La situación de la economía ecuatoriana se ha vuelto crítica como lo reflejan el deterioro de algunos indicadores macroeconómicos y sociales como el aumento de la percepción de riesgo de la deuda externa, iliquidez de la caja fiscal, incumplimientos de algunas metas del acuerdo con el FMI, con desequilibrios macroeconómicos que complican la coyuntura económica.
En efecto, en el artículo anterior sobre la deuda externa, señalamos que el riesgo país, el 4 de febrero, se ubicó en 1096 puntos y el 27 de ese mes alcanzó 1454 puntos, lo que implica que el riesgo de pago de dicha deuda aumentó, lo cual implica que los empresarios deben pagar 13,2% por arriba de las tasas de interés internacionales para contratar un crédito externo y además la desconfianza de los inversionistas extranjeros en el país más aún cuando Moody’s, la calificadora de riesgo, rebajó la calificación de la deuda externa ecuatoriana cercana a los bonos basura.
El aumento de la iliquidez fiscal se refleja en el pedido del gobierno al Banco Mundial de adelanto de 400 millones de dólares del crédito firmado y en los retrasos de los pagos a proveedores, IESS, ISSFA, ISSPOL, jubilados, etc.
Por otro lado, el gobierno ha incumplido las metas, en el acuerdo crediticio, con el FMI en lo referente a las reservas monetarias internacionales (RMI) y del déficit fiscal. Según dicha calificadora, el riesgo país en 2018 fue de 3.6% y en 2019 aumentó a 3.8%, en buena medida por postergar el ajuste fiscal e incrementar la deuda externa para cubrir las necesidades de financiamiento del presupuesto general del estado, lo que a su vez, además de dejar menos recursos para otros rubros, incrementa el servicio de la deuda que crece cada año por el aumento de la deuda externa en 9.9000 millones de dólares, en lo que va del período del gobierno, y aumento de la deuda interna. Tal es la iliquidez de la caja fiscal que, para pagar pensiones del ISSFA, el gobierno emitió deuda interna que fue comprada por dicha institución.
La coyuntura económica se agrava por la crisis del coronavirus, a nivel internacional, que, en lo económico, ha causado la reducción de precio del petróleo ecuatoriano, por debajo del precio presupuestado en la proforma del estado 2020, y la reducción de exportaciones hacia China y otros, la contracción del turismo receptivo, etc. Con los primeros casos de coronavirus en el Ecuador, en Guayaquil, se nota la escasez de mascarillas, alcohol, etc. y la reducción de la actividad en centros comerciales, es ya un preludio de la afectación de otras actividades comerciales que afectaría hasta la proyección de crecimiento para 2020 establecida en 0.2% por el FMI, implicado que, por segundo año consecutivo, tendríamos una nueva recesión con impactos en los indicadores sociales.
Desde el 11 de Febrero, una misión del FMI estuvo en Quito revisando el cumplimiento de las metas del último trimestre de 2019. Como ya dijimos, en ese año no cumplió con las metas de RMI y déficit fiscal. Si hay visto bueno del FMI, espera recibir 348 millones de dólares en Marzo. Para asegurarse dicho desembolso el gobierno se comprometería a eliminar el subsidio a las gasolinas extra y ecopaís, el envío del proyecto de ley de reforma al código de las finanzas públicas (que establecería nuevas reglas presupuestarias) y la autonomía del Banco Central.
El gobierno firmó un acuerdo crediticio por 6.000 millones de dólares (a más de los 4.200 millones de dólares con el FMI) con la CAF, BID, FLAR y Banco Mundial (BM). De éste último, espera recibir en 2019-2020 unos 500 millones y una operación FPI por 350 millones. El financiamiento promedio anual del BIRF será entre 500 y 800 millones. Por ello, le urge al gobierno, para enfrentar la iliquidez de la caja fiscal, los fondos del FMI y del BM. Todo este financiamiento implica el cumplimiento de objetivos que, al igual que con el FMI, implica cumplir metas incluidas en el acuerdo con el Marco de Cooperación con Ecuador (MCE) del BM. Entre ellas, adoptar un modelo de economía de libre mercado comandada por la empresa privada, la eliminación del BIESS y pasar sus operaciones a la banca privada, programas sociales, etc.