Luis Rosero M.
El país esta inmerso en una crisis múltiple: en seguridad, social, económica, institucional, etc. Las tres primeras afectan directamente a la población lo que requiere enfrentarlas con urgencia para frenar la perdida de bienestar social, sobre todo de los grupos más vulnerables, que a su vez requiere un plan con políticas objetivos y acciones específicas en cada una de esas áreas. Los retos del gobierno son establecer una hoja de ruta, o sea un plan de acción para cambiar el rumbo del país.
El año 2025 se convirtió en el año mas violento de la historia al superar los 10.000 crímenes producto de la violencia generada por el crimen organizado que incluye la acción de los cárteles, bandas y delincuencia. La política de seguridad del gobierno se basa en estados de excepción, operativos de las fuerzas del orden, capturas de cabecillas de bandas y ataques a la minería ilegal. Sin embargo, las estadísticas de homicidios, extorsiones (vacunas) y secuestros siguen aumentando por lo que los expertos cuestionan la efectividad de solo aplicar la mano dura contra el crimen organizado siendo necesario revisar a profundidad la estrategia, táctica y labores de inteligencia que aplican dichas fuerzas. La inseguridad ciudadana se ha convertido en la principal fuente de amenaza, temor y zozobra que viven los habitantes del país que ha provocado migración al exterior y desplazamientos en el área urbana y rural, cambios de los patrones de movilización, etc. Pero, además, la actividad económica de medianas, pequeñas y emprendedores se ha restringido por el temor de la acción de la delincuencia organizada. Por lo que el reto mas importante del régimen en 2026 es devolverle la paz social a la población que vive atemorizada pues no se esta seguro en ningún del país.
Ligado a lo anterior esta la crisis institucional. Entre ellas, la de la crisis de la justicia. Los problemas del Consejo de la Judicatura (CNJ) ha llegado a tal punto que, su actual presidente, ha sido cuestionado y acusado por las presiones que habría ejecutado indirectamente en las decisiones judiciales de los jueces. Es necesario, una depuración total en sistema de justicia del país y, como ha sostenido, Roberto Gómez Mera, ex presidente de la Corte Suprema de Justicia: hay una crisis en el sistema de justicia que se expresa en la perdida de la confianza, confiabilidad y seguridad jurídica. Según el, hay que devolverle a la Corte Nacional la facultad de nombrar y sancionar los jueces. El CNJ, de 5 personas, tiene el control del poder judicial, insiste que hay que devolverle la independencia a la función judicial, eliminar la influencia de la política en ésta y darle todo el poder judicial a la Corte Nacional de Justicia (entre ellas el nombramiento, control y sanción a los jueces) a través de una enmienda constitucional. O sea, una reforma judicial profunda para sanearla de las presiones de otros poderes y de las amenazas del crimen organizado. Este es otro desafío del gobierno, de contribuir a darle independencia para que tengamos una justicia honesta y justa.
Finalmente, otro aspecto fundamental que debe ser atendido con prioridad es la crisis social. Y de ésta es la crisis en la salud pública. Ya se lleva mas de un año los problemas de desabastecimiento de medicinas e insumos, atención tardía a los pacientes y falta de equipos en funcionamiento para imágenes y otros requerimientos vitales para la salud. La vicepresidenta ha prometido que podría comenzar el abastecimiento en tres meses pero eso es solo una parte del problema como ha señalado un doctor que escribió en las cartas del director de El Universo: “Los principales objetivos deben ser los siguientes: atención primaria como eje principal, distribución de consultas, aseguramiento universal, concesión hospitalaria, autosuficiencia hospitalaria, etc.“
En resumen, los tres principales desafíos que debe enfrentar el gobierno es devolver la seguridad ciudadana y ligada a ésta la reforma judicial independiente así como resolver la crisis de salud para al menos atender una necesidad urgente de la población. Y para eso no hay que exponer la excusa del déficit fiscal, hay gastos que son fundamentales para garantizar un buen funcionamiento del tejido social.
Pensamiento y comportamiento 