Luis Rosero M.

Los estudios e investigaciones sobre el crimen organizado avanzan en América Latina relacionadas al aumento de la violencia. Este genera una compleja estructura de economía criminal, que refleja las distintas actividades ilícitas que realizan. Tal es el poder de estas organizaciones que ya los analistas señalan como hipótesis que los países puede verse afectados por estas actividades a tal punto que su democracia puede ser desbordada o estallada. Algunos países de Sudamérica, nuestro país y sus vecinos fronterizos con Ecuador se enfrentan con este desafío que afecta a la sociedad, al estado, su economía, la población y lo social.

Aplicando la microeconomía, Juan P. Luna, en su artículo “Democracias estalladas o el desborde del crimen organizado” (N. Sociedad) señala que la economía criminal podría establecer una integración horizontal (varios negocios) y la integración vertical (control de las distintas etapas de un negocio). En otras palabras, diseñan un plan de negocios con una estrategia de corto, mediano y largo plazo para sus distintos negocios ilícitos y, a la vez, un “tipo de estructura criminal que desafía y coopera con agentes estatales y actores políticos en cada país.”

Según la tesis de este autor, en el caso del país, se desprende que los cárteles diversifican sus operaciones participando en la minería ilegal, extorsiones (vacuna), secuestros, lavado de activos, permeación de instituciones públicas para hacerse cargo de algunos servicios o provisión de insumos (medicamentos, documentos de tránsito), etc. Para sus actividades, los carteles se vinculan con bandas. La disputa del control territorial entre estos se genera violencia que no solo se refleja en las calles sino también en las cárceles. Para desarrollar y proteger sus actividades también se coopta a las instituciones públicas, que incluye la justicia, y organizaciones políticas. Estas actividades ilícitas requieren de gente para que trabaje en etas y, en esa medida, suple lo que el mercado de trabajo formal no puede ofrecer, con lo que crecen los mercados informales e ilegales. O sea, que la economía no es capaz de ofrecer empleo suficiente y, por ello, frente a la falta de trabajo algunos se emplean en estos dos mercados.

Por ello, las cifras de violencia muestran que Ecuador se ha convertido, en 2025, en el quinto país más violento del mundo según el Índice Global del Crimen Organizado.  El Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado de la PADF registra que, en el primer semestre de 2025, los homicidios se incrementaron en 47% respecto al mismo periodo de 2024, La provincia del Guayas concentró el 49.5% de los homicidios, seguida por Los Ríos (13%), Manabí (12.3%), El Oro (6.9%) y Esmeraldas (4.1%). La swissinfo.ch reporta que si sigue esta tendencia el país terminaría el 2025 con un índice de homicidios de 52 por cada 100.000 habitantes el más alto de su historia y de Latinoamérica. Por otro lado, Primicias informa que el Juez Anticorrupción Carlos Serrano renunció a su cargo por amenazas y presiones para que declare inocente a un procesado por lavado de activos. Se le retiró al juez la seguridad policial. Carlos Rabascall, ex candidato presidencial, declaró que Serrano recibió presiones del Consejo de la Judicatura (CJ) y amenazas del crimen organizado. El presidente del CJ declaró que la seguridad no es competencia de su institución. Como antecedente esta el caso de Wilman Terán, ex presidente de la CJ, que fue condenado por corrupción por delincuencia organizada. Además, en base al autor del artículo se puede entender que las continuas masacres en las cárceles y las inspecciones en que se encuentran armas, celulares y otros artículos explicarían las dificultades que enfrentan las autoridades para administrar los presidios.

Como consecuencia del combate al crimen organizado los gastos en seguridad crecen. La proforma presupuestaria de 2026 muestra que el presupuesto del Gabinete Sectorial de Seguridad aumentó a 4000 millones de dólares de los cuales 1846 corresponden al Ministerio de Defensa y 1593 a la Policía Nacional que son las instituciones a cargo de aplicar la política de seguridad del país. En tanto que la deuda pública externa, que financia el presupuesto de 2026, aumentaría en 125.3% de los cuales 3000 millones están programados para la emisión de bonos soberanos. La amortización de la Deuda Pública total sería de 8351 millones. Como ya he señalado en otros artículos, se ha generado el círculo vicioso déficit fiscal – reforma tributaria – renegociación de la deuda. El déficit fiscal para 2026 sería 5413 millones y en el año anterior 5625 millones. En los últimos años se registran déficits fiscales que se van acumulando pero que requieren ser cubiertos, por lo que el régimen opta por atrasos a proveedores y subejecución presupuestaria. Como consecuencia de los altos gastos en seguridad y pago de la amortización de la deuda pública quedan menos recursos para otros sectores, siendo afectados los de salud y educación. En el caso del primero, es desesperante para la población la crisis de salud, que se expresa en falta de medicamentos, insumos médicos y mala atención en los hospitales públicos y en el IESS.

En conclusión, como muestran los indicadores de violencia, el estado no puede brindar seguridad ciudadana a pesar de los operativos, estados de excepción y captura de cabecillas de algunas bandas. La población tiene temor de salir a las calles por la constante inseguridad, a más de que hay ciudades en las que el crimen organizado tiene bastante control territorial (ej. Durán). Pero, además, las autoridades no pueden controlar las cárceles. Así mismo, tampoco se puede brindar atención adecuada en salud pública afectando el bienestar de la población. Por otro lado, el gobierno, con la política económica que sigue, no puede generar suficiente empleo o sea no hay oportunidades por lo que los desempleados y subempleados quedan atrapados y sin salida, refugiándose en los mercados informales y delictivos donde acuden las organizaciones criminales para disponer del personal que realice las acciones ilegales. Adicionalmente, el crimen organizado ha cooptado el sistema de justicia y no puede garantizar un sistema judicial, independiente de las presiones y sin corrupción. Además, con la existencia del círculo vicioso señalado estaremos avocados a una probable renegociación de la deuda externa, lo que implicaría una nueva reforma tributaria que podría incluir un aumento de tasas impositivas restándole capacidad de compra a la clase media y pobre. En la medida en que el estado no puede brindar seguridad, ni suficiente empleo, ni buena atención de salud pública, ni justicia independiente, ni reformas tributarias que no afecten a los más desfavorecidos de la sociedad estaríamos ante un desbordamiento de la democracia, según la tesis e hipótesis de Luna, en la medida en que el crimen organizado se apodera de funciones e instituciones del estado para sus negocios o usarlas para protegerse,  que lleva al estado a no poder garantizar ciertos derechos y servicios a la población. A pesar de la crítica situación del país, el ejecutivo esta ausente por sus viajes al exterior lo que limita la atención de los problemas señalados. Urge enfrentarlos eficazmente con una estrategia y dar respuesta inmediata, ya que el crimen organizado avanza en sus actividades ilegales. La demora en atención a estos provoca descontento de la población y desgaste político que pasará factura al régimen.

Luis Rosero M.

Los gobiernos en el poder sufren desgaste político por su gestión, pero además también son afectados por la desconexión entre el poder político (gobierno, asamblea -congreso-, instituciones y otras instancias de poder) y las necesidades de la población. No solo se deteriora el partido político sino además el sistema democrático generando el hartazgo y desconfianza de la población en los partidos políticos que tienden a debilitarse, entrar en crisis y recorrer el camino a la desaparición. La falta de eficacia en la gestión,  puede conducir a la toma del poder por la ultraderecha. Al parecer, se estaría dando este fenómeno en el país.

La derrota del gobierno en el referéndum y consulta popular se dio en parte por su ineficaz gestión en ciertas áreas como seguridad y sector social; además por la concentración del poder, la judicialización de la política, el autoritarismo y opacidad. El mensaje que envío la población, en el evento electoral, fue que esta harto de la violencia, exige seguridad ciudadana y que se atienda sus derechos sociales En pocas palabras, una gestión pública eficaz, buenos servicios públicos y cambio de rumbo en la conducción del país.

Sin embargo, la repuesta del régimen fue un cambio de gabinete con enroque y reciclaje y la ausencia del presidente por 24 días por sus viajes al exterior y vacaciones que nos traslada al 2026 para reiniciar su gestión. El descontento popular se genera por el incremento de la violencia (2025 ya es el año más violento de la historia del país y según ACLED se ubica como el sexto país más peligroso del mundo después de escalar 36 posiciones en este año) que ha llevado a una migración interna, cambios en los patrones de movilización y migración externa. Además, la falta de atención en el sector social. Basta citar la crisis de salud que se expresa en la falta de medicamentos, insumos médicos y atención tardía en los hospitales públicos y del IESS. Si bien se surtió algunos de este último, no fue suficiente. Y la oferta de un programa de citas médicas, que iba a ser contratado con la empresa estadounidense HealthBird, fue cuestionado por la falta de experiencia y opacidad. A eso, se suma los problemas con la empresa Progen y ATM que no entregaron equipos en los proyectos eléctricos de las centrales térmicas de Salitral y Quevedo así como a la central Esmeraldas III a pesar de que hubo entrega de recursos por parte del gobierno a la empresa Austral por 71 millones. Los aspectos contractuales con estas empresas fueron cubiertas por un manto de opacidad.

La prensa ha divulgado el malestar de la ciudadanía por esta problemática. Así, José Alvear, columnista de La Hora, en su artículo “Mientras ellos pelean, el país se detiene” expresa: “Ecuador vive una paradoja peligrosa: mientras la ciudadanía clama por seguridad, empleo y servicios que funciones -el Presidente de la República y el Alcalde de Quito- han convertido sus diferencias y en un espectáculo político que consume tiempo, energía y gobernabilidad.” El conflicto también es con otros alcaldes, que más bien es un mecanismo de distracción que aplica el régimen. Y, a nivel internacional, El País, titulaba “La crisis de salud en Ecuador toca fondo con cadáveres entregados en cajas de cartón y un sistema al borde del colapso.”

En suma, el país enfrenta tres problemas críticos: un clima de inseguridad constante, una crisis de salud que explota y opacidad en la contratación de equipos para empresas eléctricas. No hay eficacia en la gestión con la estrategia de seguridad de mano dura, los afiliados al IESS y los pacientes de hospitales públicas no reciben medicamentos ni buena atención y, para agravar la situación, no hay empleo suficiente y se han entregado dinero a empresas que proveen equipos eléctricos con pérdidas para el estado. Hasta cuando no se atiende esta problemática. Al parecer, el gobierno tiene otras prioridades. Esta falta de atención a las necesidades de la población lleva a la inconformidad y hartazgo de la población que se expresó en el resultado electoral reciente y si no se atiende sus requerimientos básicos dejará un alto costo político al régimen que se reflejaran en los siguientes eventos electorales.

La crisis de representación no solo es del gobierno y su partido sino también de la oposición. La tendencia al bipartidismo determina que la segunda fuerza política es RC5 (progresismo) que enfrenta una crisis de liderazgo y en la cúpula, que se expresa en la verticalidad de las decisiones y en el resquebrajamiento de su estructura con la renuncia o malestar de sus principales figuras. Esta organización corre el riesgo de que tenga un camino similar al MAS de Bolivia. Es hora ya de una reestructuración y un liderazgo renovado para una dirección más democrática y decisiones colectivas. Esto urge para que pueda convertirse en una oposición seria y que defienda los verdaderos intereses del país.

El gobierno debe atender los tres problemas críticos, sino que además se requiere conocer la hoja de ruta que debe seguir el país para enfrentar no solo los problemas coyunturales sino los estructurales El país necesita un acuerdo nacional, cuya iniciativa debe provenir del régimen y la oposición colaborar para una agenda país. Necesitamos un estadista que enfrente los problemas a tiempo y ejecute un proyecto país para que lo enrumbe por el camino del desarrollo, redistribución del ingreso y justicia social. O sea, un presidente que este a la altura de las circunstancias.

La múltiple crisis del país exige una agenda nacional para enfrentar la difícil situación del país y una decisión política de todas las organizaciones políticas que anteponga los intereses del país a la de sus intereses políticos y de sus líderes. El riesgo que corren es que por la ineficacia gubernamental y una oposición furiosa sigan enfrascados en un conflicto estéril que de paso a que la ultraderecha convenza a la población de la mano fuerte para lograr seguridad ciudadana y arreglar los otros problemas del país. Así sucedió con Brasil, cuya deriva golpista fracasó, y, ahora, el salto al vacío en Chile.

La Asamblea aprobó el presupuesto general del estado de 2026 sin que, al parecer, se haya publicado. En este artículo, analizo solo los aspectos generales, dos principales desequilibrios y tendencias macroeconómicas que se desprenden de éste.

Lo que primero destaca es el aumento del déficit fiscal. En 2025 fue de 4.4% del PIB (5625 millones),  mientras que el de 2026 alcanza un monto cercano en términos absolutos (5413 millones), aunque menor en términos relativos. Lo preocupante es la estructura de dicho déficit. Así, el déficit entre ingresos y gastos permanentes es 1802 millones mientras que el déficit entre ingresos y gastos no permanentes es de 3611 millones, pero lo crítico es que el gobierno incluyó para pagar a salud, educación y justicia con ingresos no permanentes (deuda pública, venta de activos u otros) según los establecido en decreto # 191, lo cual cambia una regla fiscal fundamental: los gastos permanentes deben financiarse con ingresos permanentes. En consecuencia, si no hay financiamiento a través de los instrumentos señalados corren el riesgo de no ejecutarse. Ya, en la página web del ministerio de Finanzas, se invita a los GAD a participar en la cancelación de obligaciones no pagadas y registradas de presupuestos clausurados con bonos. Es más, estos títulos deben venderlos los GAD en el mercado de valores en el que tienen un descuento. Otro mecanismo que utiliza el régimen, dada la iliquidez de la caja fiscal, es el atraso a proveedores u otros en los que se incluyen los que prestan servicios de salud  y otros (dializadoras, centros médicos, proveedores de insumos médicos, devolución del IVA a jubilados, constructores, etc.).  Aumenta el riesgo de que la crisis de salud pública continué con la falta de medicamentos y atenciones tardías a los pacientes. Por otro lado, nuevamente el país enfrentará, otro año más, un déficit fiscal, lo cual requiere financiamiento que, a su vez, lleva a un aumento de la deuda interna y externa.

En el presupuesto de 2026, se asigna 10512 millones para cubrir la deuda pública, de la que 8351 millones corresponden a amortizaciones y, con la escasa información que se dispone, la diferencia podría ser de intereses. En la proforma de ese año, se establecían como amortización 8350 millones y de interese 4037 millones. Esta pesada carga en el presupuesto, va creciendo cada año por la tendencia a financiar cada vez más el presupuesto con deuda. Según el Boletín de Deuda Pública de septiembre de 2025, del Ministerio de Finanzas, la deuda pública era de 62545 millones de los cuales el 65.8% corresponde a deuda externa. El gobierno sigue aumentando el endeudamiento con el exterior y ya ha señalado que 2026 lanzaría al mercado internacional bonos de deuda por 3000 millones. Como he señalado el país ha caído en un circulo vicioso:  déficit fiscal – endeudamiento público, principalmente externo – reformas tributarias – renegociación de deuda externa. Más aún, ahora se contrae deuda para pagar deuda. Indermit Gill, economista jefe del Banco Mundial, ha señalado respecto a la deuda de los países en desarrollo -de ingresos bajo y medios- “Su acumulación de deuda continúa, a veces de formas nuevas y perjudiciales. Los responsables de formular políticas de todo el mundo deberían aprovechar al máximo el margen de maniobra que existe hoy para poner sus finanzas públicas en orden, en lugar de volver de prisa a los mercados de deuda externa”. En el informe “Ecuador, panorama reciente de la deuda”, elaborado por Latindadd y el Centro de Derechos Económicos y Sociales, se señala que el saldo de la deuda, a julio de 2025, es de 84000 millones equivalentes al 65% del PIB. Plantea que el país ha terminado en una espiral de conseguir financiamiento para pagar sus obligaciones. Recomienda que el país realice una nueva auditoria de la deuda y se una con varios países para renegociar en conjunto con sus acreedores. 

Otro aspecto relevante, en el presupuesto de 2026, es la asignación de 1764 millones para inversión pública y un plan de inversiones que solo llegaría a 2181 millones. O sea, el incentivo al crecimiento no provendría de estos rubros. Se apunta más a las exportaciones y consumo de hogares, pero además a las remesas de los migrantes que, en 2025, se proyectan en 7000 millones.

En síntesis, en el presupuesto de 2026 se refleja el déficit fiscal permanente y tendencia a pagar deuda contratando más deuda. Más aún, no se asignan recursos suficientes para salud, como para proveer medicamentos e insumos médicos a los hospitales públicos y, por otro lado, se reducen en 181 millones para seguridad. Se supone que la salud pública y la seguridad son prioritarios en la crisis de salud y en el combate al crimen organizado para reducir la inseguridad ciudadana. Aún más, lo crítico es la proyección de crecimiento de solo 1.8%, lo que refleja otra tendencia macroeconómica de la inestabilidad y variabilidad del crecimiento económico que se reflejará en un deterioro del mercado de trabajo y en las condiciones de vida de la población.

Luis Rosero M.

La contundente derrota en el referéndum y consulta popular envío un claro mensaje al gobierno para un cambio de rumbo sobre el manejo del país. Como ha sucedido, en eventos similares, en los últimos años, con el resultado electoral, la población desaprobó la gestión del régimen y exige buenos servicios públicos para atender sus necesidades básicas. Al parecer, el gobierno o no entendió o demorará en responder a este pedido urgente, pues el presidente decidió ausentarse del país. La falta de atención a los problemas del país o la tardanza en enfrentarlos aumenta los riesgos de la crisis social, política y económica como ya señalamos en el artículo “Los desafíos del gobierno ante el rechazo de la consulta popular.”

Si bien el mandatario, en una entrevista con Jorge Yunda, reconoció que la derrota fue “un remezón para asambleístas, inclusive para nuestro movimiento político …” Declaró que seguirá con su proyecto político y que insistirá en las reformas y las enviará a la Asamblea. Se trata de un remezón al gobierno para que tenga eficacia en su gestión y preste buenos servicios para atender dignamente a la gente. Si insiste en éstas tendrá un costo político, pues ya la población le dijo no respecto a las bases militares extranjeras en el país que, según el gobierno, iban a contribuir a la seguridad ciudadana y también rechazo la realización de una asamblea constituyente. Al parecer la repuesta al mensaje urgente del pueblo, va a tardar pues, según Primicias, del 3 al 11 de diciembre viajará a 3 países; 5 al 15 de enero de 2026 tendrá vacaciones y del 19 al 22 de enero visitará Davos y del 22 al 25 de ese mes viajará a Bélgica. La columna de Bonil (El Universo, 29-11-2025) ilustra claramente el mensaje que dio la población. En la caricatura, un funcionario dice “Presidente, lo que se necesita es un viraje” y el mandatario responde “Ah, yo entendí un viaje”.

Ante este remezón, el gobierno respondió con un reciclaje en el cambio de gabinete y ofreció, para el primer semestre de 2026, en cuanto a obra pública, el avance de la carretera E-25 (Troncal de la Costa) y paso lateral en la E-35 (Panamericana) hasta el Quinto Puente, en Guayas, un museo nacional y una torre oncológica, en Quito. Mejorar el sistema vial en la Sierra Centro, inversión en la zona vial del Azuay y, en salud, un sistema de inventario de medicinas para el abastecimiento de éstas. La Comisión Anticorrupción ya planteó sus criticas al programa que iba a contratar Edgar Lama.

La encuesta de Click Report, de octubre de este año, muestra que el 45.2% de los ecuatorianos señalaron a la crisis económica como el principal problema, mientras que el 32.2% dijo que delincuencia y la inseguridad es el segundo problema. Debo agregar que, en cuanto a lo social, destaca la crisis en salud, con hospitales públicos sin medicinas y atención tardía. Y, la lacerante pobreza.

En el artículo anterior, señalé que el principal problema económico es el déficit fiscal que, en 2026, será de 5413 millones, lo que implica que deberá obtener financiamiento para éste para lo cual ya se prevé una emisión de bonos internacionales por 3000 millones, que incrementaría la deuda externa y con el riesgo de sostenibilidad de esta que sería el tercer problema económico. El segundo sería el empleo que se refleja en una tasa de subempleo de 21.2% y un empleo formal de solo 36.1%. También el manejo de la política económica se ha tornado poco humanista. Los de la tercera edad y los discapacitados han tenido que llevar a juicio al gobierno para que les pague la devolución del IVA atrasado. Así mismo, los que sufren de enfermedades catastróficas han formado asociaciones para reclamar medicinas y atención. En cuanto a seguridad, ya 2025 se ha convertido en el año más violento de la historia del país pues de enero a noviembre 28 los homicidios intencionales fueron 8272 que ya supera a los que hubo en 2023. Esto a pesar de la política de seguridad de mano dura y los operativos de las fuerzas del orden. Se requiere una revisión de la estrategia de seguridad para aumentar la efectividad de la lucha contra el crimen organizado. La inseguridad no solo afecta a la población que vive atemorizada sino además a la mediana empresas, los pequeños empresarios y emprendedores que ven limitadas sus inversiones

En social, debería atenderse con prioridad la falta de medicina y la atención tardía en los hospitales públicos. Primicias reporta que en la Maternidad del Guasmo hay que comprar todo para el partol  Fue un avance el comenzar a abastecer de medicamentos a los hospitales del IESS. Queda pendiente afrontar la crisis de este organismo que cada vez se agrava. Se requiere que la vicepresidenta, a quien se le encargo resuelva la problemática de Salud, comience atender con urgencia lo que demanda la población pobre de manera que pueda ser atendida dignamente en las casas de salud a fin de aliviar su situación social. Al parecer la falta de atención de salud obedecería a la intención de privatizar la salud pública.

Finalmente, en lo político, es necesario un acuerdo nacional para que todas las fuerzas políticas apoyen enfrentar la grave crisis económica, de seguridad y de salud. Para que esto prospere, la iniciativa debe venir del ejecutivo, dejar de lado la confrontación con los municipios y otros opositores y proponer una agenda gubernamental y legislativa que tenga como objetivo resolver las tres crisis urgentes. De no hacerlo, el gobierno enfrentaría un agravamiento de los riesgos económicos, de seguridad y social que puede conducir a una perdida de gobernabilidad y estabilidad del país.  Es hora de dejar el partidismo y aportar para que el país pueda avanzar y por lo menos se puedan atender urgentemente a la población más vulnerable y a las mayorías con buenos servicios públicos y el gobierno reoriente su rumbo para comenzar a enfrentar la triple crisis, los problemas estructurales y encaminar al país por la senda del desarrollo y equidad social.

Luis Rosero M.

La derrota aplastante en el referéndum y consulta popular exige al régimen responder a los desafíos de la desaprobación de su gestión, que exige una rectificación, obligando a un cambio de rumbo, que busque mejorar las condiciones de vida del ciudadano común y corriente, y, por otro lado, diseñe una estrategia efectiva para enfrentar los críticos problemas que enfrenta el país y lo encamine por una senda del desarrollo, distribución más equitativa del ingreso y justicia social.

El triunfo del no puede atribuirse a ningún partido o movimiento político, sino al descontento e inconformidad de la población ante la situación crítica que viven muchos ecuatorianos, a los rasgos del régimen y a una gestión gubernamental ineficiente, que no ha sido capaz, pese a los esfuerzos, de reducir la inseguridad ciudadana, de no atender la crisis social, principalmente de salud y no enfrentar eficazmente la crisis económica actual y la que se viene. En lo político, se requiere llegar a un acuerdo o consenso, con las principales fuerzas políticas, para alcanzar la gobernabilidad y buscar apoyo para enfrentar estos tres problemas que son los más inmediatos y urgentes. Tampoco se puede descuidar atender los problemas estructurales que frenan el crecimiento económico. Sin embargo, el reciclaje y recambio de ministros en la crisis de gabinete, la continuación del conflicto con el Municipio de Quito y el encargo del Ministerio de Salud dejan dudas sobre la necesidad de un gran cambio en el accionar del régimen y parecen no estar a la altura de las circunstancias para entender el mensaje que dejó la aplastante derrota en el evento electoral.

En seguridad, los datos muestran la gravedad de la situación. En los primeros 10 meses, de 2025, las muertes violentas alcanzaron 7553 que superan a las 7062 que se registraron en 2024. Más aún, de acuerdo a la Iniciativa Global Contra el Crimen Organizado Internacional Transnacional, el Ecuador tiene en 2025, un Índice Global del Crimen Organizado de 7.48 que lo ubica como el quinto país más violento del mundo y cuarto en América. Esta situación de inseguridad no solo afecta a toda la población, que ve restringida su movilización y sus actividades cotidianas, sino además a los pequeños empresarios, emprendedores y mediana empresa que ve afectada su actividad económica por la exigencia de extorsiones (vacunas) y la reducción de sus clientes. En consecuencia, urge revisar la política, estrategia y tácticas de seguridad para luchar contra el crimen organizado a fin de que sea más efectiva incluyendo, a quienes están dirigiendo las operaciones de seguridad, para reducir los índices de violencia. Al parecer, la estrategia de mano dura no resulta tan eficaz sino va acompañada de otros componentes.

La crisis social se refleja principalmente en la crisis de salud pública expresada por la falta de medicamentos e insumos médicos, atención tardía y restricciones en los servicios de salud básicos (imágenes, operaciones, etc.). Si bien ya se inició el abastecimiento de medicinas, en ciertos hospitales del IESS, en los hospitales regentados por el Ministerio de Salud (MS), sigue la situación crítica. Otro dato que ilustra la crisis social, es la pobreza. Así, según Unicef, el 36.5% de niños y niñas menores de 5 años esta en situación de pobreza por ingresos. Y, de este grupo, el 20% de los menores de 2 años padece de desnutrición crónica. Si bien ésta se ha reducido a 19% en 2024, sigue siendo alta. Sin embargo, según el Inec, a junio de 2025, la pobreza, por ingresos, a nivel nacional alcanzó 24% y la pobreza extrema 10.4%. Esta es la realidad objetiva, que muestra la gravedad de la crisis social. En consecuencia, al gobierno le cabe establecer estrategias para enfrentar la crisis social, empezando con abastecer de medicinas, insumos médicos, a los hospitales del MS y resolver los problemas de atención tardía y restricciones en los servicios de salud básicos. Se trata de mejorar las condiciones de vida de la población, sobre todo de la más vulnerable.

De la crisis económica, resalta los problemas de empleo, subempleo y el tamaño del sector informal. En efecto, a septiembre de 2025, según el Inec, la tasa empleo adecuado fue 36.1%. O sea, apenas algo más de un tercio tiene trabajo que cubre los beneficios sociales. La tasa de subempleo representó 21.2% y el sector informal alcanzó más del 50%. En este, tema es clave el crecimiento económico y de ahí la necesidad de la reactivación económica. El otro rasgo visible de esta crisis, es el déficit fiscal de 4.4% a pesar de la reforma tributaria basada en aumentar los ingresos tributarios con impuestos y contribuciones. Pero, lo más crítico es la orientación y prioridades de la política fiscal. Para tratar de reducir el déficit fiscal, el régimen ha relegado al sector salud, de ahí, su crisis; a otros sectores sociales y la inversión pública. Ha utilizado como mecanismo la falta de ejecución del presupuesto. A octubre de 2025, el MS ha ejecutado el 42% de su presupuesto. Ya quedan solo dos meses para fin del año y, en diciembre, el Ministerio de Finanzas cierra las autorizaciones de partidas presupuestarias en diciembre. Por otro lado, hay deshumanización en dicha política. Jubilados y discapacitados han optado por un juicio al gobierno para que se cumpla con la devolución del IVA, que les sirve de complemento a sus escasos ingresos. Y pacientes con enfermedades raras formaron el Frente Nacional de Enfermedades Raras para presionar la entrega de medicinas en el sistema de salud pública. El otro problema fiscal crítico es la deuda pública. Más de las tres cuartas partes de esta corresponde a deuda externa, lo que lleva al riesgo de la sostenibilidad de la deuda externa, una nueva reforma tributaria para pagarla y la posibilidad de una renegociación de la misma. Se ha generado el círculo vicioso déficit fiscal – reforma tributaria – renegociación de la deuda, como ya lo he expresado en otros artículos. La deuda se ha utilizado para gastos corrientes y se adquiere deuda para pagar deuda. Nebot, el ex alcalde de Guayaquil, ha advertido “La deuda externa, tal como esta planteada, es una irresponsabilidad pagarla….”

Finalmente, el régimen debería cambiar su forma de accionar políticamente como la judicialización de la protesta, la opacidad, el acoso a los opositores, la cooptación de otras funciones del estado, la deriva autoritaria, etc.

En síntesis, el régimen esta en una encrucijada o ejecuta eficientemente su gestión, cambia de rumbo, respeta la democracia, defiende los intereses nacionales soberana ante las presiones de la geopolítica, elimina los conflictos de interés, reactiva la economía y abandona su autoritarismo o terminará su período debilitado y rechazado por la población. Si quiere legitimarse deberá esforzarse para mejorar las condiciones de vida de la población, actuar políticamente con mecanismos transparentes y respetar la constitución. Si no, pasará a la historia como un gobierno, de un presidente empresario, que será juzgado por el conflicto entre el interés particular e interés nacional. El país necesita un estadista que esté a la altura de las circunstancias para enfrentar los problemas nacionales.