Luis Rosero M.
La coyuntura actual, en el contexto interno, se ha dinamizado por una serie de eventos relacionados con la seguridad, corrupción, libertad de expresión, política, economía, ambiente, sociales, etc. que muestra cómo van cambiando los soportes de la democracia, la gestión del gobierno y la evolución del país principalmente relacionado con su economía. Después de una prolongada ausencia en diciembre del año pasado y enero actual, el ejecutivo retoma su gestión, en el país, y con un panorama político despejado en el puerto principal, justo a los tres meses de la derrota en la consulta popular. Como había anticipado, en artículos anteriores, el telón de fondo son las elecciones seccionales del próximo año.
En el escenario del país, el problema principal sigue siendo la inseguridad ciudadana. En efecto, tiene 7 de 10 ciudades más violentas del mundo (Guayaquil, Machala, Babahoyo, Quevedo, Esmeraldas, Manta y Santo Domingo) según el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal de México. Los datos reflejan que hay 6 ciudades que están en 5 provincias de la Costa y una sola de la sierra. Consecuentemente, el problema de mayor violencia se localiza en las 5 de 6 provincias de la costa. Siendo Babahoyo la segunda más violenta del mundo. El problema de la seguridad incluye las muertes violentas, el secuestro y la extorsión, pero además esta la pérdida de control territorial de parte del estado. Para enfrentar el problema, el gobierno anunció un nuevo plan de seguridad que mantiene la militarización del país, los operativos, pero introduce cambios en las acciones de inteligencia, etc. y agrega el control de los 3 ejes viales de Guayas, Pichincha y Manabí para disminuir la inseguridad en las carreteras de esas provincias, reconociendo la falta de control territorial en estas vías. Es una medida requerida por los transportistas, sin embargo, faltaría agregar el desvío de Quevedo, con su anillo vial, que conecta la vía con rumbo a Quito. A pesar de esa omisión resulta ser una acertada medida, esperamos que la medida tenga buenos resultados.
El escenario también contempla el problema de la corrupción. El informe sobre la corrupción 2025, de Transparencia Internacional, mostró que el índice de percepción de la corrupción del país en 2024 fue de 32 y se ubicó en el puesto 121, mientras que en 2025 el índice aumentó a 33 y puesto 116 entre 182 países. Esto muestra un aumento de la corrupción en el país, en el año pasado, según este organismo.
Los datos de la corrupción en el país se relacionan con la institucionalidad del país, entre ellas la de la justicia, salud y otros sectores. En la coyuntura actual destaca el juicio político al presidente de la Judicatura, Mario Godoy, impulsado por el correísmo. Su principal acusación, en este evento, es la presión ejercida indirectamente sobre el Juez Serrano para cambiar una sentencia y la defensa de su esposa en juicios de drogas que implicaría conflicto de intereses. Al parecer, por los criterios de juristas, colegio de abogados, ex presidente de la Corte Suprema, etc. Godoy debe renunciar y llevaría a votar por la destitución a ADN, RC, PSC, PKT y otros. Pero el tema no queda ahí, ya que debe elegirse su reemplazo y el Fiscal de Nación. Alexandra Villacis, le tocaba reemplazarlo, sin embargo, apareció una deuda tributaria, que era un impedimento legal para posesionarse pero, el programa Primera Plana, señala que el SRI otorgó un certificado que descarta la deuda. Debido a esto, el presidente (e) de la Corte de Justicia, envía una terna al CPCCS para elegir a la vocal. Un conjunto de abogados y otros actores señalaron que debió esperar que se active la designación del vocal suplente. De los 3, aparece en primer lugar la jueza M. Caicedo que ha condenado a figuras correistas. El presidente del CPCCS, A. Fantoni, fue nombrado a pesar de los cuestionamientos en su contra y también asumió la jefatura de la Función de Transparencia del Estado. Además, Radio Capital reporta que en sus 5 años como servidor público tuvo un acelerado crecimiento de su patrimonio. Antes de su nombramiento, él y 3 consejeros enfrentan un juicio político, que esta en espera de la decisión del CAL. Lo importantes es que el CPCCS elige al Fiscal. Pero lo más crítico es que se publicó en medios una fotografía de un evento deportivo en la que aparece frente a altos miembros del gobierno.
Para complicar el panorama, el Comando Conjunto de las FF.AA. del Ecuador emitieron un comunicado en la que señalan la forma en que deben realizarse la cobertura de prensa de las FF.AA., al igual a lo que se hizo en EE.UU. Lo cual provocó un rechazo de los medios de comunicación nacionales, de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH que señaló: que “La libertad de prensa se agrava en A. Latina por censura y violencia” y la SIP que declaró: “Ninguna entidad del Estado puede erigirse en árbitro de la prensa”. Después de algunos días, las FF.AA. señalaron que las normas sobre los medios no esta vigente. A eso se agrega, la compra por Luis Alvarado C., asambleísta alterno de ADN, en agosto de 2025, de La Posta, medio digital, y el 80% de participación de Radio Centro a través de Galamedios y, por otro lado, el conflicto gubernamental con diario Expreso.
En síntesis, se agregó el control de 3 ejes viales para el control de carreteras en tres provincias a fin de ejercer vigilancia territorial y luchar contra el crimen organizado en esas vías. Sin embargo, es preocupante lo que sucede con los nombramientos de ciertos funcionarios de las instituciones de justicia tanto en el Consejo de la Judicatura y del futuro fiscal. Los principios de la democracia deben respetarse para su adecuado accionar, entre los que están la necesidad de mantener el equilibrio de poderes, la independencia y el contrapeso de las funciones del estado, el respeto a libertad de pensamiento y de expresión así como la participación accionaria en medios de comunicación por miembros del partido de gobierno pues genera conflicto de interés. Se requiere una reforma judicial profunda para evitar se llegue a una precarización de la democracia. Se torna indispensable garantizar la independencia de instituciones judiciales o del CPCCS (el quinto Poder). Hay que asegurar su autonomía para que tengamos una justicia justa, independiente y se encargue de hacer respetar los derechos de la ciudadanía y del país.
Pensamiento y comportamiento 