Luis Rosero M.
Los estudios e investigaciones sobre el crimen organizado avanzan en América Latina relacionadas al aumento de la violencia. Este genera una compleja estructura de economía criminal, que refleja las distintas actividades ilícitas que realizan. Tal es el poder de estas organizaciones que ya los analistas señalan como hipótesis que los países puede verse afectados por estas actividades a tal punto que su democracia puede ser desbordada o estallada. Algunos países de Sudamérica, nuestro país y sus vecinos fronterizos con Ecuador se enfrentan con este desafío que afecta a la sociedad, al estado, su economía, la población y lo social.
Aplicando la microeconomía, Juan P. Luna, en su artículo “Democracias estalladas o el desborde del crimen organizado” (N. Sociedad) señala que la economía criminal podría establecer una integración horizontal (varios negocios) y la integración vertical (control de las distintas etapas de un negocio). En otras palabras, diseñan un plan de negocios con una estrategia de corto, mediano y largo plazo para sus distintos negocios ilícitos y, a la vez, un “tipo de estructura criminal que desafía y coopera con agentes estatales y actores políticos en cada país.”
Según la tesis de este autor, en el caso del país, se desprende que los cárteles diversifican sus operaciones participando en la minería ilegal, extorsiones (vacuna), secuestros, lavado de activos, permeación de instituciones públicas para hacerse cargo de algunos servicios o provisión de insumos (medicamentos, documentos de tránsito), etc. Para sus actividades, los carteles se vinculan con bandas. La disputa del control territorial entre estos se genera violencia que no solo se refleja en las calles sino también en las cárceles. Para desarrollar y proteger sus actividades también se coopta a las instituciones públicas, que incluye la justicia, y organizaciones políticas. Estas actividades ilícitas requieren de gente para que trabaje en etas y, en esa medida, suple lo que el mercado de trabajo formal no puede ofrecer, con lo que crecen los mercados informales e ilegales. O sea, que la economía no es capaz de ofrecer empleo suficiente y, por ello, frente a la falta de trabajo algunos se emplean en estos dos mercados.
Por ello, las cifras de violencia muestran que Ecuador se ha convertido, en 2025, en el quinto país más violento del mundo según el Índice Global del Crimen Organizado. El Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado de la PADF registra que, en el primer semestre de 2025, los homicidios se incrementaron en 47% respecto al mismo periodo de 2024, La provincia del Guayas concentró el 49.5% de los homicidios, seguida por Los Ríos (13%), Manabí (12.3%), El Oro (6.9%) y Esmeraldas (4.1%). La swissinfo.ch reporta que si sigue esta tendencia el país terminaría el 2025 con un índice de homicidios de 52 por cada 100.000 habitantes el más alto de su historia y de Latinoamérica. Por otro lado, Primicias informa que el Juez Anticorrupción Carlos Serrano renunció a su cargo por amenazas y presiones para que declare inocente a un procesado por lavado de activos. Se le retiró al juez la seguridad policial. Carlos Rabascall, ex candidato presidencial, declaró que Serrano recibió presiones del Consejo de la Judicatura (CJ) y amenazas del crimen organizado. El presidente del CJ declaró que la seguridad no es competencia de su institución. Como antecedente esta el caso de Wilman Terán, ex presidente de la CJ, que fue condenado por corrupción por delincuencia organizada. Además, en base al autor del artículo se puede entender que las continuas masacres en las cárceles y las inspecciones en que se encuentran armas, celulares y otros artículos explicarían las dificultades que enfrentan las autoridades para administrar los presidios.
Como consecuencia del combate al crimen organizado los gastos en seguridad crecen. La proforma presupuestaria de 2026 muestra que el presupuesto del Gabinete Sectorial de Seguridad aumentó a 4000 millones de dólares de los cuales 1846 corresponden al Ministerio de Defensa y 1593 a la Policía Nacional que son las instituciones a cargo de aplicar la política de seguridad del país. En tanto que la deuda pública externa, que financia el presupuesto de 2026, aumentaría en 125.3% de los cuales 3000 millones están programados para la emisión de bonos soberanos. La amortización de la Deuda Pública total sería de 8351 millones. Como ya he señalado en otros artículos, se ha generado el círculo vicioso déficit fiscal – reforma tributaria – renegociación de la deuda. El déficit fiscal para 2026 sería 5413 millones y en el año anterior 5625 millones. En los últimos años se registran déficits fiscales que se van acumulando pero que requieren ser cubiertos, por lo que el régimen opta por atrasos a proveedores y subejecución presupuestaria. Como consecuencia de los altos gastos en seguridad y pago de la amortización de la deuda pública quedan menos recursos para otros sectores, siendo afectados los de salud y educación. En el caso del primero, es desesperante para la población la crisis de salud, que se expresa en falta de medicamentos, insumos médicos y mala atención en los hospitales públicos y en el IESS.
En conclusión, como muestran los indicadores de violencia, el estado no puede brindar seguridad ciudadana a pesar de los operativos, estados de excepción y captura de cabecillas de algunas bandas. La población tiene temor de salir a las calles por la constante inseguridad, a más de que hay ciudades en las que el crimen organizado tiene bastante control territorial (ej. Durán). Pero, además, las autoridades no pueden controlar las cárceles. Así mismo, tampoco se puede brindar atención adecuada en salud pública afectando el bienestar de la población. Por otro lado, el gobierno, con la política económica que sigue, no puede generar suficiente empleo o sea no hay oportunidades por lo que los desempleados y subempleados quedan atrapados y sin salida, refugiándose en los mercados informales y delictivos donde acuden las organizaciones criminales para disponer del personal que realice las acciones ilegales. Adicionalmente, el crimen organizado ha cooptado el sistema de justicia y no puede garantizar un sistema judicial, independiente de las presiones y sin corrupción. Además, con la existencia del círculo vicioso señalado estaremos avocados a una probable renegociación de la deuda externa, lo que implicaría una nueva reforma tributaria que podría incluir un aumento de tasas impositivas restándole capacidad de compra a la clase media y pobre. En la medida en que el estado no puede brindar seguridad, ni suficiente empleo, ni buena atención de salud pública, ni justicia independiente, ni reformas tributarias que no afecten a los más desfavorecidos de la sociedad estaríamos ante un desbordamiento de la democracia, según la tesis e hipótesis de Luna, en la medida en que el crimen organizado se apodera de funciones e instituciones del estado para sus negocios o usarlas para protegerse, que lleva al estado a no poder garantizar ciertos derechos y servicios a la población. A pesar de la crítica situación del país, el ejecutivo esta ausente por sus viajes al exterior lo que limita la atención de los problemas señalados. Urge enfrentarlos eficazmente con una estrategia y dar respuesta inmediata, ya que el crimen organizado avanza en sus actividades ilegales. La demora en atención a estos provoca descontento de la población y desgaste político que pasará factura al régimen.
Pensamiento y comportamiento 