El gobierno frente a la crisis, agravada por el coronavirus, envío dos proyectos de ley a la Asamblea. Uno, el de Apoyo Humanitario pretende la reducción de salarios, acuerdo para pago de deudas no bancarias, congelación de precios de servicios básicos, una reforma laboral, ampliación servicios de salud del IESS, concordato y ayuda a empresas comerciales. Dos, la reformas al Código de Finanzas Públicas que contendría nuevas reglas fiscales, normas presupuestarias y disposiciones que incluirían al manejo de recursos del IESS, ISSPOL e ISSFA, y, por otro lado, con las directrices de ejecución presupuestaria para el II trimestre, de este año, se busca reducir el gasto y despido de burócratas eventuales. Todas estas medidas estarían dentro del nuevo acuerdo que el gobierno está tratando con el FMI. En este artículo trataremos los tres primeros puntos.
Dado que no hay liquidez en la caja fiscal, como demuestra que no pago los sueldos de algunas instituciones hasta el 16 de Abril, los que pudieron ser pagados por un crédito de emergencia del BID, el primer proyecto crea una contribución temporal, por 9 meses, a empleados privados y públicos, y, otra a sobre las utilidades de las empresas. En realidad es un impuesto progresivo ya que la contribución es función de una tabla usada para este tipo de tributos. Para las personas naturales, la base del tributo serían los ingresos neto a partir de los 500 dólares. Hay una tarifa básica y otra tarifa sobre el excedente (como el Impuesto a la Renta). Así el que gane 600 pagará 8 dólares ($ 2 por tarifa 1 + $ 6 por tarifa 2) y para los siguientes niveles de ingresa aumenta progresivamente las dos tarifas. Para las empresas la contribución sería 5% sobre las utilidades (el resultado mayor entre la utilidad gravable y la utilidad disponible para distribución en 2018 igual a un millón o más de dólares). Puede haber exoneraciones o rebaja de esta contribución para las empresas afectación grave por la crisis del coronavirus. El total de recaudación alcanzaría 1418 millones. Pero en el caso de los empleados públicos de la función ejecutiva y empresas públicas, que ganen a partir de 1000 dólares, después de los 9 meses del pago de la contribución temporal, tendrán una reducción permanente su sueldo de 10%. Pero lo paradójico es que, según El Comercio, los empleados pagarían casi dos tercios (64%) de la contribución del total a partir del 18 de Mayo, pero además tendrán una reducción del sueldo permanente, con lo que resulta que serían los que más aportan (64%) y las empresas solo un tercio. Con esta contribución, el gobierno tendría recursos para cubrir actividades esenciales pero a partir de mediados de Mayo.
¿Y qué recursos dispondría el gobierno entre Abril y mediados de Mayo? Como el gobierno hace malabares para obtener recursos, presentó una solicitud de consentimiento para diferir el pago de intereses de la deuda externa hasta el 15 de Agosto de este año, con lo que dispondría 811 millones con lo cual tendría recursos para operar las actividades esenciales.
El proyecto contempla también la celebración de acuerdo entre las partes para el pago de pensiones educativas (colegios han ofrecido descuentos), alquileres y seguros de salud, con lo cual alivia a los empleados y trabajadores que no recibieron sus sueldos y salarios por la paralización de las actividades económicas por el confinamiento obligatorio por la pandemia. Según el Ministro de Producción el 70% del aparato productivo está paralizado. El proyecto también congela el precio de los servicios básicos (incluye el de telecomunicaciones) proveídos tantos por el sector público como el privado.
De lo analizado hasta aquí, del primer proyecto de ley, la mayor parte de la crisis está siendo cargada sobre empleados y trabajadores del sector público y privado, pero más afectados los primeros que ven reducidos sus sueldos de manera permanente. Aún más, los del sector privado, enfrentaran una reforma laboral que contempla la flexibilización laboral que incluye una reducción de la jornada laboral, contratos emergentes de 20 horas, que implica reducción de sus ingresos, así como acuerdos entre las partes que pueden modificar las condiciones laborales.
Pensamiento y comportamiento 