Luis Rosero M.

El inicio de una guerra comercial por el mandatario ecuatoriano con Colombia va a traer consecuencias para ambos países, sobre todo al nuestro ¿Pero por qué esta decisión? ¿Cuál es la razón lógica? El problema es que el conflicto se alargue, lo que generaría el aumento del riesgo en algunas áreas económicas de Ecuador.

El mandatario ecuatoriano inició con Colombia una guerra comercial, aumentando los aranceles a productos colombianos en 30%, con una “tasa de seguridad” aduciendo que no realizaba lo suficiente para garantizar la seguridad de la frontera con nuestro país. La repuesta del gobierno colombiano fue inmediata suspendiendo las exportaciones de energía eléctrica y aplicando una tasa arancelaria, de la misma magnitud, a algunos productos ecuatorianos. Ecuador siguió con la ofensiva amenazando con aplicar una tasa más elevada al transporte del crudo colombiano a través del oleoducto ecuatoriano.

El arancel es un impuesto a los productos que se comercian internacionalmente. Su efecto principal es el aumento del precio de productos importados, que tiende a trasladarse al consumidor y, en esa medida, puede generar una disminución de las importaciones. Es un instrumento que se utiliza en el manejo de la política comercial, siendo de carácter económico. La corriente política autoritaria comenzó a utilizar este instrumento con fines no económicos. El mandatario ecuatoriano imitando esta medida la aplicó a Colombia. Pero en una guerra comercial pesa el tamaño de las economías de los países que entran en el conflicto.

¿Qué puede perder Ecuador? El país tiene problemas de abastecimiento de energía eléctrica y, como depende principalmente de la provisión de hidroeléctricas, tiene dificultades en los períodos de estiaje en los que debe recurrir a las fuentes alternativas de generación eléctrica como las termoeléctricas que utilizan gas natural, fuelóleo, etc. El país, en épocas de sequía, usa las plantas termoeléctricas fijas o barcazas que generan electricidad a un costo mayor que las hidroeléctricas. También se importaba energía de Colombia. Los equipos que  tenía previsto proveer Progen y Austral, iban a generar alrededor de 250 MW, pero por los problemas legales de estas empresas no fue posible. Y, la mayor hidroeléctrica del país Coca Codo Sinclair (CCS) tiene una capacidad instalada de 1500 MW. Este proyecto tiene problemas por las fisuras encontradas según el informe de la Contraloría del Estado. El gobierno estaba negociando con la empresa Sinohydro (china) la operación de la CCS. Pero esta empresa pone condiciones para hacerse cargo de la gestión exigiendo que el gobierno resista de los reclamos del proyecto, recibir formalmente la obra y liberar las garantías de Sinohydro. Por otro lado, si bien el embalse Amaluza que alimenta a la central hidroeléctrica Paute Molino (1100 MW potencia), el proyecto Sopladora y el complejo Mazar  (170 MW potencia) tienen una cota de almacenamiento cercana a la máxima, no es menos cierto que, por el cambio climático, las estaciones tienen irregularidades y, el país, depende crucialmente de las hidroeléctricas para producir energía eléctrica. El estiaje se presenta entre septiembre y marzo de cada año, donde hay falta de lluvias. En consecuencia, podría darse en ese período generación de menos energía eléctrica. El estiaje se localiza sobre todo en la zona del Austro. Es en esta zona donde se ubica la central Paute Molino (la segunda  hidroeléctrica del país) y Mazar. Por lo tanto, al suspenderse las exportaciones de energía eléctrica de Colombia no habría como compensar de inmediato una caída de la generación eléctrica en el país. Según el ministro de Minas y Energía de Colombia, le exporta a Ecuador 8 GW día de energía eléctrica  que representa entre 8 y 10 de la energía que consume.

Ecuador transporta a Colombia su petróleo por el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), desde hace 12 años, pero esto representa, según Bloomberg, sólo el 1% del petróleo diario que produce el vecino país. La ministra de Ambiente y Energía amenazó con aumentar la tarifa de transporte del petróleo colombiano por el OCP, como represalia de la suspensión de las exportaciones de energía eléctrica realizada por Colombia, estableciéndose así aranceles recíprocos.

En síntesis, Ecuador, dada la información obtenida hasta el momento, tiene más que perder al iniciar una guerra comercial con Colombia. Sobre todo, por los estiajes que tiene el país todos los años y las exportaciones de energía desde el país vecino ayudan a compensar parcialmente el déficit de oferta eléctrica que se presenta en esos periodos de falta de lluvia. Además, si estos se presentan el gobierno estaría presionado por la contratación de la operación de CCS con Sinohydro aceptado los riesgos que conlleva. Aún más, el transporte del petróleo colombiano a través del OCP ecuatoriano no es significativo. Se puede plantear como hipótesis que ¿la decisión obedece a razones ideológicas o políticas? Si bien, se abrió una puerta al diálogo, el presidente ecuatoriano condicionó a que se de un control real de las rutas del narcotráfico. No se conoce si esta decisión es tomada por el gobierno o hay intereses geopolíticos en juego. Justo esta guerra comercial es iniciada, una semana antes, del anuncio del gobierno de un nuevo plan de seguridad que contempla la compra de 180 millones en equipos a fin de enfrentar el crimen organizado. Precisamente, el principal problema que tiene atormentado a los ecuatorianos es la inseguridad ciudadana, que ya le esta pasando factura al régimen.

Luis Rosero M.

En los dos últimos artículos advertimos sobre los desafíos del gobierno ante la gravedad de la múltiple crisis del país y señalábamos la necesidad de atención prioritaria ante el aumento de la inseguridad ciudadana, la crisis económica, la crisis institucional y la crisis social (principalmente la salud pública), etc. Más aún, ante la ausencia del presidente, por sus continuos viajes al exterior, no habido posibilidad de actuar a tiempo y dar directrices inmediatas para enfrentarlas. En este artículo, trataré sobre la primera y parcialmente la segunda.

En cuanto a la inseguridad ciudadana, bastan pocos datos, para mostrar la gravedad de la situación. El año 2025 fue el año más violento del país. Esta tendencia siguió en 2026. Así, en los primeros 6 días de Enero, de este año, se registraron 45 muertes violentas en la Zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón) y en Los Ríos 26. Así, Guayas, Manabí, Los Ríos y El Oro, en lo que va del año siguen siendo las provincias con más asesinatos violentos. El presidente tuvo que regresar el 16 de enero, dos días antes de sus vacaciones, para venir a enfrentar la situación. Tuvo que reunirse de urgencia con el Bloque de Seguridad disponiendo que el Alto Mando Militar se traslade indefinidamente a Guayas y el envío de 8000 militares, de los cuales 5000 serían asignados a Guayas, 2000 a Manabí y 1000 en Los Ríos. En otras palabras, se estaría procediendo a la militarización de ciertas ciudades de esas provincias. O sea, continua la política de mano dura que, según los expertos, por sí sola no es suficiente para enfrentar al crimen organizado sino se integran otros elementos. Además, por decreto, se autoriza para que los ministerios de Defensa y del Interior, en emergencia, puedan comprar bienes para la defensa, protección interna y mantenimiento del orden. Como ya he señalado, el aumento de la inseguridad ciudadana, afecta al bienestar de la población, su patrón de movilidad y a las pymes y emprendedores que sufren por las extorsiones y secuestros.

En cuanto a la crisis económica, señalamos que hay dos problemas que urge atender: la deuda pública y el crecimiento. En artículos anteriores, señale que el país ha caído en la trampa de la deuda que implica déficit fiscal – endeudamiento público, principalmente externo – reformas tributarias – renegociación de deuda externa. Sobre todo, es preocupante el aumento de la deuda externa, que representa ya las tres cuartas partes de la deuda pública. Al respecto, el ministerio de Finanzas anunció la emisión de bonos y recompra de la deuda externa, sobre todo los de vencimiento en 2030 y 2025. Los pagos de capital de la deuda externa, llegarán a 4066, 4375 y 4307 millones en 2026, 2027 y 2028 respectivamente. Ahora, se explica porque el Banco Central acumulaba RMI, el gobierno se endeudaba más con organismos multilaterales (en noviembre del año pasado se anunció créditos por 2100 millones y en diciembre recibió 630 y 500 millones del FMI y FLAR respectivamente) y no se atendía otros gastos (ej. para la salud pública, deuda con proveedores) porque estaba acumulando recursos para recompra de parte de la deuda externa y emitir bonos para cambiar el perfil de vencimiento de ésta y aliviar las presiones de liquidez externa de la caja fiscal.

Finalmente, el Banco Mundial anunció una baja en la previsión de crecimiento del país a solo 2% en 2026. Según este organismo, el Ecuador enfrentará la desaceleración del comercio global, persistencia de tensiones geopolíticas y moderación del precio de las materias primas. En consecuencia, el país tendrá una de las más bajas tasas de crecimiento de la región. Por ser una pequeña economía abierta, el país enfrenta continuos shocks externos, como los señalados, que afectan su economía y provoca vaivenes en su ritmo de crecimiento. En efecto, en 2025 el país crecería 3.5% y caería a 2% en este año, lo tendrá un impacto sobre el mercado de trabajo y bienestar de la población.

En síntesis, el gobierno dada la gravedad de la crisis de seguridad tuvo que actuar rápido, aunque tardíamente, para frenar la violencia, pero fue el nivel crítico a la que llegó que obligó a tomar decisiones urgentes. Esperemos que tenga la militarización, de algunas provincias de la costa, un efecto para reducir las muertes violentas, así como las extorsiones y los secuestros. Como ya señalé,  el problema de la deuda externa se veía venir y, para evitar una renegociación de la misma, el gobierno se vio en el imperativo de la recompra parcial de la deuda externa y emisión de nuevos bonos pero en mejores condiciones financieras dada la caída del riesgo país. Finalmente, la previsión de un menor crecimiento renueva los vaivenes de la evolución económica del país, que provocaría generación de menos empleo formal, aumento del desempleo y mayor crecimiento del sector informal afectando las condiciones de vida de la población en este año. Por ello, en este año, el gobierno debe tomar acciones para impulsar el nivel de actividad económica a fin de contrarrestar los efectos del menor crecimiento. No conocemos hasta el momento algún plan gubernamental en esa dirección.

Luis Rosero M.

En el primer artículo, de esta temática, tratamos la crisis en seguridad, institucional y social (salud). Ahora analizaré dos problemas de la crisis económica. Hasta el momento no se conoce el plan gubernamental para enfrentar la crisis múltiple y ésta se agrava. Por ejemplo, la masacres ocurridas en la isla Mocoli (Samborondón), en Machala y en Puerto López muestran que la violencia continúa al alza, por ello se requiere un plan integral para atacar, en cada una de sus áreas, la crisis múltiple.

En lo económico, son varios los problemas. Entre ellos el crecimiento económico, la sostenibilidad de la deuda pública, principalmente, la externa, el déficit fiscal, los desequilibrios en el mercado de trabajo, desequilibrio en la balanza de pagos, etc. En términos del comportamiento de la economía, esta limitado por la volatibilidad del crecimiento, o sea no hay una tendencia una tasa de crecimiento sostenida. Esta se ve afectada por los shocks externos que enfrenta continuamente el país y, por tener una economía pequeña y abierta que es influida por las variaciones de la economía global. En 2024 hubo una contracción de 2% y, en el promedio de los primeros tres trimestres, es de 3.3% lo que proyectaría con el cuarto trimestre una tasa de crecimiento de alrededor de 3.5 – 4% para 2025, lo que implicaría una recuperación respecto de 2024 de sólo 2%. Para 2026, el Banco Central estima una tasa de crecimiento de sólo 1.8% y el Banco Mundial de 2025. La estructura del crecimiento del país ha cambiado. Hemos dejado de ser una economía petrolera y continuar siendo una economía primario exportadora. En esta medida, dependemos del mercado mundial, principalmente de las exportaciones de camarón, banano, cacao y otros. Esta variable es un factor clave en el crecimiento pero la poca diversificación de éstas es un limitante. El segundo factor clave son las remesas de migrantes, que ahora van a ser afectadas por el impuesto del 1% establecido por EE. UU. El tercer factor clave es el consumo interno, la inversión extranjera es exigua y la pública, por el déficit fiscal, es casi inexistente. En consecuencia, el crecimiento de 2026 dependerá del comportamiento de las tres variables. La consecuencia, de la inestabilidad del crecimiento, impacta en el mercado de trabajo que, en su segmento formal, solo alcanzó el 37% de la PEA en noviembre de 2025, mientras que el subempleo llegó al 20% y la informalidad es alrededor del 50%. En otras palabras, dada la tendencia inestable del crecimiento la economía no es capaz de generar suficiente empleo formal por lo que el excedente laboral se refugia en el subempleo o sector informal. Hay un problema estructural de calidad de empleo.

El segundo problema económico crítico en 2026 será la sostenibilidad de la deuda pública, principalmente la externa. En total, deberá cubrirse más de 10000 millones de dólares en la amortización de la deuda (capital más intereses) y por los atrasos. La tendencia en los tres últimos gobiernos, incluidos, el actual es contratar deuda para pagar deuda, sobre todo externa. A fines de noviembre del año pasado el Banco Mundial y el BID aprobaron créditos por 2100 millones de dólares, en diciembre el gobierno recibió 630 millones del FMI y 500 millones del Fondo Latinoamericano de Reservas. En 2026, se tiene previsto la emisión de 3000 millones de dólares y colocación en el mercado financiero internacional. Lo que se prevé es que el gobierno esta acumulando recursos para hacer frente al pago de la deuda pública, sobre todo externa. Pero se trata de política de contratar deuda para pagar deuda externa. El país se encuentra en un ciclo perverso de la deuda. Si la deuda externa se utilizara principalmente para inversiones incentivaría el crecimiento económico pero, en la medida que se utilice para pagar deuda o gasto corriente, no habría capacidad de repago de ésta y, en consecuencia, ahondaría la trampa de la deuda y, a la vez, restringe el crecimiento económico, lo que a su vez limita la generación de empleo y de bienestar social. 

En síntesis, las dos principales tendencias económicas que debe resolver el gobierno en 2026 es alentar el crecimiento y pagar el servicio de la deuda, principalmente externa. Sin embargo, el crecimiento no se puede incentivar con inversión pública por el déficit fiscal por lo que recurre a deuda externa que se va acumulando y el servicio de esta deuda crece cayendo en la trampa de la deuda que implica déficit fiscal – endeudamiento público, principalmente externo – reformas tributarias – renegociación de deuda externa. En consecuencia, es prioritario en 2026, alcanzar la sostenibilidad de la deuda pública principalmente externa.

De que vale que el riesgo país haya bajado si no hay seguridad ciudadana, crisis en salud y no hay suficiente empleo formal para absorber a la población desocupada. El temor por la inseguridad, la falta de medicamentos y buena atención en los hospitales públicos y la escasez de empleo impacta en el bienestar social, por lo que debe ser uno de los principales temas de atención para mejor el nivel de vida de la población.

Luis Rosero M.

El país esta inmerso en una crisis múltiple: en seguridad, social, económica, institucional, etc. Las tres primeras afectan directamente a la población lo que requiere enfrentarlas con urgencia para frenar la perdida de bienestar social, sobre todo de los grupos más vulnerables, que a su vez requiere un plan con políticas objetivos y acciones específicas en cada una de esas áreas. Los retos del gobierno son establecer una hoja de ruta, o sea un plan de acción para cambiar el rumbo del país.

El año 2025 se convirtió en el año mas violento de la historia al superar los 10.000 crímenes producto de la violencia generada por el crimen organizado que incluye la acción de los cárteles, bandas y delincuencia. La política de seguridad del gobierno se basa en estados de excepción, operativos de las fuerzas del orden, capturas de cabecillas de bandas y ataques a la minería ilegal. Sin embargo, las estadísticas de homicidios, extorsiones (vacunas) y secuestros siguen aumentando por lo que los expertos cuestionan la efectividad de solo aplicar la mano dura contra el crimen organizado siendo necesario revisar a profundidad la estrategia, táctica y labores de inteligencia que aplican dichas fuerzas. La inseguridad ciudadana se ha convertido en la principal fuente de amenaza, temor y zozobra que viven los habitantes del país que ha provocado migración al exterior y desplazamientos en el área urbana y rural, cambios de los patrones de movilización, etc. Pero, además, la actividad económica de medianas, pequeñas y emprendedores se ha restringido por el temor de la acción de la delincuencia organizada. Por lo que el reto mas importante del régimen en 2026 es devolverle la paz social a la población que vive atemorizada pues no se esta seguro en ningún del país.

Ligado a lo anterior esta la crisis institucional. Entre ellas, la de la crisis de la justicia. Los problemas del Consejo de la Judicatura (CNJ) ha llegado a tal punto que, su actual presidente, ha sido cuestionado y acusado por las presiones que habría ejecutado indirectamente en las decisiones judiciales de los jueces. Es necesario, una depuración total en sistema de justicia del país y, como ha sostenido, Roberto Gómez Mera, ex presidente de la Corte Suprema de Justicia: hay una crisis en el sistema de justicia que se expresa en la perdida de la confianza, confiabilidad y  seguridad jurídica. Según el, hay que devolverle a la Corte Nacional la facultad de nombrar y sancionar los jueces. El CNJ, de 5 personas, tiene el control del poder judicial, insiste que hay que devolverle la independencia a la función judicial, eliminar la influencia de la política en ésta y darle todo el poder judicial a la Corte Nacional de Justicia (entre ellas el nombramiento, control y sanción a los jueces) a través de una enmienda constitucional. O sea, una reforma judicial profunda para sanearla de las presiones de otros poderes y de las amenazas del crimen organizado. Este es otro desafío del gobierno, de contribuir a darle independencia para que tengamos una justicia honesta y justa.

Finalmente, otro aspecto fundamental que debe ser atendido con prioridad es la crisis social. Y de ésta es la crisis en la salud pública. Ya se lleva mas de un año los problemas de desabastecimiento de medicinas e insumos, atención tardía a los pacientes y falta de equipos en funcionamiento para imágenes y otros requerimientos vitales para la salud. La vicepresidenta ha prometido que podría comenzar el abastecimiento en tres meses pero eso es solo una parte del problema como ha señalado un doctor que escribió en las cartas del director de El Universo: “Los principales objetivos deben ser los siguientes: atención primaria como eje principal, distribución de consultas, aseguramiento universal, concesión hospitalaria, autosuficiencia hospitalaria, etc.“

En resumen, los tres principales desafíos que debe enfrentar el gobierno es devolver la seguridad ciudadana y ligada a ésta la reforma judicial independiente así como resolver la crisis de salud para al menos atender una necesidad urgente de la población. Y para eso no hay que exponer la excusa del déficit fiscal, hay gastos que son fundamentales para garantizar un buen funcionamiento del tejido social.

Luis Rosero M.

a tomar decisiones para enfrentar varias disyuntivas. Como he señalado, en artículos anteriores, la nación tiene varios desequilibrios macroeconómicos y tendencias que limitan su crecimiento, el área social esta en crisis así como la seguridad ciudadana, existe una crisis institucional, las organizaciones políticas están en descredito, tal es es así que hay perdida de representatividad, la gestión pública no es eficaz y no se atiende suficientemente las demandas ciudadanas.

En lo económico, subrayo un factor que afecta al crecimiento. Una es la tendencia del déficit fiscal que para poder cubrirlo se acude a la deuda pública. Los últimos tres gobiernos, incluido el actual, persisten en incrementar este tipo de deuda. La proyección de la deuda total, a fin de 2025, es alrededor de 90.000 millones (67% del PIB). El país ha caído en la trampa de la deuda que implica que para cubrir su amortización se recurre a reformas tributarias (más impuestos), si estas no son suficientes se busca el endeudamiento público y, si, se persiste en este, se cae en el riesgo de la sostenibilidad de la deuda y, si no hay suficientes recursos para cubrirla se capta más deuda para pagar deuda, hasta que llega un momento en que no hay opción y se llega a una renegociación de la deuda principalmente externa. Esta última ya representa las dos terceras partes de la deuda total. En 2026 el país tiene amortizaciones de deuda alrededor de 10000 millones de dólares, para lo cual requiere obtener recursos frescos para hacer frente a estas. La Hora reportó, a fines de noviembre de 2025, que el Banco Mundial y el BID aprobaron créditos para el país de 2100 millones de dólares, lo que vuelve a aumentar la deuda externa con los organismos multilaterales y, además, el gobierno tiene previsto la emisión de bonos soberanos por 3000 millones para colocarlos en los mercados financieros internacionales. Si la deuda externa se utilizara principalmente para inversiones incentivaría el crecimiento económico pero, en la medida que se utilice para pagar deuda o gasto corriente, no habría capacidad de repago de ésta y, en consecuencia, ahondaría la trampa de la deuda y, a la vez, restringe el crecimiento económico, lo que a su vez limita la generación de empleo y de bienestar social. En consecuencia, la encrucijada es qué si el país tiene que pagar la amortización de la deuda externa quedan menos recursos para otros rubros en el presupuesto del estado, lo que define ya una disyuntiva y define cual es la prioridad en la política económica.

La repuesta de cual es prioridad ya la expresó la vicepresidenta. Declaró respecto a la crisis en la salud pública “Ya sabemos que hacer pero el presupuesto es limitado” (Expreso). Además, menciono que el problema no es solo desabastecimiento de medicinas, hay otros problemas como la sobrepoblación de médicos y la precaria infraestructura de los establecimientos de salud. En las cartas al director de El Universo, un doctor señala “no basta con repartir medicinas, o crear un nuevo call center: eso es no dar salud….Los principales objetivos deben ser los siguientes: atención primaria como eje principal, distribución de consultas, aseguramiento universal, concesión hospitalaria, autosuficiencia hospitalaria, etc.“ Por otro lado, el gobierno con un decreto estableció que los gastos de salud se financiarían con ingresos no permanentes. Lo habitual ha sido financiarlos con ingresos permanentes (impuestos). Al hacerlo con ingresos no permanentes se corre el riesgo de no obtener los recursos para cubrir los gastos de salud. Más aun, el otro mecanismo perjudicial para este sector es la subejecución del presupuesto de salud lo que limita la atención a los usuarios de la salud pública incluyendo al IESS. En consecuencia, es claro cual es la prioridad del régimen en el presupuesto del estado de 2026 y la disyuntiva es el pago deuda pública vs. financiamiento de los gastos de salud.

En consecuencia, hay en la medida que se priorice el pago de la deuda pública hay menos recursos para la salud, inversión pública y otros sectores. En el Presupuesto del Estado 2026, el régimen estableció que la prioridad es la deuda pública y la seguridad. Siguiendo la tradición de fin del año, al quemar el monigote la cábala se basa en que se terminarían los problemas y dificultades, en este caso del país. Sin embargo, la proyección de crecimiento para 2026 por el FMI señala apena una tasa de 2%. Espero que haya rectificaciones y se tome un nuevo rumbo en la política económica para atender las demandas de la población, pues de lo contrario la crisis social puede explotar.