La Asamblea aprobó el presupuesto general del estado de 2026 sin que, al parecer, se haya publicado. En este artículo, analizo solo los aspectos generales, dos principales desequilibrios y tendencias macroeconómicas que se desprenden de éste.
Lo que primero destaca es el aumento del déficit fiscal. En 2025 fue de 4.4% del PIB (5625 millones), mientras que el de 2026 alcanza un monto cercano en términos absolutos (5413 millones), aunque menor en términos relativos. Lo preocupante es la estructura de dicho déficit. Así, el déficit entre ingresos y gastos permanentes es 1802 millones mientras que el déficit entre ingresos y gastos no permanentes es de 3611 millones, pero lo crítico es que el gobierno incluyó para pagar a salud, educación y justicia con ingresos no permanentes (deuda pública, venta de activos u otros) según los establecido en decreto # 191, lo cual cambia una regla fiscal fundamental: los gastos permanentes deben financiarse con ingresos permanentes. En consecuencia, si no hay financiamiento a través de los instrumentos señalados corren el riesgo de no ejecutarse. Ya, en la página web del ministerio de Finanzas, se invita a los GAD a participar en la cancelación de obligaciones no pagadas y registradas de presupuestos clausurados con bonos. Es más, estos títulos deben venderlos los GAD en el mercado de valores en el que tienen un descuento. Otro mecanismo que utiliza el régimen, dada la iliquidez de la caja fiscal, es el atraso a proveedores u otros en los que se incluyen los que prestan servicios de salud y otros (dializadoras, centros médicos, proveedores de insumos médicos, devolución del IVA a jubilados, constructores, etc.). Aumenta el riesgo de que la crisis de salud pública continué con la falta de medicamentos y atenciones tardías a los pacientes. Por otro lado, nuevamente el país enfrentará, otro año más, un déficit fiscal, lo cual requiere financiamiento que, a su vez, lleva a un aumento de la deuda interna y externa.
En el presupuesto de 2026, se asigna 10512 millones para cubrir la deuda pública, de la que 8351 millones corresponden a amortizaciones y, con la escasa información que se dispone, la diferencia podría ser de intereses. En la proforma de ese año, se establecían como amortización 8350 millones y de interese 4037 millones. Esta pesada carga en el presupuesto, va creciendo cada año por la tendencia a financiar cada vez más el presupuesto con deuda. Según el Boletín de Deuda Pública de septiembre de 2025, del Ministerio de Finanzas, la deuda pública era de 62545 millones de los cuales el 65.8% corresponde a deuda externa. El gobierno sigue aumentando el endeudamiento con el exterior y ya ha señalado que 2026 lanzaría al mercado internacional bonos de deuda por 3000 millones. Como he señalado el país ha caído en un circulo vicioso: déficit fiscal – endeudamiento público, principalmente externo – reformas tributarias – renegociación de deuda externa. Más aún, ahora se contrae deuda para pagar deuda. Indermit Gill, economista jefe del Banco Mundial, ha señalado respecto a la deuda de los países en desarrollo -de ingresos bajo y medios- “Su acumulación de deuda continúa, a veces de formas nuevas y perjudiciales. Los responsables de formular políticas de todo el mundo deberían aprovechar al máximo el margen de maniobra que existe hoy para poner sus finanzas públicas en orden, en lugar de volver de prisa a los mercados de deuda externa”. En el informe “Ecuador, panorama reciente de la deuda”, elaborado por Latindadd y el Centro de Derechos Económicos y Sociales, se señala que el saldo de la deuda, a julio de 2025, es de 84000 millones equivalentes al 65% del PIB. Plantea que el país ha terminado en una espiral de conseguir financiamiento para pagar sus obligaciones. Recomienda que el país realice una nueva auditoria de la deuda y se una con varios países para renegociar en conjunto con sus acreedores.
Otro aspecto relevante, en el presupuesto de 2026, es la asignación de 1764 millones para inversión pública y un plan de inversiones que solo llegaría a 2181 millones. O sea, el incentivo al crecimiento no provendría de estos rubros. Se apunta más a las exportaciones y consumo de hogares, pero además a las remesas de los migrantes que, en 2025, se proyectan en 7000 millones.
En síntesis, en el presupuesto de 2026 se refleja el déficit fiscal permanente y tendencia a pagar deuda contratando más deuda. Más aún, no se asignan recursos suficientes para salud, como para proveer medicamentos e insumos médicos a los hospitales públicos y, por otro lado, se reducen en 181 millones para seguridad. Se supone que la salud pública y la seguridad son prioritarios en la crisis de salud y en el combate al crimen organizado para reducir la inseguridad ciudadana. Aún más, lo crítico es la proyección de crecimiento de solo 1.8%, lo que refleja otra tendencia macroeconómica de la inestabilidad y variabilidad del crecimiento económico que se reflejará en un deterioro del mercado de trabajo y en las condiciones de vida de la población.
Pensamiento y comportamiento 