La Asamblea aprobó dos proyectos de ley económicos urgentes. Uno, de “apoyo humanitario” que establece una reforma laboral, concordato, acuerdos privados de pagos y diferimiento de créditos. Dos, la del reordenamiento de las finanzas públicas que reafirma la autonomía controlada de los institutos de seguridad social, reduce el nivel de superministerio del MEF, da mas importancia al plan de desarrollo y a su secretaría técnica, una serie de reglas fiscales y límite a la deuda pública. En este artículo analizo los temas claves de ambos proyectos. Del segundo, se excluyen los 3 últimos temas que se analizarán en el siguiente artículo.

El proyecto de  “apoyo humanitario” fue aprobado con cambios y porque el gobierno solicitó eliminar las contribuciones que se pretendía cobrar a empleados públicos, privados y a empresas. Se introduce la flexibilidad laboral mediante 4 nuevas formas de contratación, reformando el Código de Trabajo. Primero, mediante acuerdos entre trabajadores y patrones que puede implicar cambio salarial. Segundo, el contrato especial emergente, con reducción de hasta 20 horas de trabajo semanales,  distribuidas en 6 días (que incluiría fines de semana), con lo que el patrono no pagaría horas suplementarias, contrato que puede durar hasta 4 años. Tercero, reducción emergente de la jornada que puede ser hasta del 50%, lo que implica reducción del ingreso del trabajador y el contrato puede durar hasta 4 años. Cuatro, el teletrabajo, una nueva modalidad, que implica que el empleado puede realizar el trabajo desde su casa y puede implicar reducción del sueldo. Estos nuevos contratos constituyen una reforma laboral que debe estar incluida en el nuevo acuerdo que el gobierno negocia con el FMI.

Dicho proyecto también incluye el concordato, una especie abreviada de quiebra, del que ya analizamos en el artículo anterior así como los acuerdos privados de pagos. Entre ellos de créditos educativos hipotecarios y de tarjetas de crédito de entidades no financieras. Y establece que a los que trabajen en la educación y salud pública, con contratos eventuales, se llame a concurso de méritos para que se les otorgue, con incentivos, nombramientos.

En el proyecto de reordenamiento de las finanzas públicas, para apaciguar las críticas que desató la eliminación de la autonomía del IESS, ISSFA e ISSPOL, se introdujo en la clasificación del sector público una nueva categoría: Entidades de Seguridad Social. Se reafirma las competencias de éstas establecidas en la Constitución y la ley, así como la autonomía de los GADs, BIESS y Banco Central (que se eliminaba en el proyecto anterior para acceder a los fondos de seguridad social). Se reconfirma que los fondos de los GADs y de las Entidades de Seguridad Social son propios de cada institución y distintos a los del fisco y que aplicación de esta ley no implicará ningún tipo de intervención o disposición por parte del gobierno central sobre estos fondos.

Los institutos de Seguridad Social también deberán cumplir con las reglas fiscales como que los ingresos permanentes financien gastos permanentes, metas, la de deuda (que implica límite de endeudamiento), de crecimiento de egresos, gastos, resultado primario total y resultado primario no petrolero y requisitos para financiar los de dichos institutos con el Presupuesto del Estado. También deben cumplir con las medidas preventivas y correctivas que ajustarán el gasto para el cumplimiento de los objetivos y reglas fiscales.  Esto le pone disciplina a dichos institutos y se crea el Comité Nacional de Coordinación Fiscal, con varios integrantes, incluyendo a un representante cada instituto cuya función sería establecer condiciones, límites y correctivos y dilucidar sobre cumplimiento de reglas y metas fiscales. Aún más, se estipula que el gobierno actualizará la normativa secundaria, en un año, del fondo de pensiones y de salud relacionados con el aporte a estos del Presupuesto del Estado, lo cual puede implicar una variación en la asignación por tipo de fondo, y como se conoce que los fondos de pensiones y salud tendrían o tienen déficits actuales, en la disposición transitoria decima octava, se establece que los organismos directivos de los dichos institutos revisarán las resoluciones dictadas a fin de asegurar la sostenibilidad financiera de cada fondo. En otras palabras, podrán determinar cambios en ingresos (aportes) y gastos de los fondos señalados lo que puede implicar variación en prestaciones.

En síntesis la reforma laboral puede implicar afectación en derechos e ingresos de los trabajadores, pero como el gobierno eliminó la contribución a empleados, con los cuales esperaba recaudar más de 1000 millones, ahora cubrirá estos con el alza de las gasolinas, lo cual aumentará la inflación;  en los institutos de seguridad social medidas que corrijan el déficit, con lo que establece una autonomía vigilada, en el aspecto financiero, y reglas que le pongan disciplina fiscal a todos sectores e instituciones componentes del sector público financiero y no financiero y a los institutos de seguridad social.

La estrategia del gobierno para obtener más ingresos, ante la iliquidez de la caja fiscal, se basa en crear contribuciones e impuestos a las empresas, más deuda externa y recortes presupuestarios a lo que vendrían la eliminación de los subsidios a la gasolina y, si esto fuera poco, la corrupción en las compras públicas aprovechando la emergencia por el coronavirus.

Todos los gobiernos que no le dieron importancia y no aplicaron controles sanitarios a tiempo, por el coronavirus, la está pagando la población con más muertos por la pandemia. En este caso está incluido el país, a lo que se suma la falta de liderazgo gubernamental y un presidente ausente han provocado que el desastre de la atención en hospitales públicos para enfrentar la pandemia  tenga un alto costo de vidas humanas. Si eso no fuera poco, ahora se suma la corrupción. Ya habíamos hablado de sobreprecios en compras de mascarillas, en fundas para fallecidos, en insumos médicos a lo que se suma la de las canastas de comida que el gobierno entrega a la población. A la ineficacia en la atención en la emergencia se suma la corrupción. Es increíble que, con el dolor que sufre la población por estar contagiada, por los muertos de sus familiares, la perdida de cadáveres, personas que mueren en las calles, que no puedan enterrar dignamente a sus fallecidos, se aproveche la emergencia para tratar de robar los recursos públicos mediante sobreprecios, que desata una corrupción escandalosa que no respeta el bien público y la muerte de los contagiados por coronavirus. Que falta de ética y moral.

A ese escenario se agrega que, el gobierno, ante la búsqueda de recursos, ha recortado desde 2017 presupuesto a la salud y ahora a  las empresas públicas, universidades estatales, eliminó el bachillerato internacional, aviso a los becarios en el exterior que no hay recursos para seguir pagando sus becas, etc. Prefirió pagar la deuda externa, cuando las condiciones permitían no servirla y renegociarla, mostrando que su primera prioridad en el gasto es cubrir la deuda. Ha recibido recursos del FMI, del BID y Banco Mundial y aun así tiene iliquidez fiscal por lo que no puede pagar todavía los sueldos de los burócratas de algunos ministerios e instituciones públicas. . Más aun, pretendía gastar en tarimas, parlantes, vallas, para informar. Que indolencia. Para obtener más recursos ahora anuncia la eliminación del subsidio a las gasolinas que le permitirá obtener liquidez inmediata a la caja fiscal lo cual tendrá sus efectos sobre los precios. En efecto, la liberación del precio de la gasolina extra y eco provocará un efecto en cascada sobre algunos precios como del transporte, de la canasta básica, etc. Si a eso le sumamos el alza de precios que realizado los supermercados y comisariatos así como de farmacias y boticas tendremos un aumento de la inflación.

La crisis económica, que ya se venía desde 2019, se ha agravado con el coronavirus y el confinamiento y sus efectos sociales. Ya el Ministro de Trabajo anunció que hay 66.000  trabajadores desvinculados y, por otro lado, ya la OIT, anunció que los más afectados serán los informales, que viven del día a día, los cuales son, en el país, alrededor de dos millones. La quiebra de empresas, sobre todo pequeñas y micro, aumentará la desocupación y subocupación. Si consideramos que la proyección del FMI es que habrá una contracción de 6.3%, tendremos una gravísima situación social reflejada en el aumento de la pobreza, la indigencia y el hambre. Si no se atiende ésta vendrá turbas que pueden apropiarse de bienes de supermercados y comisariatos, aumento de la violencia y delincuencia.

El propio FMI ha recomendado que, en la pandemia, se aplique impuestos al patrimonio, en cambio acá es a los trabajadores y empleados tanto públicos y privados. En síntesis, lo que señalo es que la crisis económica y social va a ser de tal magnitud que no saldremos de ésta sino en 3 a 5 años. Por lo que hay que prepararse para los efectos económicos y sociales, las reformas estructurales, ajuste y otras medidas que se vienen entre las que podrían estar algunas no convencionales.

El proyecto de ley de reordenamiento de las Finanzas Públicas busca, entre sus objetivos principales, tomar control de los recursos del IESS, ISSFA e ISSPOL, establecer un seguro petrolero y  establece nuevas reglas fiscales que buscaría el sostenimiento de las finanzas gubernamentales. En este artículo, dada la importancia, trataremos solo sobre el IESS y BIESS y el intento de hacer al MEF como superministerio.

El art. 2 del proyecto reclasifica las instituciones que incluyen al Sector Público Financiero (SPF) y al No Financiero (SPNF). En el primero, se agrega al BIESS y al Banco Central. Esto significa que los dos bancos pasarían a formar parte de la banca pública. Ésta se encuentra regulada por el Código Monetario y Financiero que, en sus arts. 366 y 362,  señala que su objeto será determinado en el decreto de su creación y se organizaran según las definiciones y necesidades determinas por la Junta de Política y Regulación. El art. 369, del código, señala que entre los objetivos de dicha banca están: dar financiamiento a los GADs, a vivienda de interés social, emprendedores, etc.  Según dicho código, el directorio de la banca pública estará compuesto por 4 ministros (uno de ellos será el que dirija la política económica) y un representante del presidente. En otras palabras, el gobierno toma el control de los recursos del BIESS. Recordemos que en el documento Marco de Cooperación con Ecuador 2019-2023, del Banco Mundial, en el que se establecen los objetivos y metas del acuerdo crédito con dicho organismo internacional, se recomienda la eliminación del BIESS y pasarle sus operaciones a la banca privada justificándola por la ineficiencia del BIESS.

Respecto al BCE, al convertirse en banca pública, el gobierno debería nombrar un directorio, al igual que en el BIESS, con lo que toma control de BCE. Si bien, en el Código, se reconoce la autonomía el BCE quedaría bajo la dependencia de la Junta señalada, que es presidida por el Ministro de Finanzas. Esta intención resulta contradictoria con la propuesta anterior de darle plena independencia y autonomía al BCE. Además en la mayoría de los países el banco central tiene independencia y no forma parte de la banca pública. El BCE dirige, de forma autónoma, la política monetaria, lo cual incluye la determinación de la tasa de interés.

¿Qué persigue el gobierno con incluir en la banca pública al BIESS y BCE? Pues el control de estas instituciones y acceder a sus recursos.

En cuanto a la seguridad social, el primer intento del control de los institutos de seguridad social se dio con en el proyecto de ley para la Transparencia Fiscal, Optimización del Gasto Tributario…que se le dio el nombre abreviado de “crecimiento económico”, enviado a la Asamblea, en Octubre de 2019, pero rechazado por la Asamblea, con la intención de eliminar el directorio del IESS, ISSFA e ISSPOL y pasarle el control de estos al nuevo organismo regulador financiero que se pretendía crear.

El segundo intento es ahora con el proyecto de ley de ordenamiento de las Finanzas Públicas, enviado a la Asamblea el 16  En el art. 2 se cambia la clasificación del sector público al incluir  dentro del sector público no financiero al IESS, ISSFA e ISSPOL.  Con este cambio, los tres institutos de seguridad social pierden su autonomía y sus recursos  estarán incluidos en el Presupuesto General del Estado y, aun mas, deberán respetar los techos, gastos y reglas fiscales que, en última instancia, los fijara el MEF. En el art. 59 se plantea que estos institutos formularan sus planes de inversión de acuerdo con este proyecto de ley. En el Cap. V, en el primer artículo imnumerado se crea el Comité Nacional de Coordinación Fiscal, integrado por 7 miembros uno de los cuales es de la seguridad social. O sea, cambio de estrategia, respecto al proyecto de ley de crecimiento económico que eliminaba los directorios de los institutos de seguridad social, ahora se propone que un representante de todos estos participe en dicho comité.

En el art. 74, del proyecto de ley, se plantea que el MEF deber elaborar la política económica y fiscal, diseñar la programación macroeconómica, definir la política de prevención y mitigación de riesgos fiscales, etc. Se define que estos riesgos pueden provenir de shocks internos y externos así como de la gestión de la banca pública, la seguridad social, etc. En otras palabras, el MEF se convierte en un superministerio que controla todos los recursos del presupuesto del estado incluyendo ahora los del BIESS y los institutos de Seguridad Social. (el gobierno anterior dejó al MEF como una caja fiscal) ¿Adónde apunta el proyecto de ley? Pues al control de los recursos del estado incluyendo los estos institutos y banco. Es que en tiempo de crisis y con una caja fiscal vacía, el gobierno intenta captar recursos dentro de las diferentes instituciones públicas y, en tiempos difíciles, lleva a eliminar autonomías u otras restricciones en las instituciones autónomas, con tal de acceder a recursos. Tal es la iliquidez fiscal que se le ha recortado 100 millones de dólares a las universidades públicas, no se pagan a tiempo los sueldos de la burocracia y se quitan recursos a varias instituciones públicas. A más de pagar la deuda, en tan grave crisis, demuestra que prioridades tiene el gobierno, de lo cual podemos deducir que sería capaz de tomar medidas imprevisibles. ¿Veremos que hacen los asambleístas?

Además de lo analizado, en el artículo anterior, sobre el proyecto de ley de Apoyo Humanitario este incluye una reforma laboral: flexibilidad laboral, y, el concordato comercial. Que supuestamente, la primera, es para preservar el empleo y el segundo es una especie de ley de quiebras de mayor ejecutividad. En este artículo, analizamos estos dos temas.

La flexibilidad laboral se basa en un acuerdo entre patronos y trabajadores que, de ser acordado, será de cumplimiento obligatorio. Se estipulan algunas condiciones para la empresa como no poder distribuir utilidades, no tener gastos suntuarios, presentación de estados financieros, etc. Si no llega a un acuerdo entre las partes la empresa pasa a liquidación. La forma de la flexibilidad laboral es la introducción de 2 tipos de contratos de trabajo. Uno, el contrato especial emergente, parcial u ordinario, que se celebraría para nuevas actividades o giro de negocios, con una duración de 2 años y renovable, jornada entre 20 y 40 horas, máximo 40 horas a la semana, distribuidas en 6 días a la semana, con remuneraciones y beneficios proporcionales a la jornada pacta. Dos, disminución de la jornada de trabajo, por eventos de fuerza mayor, por dos años, y con remuneración y beneficios de ley según la jornada reducida. En este caso, la empresa no podrá distribuir utilidades ni despedir trabajadores. Si lo hay, la empresa, deberá pagar una indemnización de 3 meses más las indemnizaciones previstas en la ley.

El centro de la flexibilidad laboral está en la posibilidad de reducir la jornada laboral lo que implica la reducción de los ingresos de los trabajadores, pero manteniendo la estabilidad. En el caso, del contrato especial emergente, las horas trabajadas pueden distribuirse en 6 días de la semana (incluye sábado y domingo) lo que implicaría que en esos dos días no se pagaría horas suplementarias, en el caso de se trabaje de noche de lunes a viernes, o, extraordinarias, cuando sea sábado o domingo. Esto implicaría un retroceso en el derecho de los trabajadores. En la segunda forma de reducción de la jornada de trabajo, por eventos de fuerza mayor, aunque se mantienen algunos de los derechos de los trabajadores, implica también una reducción de los ingresos. Si bien, en situaciones de crisis o emergentes, se debe buscar salvar a las empresas para mantener el empleo, debería asegurarse el pago de todos los beneficios de ley. Con esta reforma laboral, la balanza se inclina hacia el patrono. Durante el confinamiento ya ha habido denuncia de despidos en empresas y, con las empresas no esenciales paradas, algunas amenazan con bajar la remuneración. Esta reducción se garantiza con la flexibilidad laboral al disminuir la jornada de trabajo. Hay que buscar equilibrio entre el capital y trabajo, de manera de repartir las perdidas entre las dos partes de la relación laboral y no cargarle el peso de la crisis, por medio de la reducción de ingreso, a empleados y trabajadores. Más aún al seguro de desempleo, al que se acogerían los despedidos entre Abril y Julio de 2020, se torna más estricto y no está claro cuál sería el financiamiento para pagar a la avalancha de despedidos que se daría en ese periodo.

Para paliar los efectos de la crisis generada por la paralización de la actividad económica, se estable el concordato preventivo excepcional, que se aplicaría para las actividades comerciales (empresas o personas naturales) para negociar las obligaciones en lo referente a las condiciones: plazos y reducción o reestructuración de las deudas. Esta figura legal es una especie de ley de quiebras que, posibilita de manera más pragmática, negociar las deudas. Si no se llega a un acuerdo, se llamaría a un concurso de acreedores pero se establece la prelación de pagos estando en segundo lugar las deudas al trabajador. Este concordato debería extenderse hacia todo tipo de empresas, debido a las dificultades y quiebras que se vienen en los sectores no comerciales.  

En síntesis, el proyecto de ley de “apoyo” humanitario en cuanto a la contribución solidaria, la mayor parte (dos terceras partes) recaen sobre los empleados y trabajadores públicos y privados, solo un tercio lo pagarían las empresas. Pero más, a los empleados públicos, después de contribuir 9 meses, se les rebajaría el sueldo de manera permanente, aún más, se despedirían a los contratados eventualmente y también habría fusiones de entidades públicas que implicaría el despido de aquellos con nombramiento provisional y hasta los funcionarios cuyos cargos resulten duplicados por efecto de la fusión. En el caso de los empleados y trabajadores del sector privado se estable una reducción de la jornada laboral lo que implica reducción de sus ingresos. En resumen, el proyecto carga la mayor parte de la crisis sobre trabajadores y empleados. La crisis económica será muy grave pues se proyecta una contracción del 6.5% del PIB.

El gobierno frente a la crisis, agravada por el coronavirus, envío dos proyectos de ley a la Asamblea. Uno, el de Apoyo Humanitario pretende la reducción de salarios, acuerdo para pago de deudas no bancarias, congelación de precios de servicios básicos, una reforma laboral, ampliación servicios de salud del IESS, concordato y ayuda a empresas comerciales. Dos, la reformas al Código de Finanzas Públicas que contendría nuevas reglas fiscales, normas  presupuestarias y disposiciones que incluirían al manejo de recursos del IESS, ISSPOL e ISSFA, y, por otro lado, con las directrices de ejecución presupuestaria para el II trimestre, de este año, se busca reducir el gasto y despido de burócratas eventuales. Todas estas medidas estarían dentro del nuevo acuerdo que el gobierno está tratando con el FMI. En este artículo trataremos los tres primeros puntos.

Dado que no hay liquidez en la caja fiscal, como demuestra que no pago los sueldos de algunas instituciones hasta el 16 de Abril, los que pudieron ser pagados por un crédito de emergencia del BID, el primer proyecto crea una contribución temporal, por 9 meses, a empleados privados y públicos, y, otra a sobre las utilidades de las empresas. En realidad es un impuesto progresivo ya que la contribución es función de una tabla usada para este tipo de tributos. Para las personas naturales, la base del tributo serían los ingresos neto a partir de los 500 dólares. Hay una tarifa básica y otra tarifa sobre el excedente (como el Impuesto a la Renta). Así el que gane  600  pagará 8 dólares  ($ 2 por tarifa 1 + $ 6 por tarifa 2) y para los siguientes niveles de ingresa aumenta progresivamente las dos tarifas. Para las empresas la contribución sería 5% sobre las utilidades (el resultado mayor entre la utilidad gravable y la utilidad disponible para distribución en 2018 igual a un millón o más de dólares). Puede haber exoneraciones o rebaja de esta contribución para las empresas afectación grave por la crisis del coronavirus. El total de recaudación alcanzaría 1418 millones. Pero en el caso de los empleados públicos de la función ejecutiva y empresas públicas, que ganen a partir de 1000 dólares, después de los 9 meses del pago de la contribución temporal, tendrán una reducción permanente su sueldo de 10%.  Pero lo paradójico es que, según El Comercio, los empleados pagarían casi dos tercios (64%) de la contribución del total a partir del 18 de Mayo, pero además tendrán una reducción del sueldo permanente, con lo que resulta que serían los que más aportan (64%) y las empresas solo un tercio.  Con esta contribución, el gobierno tendría recursos para cubrir actividades esenciales pero a partir de mediados de Mayo.

¿Y qué recursos dispondría el gobierno entre Abril y mediados de Mayo? Como el gobierno hace malabares para obtener recursos, presentó una solicitud de consentimiento para diferir el pago de intereses de la deuda externa hasta el 15 de Agosto de este año, con lo que dispondría 811 millones con lo cual tendría recursos para operar las actividades esenciales.

El proyecto contempla también la celebración de acuerdo entre las partes para el pago de pensiones educativas (colegios han ofrecido descuentos), alquileres y seguros de salud, con lo cual alivia a los empleados y trabajadores que no recibieron sus sueldos y salarios por la paralización de las actividades económicas por el confinamiento obligatorio por la pandemia. Según el Ministro de Producción el 70% del aparato productivo está paralizado. El proyecto también congela el precio de los servicios básicos (incluye el de telecomunicaciones) proveídos tantos por el sector público como el privado.

De lo analizado hasta aquí, del primer proyecto de ley, la mayor parte de la crisis está siendo cargada sobre empleados y trabajadores del sector público y privado, pero más afectados los primeros que ven reducidos sus sueldos de manera permanente. Aún más, los del sector privado, enfrentaran una reforma laboral que contempla la flexibilización laboral que incluye una reducción de la jornada laboral, contratos emergentes de 20 horas, que implica reducción de sus ingresos, así como acuerdos entre las partes que pueden modificar las condiciones laborales.

Desde el año pasado se viene arrastrando una crisis socioeconómica, con el coronavirus y la emergencia sanitaria ésta se agravó y, la tragedia, se completó con la rotura de los oleoductos petroleros y los daños en la refinería de Esmeraldas y la paralización la de La Libertad conforman un escenario de crisis socioeconómica, sanitaria y humanitaria gravísima que imponen una salida con medidas económicas, sociales y sanitarias que tengan como centro el bien común.

La tragedia sanitaria en Guayaquil, reflejada en miles de fallecidos por el coronavirus, no reveladas en las cifras oficiales, el colapso del sistema de salud público y privado, de las morgues y las funerarias llevaron a que no se podían retirar de muertos de sus viviendas y no poderles darles sepultura individual, el intento de sobreprecio en insumos médicos en el IESS, la carencia de test del coronavirus, etc. revelan la ineficacia, desorganización y falta de decisión, a tiempo, de las autoridades gubernamentales que sumieron, en el puerto principal, en un caos sanitario en el que lo más afectados fueron las familias de menores recursos.

La falta de liderazgo gubernamental llevó a que los diferentes grupos económicos  dicidierán realizar aportes. Los banqueros  (de Quito y Guayaquil, por separado), los grupos económicos de Guayaquil y, por otro lado, los de sierra, para fondos ante la pandemia. El gobierno tardó en actuar y recién, en lo económico y social, el viernes santo planteó más medidas de auxilio económico. Cada sector y gobierno por su lado plantearon alternativas. No hubo unidad con el sector privado para actuar ante la pandemia, sobre todo, en el puerto principal. Ni el sector público tomó la iniciativa a tiempo.

 La falta de liderazgo gubernamental, las medidas de la emergencia sanitaria, el confinamiento y la paralización de la actividad económica llevaron a una situación insostenible. La contracción de la oferta y la ausencia de la demanda generaron, a nivel microeconómico, que las empresas no tuvieran ventas, a excepción de los alimentos y salud, sobre todo las micro y pequeñas empresas que, al no tener ingresos, no pueden pagar a sus empleados. En el sector informal, miles de trabajadores que dependen de la venta diaria no tienen que comer así como los desempleados y subempleados. En suma, una crisis sanitaria y sus medidas provocaron una crisis sanitaria, económica y social de grandes proporciones. En lo macroeconómico, se agravaron los desequilibrios de los principales indicadores: déficit fiscal, liquidez fiscal, déficit comercial, nivel de actividad económica, empleo, desempleo, subempleo, etc.

En las crisis y pandemias hay que dar soluciones pero establecer prioridades y plazos. En el cortisimo plazo está, primero, el bien común, el interés general debe primar sobre el privado que, en este escenario, está la salud y la vida. El gobierno está aplicando, ahora, con la emergencia sanitaria, aunque tarde, las medidas que sugieren los organismos internacionales. Pero en lo social y en lo económico tarda, pues con el escenario que estamos viviendo, viene la carencia de ingreso, el hambre, aumento de la pobreza, más delincuencia, quiebra de empresas, etc. Segundo, está el de proveer de ingresos para que la gente, de menores recursos e informales, pueda comer. Tercero, normalizar la actividad económica dando incentivos a la micro y pequeña empresa y a la gente para que pueda afrontar sus deudas, alquileres, tarjetas, seguros, etc.

En esta crisis, el gobierno debe comenzar poniendo prioridades. Si busca el bienestar común, en el cortísimo plazo, debe tomar una decisión sobre la deuda externa. Dado el escenario económico, la opción debe ser renegociación su pago lo que liberaría recursos para que, en dicho plazo, se puedan asumir los susidios y apoyos para la gente de escasos recursos, informales y pobres. Por otro lado, la ayuda a micro, mediana y pequeña empresa para reactivarlas.

La propuesta del gobierno para enfrentar la emergencia económica y social, de crear un fideicomiso, con contribuciones de empleados, trabajadores y empresas, si bien apunta a ayudas y apoyos a los afectados, iguales las medidas adoptadas por gobiernos latinoamericanos y europeos, por la tragedia, sin embargo implica que sean estos grupos los que financien parcialmente el auxilio porque el gobierno no tiene liquidez. No podemos analizar todavía dicha propuesta porque hasta el momento, en que escribo el artículo, no se ha remitido a la Asamblea el proyecto de ley. Pero ya el gobierno debe poner prioridades en esta emergencia. Es claro que salud es lo prioritario, de ahí debe seguir el pago de sueldos de los empleados público y no el pago de la deuda, pago de ayudas a los informales, desempleados y subempleados, pobres, ayuda a las comunidades rurales, preservación del empleo en el sector formal, etc.

El impacto del coronavirus causa serias consecuencias sobre la gente, la economía y la sociedad. En los distintos continentes, los dirigente de los países toman medidas de emergencia sanitaria y políticas económicas para reducir el contagio por la pandemia así como medidas para ayudar a la gente de menores recursos y pequeñas y medianas empresas para paliar su situación de falta de ingresos. En momentos difíciles y crisis humanitarias, sociales y económicas hacen ver la importancia del liderazgo de un país para enfrentar estas coyunturas y enrumbarlo hacia mejores días.

Vemos con estupor que dirigentes de algunos países toman medidas absurdas o demoran la toma de decisiones ante la crisis del coronavirus. Ni aún, con las serias consecuencias, de pérdidas de vidas humanas, en Italia y España, los malos o mediocres dirigentes no aprenden de las lecciones de China y Corea del Sur que aplicaron las medidas sanitarias adecuadas a tiempo. Así, el primer ministro del Reino Unido, demoró en tomar medidas sanitarias así como EE.UU, ahora ante la emergencia sus habitantes sufren las consecuencias del contagio de la enfermedad. En A. Latina, el Presidente de Brasil, realiza una campaña para boicotear la decisión de los gobernadores que establecieron una cuarentena por el coronavirus. Y, hasta presidentes progresistas, como López Obrador en México, no le prestaron mucha atención al principio de la pandemia. El dr. Julio Frank Mora, ex ministro de Salud de México, señala que hubieron países que aplicaron mejor estrategia para luchar contra la pandemia: China y Corea del Sur, el resto como Italia, España, incluido el Ecuador, no le dieron importancia al inicio del brote contagioso y mal manejo de la información, resaltando que lo mejor es decir la verdad, pero después las autoridades de estos países que gestionaron mal la política sanitaria corrigieron el rumbo, pero perdieron tiempo y las consecuencias fueron fatales. Ahora no solo se trata de las acciones de las autoridades sanitarias sino también de la corresponsabilidad de la población para evitar contagiarse y contagiar a los demás por no respetar las normas de confinamiento en casa.

Pero el costo del impacto del coronavirus no solo son los cadáveres sino también el dolor de los familiares por la pérdida de un ser querido pero además se afecta toda la economía. Con las medidas sanitarias, tomadas por los gobiernos, dos tercios de los sectores económicos están paralizados, lo que implica que las empresas formales no trabajan y sus empleados tampoco, con lo que éstos no reciben su sueldo porque las empresas no venden. Pero en el caso del sector informal, donde la mayoría vive de la venta del día, como vendedores ambulantes, microcomerciantes, artesanos, empleadas domésticas, etc., su situación es desesperada porque, al no poder vender sus productos o servicios por la cuarentena, no tienen ingresos y no pueden comer. Y no decir de los desempleados y subempleados que están en las mismas condiciones. Otro de los problemas es el pago de los créditos que, sin ingresos, no se pueden cubrir, así como los alquileres, créditos estudiantiles, etc.

En el caso de nuestro país, la demora en tomar medidas sanitarias a tiempo,  por parte del gobierno, y, en buena medida, la irresponsabilidad de la gente, sobre todo en la costa, de no respetar el confinamiento en casa, ha llevado a que aumente la tasa de contagio por coronavirus. En medio de la emergencia sanitaria renunció la Ministra de Salud acusando al gobierno de no disponer los recursos necesarios para enfrentar la emergencia –que no ha sido aclarado suficientemente-. El nuevo ministro declaró contar con recursos, pero los médicos, enfermeras y ayudantes se quejan por no tener los insumos médicos para su protección. Ya llevamos tres semanas del confinamiento, los hospitales públicos están colapsados, no tienen los insumos médicos para la emergencia, siguen los problemas para retirar los muertos por coronavirus de las casas, por lo que hay peligro de epidemia sanitaria, un presidente ausente hubo intento de sobreprecio en compra de mascarillas por el IESS, en términos per cápita Guayas es la que tiene el mayor porcentaje de contagio en el mundo, la tasa de variación del contagio sigue aumentando y todavía no llegamos al máximo de la curva de contagio. La prensa internacional informa de la terrible situación sanitaria del país por el coronavirus. El gobierno informa diariamente sobre la evolución de los contagios y fallecidos pero hay dudas sobre si las cifras oficiales revelan la real situación. El nuevo ministro de Salud señaló que las cifras son reales aunque puede haber más contagiados. Un funcionario público señaló que habrá 2500 a 3500 muertos en Guayas. El Presidente dijo que hay que transparentar las cifras de contagiados y fallecidos. Entonces ¿No sabía lo que estaba pasando? ¿Recién se dio cuenta de la terrible realidad? La periodista Julieta Herrería Barba en su artículo “Ecuador merece la verdad” dice sin tapujos “Es aquí donde debemos ser más críticos con el presidente Moreno, porque después de todo ¿dónde está? O mejor dicho ¿qué está haciendo por el país?”  Es la ineficacia gubernamental, indolencia y no tomar medidas a tiempo lo que nos ha llevado a esta terrible tragedia. El Vicepresidente, por fin, reconoció los errores del gobierno pero el daño ya esta causado.

En lo económico, el gobierno, ha venido tomando medidas parciales, para paliar la situación de la gente afectada por la paralización de la actividad económica. Ha diferido el pago de impuestos, aportes a la seguridad social, la Superintendencia de Bancos dictó normas para diferir el pago de los créditos, creo un bono para ayuda a grupos de población, etc.

El objetivo de un buen dirigente político es buscar el bienestar de su pueblo. Un buen líder debe prever el rumbo de la situación económica, social y humanitaria para tomar medidas a tiempo; en crisis, tomar las decisiones adecuadas para apoyar a la población y velar por la economía del país y su restablecimiento. Para eso se requiere sentido común, criterio, buen juicio e inteligencia. Pero además tener liderazgo para orientar al país hacia su desarrollo y, en crisis, tomar las medidas más adecuadas, a tiempo, para proteger a los más pobres y el país. En el país parece que los dirigentes en el poder carecen de estas cualidades para velar por el bienestar de la población y tomar las decisiones adecuadas y a tiempo para frenar la tragedia del coronavirus. Pero no solo son los muertos, después tocará ver que hace el gobierno con la gran contracción que se viene y la secuela social en términos de quiebre de pequeñas empresas, desempleo, subempleo, pobreza y deterioro de las condiciones de vida. Y ahora debemos esperar que estrategia se utiliza para combatir la tragedia económica que nos espera, y ahí resulta fundamental el liderazgo de quien dirige el país.

La crisis económica y social que se venía gestando por factores internos se agravó con el coronavirus. Ante la coyuntura el gobierno adoptó la estrategia de endeudarse mas para pagar la deuda externa y no pagar los intereses pero ¿Qué pasara en los dos siguientes meses en lo económico y social?

Como ya hemos señalado, en artículos anteriores, el coronavirus produjo un shock externo generando una caída del precio del petróleo, por debajo de lo establecido en el presupuesto del estado, y de las exportaciones tradicionales del país, conduciendo a una iliquidez de la caja fiscal y va a provocar un déficit comercial y, con la paralización de las actividades productivas, como medida para reducir el contagio de la pandemia, así como los desequilibrios macroeconómicos y tendencias económicas negativas que se venían arrastrando, una recesión muy fuerte.

El riesgo país, al 23 de Marzo, aumentó 2000 puntos y se disparó a 6063 puntos, muy por arriba de Argentina, en parte, por las voces de no pagar la deuda, entre ellas la de la Asamblea Nacional. Dicho indicador había venido subiendo constantemente y, más aún, la rebaja de la calificación de la deuda ecuatoriana por dos calificadoras internacionales, que por la caída de los ingresos públicos –petroleros y no petroleros- redujeron la capacidad de pago externo del país.

El Ministro de Economía declaró que seguirá sirviendo el capital de la deuda externa, entre ella los 325 millones dólares de los bonos 2020, y que no pagará los interés de ésta acogiéndose a una cláusula de los contratos que posibilita un periodo de un mes de no pago de éstos. Según él, esto le permitirá acceder a créditos externos por 2000 millones que se venían tramitando.

Para complicar el panorama de la deuda externa del país Fich volvió a rebajar la calificación de la deuda ecuatoriana pasándola de CCC a CC, esto significa papeles basura. La calificadora señaló: “muestra señales de que hay expectativa de que un evento de impago (default) sea probable luego del anuncio de las autoridades de sus intenciones de renegociar los términos de la deuda comercial y soberana, usando el periodo de gracia de los cupones de un bono esta semana”. Aún mas, Standard & Poors (S&P) pronostica que “Ecuador entrará en situación de default, o impago de la deuda, de forma inevitable,en los próximos 6 meses”

La estrategia del ministro es ganar tiempo hasta que le lleguen, el próximo mes 500 millones del FMI –que serían parte del Instrumento de Financiamiento Rápido-, otros 500 del crédito rápido del Banco Mundial y 1000 de China, de los recursos de libre disponibilidad de los créditos concedidos. Así mismo negociará  la deuda comercial. Además, el Banco Central  volvió a obtener financiamiento de 300 millones con garantía del oro de la RMI.  ¿Pero qué pasará en Mayo y Junio de este año?

La estrategia gubernamental es endeudarme más para seguir pagando la deuda externa. La decisión es tímida y sacrifica las necesidades del país. Hay cuatro alternativas para el pago de la deuda: pagarla, no pagarla, reestructurarla o comprar bonos con una quita importante. En esta coyuntura crítica,  la posición debe ser el no pago de la deuda externa ya que el shock externo y externo es tan fuerte que provocó una crisis tan grave y profunda de la cual no saldremos por lo menos en cinco años. Si no se  paga, al menos proponer una reestructuración de la deuda o realizar una operación de recompra de la misma ya que los bonos ecuatorianos se están cotizando a una tercera parte de su valor. Con mayor razón, la incapacidad de pago lleva al FMI y BM llevan a plantear la suspensión del pago de la deuda externa a los países más pobres  En esta situación, no se puede poner como prioridad al capital financiero internacional sino las necesidades del país, en especial las de la población más vulnerable, empleados, trabajadores, integrantes del sector informal y de los pobres.

Argentina con una deuda pública de 323.127 millones de dólares, de la cual 283.500 son deuda externa, ya está en proceso de renegociarla y su Presidente ya le planteó el FMI que no le pagaría al menos en 5 años y el propio FMI ha aceptado la posibilidad de una quita importante. La deuda es una decisión política e implica anteponer los intereses nacionales a los del capital extranjero. En Ecuador la prioridad es éste último.

Esta estrategia implicará que en Abril el gobierno enviará a la Asamblea un nuevo proyecto de ley para insistir en cobrar nuevos impuestos (y probablemente alza del IVA) y exigir una contribución a los empleados públicos –lo que implica reducirles el sueldo- tal como planteaban el grupo de economistas ortodoxos. Más aun, el gobierno continuará con su política económica no soberana ya que es orientada por los organismos internacionales. Tal es así que está negociando un nuevo acuerdo con el FMI lo que implicará seguir con una política ajuste y reformas estructurales. S&P prevé una contracción de la economía de 1.7%, pero si le agregamos el impacto del coronavirus y de las medidas económicas que se tomarían, la contracción sería al menos del 3% con graves consecuencias sociales sobre la población de menores recursos así como la vulnerable y clase media, con un fuerte aumento de la pobreza y deterioro del nivel de vida.

El mundo sufre las consecuencias de la pandemia del coronavirus tanto en la salud pública y  por los efectos económicos y sociales que ha obligado a tomar medidas sanitarias extremas, confinamiento de la población y medidas económicas, dictadas por los gobiernos, para enfrentar el impacto de  contracción económica, que fundamentalmente son de apoyo a los sectores productivos y población afectada. Entre los impactos económicos está la recesión mundial y, según la OIT,  la pérdida de 25 millones de empleo. En  el  Ecuador el coronavirus vino desde el exterior y el gobierno ha tomado las medidas sanitarias que han aplicado los países  más contagiados y otras así como las de carácter económico. En este artículo trataré sobre el impacto económico de muy corto plazo de las medidas de prevención y de apoyo.

El 16 de Marzo el Ministerio de Salud reportó 58 contagiados, el 17 de este mes, COE reporta 111 casos y el Servicio de Gestión de Riesgo informó que el 22 de Marzo ya subieron a 789 casos, con 14 fallecidos, siendo la provincia del Guayas la más afectada con 607 contagiados, principalmente en Guayaquil con 408 casos. El gobierno ha dictado medidas sanitarias y de otro tipo para reducir la tasa de contagio. El 12 de Marzo dictó la emergencia sanitaria y el 16 de este mes emitió un decreto declarando estado de excepción que, principalmente, suspende el derecho de libertad de tránsito, de movilización de personas, prohíbe la jornada de trabajo por una semana y además toque de queda.

Los efectos económicos internos, de muy corto plazo, de estas medidas se comenzaron a sentir desde el 12 y 16 de marzo, en Quito, con compras masivas en supermercados para abastecerse de alimentos. Desde el 17 de Marzo se inició la especulación en mercados, sobre todo en Guayaquil, de los productos agrícolas de la sierra, subiendo sus precios  y también de algunas medicinas. El decreto señalado permite que sigan funcionando los sectores de alimentación, salud, los servicios básicos, las exportaciones, industria agrícola, ganadera y de cuidado de animales. Los supermercados, expendio de víveres  y medicinas no suspenderán los servicios. También funcionaran los bancos, servicios públicos básicos, aeropuertos y los terminales marítimos, terrestres y fluviales. Todas las otras industrias y comercios paralizarán la producción. Esto implicará un impacto interno sobre la economía nacional que significará pérdidas para las grandes y medianas empresas y a una contracción del PIB, con su efecto negativo en el empleo e impacto sobre las variables sociales.

 La suspensión de la jornada laboral de los sectores públicos y privados, por una semana, con carácter obligatoria, y,  el confinamiento en los hogares, llevó a una caída de la demanda, por lo que se ven afectados los emprendimientos, las microempresas, pequeños negocios y empresas que por no poder vender tendrían pérdidas en este período. Pero el mayor impacto, en términos del empleo, lo sufrirán los integrantes del sector informal, al no poder generar ingresos para sus familias. Otra consecuencia, de carácter general es, principalmente, el pago de los créditos, impuestos, aportes a la seguridad social, etc. Para paliar estos efectos el gobierno dictó medidas de diferimiento de los pagos de estos rubros, el IESS ofrece créditos quirografarios con tasas de 6.5 a 8.5% y plazos hasta 9 meses, se ofreció un bono de $ 60, por dos veces, a los informales  y los bancos anunciaron que podrían refinanciar los créditos a las empresas y personas afectadas por la emergencia del coronavirus.

A eso se sumaría el impacto externo sobre la economía que agravaría el desequilibrio externo. Los efectos internos y externos causarían una recesión (que se tratará en el próximo artículo). Sonaron ya las voces de los economistas ortodoxos que recomiendan subir el IVA, eliminación del ISD y reducción de sueldos de empleados y trabajadores para enfrentar la crisis así como reformas estructurales. En otras palabras, que el costo de la crisis la paguen los trabajadores, la población en general y  la vulnerable. O sea socializar las perdidas y privatizar las ganancias.

La coyuntura económica y social se agravó más. El riesgo país se disparó más, el gobierno anunció medidas económicas para enfrentar la iliquidez fiscal y además declaró la emergencia sanitaria por la propagación del coronavirus, lo que generó reacciones de la población. Pero además, desde este martes, se restringe la circulación de personas y vehículos. El escenario se volvió crítico y el panorama incierto.

En el artículo, de la semana pasada, ya habíamos advertido que se agrava la situación económica y que, con el coronavirus, vamos camino a la recesión. Un solo indicador basta para expresar lo crítico de la situación económica. El riesgo país aumentó a 1979, el 6 de Marzo, pero se disparó, el 12 de este mes, a 3652 puntos. Un aumento del 84% en tan solo 6 días. Esto refleja un aumento de la percepción de riesgo del pago de la deuda externa.

La caída del precio del petróleo, entre 20 y 22 dólares, redujo los ingresos petroleros del presupuesto lo que agravó la iliquidez de la caja fiscal más aún cuando el FMI no hizo el tercer desembolso previsto para Marzo según el acuerdo crediticio. Para enfrentar la crisis, el 10 de Marzo, el gobierno anunció un paquete  4 de medidas económicas (que serán analizadas en el siguiente artículo): más endeudamiento externo, otros gravámenes, ajuste del gasto público y reducción del tamaño del estado. El gobierno sigue con la misma política para financiar el déficit fiscal más deuda y más gravámenes. Se ha creado un círculo vicioso de: aumento de la iliquidez fiscal – alza del riesgo país -más deuda externa e impuestos – contracción económica.

Ya había señalado, en el artículo anterior, los efectos externos del coronavirus: caída de exportaciones petroleras, las tradicionales y del turismo. Con la declaratoria de emergencia sanitaria –necesaria- se aplicó una serie de disposiciones entre ellas la prohibición de entradas de extranjeros al país, la prohibición de eventos masivos, suspensión indefinida de las clases en todos los niveles y la restricción de circulación de personas y vehículos. Los efectos de estas medidas fueron diferentes en Guayaquil y Quito. En el puerto principal, cuando se anunció el primer caso de coronavirus se agotaron en las farmacias las mascarillas, alcohol y vitamina C. Y además, hubo disminución de asistencia a los centros comerciales y, ahora, hay menor transportación intraprovincial. En cambio, en Quito, hubo compras masivas de alimentos en los supermercados y se nota menos movilidad, que llevará a una mayor permanencia obligada en los hogares y menor asistencia a centros comerciales. Las consecuencias internas del coronavirus y la emergencia sanitaria y sus efectos externos serán reducir el nivel de actividad económica y, con los efectos externos, se agravará el desequilibrio en Balanza de Pagos.

Para complicar la situación de iliquidez de la caja fiscal, las bancadas legislativas, de las medidas anunciadas, se oponen al impuesto de 5% a los vehículos de más de 20.000 dólares y a la contribución de los empleados públicos de un 4% del sueldo a los que ganen 801 a 1500 y de 8% a los reciban más de 1501 dólares. El SRI ya anunció, en cambio, que a partir del 1 de Abril entrará en vigencia el aumento de 0.75% de la retención en la fuente del Impuesto a la Renta, que le daría recursos inmediatos. Consecuentemente, el gobierno deberá buscar otras medidas impositivas alternativas y otras fuentes de recursos.

El Ministro de Finanzas anunció que en 15 contratarían la empresa que manejaría la informática para la aplicación de la eliminación del subsidio a la gasolina extra y eco. Con esto, los efectos externos e internos del coronavirus y con medidas alternativas impositivas, vamos camino a la recesión por segundo año año consecutivo, más aún si este es un año político debido a las elecciones presidenciales de Febrero de 2021. Pero además habría déficit comercial, caída de la RMI, más pobreza, mayor desempleo y subempleo así como caída del nivel de vida. Se corre el riesgo de un default y mayor contracción económica. Aún más, como el FMI puso al gobierno contra la pared, para recibir el desembolso, tendrá que enviar a la Asamblea las reformas presupuestarias y la independencia del Banco Central.