagos de intereses de los créditos a emprendedores.

Con este informe se aprobaría, en la Asamblea, la reforma tributaria, con estos cambios, facilitándole al gobierno obtener liquidez, el próximo año, de fuentes tributarias y del siguiente desembolso del FMI. Los impuestos creados afectarán a la clase media y de menores ingresos, disminuyendo el consumo de los productos gravados con lo que se ahondaría la recesión. Más aún, el Ministro de Trabajo ya anunció el envío de la reforma laboral, que entraría en vigencia el próximo año, a la que le seguirán la segunda parte de la reforma tributaria (reglas fiscales y a empresas públicas); la reforma al Banco Central (autonomía y manejo de la política monetaria), variación del modelo de regulación y supervisión financiera así como esquema de seguridad financiera y finalmente la reforma a la seguridad social. Todas estas reformas son compromisos con el FMI y, sin duda la laboral y al sistema de seguridad social, son las más conflictivas que traerán la protesta de trabajadores, jubilados, patronos, etc. generando mayor malestar social agravando más el escenario político y social a más de la recesión de la economía, con las consecuencias en el empleo, la pobreza y la marginalidad.

Además de la reforma tributaria el proyecto de ley  de Simplicidad y Progresividad tributaria incluye la remisión no tributaria

Hay una remisión tributaria de intereses de mora, multas y recargos para becas y créditos educativos de educación superior lo que beneficia a los estudiantes que realizaron estudios de postgrado tanto en el país como en el exterior. También hay otra remisión de capital, intereses y multas correspondiente al Copago del bono o incentivo de vivienda de emergencia para los damnificados del terremoto en Manabí y Esmeraldas, que es una ayuda para los afectados por este fenómeno natural.

Se agrega otra remisión tributaria pero para deudores del sector financiero. En efecto, se establece una remisión de pagos de intereses, intereses por mora  y costas judiciales en los créditos de hasta 100.000 dólares de los sectores agrícola, pecuario y pesquero concedidos por la Corporacion Financiera Nacional y Banecuador. Esta medida favorece a los pequeños agricultores, ganaderos y pescadores artesanales que están en difícil situación ya sea que sufrieron inundaciones en sus tierras o le afectó la crisis económica. Sin embargo, esta decisión también afecta a las finanzas de estos dos bancos públicos.

Se exonera de pago de impuesto a la renta a los dividendos y utilidades distribuidos por empresas nacionales o extranjeras residentes en el país que paguen a sociedades nacionales-.

Por otro lado, se exime del pago de impuesto a la renta los intereses que cobran las instituciones financieras por los préstamos otorgados a emprendedores hasta un 3% de sus ingresos gravados, lo que si bien es un incentivo para que dichas instituciones den crédito a los emprendedores éstas tienen una exoneración tributaria. También se exenta de dicho impuesto a los intereses de deuda del giro del negocio a bancos, compañías aseguradoras y entidades del sector financiero de la economía popular y solidaria.

Se exonera del pago del impuesto a la salida de divisas (ISD) de los pagos realizados al exterior por la amortización de capital e intereses por créditos otorgados por instituciones financieras internacionales o entidades financieras especializadas para vivienda, microcrédito, inversión en derechos representativos de capital o inversiones productivas efectuadas en el país. Se exentan también los pagos realizados al exterior por dividendos de distribuidos por empresas nacionales o extranjeras domiciliadas en el país. Así mismo se exceptúan de dicho impuesto los pagos al exterior por rendimientos financieros, ganancias de capital, y capital de inversiones en el mercado de valores del país, también los mismos pagos por valores emitidos por empresas domiciliadas en el Ecuador, que hayan sido adquiridas en el exterior, para el financiamiento de vivienda, de microcrédito o inversiones productivas; los mismos pagos de los depósitos de plazo fijo o inversiones, con recursos provenientes del exterior, en instituciones del sistema financiero nacional.

En síntesis el proyecto concede remisión de intereses y mora para estudiantes que hicieron postgrado en el exterior y a los damnificados del terremoto de Manabí Esmeraldas. Por otro lado, hay exoneración de impuesto a la renta dividendos a empresas, a bancos por conceder crédito a emprendedores, y, exoneración del pago del ISD por pagos de amortización e intereses para vivienda, microcrédito, los dividendos de empresas nacionales o extranjeras radicadas en el país, los pagos al exterior por los rendimientos de inversiones en mercado de valores, los pagos al exterior por rendimientos de títulos por empresas radicadas en el país de los 3 sectores señalados y los pagos de rendimientos de inversiones financieras, con recursos del exterior, en instituciones financieras nacionales.

En conclusión, el proyecto de ley busca ingreso con la creación de nuevos impuestos, que afectan a la clase media y popular, y da una serie de incentivos a estudiantes graduados en el exterior y se exime de ISD a inversiones productivas y financieras. Los que salen favorecidos por la reforma tributaria global son los empresarios. Este proyecto intenta aliviar el déficit de liquidez del gobierno, que ya anuncia una nueva emisión de bonos por 1936 millones de dólares a colocarse en el mercado interno, sustituyendo deuda antigua por una nueva a mayores plazos. Sus posibles compradores serían el BIESS y el Banco del Pacífico, que el gobierno actual criticaba al anterior. El proyecto de ley es necesario para el gobierno debido a que aplazó el ajuste y, cuando lo hizo, recortó la inversión pública generadora de efecto multiplicador en el economía y el empleo, en vez de reducir fuertemente el gasto corriente.

Ante el archivo, por la Asamblea, del proyecto de ley de ‘’crecimiento económico” que incluía una reforma fiscal (tributaria: evasión, exoneración impositiva; a empresas públicas;  y a reglas fiscales) y un cambio normativo al Código Monetario Financiero (independencia al Banco Central, variación del modelo de regulación y supervisión financiera, esquema de seguridad financiera, etc.), el ejecutivo envío el proyecto de ley de Simplicidad y Progresividad tributaria que solo incluye la parte tributaria acotada de la reforma fiscal para facilitar su aprobación en la Asamblea. En el artículo “La Reforma Fiscal (I)”, publicado en Octubre 28, ya analizamos la parte tributaria de ésta reforma, en esta entrega revisaremos los aspectos claves del nuevo proyecto.

Se crea el impuesto temporal a las empresas que tengan un ingreso bruto de más de un millón de dólares lo cual generará ingresos por 177 millones; se establece un ICE de 10% a la telefonía móvil a personas naturales para los planes de postpago, con lo cual pagarían estos servicios 22% (incluyendo de 10% del IVA), lo que recaudaría 100 millones; ); se aumenta  el impuesto a la renta de los dividendos a extranjeros al 40%, lo cual generaría 191 millones; se crea un IVA de 10% a los servicios digitales tanto al área de streaming (Netflix, Spotifly) y de servicios de transporte (Uber, rappid); se aplica un impuesto a las fundas plásticas que aumentaría de forma gradual de $ 0,03 en 2020 hasta llegar 10 centavos en 2023. Además hay  la variación de la base imponible del ICE y la inclusión de este a nuevos productos y servicios: al tabaco, bebidas gaseosas (con azúcar menor a 25 g/l, 11%), perfumes, armas de fuego, focos y sistemas de calentamiento de agua, vehículos de carga de hasta 3.5 T, vehículos de más de 35.000 dólares, aviones y avionetas, servicios de TV pagada (15%), de telefonía fija a empresas, telefonía móvil (10%), tendrán la tarifa ad valorem; a cigarrillos, alcohol, cerveza artesanal e industrial bebidas gaseosas (con azúcar mayor a 25 g/l) se le aplicará una tarifa especifica. Con los  tres primero nuevos impuestos se recaudaría 468 millones, el grueso de la reforma tributaria, y con la variación de la base y tasa del ICE y otros cambios impositivos se generarían ingresos fiscales de 72 millones. En total, la reforma tributaria aspira a recaudar 540 millones.

Se crea el régimen impositivo para microempresas con un 2% de impuesto a la renta con  Se elimina el anticipo a impuesto a la renta y hay una simplificación al régimen tributario del sector agrícola: la producción y venta local del banano que ahora pagará un impuesto a la renta de 2% y la exportación el 3% y crea el impuesto a la renta único del sector. Las personas que ganen más de 100 mil al año no podrán realizar deducciones de gastos personales en su declaración de impuesto a la renta.

Si bien la reforma tributaria hace que con el impuesto temporal las empresas paguen 177 millones el siguiente año, esto es insignificante para los 4000 millones de remisión tributaria que el régimen concedió antes siendo el sector privado el verdadero beneficiario de esta reforma. Aún más, al eliminarse el anticipo al impuesto a la renta, se ayuda a la liquidez de las empresas de este sector.  En cambio, con el ICE a planes de postpago de celulares se perjudica, con 100 millones al año, con el 10% de IVA a los servicios digitales y la inclusión en la base del ICE a nuevos productos y su variación se afecta a la clase media. El impuesto a las fundas plásticas e imposición de ICE a algunos productos de consumo popular afecta a la población de menores ingresos. La reforma más que contribuir a reducir el déficit fiscal de 3.3% en 2020, lo que hace es aliviar la situación de liquidez del gobierno. La reforma tributaria global se presenta como que afecta a los que más tienen cuando en realidad, como vemos, está incidiendo sobre la gente de escasos recursos y clase media. Si bien hay algunos beneficios como la remisión no tributaria para créditos estudiantiles y créditos de economía popular y solidaria, esto es la cereza del pastel, quien se come el pastel (beneficios de la reforma tributaria) es el sector privado.

El proyecto de ley de “crecimiento económico” enviado por el gobierno, con el carácter de urgente, contenía una reforma fiscal  y una contrarreforma monetaria financiera. El proyecto fue archivado por la Asamblea.

La reforma fiscal buscaba una reforma tributaria y nuevas reglas fiscales. La primera modifica y crea nuevos impuestos. Entre los aspectos principales están la variación de la base imponible del ICE y la inclusión de este a nuevos productos y servicios, se aumenta el impuesto a los dividendos a extranjeros al que se le aplicará el 40%, se crea la contribución temporal, por tres años, a empresas que tengan un ingreso bruto de más de un millón de dólares, el impuesto al rodaje lo sustituye con el impuesto anual a la circulación, que lo recaudarían los GADs, a través del SRI y se mantiene el impuesto a la propiedad del vehículo. Se crea el impuesto a la renta para microempresas con una tarifa de 2% sobre los ingresos brutos y  reduce el impuesto a la salida de divisas a la importación de materias primas, insumos y bienes de capital. Con todas estas medidas impositivas se buscaba recaudar 731 millones en 2020. En cuanto a las reglas fiscales –en lo principal- se establecen normas para variaciones de ingreso petrolero,  proyecciones de gasto tributario, techos de gastos, gastos para cierre de brechas de equidad y se rebaja a 5% la variación del presupuesto general del estado. En las entregas de los artículos de Octubre 28 y Noviembre 3 se analizaron con más detalles los dos aspectos de la reforma fiscal.

La contrarreforma monetaria financiera busca echar abajo algunos aspectos de la reforma que, en estas áreas, hizo el gobierno anterior. Los principales cambios se refieren a la regulación y supervisión monetaria financiera y, por otro lado, la autonomía del Banco Central. En cuanto a la primera se le da mayor poder al organismo regulador, dándole nuevas funciones y cambiándole de nombre. Se le quitan las funciones macroeconómicas. El objetivo central de la contrarreforma es la estabilidad financiera.  Entre uno de los deberes y facultades del nuevo organismo regulador se establece normar las actividades financieras de las entidades de seguridad social, lo que significaría la eliminación del Consejo Directivo del IESS, ISSFA e ISSPOL. En cuanto a los cambios institucionales de los organismos de supervisión, se cambian las funciones de la Superintendencia de Bancos (SB) siendo la principal velar por la estabilidad financiera de los intermediarios financieros seguida de la supervisión de bancos y otros intermediarios. Respecto a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria se le recortan sus funciones dejándole sólo la supervisión de las cooperativas de ahorro y crédito. En cuanto a la Red de Seguridad Financiera, se cambian y modifican algunas de las funciones de la COSEDE. Se elimina el Directorio y el Gerente tomaría las decisiones ante una situación del riesgo de cierre de las entidades del sector financiero privado, popular y solidario, y seguro privado.

En lo que respecta al Banco Central, se le devuelve la autonomía y, por ende, se restituye su Directorio que manejará la política monetaria. Las principales funciones del BCE –compatible con su objetivo- serían formular e implementar la política monetaria, contribuir a la estabilidad financiera, pero se sigue manteniendo funciones operativas como administrar la RMI, manejo del sistema de pagos, ser agente fiscal del gobierno, ser depositario de sus fondos y obtener crédito para financiamiento de la Balanza de Pagos y liquidez de la economía. Entre otros aspectos importantes se restituye los 4 sistemas y las reglas de respaldo, se prohíbe la financiación cuasifiscal y se lo capitaliza.

En síntesis, el proyecto de ley de  “crecimiento económico” buscaba cumplir con los condicionamientos del FMI, para seguir recibiendo los siguientes desembolsos del crédito y de los otros organismos financieros internacionales. Ante el archivo del proyecto, por parte de la Asamblea, el gobierno se dispone a enviar otros, con el mismo carácter, que divide al proyecto original por partes.

La Proforma del Estado 2020 cumple con algunas exigencias del FMI, mantiene un déficit fiscal, aumenta la deuda pública y señala una tendencia a la recuperación económica. Analizaremos el cumplimiento de algunas condiciones del FMI y sus consecuencias, y las tendencias de la economía.

La proforma 2020 tiene un total de 31.468 millones de dólares que apenas supera en 167 millones a la proforma reajustada de 2019, sin incluir la importación de combustibles. El nivel de inversión es de 3624 millones, 11.5% del total de la proforma, ligeramente superior en 310 millones a la de 2019,  con lo que confirma la política de estancamiento de la inversión pública. Sin embargo, hay cambios en la estructura de ésta, en educación aumenta (68%), ambiente (-8.1%), desarrollo urbano y vivienda (-42.6), inclusión económica y social (5.7%) y salud (28.2%) . La mayor parte de la proforma es gasto corriente (88.5%). Pero, hay un alto servicio de la deuda que alcanza los 8000 millones de dólares, que supera lo asignado para el Ministerio de Educación y Salud que llega a 6854 millones y además se reduce en 32 millones la asignación a universidades. Sigue manteniendo las preasignaciones a los GAD, educación y salud. La proforma 2020 tiene un déficit de 3.3% del PIB (apenas superior en 0.1% al de 2019) y necesidades de financiamiento de 6664 millones de dólares. No se contempla los nuevos ingresos contemplados en el proyecto de ley de “crecimiento económico” ni la racionalización de los subsidios a los combustibles, cuyo levantamiento dio origen a la marcha indígena que obligó al gobierno a derogar el decreto correspondiente. Sigue alto el nivel de subsidios, alcanzando los 5.455 millones repartidos a los combustibles 1956, a la seguridad social 2104 y sociales 1123 (que aumentan ligeramente). Hay también un aumento del gasto presupuesto para el cierre de las brechas de equidad sobre todo las relacionadas con las políticas de igualdad, aumentando significativamente las de infancia, niñez y adolescencia; juventud y adulto mayor.

La variación del déficit fiscal en 2020 dependerá que pase con focalización de los subsidios a los combustibles, la magnitud de la reducción de la masa salarial en el sector público, la profundidad de la fusión y/o eliminación de entidades públicas, los ingresos de las concesiones y la aprobación o no de la “ley de crecimiento o no”.

En cuanto al cumplimiento de los condicionamientos con el FMI hay dos importantes. La primera es la reducción de la masa salarial, en alrededor de 400 millones, que implicará el recorte de la burocracia. Eso incluye la eliminación de los contratos ocasionales y reducción de personal en algunas instituciones públicas con nombramiento provisional y permanente. Este proceso ya se inició en este año en CNE, ex Senplades y algunos ministerios. También puede conllevar la eliminación y/o fusión de entidades públicas. Además se contempla la privatización de la administración de algunas entidades públicas (concesión), llamado eufemísticamente monetización de activos públicos, que comprendería entregar al sector privado la administración de CNT, Banco del Pacifico y la hidroeléctrica Sopladora. Lo paradójico es que se va a concesionar a dos de las entidades públicas más rentables. Entre las empresas públicas con más utilidad consta CNT y el Banco del Pacifico es uno de los rentables del sistema financiero. La concesión de Sopladora puede implicar una variación de las tarifas eléctricas. Los ingresos por concesiones se estiman en 2000 millones.

Los supuestos de la Proforma 2020 estiman un escenario con un precio del barril de crudo de 51,3 dólares, una inflación de 0.84% y un crecimiento de 0.5%. Este último es un tanto optimista ya que el propio FMI considera que para el año 2019 habrá un decrecimiento de -0.5%. En 2020, se estima que es posible que haya recesión en Europa y una caída del crecimiento de la economía mundial, por otro lado el continuar con la política de reducción de la inversión pública, confiar en proyectos de Inversión de las Alianzas Público-Privada que hasta ahora han sido mínimos, el mayor ajuste fiscal y las expectativas pesimistas empresariales hacen prever que la contracción de la economía continúe al nivel de los proyectado para 2019. Si a eso se le agregamos el déficit fiscal de 3.3% y la necesidad de mayor endeudamiento público, aumento el servicio de la deuda, que deja menos margen para otros gastos, se confirmaría la tendencia a la recesión económica con sus implicaciones en el mercado de trabajo que se traducirían en mayor desempleo, subempleo y crecimiento del sector informal lo que a su vez está relacionado con el deterioro social. En efecto, la pobreza por ingresos, a Junio de 2019, alcanzó un 25.5%, un punto más que hace un año. Si continúa, en 2020, la contracción económica habrá aumento de la pobreza, por encima de ese nivel, la indigencia y marginalidad social que conduce a más violencia e inseguridad.

El proyecto de ley llamado de crecimiento económico, enviado como económico urgente, en la segunda parte de la reforma fiscal comprende cambios normativos en la planificación, programación presupuestaria e endeudamiento; en las reglas fiscales y en las  empresas públicas, que se tratarán en este artículo, excepto el último.

En la ley de fomento productivo, publicada en RO de Agosto 21 de 2018, se establecieron reglas para la sostenibilidad fiscal, programación presupuestaria y límites de endeudamiento. En el proyecto de ley, se vuelven a realizar cambios en la planificación y programación presupuestaria, se reforma el Código de Planificación y Finanzas Públicas que incluye, entre lo más importante, cambios metodológicos en la definición del sector público, se introduce una política de mitigación y gestión de riesgos fiscales referidos a los shows externos e internos que puedan generar cambios en ingresos, gastos o financiamiento del presupuesto; se establece nueva normativa para la programación fiscal plurianual y anual definiendo sus fases, cobertura para variaciones del ingreso petrolero, proyecciones de gasto tributario, techos de gastos, gastos para cierre de brechas de equidad, se rebaja a 5% la variación del presupuesto general del estado tanto en gastos como ingresos y se le fija a la Asamblea un plazo de diez días para aprobar u observar tal variación. Respecto al endeudamiento, se restituye la obligatoriedad de que toda emisión de bonos, en moneda de curso legal o extranjera se negociará a través de las bolsas de valores, pero se mantiene que, en cuanto, a las negociaciones  directas  entre entidades públicas debe informarse a las entidades de supervisión y control del mercado de valores. Se regula la deuda flotante, aquella que el sector público mantiene con proveedores y se fija un plazo para su pago en noventa días. También se autoriza al Ministerio de Finanzas a que pueda emitir Notas del Tesoro para financiar deficiencias de caja, con un plazo máximo de 359 días, hasta un monto del 8% de los gastos totales del Presupuesto General del Estado, pero paradójicamente no se las considera endeudamiento público. Se le prohíbe al Banco Central la compra de estas notas y cualquier documento emitido por el sector público.

En cuanto a las reglas fiscales, se establece el ámbito de aplicación de éstas que deben cumplir las entidades del sector público no financiero y financiero, el período de estas reglas. Se reafirma la regla que existía: que los egresos permanentes se financiaran solo con ingresos permanentes, aunque se exceptúan los rubros de salud, educación y justicia, en situaciones excepcionales. Se vuelve a confirmar y se específica que, lo que ya se estableció en la ley de fomento productivo, el saldo consolidado de la deuda del sector público no financiero y otras obligaciones no podrá ser mayor del 40% del PIB. Se establece que relación entre el saldo total de la deuda pública con los ingresos totales de los GAD no puede ser mayor del 20%. El límite de endeudamiento de las empresas públicas, en cambio,  será establecido por el Ministerio de Finanzas y si éstas lo sobrepasaran deberá someterse a un plan de fortalecimiento y sostenibilidad fiscal aprobado por este ministerio. Igualmente éste pondrá los límites de endeudamiento para las entidades de seguridad social.

Además se establecen reglas de crecimiento de gasto, resultado primario total y resultado primario no petrolero para los que se fijan metas; en el caso de los dos últimos se exige que cumplan la regla de deuda y otras obligaciones de pago. Se obliga a aplicar medidas preventivas y correctivas, en caso de que estos se desvíen de lo aprobado, pero si  no cumplen con los objetivos, las metas y reglas establecidas se establecen responsabilidades y sanciones para los funcionarios que las  incumplan. Se señala que la regla de gastos y límite de deuda deberán alcanzarse hasta el año 2023. También se establecen reglas de variación de gastos para las entidades de seguridad social fijadas por el Ministerio de Finanzas. Finalmente, se establece el Fondo de Estabilización con los ingresos de la explotación de los recursos naturales no renovables que superen lo contemplado en el Presupuesto General del Estado, luego de descontar las preasignaciones por ley, para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas y/o la capacidad de ejecución de egresos en educación y salud. Se establecen causales de suspensión de las reglas fiscales en caso de estados de excepción y recesión económica grave.

Se puede deducir que todas estas normas fueron elaboradas con la asesoría del FMI y siguiendo la metodología internacional sobre presupuestos y finanzas públicas. Si bien se establecen procedimientos y reglas claras para disciplina fiscal hay algunos aspectos que no están especificados. Uno de ellos es el Fondo de Estabilización, cuyos recursos saldrán de la explotación petrolera y minera, que se lo establece de manera general, no se específica, lo que supondría que se lo haría en el reglamento a la ley y además se habla de preasignaciones. Sus fines son muy generales. Recordemos que el gobierno anterior eliminó el FEIREP, fondo que garantizaba el pago de la deuda externa, una preasignación; hasta no conocer el reglamento no podemos saber si tendrá el mismo fin. Los intereses del país están sobre el resto de la economía. Si hay shocks externo e interno, que genere una contracción de la economía, por más que haya recursos en dicho fondo, no puede priorizarse el pago de la deuda externa. Los recursos de ese fondo deben utilizarse para contrarrestar los impactos negativos sobre la economía y su impacto social. En todo caso, con estas reglas claras se establece disciplina fiscal sobre todo en el endeudamiento en los GADs, empresas públicas y entidades de seguridad social. Como existe un déficit fiscal, dicho fondo se crearía en el próximo gobierno que incluiría los recursos de la explotación minera.

A. Fernández, peronista, fue electo Presidente después de haber derrotado, en primera vuelta, a Macri, por una diferencia de cerca de  ocho puntos. El resultado electoral no sorprende, pero sí que Macri haya acortado la diferencia de quince puntos que Fernández obtuvo en las PASO. En este artículo trataremos sobre las dos causas de la crisis económica y social: el manejo económico (analizando 4 variables: déficit fiscal, tipo de cambio, inflación y nivel de actividad económica) y el impacto social que provocó en el nivel de vida.

Macri, en diciembre de 2015, recibió una economía con algunos desequilibrios macroeconómicos: déficit fiscal, desempleo y caída del nivel de actividad. Su política económica se basó en el libre mercado. Buscó favorecer a la inversión privada extranjera y nacional, en especial a los de agricultura industrial,  liberando el tipo de cambio,  para incentivar la entrada de divisas. Buscó reducir el déficit fiscal, reduciendo el gasto público con recorte de la burocracia, eliminación y fusión de entidades públicas y eliminó los subsidios a servicios básicos, lo que aumentó el precio de la electricidad, gas, transporte, etc. incrementándose el costo de la vida. Para incentivar el nivel de actividad, aumentó la inversión pública e impulso las exportaciones agropecuarias tradicionales. Cuando asumió el mando, en Diciembre 10 de 2015, el tipo de cambio minorista oscilaba alrededor de 10 pesos por dólar, a fines del mismo mes del siguiente año llegó a alrededor de 16 pesos. A fines de  diciembre de 2017, el dólar minorista se cotizaba a 19.4 pesos, hay una corrida cambiaria en Abril de 2018 y a fines de ese mes llega a 20.8 pesos, en Mayo 7 alcanza 22,3 pesos y para tratar de parar la espiral cambiaria, en Junio a Macri acude al FMI que le otorga un crédito de 57.000 millones de dólares, condicionando a que aplique la receta del FMI, sin embargo, a fines de Agosto sube a 38.5 pesos; en Agosto de 2019, después de las PASO (Domingo 11), se generó una turbulencia cambiaria que llevó  a una fuerte depreciación del peso que saltó, el viernes 16, a 56.4 pesos y el viernes 30 trepó a 62 pesos. Para defender el peso, uso la RMI y el alza de la tasa de interés. Desde Agosto, de este año, hasta la semana previa a la primera vuelta, se habían perdido más de 22000 millones de RMI y el alza de la tasa de interés desalentaba la inversión. Pero aún más, la incertidumbre cambiaria y económica llevó a salida de capitales y retiro de depósitos o conversión a dólares, lo que lastraba más la caída de la RMI. La devaluación permanente desató un aumento continuo de la inflación que, a Julio de 2019, alcanzó 54.4%, lo que a su vez llevó a un incremento del costo de la vida. Para incentivar el nivel de actividad, acudió a la inversión pública, que fue financiada con deuda pública, que alcanza a más de 300.000 millones de dólares –un tercio de ésta es deuda externa- la cual a su vez se utilizaba para frenar el tipo de cambio. La inversión extranjera no llegó y los resultados fueron una  contracción de la economía de 2.1% en 2016, en2017 se recupera y crece 2.7% para terminar en 2018 con un decrecimiento de -2.5%. En agosto de 2019, el estimador de la actividad económica registró una contracción de 3.8% respecto al mismo mes del año anterior.

Los efectos de la contracción económica fueron aumento del desempleo, subempleo e informalidad. En el segundo semestre de 2019, la desocupación alcanzó 10.6%, con la subida de la inflación también creció el costo de la canasta básica que en diciembre de 2018 era de 8250 pesos y en agosto de 2019 llegó 10683 pesos (un aumento de 29.4%), lo cual, a su vez, llevó a un aumento de la pobreza, en el primer semestre de ese año, a 35.4% (más de un tercio de la población, lo que significa 5 millones más de pobres) y la indigencia 7.7%. El fracaso de la política neoliberal de Macri está a la vista: devaluación, más inflación, alta deuda pública, caída de la RMI, contracción económica que llevaron a mayor desempleo y aumento de la pobreza e indigencia. Un informe LatinFocus Consensus Forecast (un compendio de estimaciones de bancos y consultoras) pronostica para 2019 una contracción económica de -2,8% y de -1.4% para 2020, que son cifras similares a las estimaciones del FMI y BM. La protesta en Chile, en la penúltima semana de Octubre de este año, de estudiantes, trabajadores y población en general, deja varias lecciones. Una de ellas es el límite social de este tipo de políticas. No se puede aplicar un modelo de mercado libre, de un capitalismo salvaje, que aumente la desigualdad y la injusticia social, deteriorando las condiciones de vida de la población para elevar las ganancias del capital porque la gente se rebela por el aumento de la pobreza y un modo de vida indigno.

El reto del peronismo es revertir esta tendencia negativa de la economía. Para ello, tendrá que renegociar el acuerdo con el FMI, la deuda pública externa, establecer control cambiario rígido, para cortar la espiral devaluación-inflación-deterioro de las condiciones de vida de la población. Esta corriente defiende un modelo económico basado en incentivar la demanda interna, regulación del mercado y una política de incentivos a ésta así como una política fiscal redistributiva que obtenga recursos de los niveles altos de ingreso y los reoriente hacia los de menores ingresos. El desafío es si puede corregir los desequilibrios macroeconómicos, no caer en déficits fiscales inmanejables, reducir la inflación y reactivar la economía. Eso implica negociar con el poder económico para sacar al país de la crisis económica y social recurrente.