Luis Rosero M.
En el primer artículo sobre este tema señalé la hipótesis de una democracia desbordada en el país. Ahora presentaré una radiografía de este tipo de democracia y como esta estructurada. En esta coexisten una economía criminal y una economía formal, en la que la primera genera efectos económicos y sociales en la segunda y la sociedad.
A nivel teórico, al referirse a la economía criminal Juan P. Luna plantea que esta integrada horizontal (varios negocios) y verticalmente (diferentes etapas de los negocios). Por ser una actividad ilícita requiere de defensa jurídica para defender a los miembros de esta economía. Tiene un “tipo de estructura criminal que desafía y coopera con agentes estatales y actores políticos en cada país.” Como esta organización requiere de personal para sus distintas activades acude a mercados de trabajo informales y legales. Pero, además, buscan cooptar la justicia, instituciones públicas y partidos políticos.
En Ecuador, la principal actividad que realizan los carteles de la droga es la exportación de la segunda sustancia sujeta a fiscalización por ser la más rentable. Además, sus otras actividades son la extorsión (vacunas), secuestros, minería ilegal, lavado de activos, permeación de instituciones públicas para hacerse cargo de algunos servicios o provisión de insumos (medicamentos, documentos de tránsito), etc. Por su actividad principal se han asentado en el país para la distribución de dicha sustancia, de la cual se abastecen de Perú y Colombia. En el transporte hacia nuestro país los carteles están sujetos a capturas por parte de las autoridades y, en la exportación, hacia Norteamérica y Europa corren riesgo de que la carga sea confiscada en el puerto de embarque o de destino. La evidencia es concluyente. Así, la Policía Nacional decomisó en 2024 y 2025 la cantidad de 294.6 y 222.3 toneladas de drogas respectivamente. Entre enero y 21 de noviembre de 2024, según la misma fuente, hubo 4275 extorsiones a nivel nacional, y, en el mismo periodo de 2025, llegaron a 6787, un aumento de 58.7%, que sufrieron comerciantes, tenderos, laboratorios, transportistas, profesores, etc. En tanto que los secuestros, en el mismo periodo de 2025, alcanzaron 1822 a nivel nacional.
En cuanto a minería ilegal, en 16 meses (hasta mayo de 2025) se inhabilitaron 231 retroexcavadoras y casi 50 dragas en operativos de seguridad, equipos que usa la minería ilegal. Respecto a la cooptación de entidades públicas para actividades ilícitas por parte de mafias, el año pasado se intervino las agencias de Transito de Manta y Duran y, el cierre, en enero de 2026, de la Agencia Nacional de Tránsito, en Pichincha, Santo Domingo y Tungurahua se realizó para investigar delitos en el trámite de documentos o permisos, en el que se detuvo al Director Nacional de la ANT. Esto demuestra el grado de penetración de las mafias de las instituciones del estado.
Por los delitos que cometen los miembros de los grupos criminales, requieren de defensa jurídica. Para ello, estas organizaciones han cooptado la justicia. Así, el expresidente de la Judicatura, W. Terán fue condenado por asociación ilícita por manipular el concurso de jueces y obstrucción de la justicia. En enero de este año, se inició el juicio político contra el actual presidente de la Judicatura, M. Godoy, por incumplimiento de funciones. El juez Carlos Serrano denunció que fue presionado por el Director de la Judicatura, H. Gaibor, para que favorezca en una sentencia de un narcotraficante, cuyo abogado, según medios de comunicación es la esposa de Godoy. Gaibor es cercano al presidente de la Judicatura. Serrano denunció que se le quito la protección policial, el no respaldo a su gestión y la falta de garantías institucionales para la independencia judicial.
En suma, los indicios muestran como los negocios de los carteles y bandas criminales están afectando a la economía formal. En el caso de las exportaciones de productos tradicionales, en los puertos de llegada, deben someterse a inspecciones minuciosas para detectar posible envío de drogas. Por otro lado, a través de las extorsiones y secuestros, los grupos criminales afectan a la pequeña empresa y microempresas que ha obligado al cierre de muchas de estas y, en algunos casos, a una migración obligada para resguardar su vida. Pero no solo afecta a estos negocios sino además a transportistas, profesores y, en algunos casos, negocios familiares. La minería ilegal esta impactando seriamente al medio ambiente y desalojando a la minería artesanal que se ven presionados a dejar su actividad por el peligro que corre su vida. En la disputa del territorio por el narcomenudeo, las bandas criminales tienen batallas en las calles y ajustes de cuentas. Los sicarios que intervienen en éstas son atraídos en los mercados de trabajo informales e ilegales, que afecta a las familias más pobres. Además, la cooptación de las agencias de tránsito y otras instituciones para actividades irregulares perjudican al estado y a la ciudadanía que tiene que pagar valores adicionales para obtener un permiso o un documento de tránsito o, en el caso de los hospitales, de medicamentos con sobreprecio, lo que afecta finalmente a la salud de la población. En consecuencia, la cooptación de la justicia por parte de los grupos criminales es para favorecer a sus miembros, lo que muestra el poder que tienen estos grupos para defender sus actividades ilícitas. El instrumento para la cooptación de entidades del estado es la corrupción que ha avanzado a tal grado que incluso están inmiscuidos los gerentes o ex comandantes de la policía como la acusación del del caso Varela. Además, hay debilidades en la detección del lavado de activos, tráfico de migrantes, trata de mujeres, muñecas de la mafia, etc. que son aprovechadas por las mafias para incrementar sus ganancias.
En síntesis, los indicios apuntan a un aumento de las actividades ilícitas que afectan a la economía formal, al estado que pierde el control de la impartición de una justicia independiente, al ciudadano común que ve que no puede seguir con su pequeño negocio o emprendimiento por las extorsiones o secuestros y emigrar, o al ciudadano de a pie que vive inseguro, atemorizado por la violencia de los grupos criminales y que añora la paz ciudadana de antaño, las familias mas pobres que ve como sus hijos son cooptados por las bandas criminales para realizar ilícitos. En sí, se trata de una democracia que -por hipótesis- estaría siendo desbordada por la acción de los grupos criminales y que el gobierno no puede frenarlos. Se trataría de un estado en crisis que esta siendo arrinconado y se encuentra en un proceso de pérdida de control de ciertas las funciones del estado. ¿El cambio de la política de seguridad y su estrategia de militarización de ciudades con operaciones preventivas de inteligencia podrá revertir la situación? Es lo que espera la ciudadanía.
Pensamiento y comportamiento 