Luis Rosero M.
Los gobiernos en el poder sufren desgaste político por su gestión, pero además también son afectados por la desconexión entre el poder político (gobierno, asamblea -congreso-, instituciones y otras instancias de poder) y las necesidades de la población. No solo se deteriora el partido político sino además el sistema democrático generando el hartazgo y desconfianza de la población en los partidos políticos que tienden a debilitarse, entrar en crisis y recorrer el camino a la desaparición. La falta de eficacia en la gestión, puede conducir a la toma del poder por la ultraderecha. Al parecer, se estaría dando este fenómeno en el país.
La derrota del gobierno en el referéndum y consulta popular se dio en parte por su ineficaz gestión en ciertas áreas como seguridad y sector social; además por la concentración del poder, la judicialización de la política, el autoritarismo y opacidad. El mensaje que envío la población, en el evento electoral, fue que esta harto de la violencia, exige seguridad ciudadana y que se atienda sus derechos sociales En pocas palabras, una gestión pública eficaz, buenos servicios públicos y cambio de rumbo en la conducción del país.
Sin embargo, la repuesta del régimen fue un cambio de gabinete con enroque y reciclaje y la ausencia del presidente por 24 días por sus viajes al exterior y vacaciones que nos traslada al 2026 para reiniciar su gestión. El descontento popular se genera por el incremento de la violencia (2025 ya es el año más violento de la historia del país y según ACLED se ubica como el sexto país más peligroso del mundo después de escalar 36 posiciones en este año) que ha llevado a una migración interna, cambios en los patrones de movilización y migración externa. Además, la falta de atención en el sector social. Basta citar la crisis de salud que se expresa en la falta de medicamentos, insumos médicos y atención tardía en los hospitales públicos y del IESS. Si bien se surtió algunos de este último, no fue suficiente. Y la oferta de un programa de citas médicas, que iba a ser contratado con la empresa estadounidense HealthBird, fue cuestionado por la falta de experiencia y opacidad. A eso, se suma los problemas con la empresa Progen y ATM que no entregaron equipos en los proyectos eléctricos de las centrales térmicas de Salitral y Quevedo así como a la central Esmeraldas III a pesar de que hubo entrega de recursos por parte del gobierno a la empresa Austral por 71 millones. Los aspectos contractuales con estas empresas fueron cubiertas por un manto de opacidad.
La prensa ha divulgado el malestar de la ciudadanía por esta problemática. Así, José Alvear, columnista de La Hora, en su artículo “Mientras ellos pelean, el país se detiene” expresa: “Ecuador vive una paradoja peligrosa: mientras la ciudadanía clama por seguridad, empleo y servicios que funciones -el Presidente de la República y el Alcalde de Quito- han convertido sus diferencias y en un espectáculo político que consume tiempo, energía y gobernabilidad.” El conflicto también es con otros alcaldes, que más bien es un mecanismo de distracción que aplica el régimen. Y, a nivel internacional, El País, titulaba “La crisis de salud en Ecuador toca fondo con cadáveres entregados en cajas de cartón y un sistema al borde del colapso.”
En suma, el país enfrenta tres problemas críticos: un clima de inseguridad constante, una crisis de salud que explota y opacidad en la contratación de equipos para empresas eléctricas. No hay eficacia en la gestión con la estrategia de seguridad de mano dura, los afiliados al IESS y los pacientes de hospitales públicas no reciben medicamentos ni buena atención y, para agravar la situación, no hay empleo suficiente y se han entregado dinero a empresas que proveen equipos eléctricos con pérdidas para el estado. Hasta cuando no se atiende esta problemática. Al parecer, el gobierno tiene otras prioridades. Esta falta de atención a las necesidades de la población lleva a la inconformidad y hartazgo de la población que se expresó en el resultado electoral reciente y si no se atiende sus requerimientos básicos dejará un alto costo político al régimen que se reflejaran en los siguientes eventos electorales.
La crisis de representación no solo es del gobierno y su partido sino también de la oposición. La tendencia al bipartidismo determina que la segunda fuerza política es RC5 (progresismo) que enfrenta una crisis de liderazgo y en la cúpula, que se expresa en la verticalidad de las decisiones y en el resquebrajamiento de su estructura con la renuncia o malestar de sus principales figuras. Esta organización corre el riesgo de que tenga un camino similar al MAS de Bolivia. Es hora ya de una reestructuración y un liderazgo renovado para una dirección más democrática y decisiones colectivas. Esto urge para que pueda convertirse en una oposición seria y que defienda los verdaderos intereses del país.
El gobierno debe atender los tres problemas críticos, sino que además se requiere conocer la hoja de ruta que debe seguir el país para enfrentar no solo los problemas coyunturales sino los estructurales El país necesita un acuerdo nacional, cuya iniciativa debe provenir del régimen y la oposición colaborar para una agenda país. Necesitamos un estadista que enfrente los problemas a tiempo y ejecute un proyecto país para que lo enrumbe por el camino del desarrollo, redistribución del ingreso y justicia social. O sea, un presidente que este a la altura de las circunstancias.
La múltiple crisis del país exige una agenda nacional para enfrentar la difícil situación del país y una decisión política de todas las organizaciones políticas que anteponga los intereses del país a la de sus intereses políticos y de sus líderes. El riesgo que corren es que por la ineficacia gubernamental y una oposición furiosa sigan enfrascados en un conflicto estéril que de paso a que la ultraderecha convenza a la población de la mano fuerte para lograr seguridad ciudadana y arreglar los otros problemas del país. Así sucedió con Brasil, cuya deriva golpista fracasó, y, ahora, el salto al vacío en Chile.