El actual gobierno obtuvo financiamiento de varios organismos multilaterales: FMI, BID y Banco Mundial (BM).  Con este último firmó un acuerdo crediticio para financiar algunos proyectos, en el periodo 2019 – 2023, que obliga al cumplimiento de algunos compromisos en el  Marco de Cooperación  con Ecuador (MCE). Se trata de lo que se llamó una condicionalidad cruzada con el FMI.

El MCE comprende 3 áreas y, en cada una de ellas, hay objetivos específicos. La primera área es la de Apoyar las bases para un crecimiento inclusivo que busca alcanzar 3 objetivos: mejorar la eficiencia del gasto público, mejorar las condiciones para el desarrollo del sector privado y mejorar la inclusión y la intermediación del sector financiero.

El MCE reconoce explícitamente que el gobierno busca cambiar el modelo de crecimiento para que sea impulsado por el sector privado, a diferencia del gobierno anterior en que el motor de la economía era el sector público. Para ello, busca darle mayor espacio al sector privado mediante inversión extranjera directa, privatización de la propiedad o administración de los activos públicos, integración al mercado mundial con acuerdos de comercio y mejorar la competitividad. En otras palabras, lo que el gobierno no ha dicho, lo dice claramente el BM: un modelo de libre mercado, con mínima regulación y comandado por el sector privado. Ya conocemos cuales son los efectos económicos y sociales de este esquema, solo basta mencionar el caso de Chile. Para ello propone una mejora del clima de negocios, cambios normativos que faciliten la participación del sector privado en la economía y, lo que llama el BM, “mejorar la complementariedad entre las instituciones financieras públicas y privadas.” Esta es una forma encubierta para señalar el traspaso de negocios financieros de los intermediarios públicos a los privados.

En cuanto al sector real, plantea explotar principalmente más el sector primario (frutas y verduras, minería, turismo y transporte). En cuanto al sector financiero diagnostica que hay distorsiones que dificultan el acceso a recursos tanto de empresas como de personas. Señala que el sector público ha desplazado al sector financiero privado generando una intermediación deficiente y bajo acceso a los recursos financieros. Manifiesta que las cooperativas de ahorro y crédito  han tenido un papel preponderante que ha limita la inclusión financiera y restringido el financiamiento del Banco Central. El objetivo del BM es respaldar la reforma del sector financiero para hacerlo más eficiente y que asignen más recursos a empresas y personas. Para este objetivo propone el BM:  “Se prevé que la función del sector financiero público pasará a bancos de segunda línea, lo que permitirá que los bancos privados crezcan  y proporcionen el financiamiento necesario a los empresas y hogares.” Dicho en términos claros: eliminar o reducir la banca pública y pasarle el negocio financiero a los bancos privados.

En el caso del BIESS, la recomendación es muy clara. Según el MEC, se propone “La eliminación del BIESS… que administra el sistema de pensiones mediante inversiones en hipotecas y letras estatales…se desarrollaría un mercado de deuda…que permitirá transferir estos activos financieros de bancos públicos a bancos privados.” En otras palabras, quitarle al IESS la concesión de créditos hipotecarios y quirografarios y entregárselos a bancos privados.

Recordemos que fue el IESS el que manejaba los créditos hipotecarios y que comenzó a desarrollar este nicho de mercado dando la posibilidad que muchos, en especial la clase media, comprara su vivienda con este financiamiento. Después, en 2009, con la creación del BIESS, este desarrolló dicho mercado cobrando tasas de interés muy bajas en relación a las de la banca privada. El BIESS continuó con la labor del IESS posibilitando que miles de afiliados obtuvieran su vivienda. El BIESS es un modelo único en América Latina, donde los recursos de los afiliados se orientan no solo a los créditos hipotecarios sino además créditos quirografarios, créditos de consumo. Es inaudito que el BM proponga, con débil argumento, que se le pase el negocio de los créditos hipotecarios a la banca privada. Donde quedan los derechos de los afiliados. EL BIESS ha entregado dichos créditos cerca de la mitad de la tasa de interés a la que ofrece la banca privada. Sin duda, el BIESS tiene problemas, principalmente de morosidad de su cartera y gobierno corporativo, que puedan corregirse mediante una buena administración, de lo cual trataremos en un artículo posterior.

La situación del IESS y BIESS se complica por los problemas en sus áreas no financieras y las dificultades en el área financiera del BIESS por la reducción de los créditos hipotecarios y aumento de la tasa de morosidad que provoca riesgos financieros para la institución.

Los diferentes institutos de seguridad social: IESS, ISSFA e ISSPOL tienen dificultades financieras porque el gobierno no entrega los recursos necesarios lo que dificulta la prestación de servicios a los afiliados y restringe la concesión de créditos a las dos últimas instituciones.

En cuanto al IESS, la prensa informa constantemente que hay demora en la atención médica y en la entrega de medicamentos a los afiliados. A eso se suma, que en Cuenca se encontraron medicamentos que se caducaron, los afiliados denuncian que no se entregan ciertos medicamentos y en Guayaquil se detectaron casos de corrupción en el hospital principal. A pesar de que en los hospitales se nombró un gerente, hay problemas en el manejo administrativo que afectan al conjunto de afiliados.

A más de eso, hay problemas de financiamiento para los fondos de pensiones y de salud. De la tasa de contribución de empleados y patronos del sector privado, de 20,60%, el 9.74% se asigna al seguro de Invalidez, vejez y muerte (IVM), y, 5.71% para el seguro de Salud. Sin embargo, en la administración anterior del IESS, se cambio está asignación quitándole recursos al primero para trasladárselo al segundo. El gobierno no cumplió, en 2019, con la entrega del 40% al IESS que contribuye al financiamiento a las pensiones jubilares. En efecto, solo entregó el 28% al seguro de IVM, lo que generó problemas de liquidez del mismo y afecta su déficit actuarial. Entre las recomendaciones del estudio actuarial del IESS, publicado por la institución, se recomendaba: “Las contribuciones estatales para cubrir el 40% de las pensiones constituye un factor de vital importancia en la situación actuarial del IVM, en el presente y en el futuro. Por lo tanto es necesario exigir la asignación oportuna y suficiente de las contribuciones del Estado.” Según el diario digital www.primicias.ec, refiriéndose a declaraciones de Paúl Granda, presidente del Consejo Directivo del IESS,  reporta: “Según él “ese 28% nos ha dado tranquilidad”. El estudio actuarial publicado a finales del año pasado advirtió que sin el subsidio estatal el fondo de pensiones solo tiene recursos hasta 2023.”

Otro aspecto que afecta al financieramente al fondo de pensiones son las inversiones financieras del BIESS. El informe actuarial mencionado señala al respecto que “Otro de los factores que afectan al financiamiento del IVM es ….la tasa de rendimiento financiero mínima que deben generar las inversiones del BIES, con la finalidad de optimizar el rendimiento de este portafolio aprovechando las alternativas que ofrece el mercado financiero…”. Dicho informe hacía referencia a las inversiones financieras que hace el BIESS en títulos valores del estado. Según diario El Comercio, en 2018, la compra de bonos estatales por parte del BIESS llegó a 7.382 millones de dólares, pero lo más preocupante es que en su balance, de ese año, aparece una pérdida de $ 751.378,32 dólares, lo que refleja los problemas financieros del BIESS. En 2019, de los bonos de deuda interna emitidos por el gobierno por 1400 millones servirán para renovar la deuda con el BIESS, para cubrir los vencimientos que tiene el Ministerio en 2020, el primero de los cuales fue en Enero de este año. La duda que asalta a los jubilados y afiliados es ¿hasta cuándo habrá recursos para que el IESS pague las pensiones?, lo cual obligará a reformas en el sistema de seguridad social.

El gobierno de Fernández trata de enfrentar la crisis social y económica aplicando nuevas políticas sustentadas en nuevo marco jurídico. Para el desastre social, que dejo Macri, logró aprobar en el Congreso la ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva y, ahora, enfrenta la crisis de la deuda con el proyecto de ley de Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda Pública, el cual fue aprobado por la Cámara de Diputados y deberá pasar a la Cámara de Senadores, en la que el gobierno tiene mayoría, en donde se convertiría en ley. El gobierno actúa rápido para resolver la crisis.

En el artículo anterior, sobre este tema, dije: “A fines de diciembre del año pasado, la deuda alcanzó  323.127 millones de dólares,equivalente al 95% del PIB. Al final de 2015, la deuda llegó 52.6% (en diciembre se posesionó Macri) o sea que en su periodo aumentó 42.4%, de la cual solo el crédito del FMI fue de 55.000 millones de dólares. En 2020 debe pagar 36.217 millones de dólares, que no incluye a deuda con organismos públicos. Este excesivo endeudamiento ha generado la crisis de la deuda y no tiene capacidad de pago.

Dada la falta de liquidez de la caja pública, el gobierno se vio obligado a canjear deuda interna por 100.000 millones de pesos (letras Lecap reperfiladas antes y recibieron las Lebad), reperfilando la misma con la ampliación del plazo y disminución de la tasa, lo que implicaría menor amortización de capital.” También la provincia de Buenos Aires tuvo que anunciar la no posibilidad de pagos de títulos y convocó a sus acreedores a negociar el reperfilamiento de su deuda.

El proyecto de ley está dirigido a atender la sostenibilidad de la deuda pública externa. Faculta al ejecutivo a efectuar operaciones de administración de pasivos y/o canje y/o reestructuraciones de los servicios de intereses y amortizaciones de los títulos emitidos bajo ley extranjera. También autorizó a emitir nuevos títulos para modificar el perfil de vencimientos intereses y amortización de capital así como determinar plazos, métodos y procedimientos de la nueva emisión. Finalmente designó al Ministerio de Economía como Autoridad de Aplicación que negociará y realizará todas las operaciones para la reestructuración de la deuda externa. El primer paso, del Ministro de Economía, está centrado en renegociar la deuda con el FMI de 44.000 millones de dólares y hasta ha conseguido el apoyo del Papa. Contratará expertos especializados en el tema, hasta mediados de Febrero de este año. En la segunda semana de Marzo presentará la oferta a los acreedores y esperará la repuesta de estos hasta la segunda quincena de dicho mes y al final de éste se conocerá el resultado de la renegociación. El problema fundamental es que las colocaciones que realizó el macrismo se volvió a ceder jurisdicción a tribunales extranjeros.

El Ministro cuando hizo el anuncio planteó que la renegociación implique al menos que se cumplan dos de las tres condiciones: ampliación del plazo, reducción de la tasa y del monto de capital. Anunció que para poder pagar necesita capacidad de pago y para eso hay que crecer. El problema de la deuda externa, es que resta recursos a otros rubros, como lo social, y, por otro lado, requiere obtener dólares para pagarla. Además aumenta el riesgo país ya que, al ser tan elevada la deuda, los acreedores desconfían de su pago y genera incertidumbre en el mercado financiero, que termina con el cierre de éste para el país. Ya Stiglitz, premio Nobel de Economía, anunció que la renegociación de la deuda argentina implicará una quita importante de capital. Ya Argentina, cuando renegoció su deuda externa, en 2005, logró una importante reducción de su capital. El gobierno requiere, para crecer, como paso previo renegociar la deuda y reducir los principales desequilibrios macroeconómicos: déficit fiscal, inflación y tipo de cambio.

El gobierno argentino anunció que renegociará su deuda pública ya que no tiene recursos para cubrirla debido al excesivo endeudamiento que dejó el gobierno anterior a más de la alta inflación, crecimiento del desempleo y pobreza.

A fines de diciembre del año pasado, la deuda alcanzó  323.127 millones de dólares,equivalente al 95% del PIB. Al final de 2015, la deuda llegó 52.6% (en diciembre se posesionó Macri) o sea que en su periodo aumentó 42.4%, de la cual solo el crédito del FMI fue de 55.000 millones de dólares. En 2020 debe pagar 36.217 millones de dólares, que no incluye a deuda con organismos públicos. Este excesivo endeudamiento ha generado la crisis de la deuda y no tiene capacidad de pago.

Dada la falta de liquidez de la caja pública, el gobierno se vio obligado a canjear deuda interna por 100.000 millones de pesos (letras Lecap reperfiladas antes y recibieron las Lebad), reperfilando la misma con la ampliación del plazo y disminución de la tasa, lo que implicaría menor amortización de capital.

Pero no solo el gobierno general tiene problemas de liquidez sino también las provincias. La de Buenos Aires propuso a los tenedores de bonos de su deuda por 250 millones de dolares, que vencían el 26 de Enero, una reperfilación de la misma que, de la misma forma del gobierno, implicaría un alargamiento del plazo y baja de la tasa de interés. El Ministro de Economía de comunicó al Gobernador de la provincia de Buenos Aires que no le entregaría los 250 millones para que pague su deuda, lo que obligo a dicha provincia a plantear a los tenedores de su deuda el reperfilamiento. Algunos títulos de dicha deuda están en manos de fondos de inversión americanos.

El Ministro de Economía planteó que renegociará la deuda, buscando su reperfilamiento que implique al menos que se cumplan dos de las tres condiciones: ampliación del plazo, reducción de la tasa y del monto de capital. Anunció que para poder pagar necesita capacidad de pago y para eso hay que crecer. Los indicadores económicos mostraron que en, los dos últimos años, el país tuvo contracción económica. La estrategia del gobierno, para la deuda en dólares, es pagar solo los intereses con fondos de la RMI, pero no el capital, como ya lo hizo en Diciembre, con las Letes. Para la deuda interna, se reperfilarán los vencimientos y seguir pagando los intereses. Para tener el respaldo legal de la renegociación de la deuda el gobierno remitirá al Congreso un proyecto de ley para restaurar la sostenibilidad de la deuda pública.

La situación económica y social de Argentina es crítica. En diciembre de 2019 la tasa de inflación anual fue 53.8%, en la tercera semana de Enero de 2020 el tipo de cambio minorista fue de 62.9 pesos por dólar, las RMI habían bajado a 45.000 millones de dólares, al 24 de enero el riesgo país aumento 2080 puntos y la pobreza dejada por el gobierno de Macri llegó al 40%. Stiglitz ya anunció que la renegociación de la deuda argentina implica una quita importante del capital. Recordemos que después de la crisis de 2001-02, con la eliminación de la convertibilidad, el gobierno en 2005 renegoció la deuda externa que significó una quita importante lo que significó una perdida apreciable para los tenedores de bonos. Parece ser que la historia se repetirá.

Los datos publicados, hasta la fecha por el Banco Central y el INEC, mostraron, en 2019, una caída del crecimiento, aumento del desempleo, subempleo y pobreza, lo que auguran que continúe esta tendencia en 2020.

La tendencia a desaceleración de la economía, en 2019, se refleja por las variaciones trimestrales del PIB. En el I trimestre hubo un crecimiento de 0.6% y en el II trimestre bajó a 0.3%. La tendencia se estima que seguiría en el III trimestre y en el IV trimestre que, se hubiera recuperado por los pagos del décimo tercer sueldo y compras en las festividades de Diciembre, se vio afectado por el paro indígena. Si bien crecieron algunos sectores, entre ellos la minería, por el inicio de las exportaciones metálicas, en cambio los principales sectores generadores de empleo decrecieron, entre ellos el comercio evIndustria (en la que decrecen las subramas más importantes) En las previsiones económicas, recientemente publicada por el BCE, estima que habría una contracción de 0.08%. Este resultado se basa en disminución del gasto público en -2.3% y de la inversión de -3.1%. Sin embargo, el FMI sigue manteniendo que hubo una contracción de -0.5% mientras que el Banco Mundial estima que decreció -0.3%. Estos resultados tuvieron su impacto en el deterioro del mercado de trabajo y aumento de la pobreza.

En efecto, según datos del INEC, L tasa de empleo bruta urbana, cayó casi un punto (0.9%) mientras que la tasa de empleo adecuado disminuyó 1.3% ubicando en 48%, lo que significó la eliminación de 115.782 puestos de trabajo formal. La disminución más drástica, de este último, se dio en Quito en que cayó 3.6%, en parte explicado por el despido de burócratas, seguido de Guayaquil que bajó en 1.4%. De las ciudades principales, la única ciudad en que creció esta variable es Cuenca en la que el empleo pleno aumentó 2.6%.   Esto afecto las tasas de desocupación y subocupación. Así, si bien la tasa de desempleo urbano aumentó 0.1%  la tasa de subempleo creció en 0.7% alcanzando el 17%. Entre las ciudades principales con mayores tasas de esta variable, están Guayaquil con 16.2%, Quito 13.9% y Ambato 13.6%. En ésta última variable destaca el aumento del empleo informal en el que los ingresos laborales son menores al salario mínimo, no hay afiliación al seguro social y se trabaja menos de las 40 horas.

Como consecuencia del deterioro del mercado de trabajo también las condiciones sociales de la población empeoraron. En efecto, la pobreza, a nivel nacional aumentó 1.8% alcanzando un cuarto de la población (25%). Lo más crítico es la pobreza rural, creció en el mismo porcentaje, ubicándose en 41.8%. Por ciudades, los más altos índices de pobreza fueron en Guayaquil (11.2%), Machala (9.2%) y Ambato (8.3%). Pero no solo aumentó la pobreza sino que también la desigualdad medio por el coeficiente de Gini.  De estos datos, resulta que el mayor deterioro social se dio en Guayaquil y Ambato, lo cual incidió en aumento de los índices de delincuencia.

En última revisión del acuerdo con el FMI, este organismo proyectó para 2020 una tasa de crecimiento de 0.2% mientras que el Banco Central proyecta 0.7%. Sin embargo, dado que este año se hará un nuevo ajuste fiscal, regirán los nuevos impuestos, se aprobarían reformas estructurales (al mercado de trabajo, nuevas normas presupuestarias, a la seguridad social, etc.) por lo cual se prevé conflictos con el gobierno y, más que todo, es un año electoral, lo cual llevaría a un crecimiento cero o más probable negativo, lo que implicaría un segundo año consecutivo de contracción económica con las consecuencias de mas deterioro en el mercado laboral (mas desempleo, subempleo y mayor sector informal), crecimiento de la pobreza y deterioro de las condiciones de vida.

DOS DÉCADAS DE DOLARIZACIÓN

Luis Rosero M.

En Enero de 2020 se cumplieron 20 años de dolarización en el país, aunque legalmente aplicada en Marzo, de ese año, generado varios efectos económicos. Este esquema monetario fue instaurado para enfrentar el descalabro económico que vivió el país en el año 1999. En este artículo revisaremos las fortalezas y debilidades en cuanto a la estabilidad de precios, cálculo económico y sostenibilidad así como los riesgos de la dolarización.

En 1999, el Banco Central no pudo sostener las bandas cambiarias –para mantener el tipo de cambio en un rango- y declaró la flotación, con lo cual el dólar se disparó. Dicha entidad entregaba créditos de liquidez a los bancos, los cuales con estos recursos especulaban en el mercado cambiario –compraban dólares, que aumentaba su cotización, para obtener pingues ganancias-. El precio del dólar seguía imparable. La quiebra de algunos bancos, aumentó la desconfianza en el sistema financiero, llevando a un pánico financiero. Ante este escenario, se aplica el congelamiento 50% de los depósitos. El gobierno para reducir el déficit fiscal elevó el IVA, el impuesto a la Renta y elevó el precio los combustibles. Que, por un paro de transportistas e indígenas, obligó al congelamiento de éstos. La crisis financiera se manifestaba como círculo perverso de emisión monetaria-depreciación de la moneda-inflación. Ésta llegó al 52.2% y la contracción de la economía fue de -7.2%.

Como medida desesperada, para superar la crisis financiera-económica, el gobierno de Mahuad adoptó la dolarización. Este esquema monetario, se basa en un tipo de cambio fijo implícito. Con éste se eliminaron las expectativas de inflación que generaba un tipo de cambio flexible desbocado. Uno de los efectos positivos de la dolarización ha sido la estabilidad de precios. En efecto, en el 2000 la inflación fue de 91.1%, en 2001 bajó a 22.4% y desde 2002 alcanzó un dígito. En 2019, llegó a –ser negativa: 0.7%. Sin embargo, si bien bajó la inflación, en el año 2000, hubo un reajuste de precios que elevó el costo de la canasta familiar básica. En efecto a Enero del 2000, fue de 219,9 y a Diciembre de 2019 alcanzó 715,08 dólares. O sea que, en ese periodo aumento, en 3.25 veces que, comparado con el ingreso familiar mensual, siempre hubo una restricción en el consumo familiar, o sea que dicho ingreso no alcanza a cubrir el costo de dicha canasta.

Otro aspecto positivo de la dolarización es reducir la incertidumbre que, al eliminarse el riesgo cambiario, permitió realizar con más exactitud el cálculo económico y así contribuyó a que se tomaran las decisiones económicas con más certeza.

La sostenibilidad de la dolarización depende del sector externo. Esto significa que para mantenerse se requiere mantener el ingreso suficiente de dólares (exportación, remesas, rentas del exterior, etc.) para cubrir la salida de estos (importaciones, pago de rentas al exterior, de deuda externa, etc.).  El ingreso de dólares al país depende principalmente de la evolución de la economía mundial (shocks externos), exportaciones, del tipo de cambio real y de las remesas. Sin embargo, el país sigue dependiendo principalmente de las exportaciones tradicionales y, en este período, han crecido poco las exportaciones no tradicionales.  El tipo de cambio ha estado sobrevaluado en varios períodos, lo implica problemas de productividad y competitividad externa.

Entre los principales riesgos, en dolarización, están los shocks externos y la restricción financiera externa. Lo primero porque un shock externo puede generar una reducción de ingresos de dólares y, si no se toman medidas, puede generar escasez de divisas, contracción económica, etc. La evolución de la economía muestra una tendencia histórica a shocks externos, que generan crisis económicas recurrentes y de ahí la necesidad de un mecanismo estabilizador.  La restricción externa depende crucialmente de las exportaciones y de la política económica. Las primeras, a su vez, están relacionadas con la productividad y competitividad así como de la diversificación de estas. La política económica debe cuidar los desequilibrios macroeconómicos sobre todo el déficit fiscal y de cuenta corriente. En la medida que estos sean financiados con deuda externa aumentan la restricción financiera externa y de ahí los problemas de sostenibilidad de la dolarización. En este gobierno, la deuda externa ha aumentado en más de 9000 millones de dólares la deuda externa, a tal punto que, según el FMI, la deuda pública ya supera el 40% del PIB, que es límite establecido en la Constitución. Así la caída de la convertibilidad en Argentina y la crisis actual de este país, se explica porque el nivel de actividad económica, el control del tipo de cambio y financiamiento del déficit fiscal se hizo con deuda externa.

La segunda y tercera revisión del acuerdo de Servicio de Facilidad Extendida, firmado con el FMI, flexibilizó los condicionamientos tanto en el ajuste fiscal como en las reformas estructurales. Estas se aplicarán entre 2020 – 2021.

En 2019, el déficit fiscal alcanzó 4% del PIB, por lo escasa reducción del gasto y una menor recaudación fiscal. En 2020, en el área fiscal, comenzarán a regir los nuevos impuestos creados con la ley de Simplicidad y Progresividad tributaria (principalmente el impuesto a las plataformas digitales, ICE a la telefonía móvil postpago a empresas,  impuesto temporal a grandes empresas e impuesto a las fundas plásticas, que se cobrará a partir del Abril) que aumentaría los ingresos fiscales en 0.5% del PIB en 2020 y 2021 y se espera una focalización moderada de los subsidios a los combustibles, principalmente de la gasolina extra y del diésel, que generaría un ahorro 0.2% del PIB en 2020 y 2021. En cuanto a la monetización de activos –concesión de entidades públicas- se otorgaría a la central hidroléctrica Sopladora, de la cual se espera ingresos por  800 millones. Se postergaría, para el siguiente año, la concesión de las líneas eléctricas de trasmisión (rendimiento de 800 millones), el campo petrolero Sacha (1.2 mil millones) y la refinería de petróleo Esmeraldas (300 millones).  Además se espera una reducción de 0.3% del PIB en la masa salarial, que incluye el despido selectivo de empleados públicos en varias instituciones, en tres de ellas se exige la eliminación de burócratas que irían hasta el 50% de su plantilla laboral. Así mismo, se seguirá reduciendo el gasto en bienes y servicios. Con todas estas medidas, se espera reducir el déficit fiscal a 1.7% del PIB. Las necesidades de financiamiento alcanzarían a 5.600 millones de dólares, cuyas fuentes de créditos serían multilaterales, préstamos interbancarios, emisión de bonos y CETES. Por otro lado, respecto a los atrasos a los acreedores del sector público de 1692 millones, se cancelarían en tres meses, que es una de las exigencias del FMI para el año 2020. Además, el gobierno llegó a un acuerdo con el Banco Central para pagar su deuda, por lo que en 2020 deberá pagar 181.3 millones por créditos que dio dicho banco a entes estatales, y el siguiente año deberá cancelar 420 millones.

En cuanto a las reformas estructurales, el gobierno enviará por separado los cambios normativos en el Banco central, a las normas presupuestarias y en la regulación y supervisión financiera. También se incluiría la reforma a la seguridad social y un proyecto de ley anticorrupción. El acuerdo no incluye la reforma laboral, pero el gobierno buscará que se apruebe ya que, según el FMI, ayudaría a mejorar la competitividad de la economía y reducción de la informalidad. Esta reforma cuenta con la asesoría del Banco Mundial y OIT que, como ya hemos comentado en artículos anteriores, buscará la flexibilidad laboral (trabajo por horas, labor de 40 horas en cualquier día de la semana, nuevos contratos, etc.). El FMI señala que reduciría el costo de contratación y le daría más dinamismo al mercado de trabajo. También se espera reforma en la ley de empresas públicas, en especial de la propiedad de éstas y. en las asociaciones pública-privada, que hasta ahora no ha funcionado.

La reforma al Banco Central, como ya hemos comentado en artículos anteriores, incluiría su autonomía, gobernanza, prohibición de la financiación del déficit cuasifiscal, recapitalización y restablecimiento del equilibrio en los balances

En lo social, si bien se espera un incremento para los distintos programas de asistencia subsidiados, se aplicarían los nuevos los requisitos de elegilibidad para aumentar la cobertura en 350.000 pobres a su acceso, según el FMI.

El propio FMI reconoce que el gobierno quedó debilitado políticamente con las protestas de Octubre y la no aprobación del mega proyecto de ley urgente en Noviembre del año pasado, por lo que pone en duda que puedan aprobarse, por parte de la Asamblea, los proyectos de ley de presupuesto y la reforma al Banco Central.

El FMI proyecta un crecimiento de apenas 0.2% para 2020 debido a efectos de la protesta social, la incertidumbre política sobre la inversión (por ser año electoral) y menor ajuste fiscal.

La segunda y tercera revisión del acuerdo de Servicio de Facilidad Extendida, firmado con el FMI, flexibilizó los condicionamientos y metas relacionados con el área fiscal y política social pero mantiene las exigencias para las reformas estructurales en lo presupuestario, banco central y regulación y supervisión del sistema financiero. En este artículo me referiré a la situación macroeconómica y social de  2019.

Las protestas de octubre, de este año, echaron abajo la propuesta de eliminar totalmente los subsidios a los combustibles y, como efecto de ésta, la Asamblea rechazó, en Noviembre, el mega proyecto de ley que pretendía un fuerte ajuste fiscal y reformas estructurales. Ante la presión indígena, el gobierno optó enviar por partes dicho proyecto y moderar el aumento impositivo (que analizamos en las entrega del 25 de noviembre y 3 de diciembre). Con la revisión señalada se moderaron las exigencias en las áreas señaladas, incluidas las reformas estructurales. Así, la consolidación fiscal, exigida por el FMI, redujo su objetivo de 5 a 4% del PIB para el saldo primario no petrolero. En otras palabras, se rebajaron las metas del déficit fiscal.

En la revisión, para 2019, se establece que el gobierno no alcanzó a cumplir la meta del déficit primario (no  logró la concesión de activos públicos) y en reservas internacionales. La iliquidez del sector público resultó latente.  Así,  la crisis de la caja fiscal se refleja en los atrasos a los acredores del sector público que serían, en este año, de 1.692 millones de dólares que incluye 628 a los proveedores, 477 a la seguridad social y 585 a los GAD. El gobierno continuó con su política de reducción de gastos, pero más que reducir los gastos corrientes redujo considerablemente el de capital.

Para poder pagar los gastos, el gobierno ha acudido a emitir deuda externa e interna, incluyendo el crédito de 5000 millones del FMI, lo que ha llevado a que la deuda pública alcance el 49.6% del PIB por arriba del 40% que señala la Constitución.

Según el FMI, el crecimiento económico, en el I Semestre de 2019, solo fue de 0.4% (vs. 1.1% en el mismo período de 2018), tanto por la reducción del consumo como de la inversión, lo que muestra la desaceleración de la economía. De acuerdo con el FMI, las protestas de Octubre impactaron en -0.4% en el PIB, aumento del riesgo país a 1400 puntos (después del rechazo del mega proyecto de ley) y se registra un déficit en la cuenta corriente (4% del PIB en 2018), en parte por el aumento de las importaciones a mayor ritmo que el de las exportaciones, financiado por el crédito al consumo. El FMI confirma que la economía se contraerá -0.5% en este año, habría un déficit en la cuenta corriente de 0.8% del PIB,  el déficit fiscal de 3.4% del PIB con un déficit primario no petrolero de 1.1% del PIB y las RMI brutas alcanzaría 4.215 millones de dólares.

Estos datos reflejan la delicada situación de la economía, con una contracción de la economía,  desequilibrios fiscal, en cuenta corriente, bajas RMI, etc. pero también con un deterioro social con aumento del desempleo (4.9% a Septiembre)  y subempleo (19.7% a Septiembre), una subida del sector informal, incremento de la pobreza multidimensional (36.6% a Dic. 2018) y la pobreza por ingresos (25.5% a Junio) que reflejan una reducción del nivel de vida y disminución del poder de compra por un alto costo de la canasta familiar básica que llegó a 715 dólares (Noviembre) cuando el salario básico solo es de 394 dólares, lo que refleja una brecha de consumo para las familias de -321 para una familia con un perceptor de ingreso.

El Congreso aprobó la ley de de Solidaridad Social y Reactivación Productiva.  El Ministro de Economía, Martín Guzmán, anunció, el 17/12/2019, que ésta contiene un conjunto de medidas sociales y económicas que intentan paliar la crisis, en estas áreas, y reducir los desequilibrios macroeconómicos. El proyecto contempla seis grupos de medidas: sociales, tributarias, reactivación, tarifas de bienes y servicios básicos, deuda pública y cambiarias

En lo social, debido al descalabro de la seguridad social, se entregará un bono de 5.000 pesos en Diciembre y Enero de 2020 para los jubilados con pensión mínima y, en el plazo de 6 meses, se reemplazará la fórmula del cálculo de las pensiones. El 70% de la recaudación del nuevo impuesto a la compra de dólares se destinará a financiar la seguridad social, con lo cual se cubren los pagos de los bonos y se apuntala la situación financiera de ésta. Se dispone el reintegro del IVA a los sectores más vulnerables. Se faculta al ejecutivo a que de forma obligatoria los empresarios realicen aumentos de los salarios mínimos. Se declara una emergencia sanitaria con un programa de vacunas para prevención y control de enfermedades, se reduce el precio de los medicamentos y se exonera de gravámenes a las importaciones del Ministerio de Salud. Además, el Plan contra el Hambre entregara tarjetas alimentarias. Aún más, el Ministerio de Trabajo anunció un aumento de salarios.

Para reducir el déficit fiscal, se plantea una serie de tributos. Se vuelve a la progresividad impositiva, que se había eliminado en 2015; para incentivar la repatriación de capitales se gravaría la tenencia de activos financieros en el exterior. Si vuelve una parte de estos, este impuesto adicional no se cobraría. Se elimina el impuesto para inversiones financieras, a plazo fijo y en bonos,  en pesos. Se aumentan las retenciones a exportaciones agropecuarias: en 3% a la soya, que quedaría en 33%, el mismo incremento para trigo y maíz, que pasarían al 15%. Se limita las retenciones a los productos agropecuarios a un 5%, que generan valor agregado. Se incrementa el impuesto a los bienes personales, el impuesto a los débitos y créditos bancarios, la tasa estadística de importación de bienes de consumo

Para la reactivación productiva, se plantea ayudar a las pequeñas y medianas empresas (Pymes) y su recuperación, muchas de las cuales quebraron y están en proceso de liquidación, se aplicará un plan de regularización de deuda y fundaciones sin fines de lucro. Se establece una remisión tributaria de intereses de mora y multas. Por otro lado, las importaciones de los sectores productivos se las exime del impuesto del 30% a la compra de divisas y, además, el 30% del impuestos a la compras de divisas, se destinará para obras de infraestructura y vivienda.

En cuanto a tarifas de los bienes y servicios básicos (gas, luz, transporte), que habían aumentado, algunas de ellas más de 1000% en el gobierno anterior, contribuyó,  según el Ministro, al deterioro de la gente y sectores productivos, se congelan por 6 meses hasta mediados de 2020, en el que se establecerá un nuevo esquema que combine la protección social, incentivo de la producción y fomento de inversión en energía. Se proyecta un sistema de tarifas reajustable.

Para la deuda pública, interna y externa, se propone que se le dote al gobierno de poderes especiales para renegociar la deuda en base a la capacidad de pago en un proceso de recuperación económica. En otras palabras, la renegociación apuntaría a pagar lo que se pueda lo que depende de los resultados fiscales y de balanza de pagos.

Para la situación cambiaria, se crea un impuesto de 30% a la compra de dólares, con lo que espera ahorrar divisas y se mantienen otras restricciones de estas compras (200 dólares mensuales), buscando frenar la influencia que tenía sobre el tipo de cambio. 

Según el Ministro, estas medidas son parte de un programa nacional con capacidad de ahorro y generación de capital. Es un programa integral que busca reimplantar la consistencia macroeconómica.

En síntesis, las medidas de corto plazo, del proyecto de ley, buscan en lo económico reducir el déficit fiscal, con esto y el impuesto a la compra de dólares frenar el aumento del tipo de cambio para reducir la inflación y ahorrar divisas; en lo social, si busca proteger y defender a los más vulnerables de la población –jubilados, trabajadores con salario mínimo, gente de escasos recursos, pobres- con bonos, congelamiento de tarifas de servicios básicos y con el control de la inflación. Se busca restaurar la confianza, calmar las expectativas inflacionarias y reducir los desequilibrios fiscales, cambiarios y monetarios y aplacar las condiciones de pobreza y hambre.

Asumió la Presidencia de Argentina, A. Fernández, con una pesada herencia social y económica, reflejado en los desequilibrios sociales y macroeconómicos: alta pobreza, una excesiva deuda pública y externa, una elevada inflación y déficit fiscal. El desafío es revertir este escenario

En efecto, según el Observatorio de Deuda Social de la Universidad Católica Argentina la pobreza en el III Trimestre de 2019 llegó a 40.8%, pero la desgracia mayor es que en niños y adolescente ascendió a 59.5%, algo tristemente catastrófico. A eso hay que agregar que el nivel de inflación anual, a Octubre, de este año, trepó 50.5%. O sea, en un año, los argentinos perdieron la mitad de su poder adquisitivo agravando las condiciones de pobreza, a pesar del programa de precios cuidados que incluía el control a 500 productos. Contribuyó a aumentar la pobreza el desempleo, que al II trimestre de este año, llegó a  10.6%, producto de la contracción del nivel de actividad económica, cuya estimación, a septiembre, es de -1.6%. El origen de la elevada inflación es el ajuste de los precios de los servicios básicos, la devaluación de la moneda y elevación de precios de gas y gasolina. La devaluación es producto del fracaso de la intervención sucia del Banco Central, en el mercado de divisas, que además contribuyó a la pérdida de RMI que solo alcanzan a 43.731 millones de dólares. El dólar minorista, el 10/12/2015, asunción del mando de Macri, valía 9.85 pesos y el 9/12/2019 alcanzó 62.99 pesos, o sea una devaluación de 539%.

En lo económico, lo más urgente es disminuir el riesgo de default la deuda pública y, sobre todo la externa. La deuda externa, en dólares, a junio de 2019, alcanzó 283.500 millones de dólares, incluidos los 57.000 millones del crédito del FMI. La CEPAL advirtió, en ese mes, que los vencimientos en moneda local de la deuda pública superaba el 80% del PIB. Lo más dramático  es que el próximo año tiene vencimientos, a corto plazo,  por más de 26.000 millones de dólares, que deberán ser pagados hasta la mitad del 2010. En consecuencia, no tiene otra salida que renegociar la deuda externa lo que implica llegar a un acuerdo con el FMI y los tenedores de deuda argentina. Recordemos que en el 2001 se declaró en default y los tenedores de papeles de deuda perdieron alrededor del 80% de su valor. Estos datos macroeconómicos y sociales reflejan el fracaso de la política neoliberal implementada por Macri que aplicó los condicionamientos de política económica que le impuso del FMI para realizar tan alto préstamo.

El día de su posesión, 10/12/2019, Fernandez planteó algunos lineamientos de su política. En lo social, planteo un nuevo contrato social para lo cual creará el Consejo Económico y Social para el Desarrollo, que implementará un programa de emergencia sanitaria y uno integral contra el hambre. La primera medida económica, dictada el sábado pasado, es el aumento de las retenciones a las exportaciones agropecuarias de 4 pesos a 9% del valor de ésta (que financiaría el aumento de los gastos sociales) y propone un proyecto de ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, que elevaría las jubilaciones, asignaciones universal por hijo, sueldos públicos y privados, aumento de impuestos a bienes personales. Además aumentó en 30% más del tipo de mercado el dólar para compras en el exterior- el dólar turista- para frenar importaciones. Busca en la emergencia aliviar la situación de los más pobres, reactivar la economía y reducir los desequilibrios macroeconómicos. En el fondo, se trataría de incrementar el nivel de actividad económica, con un proyecto nacional,  incentivando el consumo interno.

Para enfrentar el problema de la deuda pública y renegociarla nombró a Martín Guzman, doctor en Economía y colaborador académico de Joseph Stiglitz. Fernandez  ya le fijo lineamientos: “Para poder pagar hay que crecer primero”. Lo que implica una larga renegociación, una difícil negociación con el FMI y los tenedores de deuda que, dada las circunstancias, sufrirán una quita en sus papeles. Queda por ver qué tipo de política cambiaria adoptará, como reducirá el déficit fiscal y como controlará la inflación.

El nuevo gobierno enfrenta un desafío enorme en lo social y en lo económico. En los primeros 100 días se verá qué estrategia utilizará para revertir los desequilibrios macroeconómicos, en especial, el déficit fiscal, que en un gobierno progresista, resulta ser el talón de Aquiles. El aumento de subsidios debe ser coherente con dicho déficit. Debe mostrar coherencia la política social con la económica. Lo urgente es reducir la pobreza, el hambre, el desempleo; a corto plazo reactivar la economía y, a mediano plazo, renegociar la deuda pública, aumentar la competitividad externa que contribuirá a obtener divisas para poderla pagar. Lo que es socialmente inaceptable pagar la deuda mientras que gran parte de la población muere de hambre, está en situación de pobreza y pierde su calidad de vida.