Luis Rosero M.
El rechazo de una mayoría de la Asamblea del proyecto de ley para la atracción de inversiones, fortalecimiento del mercado de valores y transformación digital, es una derrota política para el gobierno para su forma de incentivo a inversiones en base a maquila, asociación público-privados y financiamiento a través del mercado de valores. El régimen buscaba con el proyecto atraer inversión extranjera para lo cual se le otorgaba una serie de exenciones de impuestos.
Una forma de incentivar inversiones, del proyecto, es a través de zonas francas en la que se ejecutarían proyectos de inversión (industrial, servicios y de logística), principalmente por empresas extranjeras. Estas son un recinto aduanero donde ingresan insumos, materias primas y maquinaria, exonerados de impuestos al comercio exterior, y que se utilizarán para producir bienes y servicios que luego son reexportados. Para atraer a dichas empresas se las exonera de impuestos a la renta (IR) por 10 años, después se les rebaja 10% en el IR por los siguientes 10 años, se exceptúa del ISD y del IVA a la importación de insumos, materias primas y maquinaria. Además, se garantiza la estabilidad tributaria y en caso de controversias se permite el arbitraje nacional o internacional. Las empresas que se instalen generarían empleo pero, probablemente, en otras condicione, a las que rigen en el Código de Trabajo, que estarían delineadas en la reforma laboral del gobierno.
Otra forma de atraer inversiones es a través de la gestión delegada o sea la concesión de los activos del sector público sobre todo en los sectores estratégicos así como de servicios públicos. En los primeros, se busca entregar la gestión al sector privado la energía, telecomunicaciones, recursos naturales no renovables, transporte y refinación de hidrocarburos, biodiversidad y el patrimonio genético, el espectro radioeléctrico y el agua. En servicios públicos, sería en vialidad, puertos y aeropuerto, infraestructura hospitalaria y educativa, vivienda, deportes y cultura. Esta forma de generar inversión es entregarle al sector privado, con un contrato a largo plazo, la administración de los sectores estratégicos y servicios públicos de forma obligatoria. El problema de esta forma de incentivo de inversiones es que si bien hay posibilidades de que mejore la calidad y eficiencia, la mayor parte de las ganancias se la lleva el sector privado y, cuando toque revertir al estado los activos estos ya habrían cumplido con su vida útil. Además de eso hay falta de capacidad de regulación del estado para hacer cumplir las cláusulas de un contrato de concesión. En el caso de los servicios públicos, la experiencia chilena y argentina muestran como los precios de éstos crecían continuamente afectando la economía popular.
También el proyecto intentaba una transformación digital mediante un gobierno digital en el sector público ampliando transacciones, servicios, certificados, etc., que se realizaban físicamente se harían vía digital y también en el sistema financiero que digitalizó muchas transacciones que antes se realizaban personalmente. Se trata de modernizar las transacciones comerciales y económicas para que gradualmente se realicen digitalmente, como en el caso de los bancos, que implican riesgos como el phishing y otrosy, en la empresa privada, se le daban herramientas para realizar las transacciones utilizando las vías digitales (firma digital, escrituras electrónicas, etc.).
Finalmente, el proyecto buscaba una reforma a ley de mercado de valores fortalecía la supervisión de este para evitar los delitos que se cometieron en el caso ISSPOL; se orientaba a un mejor control de las bolsas de valores y la integración de éstas a nivel nacional o internacional y se hacía mas exigente el control de los depósitos centralizados de valores y se pretendía crear uno con la asociación público-privada.
Si bien el proyecto permitía crear empleo, lo hacía con una forma de inversión que, en el caso de las maquilas, podría derivar en precariedad laboral como lo muestra la experiencia internacional. En lo referente, a las concesiones el resultado es que la mayor parte de la torta se queda con el inversionista y la cubierta para el estado. En ambos casos, se trata de incentivar la inversión extranjera, qué si bien representa una alternativa, hay que darle paso también al inversionista nacional. En cuanto a la reforma de valores, es acertada la propuesta para tratar de impulsar el desarrollo de este mercado para que brinde un financiamiento alternativo al de la banca con mejores condiciones financieras y a largo plazo. Así mismo, impulsa la innovación tecnológica y de gobernanza de las bolsas regionales existentes así como a la integración de éstas. El mercado de valores ecuatoriano es pequeño para que existan dos bolsas y, por otro lado, la integración internacional de estas permitiría mayor competitividad e innovación y que dicho mercado cumpla con la función principal que es dar financiamiento a menor costo que el de la banca y a mayor plazo.