Luis Rosero M.

La Corte de Suprema de EE.UU. invalidó parte de la política arancelaria que había establecido Trump, en abril del año pasado, pero el presidente estadounidense se apresuró a dictar una nueva orden ejecutiva (decreto) que establece un arancel global de 15% (inicialmente de 10%). Con esta medida, las exportaciones de Ecuador podrían verse afectadas dependiendo de las excepciones de esta orden y de otras medidas que tome el presidente estadounidense.

La Corte Suprema dejo sin vigencia los aranceles recíprocos que había impuesto, en abril de 2025, a varios países y bloques comerciales del mundo basados en la ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional. El alegato de la corte dictaminó que el presidente se excedió en sus poderes debido a que esa ley es para situaciones de emergencia. El presidente buscando un respaldo legal utilizó la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que establece si hay problemas críticos de balanza de pagos el ejecutivo puede imponer aranceles temporales de 15% pero solo por 150 días, después de los cuales el Congreso tendrá que dar autorización para su continuación. La cuestión de fondo respecto a los aranceles es que solo el órgano legislativo de EE.UU. tiene la autoridad para imponer tributos. Pero la legislación estadounidense tiene legislación que le facultan al presidente a establecer aranceles de manera limitada. Así, Trump tiene algunas posibilidades de aplicar aranceles. Pues, dicha ley de Comercio señala, en la Sección 302, que podrían imponerse aranceles y medidas no arancelarias por prácticas comerciales desleales; la sección 301 faculta a la Comisión de Comercio Internacional a realizar investigaciones si el aumento de las importaciones desde Canadá o México, tras la reducción de aranceles, por discriminaciones o no justificables afecta la industria nacional pudiendo imponer aranceles o restricciones comerciales; la Sección 232 puede establecer aranceles por razones de seguridad nacional y la sección 338 también da la facultad al presidente de aplicar aranceles por discriminación contra las exportaciones estadounidenses. Además, podría utilizarse las agencias de Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) y el Departamento de Agricultura (USDA) por temas sanitarios de los productos importados. Esto implica que el presidente estadounidense puede establecer aranceles por varias vías y que podrían ser paralelas a las del 15% de la Sección 122 o posteriormente a los 150 días. Consecuentemente, esto deja en incertidumbre a los países que exportan a EE. UU. sobre su política arancelaria, lo cual a su vez genera problemas de competitividad entre países que venden los mismos productos primarios a esa nación.

En el caso de nuestro país, si se impone el mismo arancel para nuestros vecinos (Colombia y Perú) estaríamos en igualdad de condiciones para exportar a EE.UU. productos agropecuarios. Con la nueva medida se elimina el arancel reciproco que había y comienza a regir el 15%. Colombia le exporta algunos productos agrícolas principalmente café, banano, plátanos, filetes de pescado, cacao y flores. Estas últimas ahora tendrían un arancel de 15% y las de Ecuador también, pero soportaran una sobretasa de 15% (8/2025) mas 6.8%, con lo que el país entraría en desventaja para competir con las flores del país vecino, pero hay la posibilidad que con el Acuerdo de Comercio Reciproco con EE.UU. las flores tengan cero arancel cuando entre en vigencia. Ecuador exporta a EE.UU. principalmente petróleo, camarón, banano, otras frutas, cacao, café, flores, oro y atún. En camarón el país tiene una sobretasa de15% (8/2025) más 3.78% por subsidios. Al eliminarse el 15% de (8/2025), con el nuevo arancel de la sección 122, el crustáceo seguirá pagando 18.78%, lo que lo pone en desventaja con los otros exportadores de camarón, pero estos recibirán el 15%, excepto los países del T-MEC, lo que pone ventaja a México que exporta el crustáceo a EE.UU.  En banano, cacao y plátano estaríamos en igualdad de condiciones para competir con Colombia, pero la ventaja que tiene Ecuadorcon el banano es la mayor calidad y sabor de la fruta. Sin embargo, hay que considerar las excepciones que tiene la Sección 122, con la que se aplicó el arancel del 15%. Las excepciones son para productos agrícolas no producidos por EE.UU.: café, té, cacao, especias y frutas tropicales (entre ellas banano) así como minerales críticos. Consecuentemente, en estos productos estaríamos en igualdad de condiciones para competir con Colombia y otros países. 

La ventaja de Ecuador es que negoció un Acuerdo de Comercio Recíproco (ART) que se cerró justo unos días antes de que se impusiera el arancel del 15%. En el ART se estable que tendrán arancel cero los siguientes productos: flores, arándanos, aguacates, piñas, banano, plátano, mangos, café y cacao en grano y procesado, lomos de atún, pitahaya, yuca, malanga, jengibre, uvillas, palmito, banano y plátano procesados, oro, cobre, plomo y otros. Sin embargo, como todavía no esta firmado este acuerdo y hasta que no se rubrique estos productos seguirán pagando el 15%, pero el hándicap es que ya tenemos un ART negociado y solo falta que entre en vigencia.

Otra ventaja que tiene Ecuador es que el gobierno ecuatoriano considera a EE.UU. como aliado.  Aprovechando esa coyuntura, firmó un acuerdo para el suministro de tierras raras y materiales críticos con dicho país. Recientemente el Instituto de Investigación Geológico y Energético (IIGE) publicó un estudio (septiembre 2025) en el que se detectó indicios de tierras raras (neodimio) en la provincia de Sucumbios y en Azuay y Loja (cerio). Los minerales críticos incluyen el litio, cobalto, cobre, gráfito y tierras raras. Son utilizados en la industria de energía limpia, vehículos eléctricos, defensa e inteligencia artificial.

En síntesis, si bien el arancel del 15% establecido por EE.UU. puede afectar a las exportaciones ecuatorianas hacia ese país, sin embargo, las excepciones de la ley 122 deja fuera de este gravamen a café, cacao, banano y otras frutas con lo cual estos productos tendrían arancel cero así como los minerales críticos que incluye a las tierras raras. Los otros productos tendrán que pagar arancel del 15% por 150 días a partir del 24 de febrero. Sin embargo, como el gobierno logró un Acuerdo de Comercio Reciproco, cuando entre en vigencia, la mayoría de las principales exportaciones agrícolas del Ecuador entrarían con arancel cero. Aún más como a EE.UU. le interesa los minerales críticos y los estudios muestran indicios de tierras raras tiene una ventaja adicional en el comercio con el país del norte. Además, el régimen seguirá fomentando el crecimiento con exportaciones agrícolas, de crustáceos y mineras que podrían en 2026 compensar el escaso aumento de 2% del PIB que apuntala un modelo agro minero exportador.

Luis Rosero M.

La coyuntura actual, en el contexto interno, se ha dinamizado por una serie de eventos relacionados con la seguridad, corrupción, libertad de expresión, política, economía, ambiente, sociales, etc. que muestra cómo van cambiando los soportes de la democracia, la gestión del gobierno y la evolución del país principalmente relacionado con su economía. Después de una prolongada ausencia en diciembre del año pasado y enero actual, el ejecutivo retoma su gestión, en el país, y con un panorama político despejado en el puerto principal, justo a los tres meses de la derrota en la consulta popular. Como había anticipado, en artículos anteriores, el telón de fondo son las elecciones seccionales del próximo año.

En el escenario del país, el problema principal sigue siendo la inseguridad ciudadana. En efecto, tiene 7 de 10 ciudades más violentas del mundo (Guayaquil, Machala, Babahoyo, Quevedo, Esmeraldas, Manta y Santo Domingo) según el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal de México. Los datos reflejan que hay 6 ciudades que están en 5 provincias de la Costa y una sola de la sierra. Consecuentemente, el problema de mayor violencia se localiza en las 5 de 6 provincias de la costa. Siendo Babahoyo la segunda más violenta del mundo. El problema de la seguridad incluye las muertes violentas, el secuestro y la extorsión, pero además esta la pérdida de control territorial de parte del estado. Para enfrentar el problema, el gobierno anunció un nuevo plan de seguridad que mantiene la militarización del país, los operativos, pero introduce cambios en las acciones de inteligencia, etc. y agrega el control de los 3 ejes viales de Guayas, Pichincha y Manabí para disminuir la inseguridad en las carreteras de esas provincias, reconociendo la falta de control territorial en estas vías. Es una medida requerida por los transportistas, sin embargo, faltaría agregar el desvío de Quevedo, con su anillo vial, que conecta la vía con rumbo a Quito. A pesar de esa omisión resulta ser una acertada medida, esperamos que la medida tenga buenos resultados.

El escenario también contempla el problema de la corrupción. El informe sobre la corrupción 2025, de Transparencia Internacional, mostró que el índice de percepción de la corrupción del país en 2024 fue de 32 y se ubicó en el puesto 121, mientras que en 2025 el índice aumentó a 33 y puesto 116 entre 182 países. Esto muestra un aumento de la corrupción en el país, en el año pasado, según este organismo.

Los datos de la corrupción en el país se relacionan con la institucionalidad del país, entre ellas la de la justicia, salud y otros sectores. En la coyuntura actual destaca el juicio político al presidente de la Judicatura, Mario Godoy, impulsado por el correísmo. Su principal acusación, en este evento, es la presión ejercida indirectamente sobre el Juez Serrano para cambiar una sentencia y la defensa de su esposa en juicios de drogas que implicaría conflicto de intereses. Al parecer, por los criterios de juristas, colegio de abogados, ex presidente de la Corte Suprema, etc. Godoy debe renunciar y llevaría a votar por la destitución a ADN, RC, PSC, PKT y otros. Pero el tema no queda ahí, ya que debe elegirse  su reemplazo y el Fiscal de Nación. Alexandra Villacis, le tocaba reemplazarlo, sin embargo, apareció una deuda tributaria, que era un impedimento legal para posesionarse pero, el programa Primera Plana, señala que el SRI otorgó un certificado que descarta la deuda. Debido a esto, el presidente (e) de la Corte de Justicia, envía una terna al CPCCS para elegir a la vocal. Un conjunto de abogados y otros actores señalaron que debió esperar que se active la designación del vocal suplente. De los 3, aparece en primer lugar la jueza M. Caicedo que ha condenado a figuras correistas. El presidente del CPCCS, A. Fantoni, fue nombrado a pesar de los cuestionamientos en su contra y también asumió la jefatura de la Función de Transparencia del Estado. Además, Radio Capital reporta que en sus 5 años como servidor público tuvo un acelerado crecimiento de su patrimonio. Antes de su nombramiento, él y 3 consejeros enfrentan un juicio político, que esta en espera de la decisión del CAL. Lo importantes es que el CPCCS elige al Fiscal. Pero lo más crítico es que se publicó en medios una fotografía de un evento deportivo en la que aparece frente a altos miembros del gobierno.

Para complicar el panorama, el Comando Conjunto de las FF.AA. del Ecuador emitieron un comunicado en la que señalan la forma en que deben realizarse la cobertura de prensa de las FF.AA., al igual a lo que se hizo en EE.UU. Lo cual provocó un rechazo de los medios de comunicación nacionales, de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH que señaló: que “La libertad de prensa se agrava en A. Latina por censura y violencia” y la SIP que declaró: “Ninguna entidad del Estado puede erigirse en árbitro de la prensa”. Después de algunos días, las FF.AA. señalaron que las normas sobre los medios no esta vigente. A eso se agrega, la compra por Luis Alvarado C., asambleísta alterno de ADN, en agosto de 2025, de La Posta, medio digital, y el 80% de participación de Radio Centro a través de Galamedios y, por otro lado, el conflicto gubernamental con diario Expreso.

En síntesis, se agregó el control de 3 ejes viales para el control de carreteras en tres provincias a fin de ejercer vigilancia territorial y luchar contra el crimen organizado en esas vías. Sin embargo, es preocupante lo que sucede con los nombramientos de ciertos funcionarios de las instituciones de justicia tanto en el Consejo de la Judicatura y del futuro fiscal. Los principios de la democracia deben respetarse para su adecuado accionar, entre los que están la necesidad de mantener el equilibrio de poderes, la independencia y el contrapeso de las funciones del estado, el respeto a libertad de pensamiento y de expresión así como la participación accionaria en medios de comunicación por miembros del partido de gobierno pues genera conflicto de interés. Se requiere una reforma judicial profunda para evitar se llegue a una precarización de la democracia. Se torna indispensable garantizar la independencia de instituciones judiciales o del CPCCS (el quinto Poder). Hay que asegurar su autonomía para que tengamos una justicia justa, independiente y se encargue de hacer respetar los derechos de la ciudadanía y del país.

Luis Rosero M.

En el primer artículo sobre este tema señalé la hipótesis de una democracia desbordada en el país. Ahora presentaré una radiografía de este tipo de democracia y como esta estructurada. En esta coexisten una economía criminal y una economía formal, en la que la primera genera efectos económicos y sociales en la segunda y la sociedad.

A nivel teórico, al referirse a la economía criminal Juan P. Luna plantea que esta integrada horizontal (varios negocios) y verticalmente (diferentes etapas de los negocios). Por ser una actividad ilícita requiere de defensa jurídica para defender a los miembros de esta economía. Tiene un “tipo de estructura criminal que desafía y coopera con agentes estatales y actores políticos en cada país.” Como esta organización requiere de personal para sus distintas activades acude a mercados de trabajo informales y legales. Pero, además, buscan cooptar la justicia, instituciones públicas y partidos políticos.

En Ecuador, la principal actividad que realizan los carteles de la droga es la exportación de la segunda sustancia sujeta a fiscalización por ser la más rentable. Además, sus otras actividades son la extorsión (vacunas), secuestros, minería ilegal, lavado de activos, permeación de instituciones públicas para hacerse cargo de algunos servicios o provisión de insumos (medicamentos, documentos de tránsito), etc. Por su actividad principal se han asentado en el país para la distribución de dicha sustancia, de la cual se abastecen de Perú y Colombia. En el transporte hacia nuestro país los carteles están sujetos a capturas por parte de las autoridades y, en la exportación, hacia Norteamérica y Europa corren riesgo de que la carga sea confiscada en el puerto de embarque o de destino. La evidencia es concluyente. Así, la Policía Nacional decomisó en 2024 y 2025 la cantidad de 294.6 y 222.3 toneladas de drogas respectivamente. Entre enero y 21 de noviembre de 2024, según la misma fuente, hubo 4275 extorsiones a nivel nacional, y, en el mismo periodo de 2025, llegaron a 6787, un aumento de 58.7%, que sufrieron comerciantes, tenderos, laboratorios, transportistas, profesores, etc. En tanto que los secuestros, en el mismo periodo de 2025, alcanzaron 1822 a nivel nacional.

En cuanto a minería ilegal, en 16 meses (hasta mayo de 2025) se inhabilitaron 231 retroexcavadoras y casi 50 dragas en operativos de seguridad, equipos que usa la minería ilegal. Respecto a la cooptación de entidades públicas para actividades ilícitas por parte de mafias, el año pasado se intervino las agencias de Transito de Manta y Duran y, el cierre, en enero de 2026, de la Agencia Nacional de Tránsito, en Pichincha, Santo Domingo y Tungurahua se realizó para investigar delitos en el trámite de documentos o permisos, en el que se detuvo al Director Nacional de la ANT. Esto demuestra el grado de penetración de las mafias de las instituciones del estado.

Por los delitos que cometen los miembros de los grupos criminales, requieren de defensa jurídica. Para ello, estas organizaciones han cooptado la justicia. Así, el expresidente de la Judicatura, W. Terán fue condenado por asociación ilícita por manipular el concurso de jueces y obstrucción de la justicia. En enero de este año, se inició el juicio político contra el actual presidente de la Judicatura, M. Godoy, por incumplimiento de funciones. El juez Carlos Serrano denunció que fue presionado por el Director de la Judicatura, H. Gaibor, para que favorezca en una sentencia de un narcotraficante, cuyo abogado, según medios de comunicación es la esposa de Godoy. Gaibor es cercano al presidente de la Judicatura. Serrano denunció que se le quito la protección policial, el no respaldo a su gestión y la falta de garantías institucionales para la independencia judicial.

En suma, los indicios muestran como los negocios de los carteles y bandas criminales están afectando a la economía formal. En el caso de las exportaciones de productos tradicionales, en los puertos de llegada, deben someterse a inspecciones minuciosas para detectar posible envío de drogas. Por otro lado, a través de las extorsiones y secuestros, los grupos criminales afectan a la pequeña empresa y microempresas que ha obligado al cierre de muchas de estas y, en algunos casos, a una migración obligada para resguardar su vida. Pero no solo afecta a estos negocios sino además a transportistas, profesores y, en algunos casos, negocios familiares. La minería ilegal esta impactando seriamente al medio ambiente y desalojando a la minería artesanal que se ven presionados a dejar su actividad por el peligro que corre su vida. En la disputa del territorio por el narcomenudeo, las bandas criminales tienen batallas en las calles y ajustes de cuentas. Los sicarios que intervienen en éstas son atraídos en los mercados de trabajo informales e ilegales, que afecta a las familias más pobres. Además, la cooptación de las agencias de tránsito y otras instituciones para actividades irregulares perjudican al estado y a la ciudadanía que tiene que pagar valores adicionales para obtener un permiso o un documento de tránsito o, en el caso de los hospitales, de medicamentos con sobreprecio, lo que afecta finalmente a la salud de la población. En consecuencia, la cooptación de la justicia por parte de los grupos criminales es para favorecer a sus miembros, lo que muestra el poder que tienen estos grupos para defender sus actividades ilícitas. El instrumento para la cooptación de entidades del estado es la corrupción que ha avanzado a tal grado que incluso están inmiscuidos los gerentes o ex comandantes de la policía como la acusación del del caso Varela. Además, hay debilidades en la detección del lavado de activos, tráfico de migrantes, trata de mujeres, muñecas de la mafia, etc. que son aprovechadas por las mafias para incrementar sus ganancias.

En síntesis, los indicios apuntan a un aumento de las actividades ilícitas que afectan a la economía formal, al estado que pierde el control de la impartición de una justicia independiente, al ciudadano común que ve que no puede seguir con su pequeño negocio o emprendimiento por las extorsiones o secuestros y emigrar, o al ciudadano de a pie que vive inseguro, atemorizado por la violencia de los grupos criminales y que añora la paz ciudadana de antaño, las familias mas pobres que ve como sus hijos son cooptados por las bandas criminales para realizar ilícitos. En sí, se trata de una democracia que -por hipótesis- estaría siendo desbordada por la acción de los grupos criminales y que el gobierno no puede frenarlos. Se trataría de un estado en crisis que esta siendo arrinconado y se encuentra en un proceso de pérdida de control de ciertas las funciones del estado. ¿El cambio de la política de seguridad y su estrategia de militarización de ciudades con operaciones preventivas de inteligencia podrá revertir la situación? Es lo que espera la ciudadanía.

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Luis Rosero M.

El país atraviesa una compleja y crítica coyuntura en seguridad, lo social, economía, política e institucional. El régimen ha realizado avances en su gestión pero también ha habido retroceso en éstas, reflejando que los problemas nacionales que se agravan por su atención a destiempo, por otro, después de la derrota en la consulta popular y referéndum hubo un mensaje contundente  de la población al gobierno a lo que se suma un presidente ausente, por sus continuos y seguidos viajes al exterior, ahora busca recuperar su imagen y la baja percepción sobre la calidad de gestión gubernamental teniendo en mira las elecciones seccionales del próximo año.

La encuestadora Click Report, en su informe de enero de 2026, recogió la opinión de los ciudadanos de 4 provincias sobre los problemas del país, arrojando resultados que, en orden de importancia, son: 1. Inseguridad (30.6%), 2. Falta de empleo (26.5%), 3. Lucha contra la corrupción (13.7%), 4. Crisis Económica (12.5%) y 5. Acceso a la Salud (9.8%).

La inseguridad ciudadana se refleja en el índice de muertes violentas que, el año pasado, alcanzó 51 homicidios intencionales por cada 100.000 habitantes, siendo uno de los más altos que el promedio mundial o regional. El 73.7% de los encuestados señalaron que se sienten pocos seguros en su barrio y el 32.1% nada seguro. Los datos muestran el alto grado de inseguridad que sienten los ciudadanos que cada vez más viven más atemorizados y con mucha incertidumbre sobre el riesgo de vida. El presidente, que estaba en un Foro Económico, en Panamá, regreso de urgencia. Se reunió con el bloque de seguridad y anunció un nuevo plan de seguridad que incluye la compra de equipo militar, modernizar el sistema de inteligencia y protección de la infraestructura. Además, se planificará la construcción de más prisiones, seguridad fronteriza y afectación de las finanzas de los grupos criminales. Se destacó que la UNASE operaría con autonomía para enfrentar la extorsión y el secuestro. Esta nueva política de seguridad se agrega a la militarización de ciertas ciudades. He comentado que, solo la mano dura, no estaba funcionando y, al parecer, la estrategia y labores de inteligencia estaban fallando en la anterior política de seguridad. Un cambio en éstas y otros componentes, entre ellos, los sociales eran necesario en esta política. Es un avance en cuanto a la política de seguridad, habría que ver los resultados.

En lo social, persiste la falta de medicamentos e insumos médicos, atención tardía y turnos otorgados a varios meses en los hospitales públicos incluidos el IESS, o sea la prestación de un mal servicio y, más aún, que debería ser excelente. En la encuesta de Click Report aparece como uno de los problemas críticos que afrontan los ciudadanos, sobre todo de empleados, trabajadores y personas de escasos recursos que sufren las consecuencias en su salud por el mal servicio.

En economía hay varios problemas, la guerra comercial con Colombia, el vaivén y el bajo nivel de actividad económica, el elevado nivel de la deuda externa, el déficit fiscal, las leyes urgentes que obligaría a los GAD a invertir el 70% en obra pública, la reforma a la ley de minería, etc. Respecto al primero, no tiene mucho sentido que el gobierno abra otro frente, cuando ya el país tiene que resolver otros problemas económicos. En este artículo, solo me referiré al segundo; los otros se tratarán en los siguientes artículos. El país tiene un problema respecto al sector externo ya que, al ser una economía pequeña, enfrenta shocks externos que inciden sobre el nivel de actividad económica y su crecimiento, más aún, cuando enfrenta presiones geopolíticas, en un contexto de avance de las corrientes autoritarias y que el gobierno busca imitar. Si bien, el mercado de trabajo ha mejorado en cuanto al empleo adecuado (36.8% a 12/2025), pero tuvo un subempleo de 18.2% y una informalidad que bordea el 50% y, en perspectiva de largo plazo, estamos muy lejos del 47.9% de empleo adecuado del 2013, año del segundo boom petrolero. Hay un problema estructural de generar suficiente empleo formal. En esta etapa de turbulencias en la economía mundial, el Banco Mundial recorto la previsión de crecimiento del país a solo 2% para 2026, lo que significa que se va generar menor nivel de empleo que el de 2026. Se estima que, en 2025, la economía creció en 3.5 – 3.7%, en consecuencia, el nivel de empleo adecuado caería muy por debajo de 36.8% en 2026. La economía creció, el año paso, por el mayor dinamismo de las exportaciones, consumo de hogares y remesas de los migrantes. Para dinamizar el mercado de trabajo el gobierno podría apuntalar la inversión pública e incentivar la privada para compensar la caída en el empleo adecuado en este año. Sin embargo, con la recompra de parte de la deuda externa y emisión de nuevos bonos soberanos, el gobierno acumuló recursos y ofreció pagar en efectivo la recompra, de manera que no hay margen de maniobra ni para salud ni para incentivar el empleo.

Como consecuencia del aumento de la inseguridad ciudadana, desatención a la salud y baja creación de empleo dos encuestas marcan la tendencia de la evaluación de la gestión del presidente. La encuesta de Click Report muestra una caída de la aprobación del mandatario. Así, entre octubre de 2025 a enero de 2026, el 54.4% aprobaba su gestión mientras que en enero, esta cae, a 46.9%. En tanto que, el Centro de Investigaciones y Estudios Especializados, en su encuesta muestra que, en octubre de 2025, el 52% califico la gestión como muy mala/mala mientras que esta mala calificación, en enero de 2026, aumenta a 60%.

En consecuencia, el gobierno busca recuperar su popularidad mediante la otorgación de una serie de ofertas. Entre ellas están, 18 millones en créditos de Desarrollo Humano para capital semilla, el otorgamiento de 789 nombramientos a profesores de educación media; impulso al programa de vivienda gratuita para personas en situación de vulnerabilidad; continuación de los créditos agropecuarios  7 años x 7% de interés, a través de BanEcuador, para capital de trabajo y compra de maquinaria y equipos agrícolas Finalmente, se estableció el programa de crédito hipotecario para vivienda popular a una tasa de interés subsidiada de 2.99% con fondos del BIESS. Si bien, esto representa un gran avance en cuanto a adquirir una vivienda popular a bajo costo financiero, sin embargo, el subsidio financiero se le carga al BIESS que está en crisis.

En síntesis, con un nuevo plan de seguridad el gobierno espera reducir los índices de muertes violentas, extorsiones (vacunas) y secuestros. Esto es un avance en seguridad, esperemos los resultados. No hay muchas posibilidades de generar más empleo adecuado en 2026, en relación al del año anterior, debido a la caída de la tasa de crecimiento del 2%. La mala calidad de la gestión gubernamental, sobre todo en seguridad, salud y empleo, ha hecho caer aún más la popularidad del presidente después de su derrota en la consulta popular y referéndum del 26 de noviembre del año pasado, lo que ya daba indicio del descontento popular por la ineficiente gestión gubernamental del régimen. Para tratar de recuperar la popularidad del presidente el presidente nuevamente, como en las elecciones presidenciales y consulta popular, ofreció una serie de beneficios a la población entre los que destaca el crédito hipotecario a 2.99% para vivienda popular. El atender a destiempo los problemas del país, no resolver la crisis de salud, la falta de generación de empleo, el estar ausente del país, por sus continuos viajes al exterior, etc. ha pasado factura al régimen. Ahora ya se anunció un nuevo viaje del presidente del 1 al 5 de febrero, sin conocerse la agenda oficial. Necesitamos un estadista que enfrente los problemas del país con eficiencia y oportunamente.