Luis Rosero M.

AUMENTARÍA COSTO DE CANASTA FAMILIAR, POR ACUERDO CON FMI, Y HABRÍA MENOR CRECIMIENTO ECONÓMICO

Luis Rosero M.

El cobro del IVA en bienes de la canasta básica familiar, que antes no lo pagaban y el aumento del precio de las gasolinas y diésel por el aumento del petróleo presionarían al alza el costo de la canasta familiar, mientras que la previsión a la baja de la tasa de crecimiento ocasionará menor creación de empleo adecuado, aumento del desempleo y subempleo.

Después de la circular aclaratoria del SRI, aclaró que, de la circular inicial que incluía alrededor de 60 productos, no pagarán IVA solo el pan y la leche pasteurizada y descremada, pero los 58 restantes pagarán IVA, que incluye a productos de origen agropecuario: pulpas y jugos procesados, batidos o refrescos, infusiones  (té y hierbas deshidratadas), carnes procesadas, sazonadores y mezclas para preparar alimentos, tofu y queso de soya, productos con varias carnes; lácteos: leches importadas, las nacionales deslactosadas o saborizadas, leches enriquecidas o fortificada, crema de leche, condensada o evaporada, suero de leche y nata; productos de pastelería y repostería: tortas, pasteles, galletas, bizcochos, barquillos, cakes, cupcakes, muffins, merengues, obleas, postres, apanaduras, rosquitas, empanadas, masa de pan, panetón, pan de yuca, sanduches, tostadas y productos que no cumplen con la definición técnica del INEM de pasta o fideo; fideos y productos instantáneos entre ellos sopas de fideos instantáneas, fideos precocidos, preparaciones que incluyan fideo, fideos mezclados con otros productos; enlatados y combinaciones de pescado: enlatados, atún, macarela, sardina y trucha importada, encebollados, ensaladas, hamburguesas de atún y mezclas de atún con otros productos. He listado los productos que ahora pagaran IVA y son aquellos que buena parte de la población consumen, en especial la clase media. La clase de escasos recursos también los consumen en cierta temporadas, celebraciones o reuniones familiares.

La guerra de EE.UU. e Israel contra Irán ha generado una serie de impactos en la economía mundial. Entre ellos, el aumento del precio del petróleo, seguros en transporte marítimo, transporte marítimo de carga, urea y otros fertilizantes han subido de precios. El WTI, referencial del crudo ecuatoriano, llegó hasta US100 el que es utilizado en el calculó mensual del precio de las gasolinas, entre ellas eco y extra, las cuales el mes pasado aumentaron 13 centavos o 4.6%. Hoy, 12 de abril, los nuevos precios de estos dos combustibles pasaron a costar de US 2.89 A 3.024, o sea 13.4 centavos más lo que significa un incremento de 4.6%, que representa el 90% del consumo automotor. En cambio, el diésel subió de US 2.828 a 2.962 un incremento de  13.4 centavos  o 4.74% más, que se utiliza en transporte urbano, intercantonal e interprovincial. El gobierno extendió el pago de la compensación por alza del diésel a transportistas de estas localizaciones geográficas un mes más (en total 7 meses), o sea hasta abril de 2026. El gobierno utilizó esta medida para impedir el alza del pasaje de estas localizaciones geográficas. En consecuencia, en mayo podría haber demandas para aumento de pasajes. Además, el transporte de carga también utiliza este combustible, con lo que se podría dar un aumento del transporte de carga, con lo cual hay podría generase un incremento del costo del traslado de productos agrícolas de la sierra a la costa y viceversa, lo que llevaría al aumento del costo de los productos de la canasta básica, aumentando ésta.

La reducción de productos alimenticios procesados que estaban exentos del IVA y el aumento del precio de la gasolina obedecen al cumplimiento de metas en el acuerdo con el FMI. En efecto, el gobierno busca reducir el gasto tributario (exenciones de impuestos, devoluciones de IVA, subsidios, etc.) que representa 4190 millones de US anual. Por tanto, al eliminarse los bienes que no pagan IVA, el gobierno podría recibir entre 300 – 400 millones de ingresos. También esta reduciendo los subsidios a la gasolina y otros combustibles, por lo que creó una fijación de precios mensual, de los cuales ya no existe subsidio para las gasolinas eco y extra. Esto también representa un ingreso adicional para el gobierno. De esta manera, reduce el déficit fiscal. Pero esto lo paga la población vía aumento del costo de la canasta familiar (eliminación de productos exentos de IVA) y mayor costo de las gasolinas y diésel que presionaría al alza del transporte urbano, intercantonal e interprovincial y el costo de transporte de carga de alimentos lo cual termina aumentando el costo de la canasta familiar. Pero, ahí no termina la afectación de clase media y la de escasos recursos, sino que esta acordado con el FMI reducir aquellos servicios no pagan IVA, repitiendo la misma receta aplicada a los alimentos procesados que no pagaban IVA.

Por otro lado, de acuerdo a la proyección de crecimiento económico del país, elaborado por el Banco Mundial, para 2026, esta bajaría a 2.5% que representa una caída de 1.2% respecto al crecimiento del año pasado que, según el Banco Central, fue de 3.7%. Esta llevaría a un impacto en la generación de empleo adecuado, subempleo y sector informal. A diciembre de 2025, el empleo pleno fue de 37.1%, el subempleo 17% y el sector informal empleaba alrededor de 5 millones de ecuatorianos. Si baja la tasa de crecimiento a solo 2.5%, estas categorías de empleo se reducirían por debajo de las alcanzadas en diciembre de 2025. Frente a este deterioro económico, hay tendencia esperanzadora. En efecto, las remesas de los migrantes que recibió el país, el año pasado, alcanzaron 7729 millones las cuales son recibidas por familias pobres, de escasos recursos, para gastos de la canasta familiar. Estas remesas superaron las exportaciones de petróleo y fueron cercanas a los 8401 millones de las exportaciones de camarón, el primer producto no petrolero de exportación.

En síntesis, las dos caras de la moneda del ajuste son una reducción del déficit fiscal (menor desequilibrio fiscal) pero que lo paga la población con un costo mayor de la canasta familiar (por eliminación de los productos de la canasta familiar antes exentos de IVA y mayor costo del transporte urbano y de carga). Pero, además, habría menor generación de empleo, aumento del desempleo, subempleo y sector informal por menor crecimiento económico. Lo ideal es que la economía del país mejore junto al de las familias.

Luis Rosero M.

El SRI emitió una circular (26-03-3036), especificando los productos alimenticios procesados, alrededor de 60, que pagan IVA, la cual tuvo que ser rectificada después que los gremios industriales protestaron sobre el cobro de IVA a  dos productos alimenticios procesados y la nueva circular (2-04-2026) aclaró que el pan y leches descremadas no pagaran IVA, pero si otros que estaban en la primera circular que incluye a productos que forman canasta básica de consumo familiar,  lo que aumentaría el costo de la canasta familiar e inflación, justo cuando ya se sienten los efectos de la guerra del M. Oriente que, a su vez, aumentó el precio WTI de petróleo, presionando al alza el precio de los combustibles y otras consecuencias que se traducirían en más presiones inflacionarias que afectará la economía de la población.

Según la circular de abril, no pagan IVA el pan (encuadrado en el numeral 3 de la norma técnica 2945 del INEM) y las leches descremadas (aunque no se señalan en el literal 2 de la ley de Régimen Tributario Interno -LRTI-). La LRTI, en el literal 2, especifica que leches en estado natural, pasteurizada, homogeneizada o en polvo de producción nacional, quesos y yogures. Leches maternizadas, proteicos infantiles y el literal 3 del art. 55 señala que pan, azúcar, panela, margarina, avena, maicena, fideos, harinas de consumo humano, enlatados nacionales de atún, macarela, sardina y trucha, aceites comestibles, excepto el de oliva, no pagarán IVA. En el caso de las leches si el producto incorpora elementos adicionales como saborizantes, frutas, enzimas u otros aditivos, se considera un bien procesado.

La nueva circular incluye con IVA  a productos de pastelería, pan de molde, panetón o sanduche, sopas instantáneas y fideos preparados, edulcorantes, enlatados importados de atún, macarela, sardina y trucha, encebollados, ensaladas y hamburguesas de atún en lata o atún en otras presentación; en lácteos leches importadas, deslactosadas, saborizadas o enriquecidas, crema de leche, leche condensada, evaporada o manjar, suero de leche y nata procesada; pulpas, jugos de fruta procesada y/o bebidas elaboradas como batidos o refrescos, infusiones de té o hierbas deshidratadas listas para beber, carnes sometidas a cocción, precocción, aderezado, marinado u otros procesos, Sazonadores y productos con preparación previa, tofu o queso de soya y mezclas de carnes con otros productos.

Si bien con la nueva circular se aclara que dos productos estarán exentos del IVA, pero aproximadamente 58 si pagarán IVA. Algunos de estos están dentro de la canasta familiar que verá aumentada de costo. Además, gravar con IVA, por ej. a la leche deslactosada, también impacta a los que sufren intolerancia a la lactosa -azúcar de la leche- que ahora deberán pagar más, pero si tienen como comprarla. Hay que hacer algunas consideraciones respecto al impacto en la salud y consumo de los hogares. Si parece justificable, que se cobre IVA a sopas instantáneas o fideos precocidos por qué esta probado que esos productos alimenticios afectan la salud del consumidor. Además, en este caso, están los edulcorantes en los que la ciencia es concluyente y demostrado que es perjudicial a la salud. En suma, la medida va a provocar un aumento en el costo de la canasta de consumo familiar.

El gobierno busca incrementar los ingresos tributarios con impuestos tributarios que, en algunos casos, es regresivo como el IVA. Pero, en la coyuntura actual, la guerra en el Medio Oriente aumentó el precio del petróleo WTI, incrementando el precio de las gasolinas eco y extra en el país. El 12 de marzo, estas dos gasolinas subieron trece centavos el galón. Otro de los efectos, a nivel internacional, fueron el aumento del precio del transporte marítimo y de los fertilizantes, entre ellos la urea, estos a su vez se traducirán en el precio más alto de productos importados y en el costo de los productos agrícolas nacionales. El mayor precio de las gasolinas llevará a aumento del costo de transporte de carga y de pasajeros que presionaran en el aumento de costos de productos agrícolas de la costa y sierra y en el pasaje urbano, intercantonal e interprovincial. A eso se suma, el aumento del transporte marítimo y fertilizante que aumentará aún más el costo de la producción agrícola. El 12 de abril, volverá aumentar las gasolinas eco y extra, otro 5% aproximadamente. Si sumamos estos efectos más el IVA pagado en productos alimenticios procesados tendríamos un aumento en cadena de la canasta de consumo familiar y, consecuentemente, de la inflación, que apretará aún más el bolsillo de las familias y se reduciría su poder adquisitivo.

En este contexto, en que el SRI sigue retrasado en la devolución del IVA de las personas de tercera edad y discapacitados, se torna crítica su situación ya que, al subir el costo de la canasta familiar y la inflación, este grupo de ecuatorianos se verá obligado a comprar menos porque su presupuesto no le alcanza y, como no recibe la devolución del IVA, que le ayuda a comprar algunos productos de la canasta familiar su situación económica se torna crítica.  No solo es el problema de la inseguridad, extorsión (vacuna) y secuestros, ahora se agrega que tiene que pagar más por los productos de la canasta familiar, por lo que tendrá que racionar su consumo. Es un panorama desalentador para las familias de clase media y la de escasos recursos.

Luis Rosero M.

Ante el agotamiento de la producción petrolera, el gobierno de Noboa estaría impulsando junto al sector privado un modelo agro-acuiminero exportador para alentar las ventas externas provenientes de la agricultura, de la acuicultura (peces, crustáceos, etc.) y de la minería. Se trata de sostener el crecimiento basado en la producción primaria para la exportación. Para incentivar, estas se busca la firma de acuerdos comerciales que implica apertura económica a los bienes de exportación e importación que presentan ventajas y retos a la economía nacional. Para consolidar dicho modelo, el gobierno busca establecer un plan con el apoyo del Growth Lab de la U. de Harvard para diversificar su estructura económica y acelerar el aumento de las exportaciones con una Estrategia de Desarrollo Productivo y Política de Competitividad para alcanzar la meta de exportación de 60.000 millones de dólares en 2030.

El gobierno actual ha firmado ya varios acuerdos comerciales o similares con diferentes países. Si bien el Tratado de Libre Comercio (TLC) con China, se firmó en mayo de 2023, en el gobierno de Lasso, entró en vigencia en 2024 y el actual gobierno impulsó su ejecución. Así, mismo en 2023, Lasso inició negociaciones, en 2023, para la firma del convenio entre Ecuador-Corea del Sur al que le faltan algunos trámites para que entre en vigencia a partir del segundo semestre de 2026. O sea, Lasso estaba buscando una apertura económica para impulsar la economía y este gobierno va a poner en vigencia este último.  En abril de 2024, se iniciaron negociaciones para firmar un acuerdo comercial con Canadá y concluyeron en enero de 2025, deben realizarse todavía algunos trámites para que entre en vigencia, quizá a principios de 2027. El último Acuerdo de Comercio Recíproco (ART), que se firmó con EE.UU., en este gobierno, fue en marzo de 2026 y entraría en vigencia en agosto de este año una vez que se cumplan con los trámites previstos en la ley de los dos países. Además, relacionados al ART, Ecuador firmó un convenio con este país, en febrero de 2026, para el suministro y procesamiento de minerales críticos y tierras raras que constituyen materias primas estratégicas.  Recientemente el Instituto de Investigación Geológico y Energético (IIGE) publicó un estudio (septiembre 2025) en el que se detectó indicios de tierras raras (neodimio) en la provincia de Sucumbíos, y en Azuay y Loja (cerio). Los minerales críticos incluyen el litio, cobalto, cobre, gráfito y tierras raras. Son utilizados en la industria de energía limpia, vehículos eléctricos, defensa e inteligencia artificial.

La negociación del TLC con China se inició en julio de 2002, en el gobierno de Correa. Este gobierno buscaba sustituir al petróleo como fuente de generación de divisas por exportación. No es casual, que los gobiernos de Lasso y Noboa firmaran dicho tratado y los pusieran en ejecución respectivamente. Pues, China busca minerales industriales y preciosos para su desarrollo. Así, los principales proyectos mineros en el país, son ejecutados por empresas chinas y canadienses. Tenemos el proyecto Mirador (cobre, consorcio chino CRCC-Tongguan, ZCh) y Fruta del Norte (oro, canadiense, Lundin Gold, ZCh), de explotación en gran escala, que ya exportan. A esos, se suman otros como los proyectos, en construcción, Cascabel (cobre, oro y plata, australiana, SolGold fue comprada por la minera china Jiangxi Copper Company, en marzo de 2026, I), Cangrejos (oro-cobre, china, CMOC Group Ltd, O), Warintza (cobre-oro SolGold/Lowell Mineral Exploration, subsidiaria de la canadiense Solaris Resources Inc., MS), Panantza (cobre, china, China Explorcobres S.A. (EXSA), MS) y Loma Larga  (oro, plata y cobre, canadiense, Dundee Precious Metals (DPM), a través de su subsidiaria local Dundee Precious Metals Ecuador S.A) entre los principales. A eso, se suma el proyecto minero Llurimagua, de cobre, que inicio en asocio de la Empresa Minera Nacion con Codelco, pero que después esta se separó y actualmente esta buscando socios para iniciar la explotación. Se trata de uno de los yacimientos más grandes del mundo.

De la lista de los principales proyectos mineros en Ecuador, China tiene cuatro y Canadá tres.  En el artículo de Daniel Salazar C. “Los países de A. Latina donde China concentra más inversiones mineras” (Blomberglinea.com) cita al académico Camilo Defelipe V. que señala “China concentra más inversiones mineras en Argentina, Brasil, Perú, Ecuador y Guyana porque estos países albergan grandes reservas de minerales estratégicos para la transición energética global” y, en consecuencia, señala Salazar que “China necesita estos minerales para sostener su propia transición energética y para fabricar tecnologías que exporta al mundo como baterías, paneles solares y  vehículos eléctricos.” En consecuencia, no es casual que China haya firmado un TLC con Ecuador, pues de esta manera asegura aprovisionamiento de materiales críticos y tierras raras para producir y exportar productos de más avanzada tecnología que requieren estas materias primas. Canadá también tiene importantes mineras que están explotando minerales en el país, por eso el interés de la firma de un acuerdo comercial ya que, además de vender cereales, aceites de petróleo y fertilizantes, obtiene materiales críticos para su producción de bienes de más alta tecnología.

En síntesis, el gobierno busca potenciar el crecimiento a través del impulso a las exportaciones mineras, la acuicultura y agricultura. El país desde antes de su independencia mantuvo y profundizó el modelo agroexportador generando problemas estructurales e inadecuada distribución de la riqueza generada. Ahora, se trata de generar más empleos para enfrentar problemas estructurales, entre ellos la insuficiente demanda de trabajo que genera el aparato productivo, para alcanzar un crecimiento sostenido y estable. Los riesgos, de este modelo, son de carácter ambiental, el escaso efecto multiplicador que no genera muchos efectos dinámicos a otros sectores de la economía y, por la propia naturaleza de este modelo, la distribución de los frutos del crecimiento que no se irradian lo suficiente en la economía para alcanzar el bienestar social de la mayor parte de la población.

Luis Rosero M.

La tercera semana de la guerra emprendida por EE.UU. e Israel contra Irán, sigue impactando sobre el precio internacional de los combustibles y en otras variables. El país ya sintió los efectos en los precios de los combustibles y ahora EE. UU. y la economía mundial se ve afectada por las restricciones a la cadena de suministros de la energía, ciertos servicios y mercancías que han generado presiones inflacionarias e impacto en el crecimiento.

El bombardeo de Israel del gran yacimiento de gas natural South Pars de Irán provocó un aumento del precio mundial de este combustible, del petróleo y otros en los mercados mundiales. A eso se agrega, que el cierre estratégico que mantiene Irán sobre el estrecho de Ormuz presionó aún más al alza a los combustibles y viene. En efecto, el WTI, que se toma como referencia del precio del crudo ecuatoriano, llegó a 16 de marzo a 94.97 (23:30 UTC-5) dólares el barril y cerró en 96.93 (14:30 UTC-5) según reportó Primicias. En tanto, que el precio del gas natural, en el mismo periodo, pasó de 3.0965 a 3.1540 (USD/MMBtu) según https://es.tradingeconomics.com/commodity/natural-gas, mientras que el GLP también tuvo una tendencia alcista. Los precios de los combustibles se vieron presionados al alza por el ataque de Irán a las instalaciones de gas de Ras Laffan de Qatar afectando los complejos de gas natural licuado y a la planta Pearl GTL. El precio de futuro del gas Europa subió 22.92%. Además, el diésel llegó, el martes de 17 de marzo, en EE.UU. a 5.04 dólares el galón, el nivel más alto desde diciembre de 2022, un aumento de 34% respecto al precio el 27 de febrero, así mismo el galón de gasolina sin plomo alcanzó 3.79 dólares que representó una suba respecto al 1 de marzo de 38% ($ 2.94), el cual es usado por camiones, trenes y barcos transportadores de bienes. El precio del gas natural en EE.UU., al 16 de marzo se cotizo entre $ 3.03 – 3.12 dólares por MMBtu y el 20 de ese mes se cotizó en $ 3.10 (Henry Hub). En tanto que este último día, el precio de futuro cayó a $3.10 por la expectativa de levantamiento de sanciones sobre el petróleo iraní en el mar para aliviar las presiones sobre los precios.

Como señalamos la semana pasada, la Agencia Internacional de Energía liberó 400 millones de barriles, EE.UU. hizo otro tanto y ahora con los 140 millones de barriles iraní, en el mar, se espera bajar la presión sobre los precios del petróleo y los derivados de este. Esta iniciativa fue impulsada por Trump para intentar reducir los precios de los derivados del petróleo. Se trata de una medida desesperada y paradójica para conseguir bajar la presión sobre los precios. En EE.UU. la situación del frente interno se agrava por la presión de los consumidores por el alza de la gasolina, el diésel y el gas que ya esta generando presiones inflacionarias, lo que agrega un factor más en la pérdida de popularidad del presidente. Pero mientras siga el bloqueo del estrecho de Ormuz, los precios del petróleo y sus derivados se van a mantener altos. Por eso, Trump presiona a Israel para que no ataque las instalaciones iraníes de petróleo y derivados de este. Además, ya amenazó a Irán con bombardear el sistema eléctrico, pero decidió esperar cinco días (para esperar un acuerdo). Mantiene la presión sobre Irán con el envío portaviones al Medio Oriente con 5000 marineros presumiblemente para una incursión por tierra a instalaciones de petróleo o gas iraníes. Sin embargo, el daño causado a las instalaciones de gas de Ras Laffan de Qatar van tardar años en repararse totalmente, lo que implicaría que el precio del gas mantendría precios altos por algún tiempo y si no se abre dicho estrecho los combustibles van a seguir las mismas tendencias así como los bienes que se producen en esta región.

Para el caso del Ecuador, el conflicto en el Medio Oriente tiene aspectos positivos y negativos. Como ha venido incrementándose el WTI, precio referencial del petróleo ecuatoriano, este subió a 80 dólares el barril mientras que el precio establecido en el presupuesto fue de 53.50 dólares, por lo que se incrementan los ingresos petroleros pero hay que reducir la importación de los derivados de petróleo y el aumento de precios de los derivados, entre ellos el GLP y diésel, para ver el efecto neto de ingresos, pero queda un saldo a favor. Como señalé, en el artículo de la semana pasada, el 12 de marzo, Petroecuador incrementó los precios de las gasolinas extra y eco, que es utilizado por transporte privado y público, que subieron a $ 2.89, un incremento de 13 centavos (4.62%) y el diésel premium también aumentó a $ 2.828 el galón, una suba de 12 centavos, el cual es utilizado por algunas industrias los que verán aumentado sus costos que podrían trasladarse a los precios de los bienes que producen entre ellas las de bienes de consumo masivo. Pero, también ya la Dirección de Aviación Civil comunicó a las aereolíneas que solo proveerá la mitad de combustibles para aviones (Jet A-1, AVGAS), pero además los otros derivados (diésel premium, GLP) tendrán los mismos problemas. Se trata de manejar el stock de estos combustibles y buscar formas de aprovisionarse de éste, pero ahora a precios más altos. También IATA informó que subirían el costo de los pasajes aéreos, lo que afectaría al turismo. Por otro lado, si continua el bloqueo del estrecho de Ormuz se registrarían restricciones a las importaciones de fertilizantes, urea y petroquímicos lo que implica aumento de precios de estos, afectando a la agricultura de consumo interno y de exportación que llevaría a un aumento de costos, lo cual generaría presiones inflacionarias en el primer caso y pérdida de competitividad en el segundo. Por otro lado, las exportaciones de banano y otras tendrán restricciones por el bloqueo de dicho estrecho.

Como consecuencia, ya han pasado tres semanas de guerra y continúa la incertidumbre sobre cuándo terminará el conflicto y pueda abrirse el estrecho de Ormuz. En el caso de EE.UU., el mandatario tendrá que sopesar las presiones del frente interno por el aumento de la inflación y, por otro, los intereses geopolíticos. Dependiendo de cuál de estas alternativas pese más podría definir la terminación del conflicto. Pero si hay una invasión por tierra a Irán, como indican los movimientos de portaviones, o Israel continúa imponiendo su objetivo de devastar a Irán el conflicto se extenderá por más tiempo. La estrategia de Irán es alargar el conflicto para presionar a una negociación. Los efectos en Ecuador serán, si sigue el conflicto, más ingresos netos por petróleo en el presupuesto del estado, presiones inflacionarias por alza del precio de los combustibles, restricciones a las importaciones de fertilizantes, urea y petroquímicos que subirían de precios aumentando más la inflación y dificultades en la exportación de banano y otras a los países que están en la zona del conflicto.

Luis Rosero M.

En la segunda semana de la guerra de EE.UU. e Israel contra Irán, los efectos sobre el precio de los combustibles siguen impactando en los países productores y consumidores, pero ahora otras tendencias económicas se manifiestan incidiendo en la economía mundial (Europa y Asia), a EE.UU., y a nuestro país que son preocupantes con el alargamiento del conflicto cuyas consecuencias van a tener mayor afectación diferenciada en estas economías.

Si bien, en la primera semana hubo una tendencia al alza del precio del petróleo WTI, al comienzo de la segunda semana, 9 de marzo, al cierre, cayó a $ 94.7 después de estar por arriba de los US $ 100, al siguiente día cerró por debajo de los US $ 90. Eso se debió a la declaración de Trump de que la guerra estaría por terminar, el planteamiento del G-7 de usar las reservas de petróleo que no se ejecutó inmediatamente y el anuncio del ministro de Energía (10/03) de EE.UU., que un barco petrolero había sido escoltado por la marina de ese país y logrado atravesar el estrecho de Ormuz, lo cual fue desmentido posteriormente. Pero el miércoles 11 de marzo y siguientes días las dificultades de navegar por el estrecho de Ormuz por los ataques de Irán a algunos navíos y barcos y el lanzamiento de misiles por parte de Irán que destruyó instalaciones petroleras de un país y vecinos se tornó inseguro el paso por esta vía. Por esta zona pasa una quinta parte de la producción y exportación de petróleo. El efecto inmediato fue el alza de precios del petróleo Brent y con tendencias similares del WTI que llegaron a sobrepasar los 100 dólares.

Esto a su vez, causó aumento de los costos de transporte marítimo, de los seguros de este transporte, la escasez de productos petroquímicos, entre ellos los requeridos por la agricultura, provocó caída de la oferta de la urea y otros llevando al alza de precios de estos productos. El ataque de EE.UU., a la isla de Kharg, donde se encuentran las principales instalaciones petroleras de Irán, presionó más sobre los precios del crudo. Para atenuar el alza de precios, la Agencia Internacional de Energía y EE.UU., plantearon la liberación de 400 millones de barriles de petróleo, pero si bien esto alivia, en el cortísimo plazo, la presión al alza del petróleo, el problema latente es como asegurar la vía libre por dicho estrecho. Por ello, EE.UU. pidió, el 14 de marzo, de 2026 a varios países, incluyendo China, Francia, Japón, Corea del Sur y Reino Unido, que envíen buques de guerra para asegurar el paso por dicho estrecho. Sin embargo, estos países no se comprometieron firmemente a dicha solicitud. Pero si EE.UU. ataca esas instalaciones petroleras tendría repuesta de Irán  con el lanzamiento de misiles Sejil y drones a sus vecinos y empresas estadounidense ubicadas en estos, lo cual llevaría a elevar aún más el precio del petróleo.

Esta tendencia incide aún más al alza del precio de la gasolina, del diésel, gas -viéndose EE.UU. en la necesidad de autorizar la venta de petróleo ruso- que a su vez conduciría a alza de precios de la electricidad y de la calefacción generando presiones inflacionarias en EE.UU.,  a lo que se suma la caída de la oferta de petroquímicos para agricultura (urea y otros) que afecta a los agricultores americanos -que obligó a autorizar a Venezuela la exportación de fertilizantes- y el aumento del costo del transporte marítimo y de los seguros contribuyen aún más a la inflación. Las presiones inflacionarias podrían llevar a la contención de la baja de la tasa de interés que, a su vez, afectaría al nivel de actividad económica de ese país. En consecuencia, se torna un escenario interno crítico para ese país, en un año electoral, que llevaría aún más a la destrucción de la infraestructura militar y civil de Irán o negociar la terminación del conflicto.

En Ecuador, como había pronosticado se dio un aumento de las gasolinas más consumidas de alrededor de 5%. En efecto, la gasolina extra y eco tuvieron hasta 11 de marzo un precio de $ 2.7623, como estas se fijan en función de un sistema de bandas que considera el precio internacional del WTI y otros componentes, el 12 de marzo se estableció un precio para las dos gasolinas de $ 2.89, que representa un incremento de 4.62%. El diésel, que todavía se fija por decreto, subió el galón a $ 2.828, en tanto que la gasolina super premium también se incrementó. Las restricciones de la oferta de la urea, petroquímicos y fertilizantes también podrían afectar al país dependiendo del stock de los productores e importadores. El vocero del ejército de Israel ha señalado que los ataques sobre Irán se extenderán 3 semanas más buscando debilitar el potencial militar iraní que ya ahora abarca hasta la infraestructura civil.

En consecuencia, seguirá la incertidumbre sobre la terminación del conflicto y, como ya anticipé en el artículo anterior sobre este tema, mientras más se extienda el conflicto habrá más presión al alza sobre el precio internacional del petróleo, productos petroquímicos, fertilizantes y otros. En consecuencia, en el país, el 12 de abril habría que esperar otro aumento del precio de los combustibles, un aumento del precio de la urea y fertilizantes, si se agotan los inventarios de los productores e importadores a lo que se suman las inundaciones por el crudo invierno que restringiría la oferta de ciertos productos agrícolas, generaría presiones inflacionarias por el alza de éstos. Las fuertes inundaciones, por el crudo invierno, trajo consigo la pérdida de vidas, destruido infraestructura vial, viviendas y cultivos, llevó a la declaración de una emergencia nacional, en el marco de una guerra contra el narco y el crimen organizado, que condujo a la declaración de toque de queda en 4 provincias violentas, generando un escenario crítico que afectará aún más la economía, el bienestar social y la paz en el país.

Luis Rosero M.

La guerra desatada por EE.UU. e Israel contra Irán ha generado una serie de efectos en la economía mundial y del país, provocando impacto en algunos indicadores y variables macro y microeconómicas. Los efectos principales tienen que ver con la variación del precio internacional del petróleo y derivados que inciden directamente en los costos de algunas actividades económicas y en la canasta de consumo.

Ha transcurrido más de una semana del conflicto bélico provocando un aumento en el precio internacional y restricciones al suministro de petróleo. En EE.UU., el aumento del precio del petróleo impacto en el precio de la gasolina. Para Ecuador, el WTI referencial del petróleo ecuatoriano, tuvo un alza que, al 6 de marzo, alcanzó cerca de 92 dólares el barril, una subida de 14%. El precio del viernes 27 de febrero había cerrado en $ 67.39 según datos del Banco Central. Hoy,  9 de marzo, el precio del crudo se disparó llegando a más de $ 101 dólares el barril. Así se ha iniciado una subida, no vista desde 2022, que durará cuanto más continue el conflicto y que podría ascender mucho más si sigue el cerco del estrecho de Ormuz.

El impacto del aumento del precio del barril de crudo, en el país, afecta, a nivel microeconómico, a los precios de los combustibles. La incidencia en éstos depende del sistema de bandas que fija mensualmente Petroecuador. Para el cálculo de los precios, se considera el precio internacional del petróleo WTI, costos de importación y margen de comercialización para el caso de la gasolina extra y eco. El precio se ajusta con límites de 5% máximo de alza y a la baja de hasta 10%. El precio se establece, para estos dos combustibles, el 12 de cada mes. Para el 12 de enero, la gasolina extra y eco, se fijaron en $ 2.67 dólares por galón, el 12 de febrero aumentó a $ 2.736, o sea, 9 centavos más. El 12 de marzo volverá a subir a alrededor de 5% como máximo. Estos dos combustibles casi ya no tienen subsidio. Estas dos gasolinas son las que se usan principalmente para el transporte liviano privado y transporte público. En cambio, la gasolina super premium (95 octanos) esta liberada su precio y varía mensualmente en base al costo internacional del petróleo, los costos de transporte, almacenamiento y un margen de comercialización. Esta gasolina el 12 de marzo tendría un alza de al menos de 20%. Este combustible lo utilizan los vehículos de alta gama. Los ataques a instalaciones petroleras y de suministro de Irán por parte de Israel y de Irán a sus vecinos que tienen instalaciones petroleras como las de Barein, Arabia Saudita y otros lleva a pronosticar que el precio del petróleo podría llegar hasta 150 dólares el barril.

El precio del diésel, se calcula con el costo del WTI, costos de transporte, almacenamiento, comercialización y tributos. Se ajusta también bajo el sistema de bandas. El precio del diésel, el 12 de enero fue de 2.71 el galón, el 12 de febrero bajó a 2.70. El 12 de marzo aumentaría alrededor del 5% como máximo. Además, los precios internacionales del diésel están aumentando más rápido que el de la gasolina. Mientras ésta aumentó 47 centavos de dólar (16%), desde el comienzo del conflicto, en cambio, el diésel subió 84 centavos (22%) llevando el galón a $ 4.60 dólares. En consecuencia, el alza del diésel va a ser de mayor impacto que el de la gasolina. En Ecuador al aumento será principalmente en las industrias que utilizan diésel 2 y premium como la agrícola, pesquera, acuacultura, petrolera, empresas de consumo masivo, construcción, papelera, de cerámica, transporte pesado y público. Un impacto directo va a tener el transporte público que verá incrementado sus costos que, consecuentemente, tendría efecto sobre los pasajes urbanos, interprovincial y provincial que en su mayoría usa diésel. Estas industrias verán aumentado sus costos que finalmente se trasladan a los distribuidores y al público en general. A nivel internacional, la industria camaronera y pesquera aumentará sus costos. En el caso de las exportadoras de camarón, además del 10% de arancel deben adicionar 3.78% de derechos compensatorios de subsidios que deben pagar por sus exportaciones a EE.UU. tendrán que cargar a sus costos el alza del diésel con lo cual pierden competitividad frente a los otros exportadores del crustáceo. La ventaja es que el Ecuador negoció un Acuerdo de Comercio Reciproco con ese país, que según el gobierno se firmaría el 13 de marzo. Según el ministerio del ramo, de lo que se conoce hasta el momento, el 33% de sus exportaciones agropecuarias estaría exonerado que incluyen camarones, flores, arándanos, aguacates, piñas, banano, plátano, mangos, café y cacao en grano y procesado, lomos de atún, pitahaya, yuca, malanga, jengibre, uvillas, palmito, banano y plátano procesados, oro, cobre, plomo y otros.

Entre los efectos macroeconómicos esta los ingresos por petróleo que incide en los ingresos no tributarios del Presupuesto del Estado de 2026. El precio promedio que se utilizó en este, para el cálculo de los ingresos petroleros, fue de $ 53.50 y una producción diaria de 453.424 barriles. Si sube el precio por arriba de este nivel, dichos ingresos aumentarían, pero hay que considerar el castigo que tiene el crudo ecuatoriano y los derivados que importa. El crudo Napo, que son el 37% de las exportaciones, tuvo un castigo de $ 16,50 en lo que va del 2026. En cuanto a los derivados, el país importa principalmente diésel premium y para el sector automotor, nafta de alto octano (para la producción de gasolina), gas licuado de petróleo (GLP), y, en menor proporción combustible para calefacción y otros lubricantes. En 2025, las exportaciones de petróleo alcanzaron 119.13 millones de barriles que representó 6985 millones de dólares y en derivados 764.2 millones. La producción nacional de derivados fue 110 y la importación alcanzó 50.5 millones de barriles respectivamente. Si suponemos que se exportará algo similar en 2026, tendríamos 119 millones de barriles de crudo – 50 millones de barriles de derivados importados lo que significa que el saldo neto en barriles sería solo el 42% del total de barriles exportados. En consecuencia, los ingresos petroleros netos del país sería el 42% del total de barriles exportados multiplicado por el precio WTI.

En síntesis, el alza del precio del barril de petróleo aumentará mensualmente  el precio de las gasolinas extra y eco, pero con un límite del 5% al alza por el tope de la banda, que usan principalmente el transporte liviano privado y parcialmente el público. En cambio, el aumento del precio del diésel impactará al alza mensualmente, pero con un tope de 5% de la banda, a las industrias diésel 2 y premium como la agrícola, pesquera, acuacultura, petrolera, empresas de consumo masivo, construcción, papelera, de cerámica, transporte pesado y público. El pasaje del transporte urbano, intercantonal  e interprovincial podría aumentar si los transportista trasladan el incremento del costo al pasajero dependiendo de las decisiones que tome la autoridad provincial y nacional. También al verse afectada la industria de consumo masivo por el alza del diésel habría la posibilidad de traslado al consumidor. En suma, podría haber aumento del costo de la canasta básica conduciendo a presiones inflacionarias. Los exportadores de camarón y pescado se verían afectado por el alza del diésel y perderían competitividad. El estado podría mejorar sus ingresos netos petroleros lo cual podría contribuir a disminuir el déficit fiscal.

Luis Rosero M.

La política comercial de EE.UU., va a variar ligeramente pues, con el dictamen de su Corte Suprema,  estableció límites al presidente para imponer aranceles. Se va a mantener la política arancelaria pero ahora utilizará la legislación que permita ponerlos en vigencia. La cuestión de fondo es que la Administración estadounidense busca enfrentar los desequilibrios económicos enmarcado en un cambio del comercio y financiero global que implicará usar además otros mecanismos y políticas que incluye en uso de los aranceles con fines no exclusivamente económicos y relacionarlos con la seguridad nacional.

Trump estableció una tarifa de 10%, basado en sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, como repuesta a la anulación de los aranceles recíprocos basados en la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional. Al día siguiente, amenazó con subirlo a 15% (no lo hizo) y se comenzó a cobrar el porcentaje de 10%. En consecuencia, todos los aranceles que se impusieron con esa ley quedan anulados. Entre ellos el establecido por tráfico de drogas y migrantes a Canadá y México, por la sentencia a Bolsonaro a Brasil y por compra de petróleo ruso a la India.  Utilizó además la sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962, con el argumento de la seguridad nacional, con la que impuso aranceles a automóviles, aluminio, acero, el cobre y madera a los países exportadores de estos productos, que seguirá vigente. O sea, uso el arancel por un motivo no económico.

En el artículo anterior, sobre este tema, señale las vías que le quedan al presidente para imponer medidas arancelarias o de otro tipo usando la misma ley de Comercio. Así, con la sección 302 (por prácticas desleales), la sección 301 (investigación por la CCI por prácticas comerciales desleales o afectación de la industria), sección 232 (por seguridad nacional) y sección 338 (por discriminación de exportaciones de EE.UU.). También podría usar a la FDA y USDA (por razones sanitarias). Pero le quedan además la Oficina del Representante Comercial que ya señalo que puede iniciar investigaciones por exceso de capacidad, el trabajo forzado, los precios de los productos farmacéuticos, la discriminación contras las empresas tecnológicas de EE.UU., la contaminación de los océanos y las prácticas comerciales injustas contra el arroz y productos del mar. Estas investigaciones se pueden acelerar en base a la sección 301 de La Ley de Comercio. La Administración cuenta con una serie de mecanismos para imponer aranceles o medidas no arancelarias. En consecuencia, continuará la incertidumbre respecto a la política arancelaria estadounidense. Por el momento, Ecuador seguirá  con un 10% de arancel para exportaciones a EE.UU. y la posibilidad que este país imponga otros aranceles basados en las secciones señalas de Ley de Comercio de 1974 de EE.UU. u otra ley.

En consecuencia, con un arancel de 10% al igual que sus vecinos Perú y Colombia el país estaría en igualdad de condiciones para competir. Pero a Ecuador se le complica el panorama comercial con la repuesta de este último país al imponer un arancel de 30% a un grupo de exportaciones ecuatorianas y por una demanda en la CAN como reciprocidad al arancel de 30% ecuatoriano alegando motivos de seguridad en la frontera, imitando la práctica de EE.UU. Más aún sigue copiando la política arancelaria de EE.UU., al subir a 50% el arancel al país vecino a partir del 1 de marzo. Este arancel colombiano afectará principalmente al aceite de palma, ruedas de caucho, calzado impermeable y plátanos y cierre del transporte terrestre para arroz, camarón, tomate, legumbres secas y otras frutas. Sobre todo, la industria aceitera se le complica ya que las exportaciones a Colombia representan casi el 50% y también para el arroz en que se reclamaba que se respete el precio oficial y ahora no podrán vender al país vecino. Colombia esperó algunos días para imponer el mismo arancel que le impuso Ecuador. Dos ex ministros de Comercio Exterior de nuestro país han declarado que Ecuador tiene más que perder que Colombia. Este país, podría plantear una demanda a Ecuador por imponer un arancel no justificado en las normas de la CAN, también podría establecer arancel todos los productos que exporta Ecuador a Colombia y aumentar además este al 50%. En esta guerra comercial, mientras más dure, los dos países van a tener pérdidas. El gobierno ecuatoriano debe sopesar su política arancelaria con su vecino, ya que el último día de mayo se celebrarán elecciones presidenciales y dependiendo quien gané tomará medidas. La historia cuenta en estas negociaciones.

Respecto al arancel global, Ecuador tiene la ventaja de haber culminado un Acuerdo de Comercio Recíproco con EE.UU. que, según el ministro ecuatoriano del ramo, establecerá un arancel cero para algunos productos agropecuarios que cubre el 33% de las exportaciones con exoneración arancelaria. Falta firmarse el acuerdo hasta tanto, el Ecuador deberá pagar el 10% de arancel para exportar a EE.UU. y esta en igualdad de condiciones para competir con sus vecinos. Respecto a la exportación de camarón EE.UU. México paga un arancel promedio de 4.3% con lo cual tendría ventaja sobre el crustáceo ecuatoriano ya que este pagaría, al momento, un 10% de arancel global mas 3.78% por derechos compensatorios de subsidios. Además, nuestro país tiene barreras comerciales, arancelarias y exigencias sanitarias para exportar el crustáceo a China, Brasil y Colombia.

Luis Rosero M.

La Corte de Suprema de EE.UU. invalidó parte de la política arancelaria que había establecido Trump, en abril del año pasado, pero el presidente estadounidense se apresuró a dictar una nueva orden ejecutiva (decreto) que establece un arancel global de 15% (inicialmente de 10%). Con esta medida, las exportaciones de Ecuador podrían verse afectadas dependiendo de las excepciones de esta orden y de otras medidas que tome el presidente estadounidense.

La Corte Suprema dejo sin vigencia los aranceles recíprocos que había impuesto, en abril de 2025, a varios países y bloques comerciales del mundo basados en la ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional. El alegato de la corte dictaminó que el presidente se excedió en sus poderes debido a que esa ley es para situaciones de emergencia. El presidente buscando un respaldo legal utilizó la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que establece si hay problemas críticos de balanza de pagos el ejecutivo puede imponer aranceles temporales de 15% pero solo por 150 días, después de los cuales el Congreso tendrá que dar autorización para su continuación. La cuestión de fondo respecto a los aranceles es que solo el órgano legislativo de EE.UU. tiene la autoridad para imponer tributos. Pero la legislación estadounidense tiene legislación que le facultan al presidente a establecer aranceles de manera limitada. Así, Trump tiene algunas posibilidades de aplicar aranceles. Pues, dicha ley de Comercio señala, en la Sección 302, que podrían imponerse aranceles y medidas no arancelarias por prácticas comerciales desleales; la sección 301 faculta a la Comisión de Comercio Internacional a realizar investigaciones si el aumento de las importaciones desde Canadá o México, tras la reducción de aranceles, por discriminaciones o no justificables afecta la industria nacional pudiendo imponer aranceles o restricciones comerciales; la Sección 232 puede establecer aranceles por razones de seguridad nacional y la sección 338 también da la facultad al presidente de aplicar aranceles por discriminación contra las exportaciones estadounidenses. Además, podría utilizarse las agencias de Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) y el Departamento de Agricultura (USDA) por temas sanitarios de los productos importados. Esto implica que el presidente estadounidense puede establecer aranceles por varias vías y que podrían ser paralelas a las del 15% de la Sección 122 o posteriormente a los 150 días. Consecuentemente, esto deja en incertidumbre a los países que exportan a EE. UU. sobre su política arancelaria, lo cual a su vez genera problemas de competitividad entre países que venden los mismos productos primarios a esa nación.

En el caso de nuestro país, si se impone el mismo arancel para nuestros vecinos (Colombia y Perú) estaríamos en igualdad de condiciones para exportar a EE.UU. productos agropecuarios. Con la nueva medida se elimina el arancel reciproco que había y comienza a regir el 15%. Colombia le exporta algunos productos agrícolas principalmente café, banano, plátanos, filetes de pescado, cacao y flores. Estas últimas ahora tendrían un arancel de 15% y las de Ecuador también, pero soportaran una sobretasa de 15% (8/2025) mas 6.8%, con lo que el país entraría en desventaja para competir con las flores del país vecino, pero hay la posibilidad que con el Acuerdo de Comercio Reciproco con EE.UU. las flores tengan cero arancel cuando entre en vigencia. Ecuador exporta a EE.UU. principalmente petróleo, camarón, banano, otras frutas, cacao, café, flores, oro y atún. En camarón el país tiene una sobretasa de15% (8/2025) más 3.78% por subsidios. Al eliminarse el 15% de (8/2025), con el nuevo arancel de la sección 122, el crustáceo seguirá pagando 18.78%, lo que lo pone en desventaja con los otros exportadores de camarón, pero estos recibirán el 15%, excepto los países del T-MEC, lo que pone ventaja a México que exporta el crustáceo a EE.UU.  En banano, cacao y plátano estaríamos en igualdad de condiciones para competir con Colombia, pero la ventaja que tiene Ecuadorcon el banano es la mayor calidad y sabor de la fruta. Sin embargo, hay que considerar las excepciones que tiene la Sección 122, con la que se aplicó el arancel del 15%. Las excepciones son para productos agrícolas no producidos por EE.UU.: café, té, cacao, especias y frutas tropicales (entre ellas banano) así como minerales críticos. Consecuentemente, en estos productos estaríamos en igualdad de condiciones para competir con Colombia y otros países. 

La ventaja de Ecuador es que negoció un Acuerdo de Comercio Recíproco (ART) que se cerró justo unos días antes de que se impusiera el arancel del 15%. En el ART se estable que tendrán arancel cero los siguientes productos: flores, arándanos, aguacates, piñas, banano, plátano, mangos, café y cacao en grano y procesado, lomos de atún, pitahaya, yuca, malanga, jengibre, uvillas, palmito, banano y plátano procesados, oro, cobre, plomo y otros. Sin embargo, como todavía no esta firmado este acuerdo y hasta que no se rubrique estos productos seguirán pagando el 15%, pero el hándicap es que ya tenemos un ART negociado y solo falta que entre en vigencia.

Otra ventaja que tiene Ecuador es que el gobierno ecuatoriano considera a EE.UU. como aliado.  Aprovechando esa coyuntura, firmó un acuerdo para el suministro de tierras raras y materiales críticos con dicho país. Recientemente el Instituto de Investigación Geológico y Energético (IIGE) publicó un estudio (septiembre 2025) en el que se detectó indicios de tierras raras (neodimio) en la provincia de Sucumbios y en Azuay y Loja (cerio). Los minerales críticos incluyen el litio, cobalto, cobre, gráfito y tierras raras. Son utilizados en la industria de energía limpia, vehículos eléctricos, defensa e inteligencia artificial.

En síntesis, si bien el arancel del 15% establecido por EE.UU. puede afectar a las exportaciones ecuatorianas hacia ese país, sin embargo, las excepciones de la ley 122 deja fuera de este gravamen a café, cacao, banano y otras frutas con lo cual estos productos tendrían arancel cero así como los minerales críticos que incluye a las tierras raras. Los otros productos tendrán que pagar arancel del 15% por 150 días a partir del 24 de febrero. Sin embargo, como el gobierno logró un Acuerdo de Comercio Reciproco, cuando entre en vigencia, la mayoría de las principales exportaciones agrícolas del Ecuador entrarían con arancel cero. Aún más como a EE.UU. le interesa los minerales críticos y los estudios muestran indicios de tierras raras tiene una ventaja adicional en el comercio con el país del norte. Además, el régimen seguirá fomentando el crecimiento con exportaciones agrícolas, de crustáceos y mineras que podrían en 2026 compensar el escaso aumento de 2% del PIB que apuntala un modelo agro minero exportador.

Luis Rosero M.

La coyuntura actual, en el contexto interno, se ha dinamizado por una serie de eventos relacionados con la seguridad, corrupción, libertad de expresión, política, economía, ambiente, sociales, etc. que muestra cómo van cambiando los soportes de la democracia, la gestión del gobierno y la evolución del país principalmente relacionado con su economía. Después de una prolongada ausencia en diciembre del año pasado y enero actual, el ejecutivo retoma su gestión, en el país, y con un panorama político despejado en el puerto principal, justo a los tres meses de la derrota en la consulta popular. Como había anticipado, en artículos anteriores, el telón de fondo son las elecciones seccionales del próximo año.

En el escenario del país, el problema principal sigue siendo la inseguridad ciudadana. En efecto, tiene 7 de 10 ciudades más violentas del mundo (Guayaquil, Machala, Babahoyo, Quevedo, Esmeraldas, Manta y Santo Domingo) según el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal de México. Los datos reflejan que hay 6 ciudades que están en 5 provincias de la Costa y una sola de la sierra. Consecuentemente, el problema de mayor violencia se localiza en las 5 de 6 provincias de la costa. Siendo Babahoyo la segunda más violenta del mundo. El problema de la seguridad incluye las muertes violentas, el secuestro y la extorsión, pero además esta la pérdida de control territorial de parte del estado. Para enfrentar el problema, el gobierno anunció un nuevo plan de seguridad que mantiene la militarización del país, los operativos, pero introduce cambios en las acciones de inteligencia, etc. y agrega el control de los 3 ejes viales de Guayas, Pichincha y Manabí para disminuir la inseguridad en las carreteras de esas provincias, reconociendo la falta de control territorial en estas vías. Es una medida requerida por los transportistas, sin embargo, faltaría agregar el desvío de Quevedo, con su anillo vial, que conecta la vía con rumbo a Quito. A pesar de esa omisión resulta ser una acertada medida, esperamos que la medida tenga buenos resultados.

El escenario también contempla el problema de la corrupción. El informe sobre la corrupción 2025, de Transparencia Internacional, mostró que el índice de percepción de la corrupción del país en 2024 fue de 32 y se ubicó en el puesto 121, mientras que en 2025 el índice aumentó a 33 y puesto 116 entre 182 países. Esto muestra un aumento de la corrupción en el país, en el año pasado, según este organismo.

Los datos de la corrupción en el país se relacionan con la institucionalidad del país, entre ellas la de la justicia, salud y otros sectores. En la coyuntura actual destaca el juicio político al presidente de la Judicatura, Mario Godoy, impulsado por el correísmo. Su principal acusación, en este evento, es la presión ejercida indirectamente sobre el Juez Serrano para cambiar una sentencia y la defensa de su esposa en juicios de drogas que implicaría conflicto de intereses. Al parecer, por los criterios de juristas, colegio de abogados, ex presidente de la Corte Suprema, etc. Godoy debe renunciar y llevaría a votar por la destitución a ADN, RC, PSC, PKT y otros. Pero el tema no queda ahí, ya que debe elegirse  su reemplazo y el Fiscal de Nación. Alexandra Villacis, le tocaba reemplazarlo, sin embargo, apareció una deuda tributaria, que era un impedimento legal para posesionarse pero, el programa Primera Plana, señala que el SRI otorgó un certificado que descarta la deuda. Debido a esto, el presidente (e) de la Corte de Justicia, envía una terna al CPCCS para elegir a la vocal. Un conjunto de abogados y otros actores señalaron que debió esperar que se active la designación del vocal suplente. De los 3, aparece en primer lugar la jueza M. Caicedo que ha condenado a figuras correistas. El presidente del CPCCS, A. Fantoni, fue nombrado a pesar de los cuestionamientos en su contra y también asumió la jefatura de la Función de Transparencia del Estado. Además, Radio Capital reporta que en sus 5 años como servidor público tuvo un acelerado crecimiento de su patrimonio. Antes de su nombramiento, él y 3 consejeros enfrentan un juicio político, que esta en espera de la decisión del CAL. Lo importantes es que el CPCCS elige al Fiscal. Pero lo más crítico es que se publicó en medios una fotografía de un evento deportivo en la que aparece frente a altos miembros del gobierno.

Para complicar el panorama, el Comando Conjunto de las FF.AA. del Ecuador emitieron un comunicado en la que señalan la forma en que deben realizarse la cobertura de prensa de las FF.AA., al igual a lo que se hizo en EE.UU. Lo cual provocó un rechazo de los medios de comunicación nacionales, de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH que señaló: que “La libertad de prensa se agrava en A. Latina por censura y violencia” y la SIP que declaró: “Ninguna entidad del Estado puede erigirse en árbitro de la prensa”. Después de algunos días, las FF.AA. señalaron que las normas sobre los medios no esta vigente. A eso se agrega, la compra por Luis Alvarado C., asambleísta alterno de ADN, en agosto de 2025, de La Posta, medio digital, y el 80% de participación de Radio Centro a través de Galamedios y, por otro lado, el conflicto gubernamental con diario Expreso.

En síntesis, se agregó el control de 3 ejes viales para el control de carreteras en tres provincias a fin de ejercer vigilancia territorial y luchar contra el crimen organizado en esas vías. Sin embargo, es preocupante lo que sucede con los nombramientos de ciertos funcionarios de las instituciones de justicia tanto en el Consejo de la Judicatura y del futuro fiscal. Los principios de la democracia deben respetarse para su adecuado accionar, entre los que están la necesidad de mantener el equilibrio de poderes, la independencia y el contrapeso de las funciones del estado, el respeto a libertad de pensamiento y de expresión así como la participación accionaria en medios de comunicación por miembros del partido de gobierno pues genera conflicto de interés. Se requiere una reforma judicial profunda para evitar se llegue a una precarización de la democracia. Se torna indispensable garantizar la independencia de instituciones judiciales o del CPCCS (el quinto Poder). Hay que asegurar su autonomía para que tengamos una justicia justa, independiente y se encargue de hacer respetar los derechos de la ciudadanía y del país.

Luis Rosero M.

En el primer artículo sobre este tema señalé la hipótesis de una democracia desbordada en el país. Ahora presentaré una radiografía de este tipo de democracia y como esta estructurada. En esta coexisten una economía criminal y una economía formal, en la que la primera genera efectos económicos y sociales en la segunda y la sociedad.

A nivel teórico, al referirse a la economía criminal Juan P. Luna plantea que esta integrada horizontal (varios negocios) y verticalmente (diferentes etapas de los negocios). Por ser una actividad ilícita requiere de defensa jurídica para defender a los miembros de esta economía. Tiene un “tipo de estructura criminal que desafía y coopera con agentes estatales y actores políticos en cada país.” Como esta organización requiere de personal para sus distintas activades acude a mercados de trabajo informales y legales. Pero, además, buscan cooptar la justicia, instituciones públicas y partidos políticos.

En Ecuador, la principal actividad que realizan los carteles de la droga es la exportación de la segunda sustancia sujeta a fiscalización por ser la más rentable. Además, sus otras actividades son la extorsión (vacunas), secuestros, minería ilegal, lavado de activos, permeación de instituciones públicas para hacerse cargo de algunos servicios o provisión de insumos (medicamentos, documentos de tránsito), etc. Por su actividad principal se han asentado en el país para la distribución de dicha sustancia, de la cual se abastecen de Perú y Colombia. En el transporte hacia nuestro país los carteles están sujetos a capturas por parte de las autoridades y, en la exportación, hacia Norteamérica y Europa corren riesgo de que la carga sea confiscada en el puerto de embarque o de destino. La evidencia es concluyente. Así, la Policía Nacional decomisó en 2024 y 2025 la cantidad de 294.6 y 222.3 toneladas de drogas respectivamente. Entre enero y 21 de noviembre de 2024, según la misma fuente, hubo 4275 extorsiones a nivel nacional, y, en el mismo periodo de 2025, llegaron a 6787, un aumento de 58.7%, que sufrieron comerciantes, tenderos, laboratorios, transportistas, profesores, etc. En tanto que los secuestros, en el mismo periodo de 2025, alcanzaron 1822 a nivel nacional.

En cuanto a minería ilegal, en 16 meses (hasta mayo de 2025) se inhabilitaron 231 retroexcavadoras y casi 50 dragas en operativos de seguridad, equipos que usa la minería ilegal. Respecto a la cooptación de entidades públicas para actividades ilícitas por parte de mafias, el año pasado se intervino las agencias de Transito de Manta y Duran y, el cierre, en enero de 2026, de la Agencia Nacional de Tránsito, en Pichincha, Santo Domingo y Tungurahua se realizó para investigar delitos en el trámite de documentos o permisos, en el que se detuvo al Director Nacional de la ANT. Esto demuestra el grado de penetración de las mafias de las instituciones del estado.

Por los delitos que cometen los miembros de los grupos criminales, requieren de defensa jurídica. Para ello, estas organizaciones han cooptado la justicia. Así, el expresidente de la Judicatura, W. Terán fue condenado por asociación ilícita por manipular el concurso de jueces y obstrucción de la justicia. En enero de este año, se inició el juicio político contra el actual presidente de la Judicatura, M. Godoy, por incumplimiento de funciones. El juez Carlos Serrano denunció que fue presionado por el Director de la Judicatura, H. Gaibor, para que favorezca en una sentencia de un narcotraficante, cuyo abogado, según medios de comunicación es la esposa de Godoy. Gaibor es cercano al presidente de la Judicatura. Serrano denunció que se le quito la protección policial, el no respaldo a su gestión y la falta de garantías institucionales para la independencia judicial.

En suma, los indicios muestran como los negocios de los carteles y bandas criminales están afectando a la economía formal. En el caso de las exportaciones de productos tradicionales, en los puertos de llegada, deben someterse a inspecciones minuciosas para detectar posible envío de drogas. Por otro lado, a través de las extorsiones y secuestros, los grupos criminales afectan a la pequeña empresa y microempresas que ha obligado al cierre de muchas de estas y, en algunos casos, a una migración obligada para resguardar su vida. Pero no solo afecta a estos negocios sino además a transportistas, profesores y, en algunos casos, negocios familiares. La minería ilegal esta impactando seriamente al medio ambiente y desalojando a la minería artesanal que se ven presionados a dejar su actividad por el peligro que corre su vida. En la disputa del territorio por el narcomenudeo, las bandas criminales tienen batallas en las calles y ajustes de cuentas. Los sicarios que intervienen en éstas son atraídos en los mercados de trabajo informales e ilegales, que afecta a las familias más pobres. Además, la cooptación de las agencias de tránsito y otras instituciones para actividades irregulares perjudican al estado y a la ciudadanía que tiene que pagar valores adicionales para obtener un permiso o un documento de tránsito o, en el caso de los hospitales, de medicamentos con sobreprecio, lo que afecta finalmente a la salud de la población. En consecuencia, la cooptación de la justicia por parte de los grupos criminales es para favorecer a sus miembros, lo que muestra el poder que tienen estos grupos para defender sus actividades ilícitas. El instrumento para la cooptación de entidades del estado es la corrupción que ha avanzado a tal grado que incluso están inmiscuidos los gerentes o ex comandantes de la policía como la acusación del del caso Varela. Además, hay debilidades en la detección del lavado de activos, tráfico de migrantes, trata de mujeres, muñecas de la mafia, etc. que son aprovechadas por las mafias para incrementar sus ganancias.

En síntesis, los indicios apuntan a un aumento de las actividades ilícitas que afectan a la economía formal, al estado que pierde el control de la impartición de una justicia independiente, al ciudadano común que ve que no puede seguir con su pequeño negocio o emprendimiento por las extorsiones o secuestros y emigrar, o al ciudadano de a pie que vive inseguro, atemorizado por la violencia de los grupos criminales y que añora la paz ciudadana de antaño, las familias mas pobres que ve como sus hijos son cooptados por las bandas criminales para realizar ilícitos. En sí, se trata de una democracia que -por hipótesis- estaría siendo desbordada por la acción de los grupos criminales y que el gobierno no puede frenarlos. Se trataría de un estado en crisis que esta siendo arrinconado y se encuentra en un proceso de pérdida de control de ciertas las funciones del estado. ¿El cambio de la política de seguridad y su estrategia de militarización de ciudades con operaciones preventivas de inteligencia podrá revertir la situación? Es lo que espera la ciudadanía.

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