El veto al proyecto de ley de apoyo humanitario, en lo laboral, mantiene la flexibilidad laboral pero endureciendo las condiciones encuadrándose en una reforma laboral propugnada por los organismos internacionales. En este artículo trataremos solo las objeciones en lo referente a lo laboral.

En un artículo anterior dije sobre este tema: “Se introduce la flexibilidad laboral mediante 4 nuevas formas de contratación, reformando el Código de Trabajo. Primero, mediante acuerdos entre trabajadores y patrones que puede implicar cambio salarial. Segundo, el contrato especial emergente, con reducción de hasta 20 horas de trabajo semanales,  distribuidas en 6 días (que incluiría fines de semana), con lo que el patrono no pagaría horas suplementarias, contrato que puede durar hasta 4 años. Tercero, reducción emergente de la jornada que puede ser hasta del 50%, lo que implica reducción del ingreso del trabajador y el contrato puede durar hasta 4 años. Cuatro, el teletrabajo, una nueva modalidad, que implica que el empleado puede realizar el trabajo desde su casa y puede implicar reducción del sueldo. Estos nuevos contratos constituyen una reforma laboral que debe estar incluida en el nuevo acuerdo que el gobierno negocia con el FMI.”

El veto, en cuanto a contrato especial emergente, reduce su duración de dos años a uno. La Asamblea había postulado 2 años renovable por una sola vez, o sea una duración de 4 años. De la misma manera, para la reducción de la jornada laboral, la Asamblea determinó una duración de dos años renovables por una sola vez, o sea 4 años. El veto lo reduce solo a un año. El veto, del numeral 6 del artículo 169 del Código de Trabajo, referente la interpretación de los casos fortuitos o de fuerza mayor, habilita al patrono a terminar la relación laboral, cuando el contrato sea inejecutable, cuando estos dos casos afecten una actividad o servicio o una línea o unidad de negocios.

Si bien, en cuanto al contrato especial emergente y la reducción de la jornada laboral se reduce el plazo en cambio posibilita el despido. Sin embargo, aún sin esta interpretación, contenida en el veto, ya los despidos se han venido dado, cuando se apruebe el veto estos serán mayores. Los datos estadísticos señalan la gravedad de la situación en el mercado de trabajo. En efecto, el Ministro de Trabajo, en su comparecencia en la Asamblea, a propósito de veto a la ley de apoyo humanitario, reveló que el número de desempleados, a Junio de este año, se incrementó en 173.000. Según el INEC, a diciembre de 2019, esta variable alcanzó llegó a 322.134. O sea que tendríamos a Junio los desempleados alcanzaron medio millón de personas. De esos 173.000, según el Ministro, 17000 fueron por caso fortuito o fuerza mayor no pagando, el empleador, las indemnizaciones legales y se cometieron abusos. Si estos despidos, fueron sin la ley de apoyo humanitario, ahora será más fácil despedir alegando estos dos casos.

Pero lo peor, del deterioro del mercado de trabajo, es el trabajo infantil. Este pasó de 2014 a 2018 de 99.500 a 201634 o seas un incremento de más de 100%. La coordinadora de Aldeas Infantiles, SOS Ecuador, señaló que actualmente existen 375.000 niños que hacen trabajo infantil. Pero más aún, la pandemia, obligó a una paralización de la actividad económica, hizo crecer el trabajo infantil. Como lo alertó la ONU y la FAO “Es probable que la COVID agrave aún más esta situación y haga que más niños dejen de ir a la escuela y se dediquen al trabajo infantil.” La situación del mercado laboral empeora si tomamos en cuenta al sector informal urbano, gente que vive de las ventas del día,  que creció de manera significativa con la pandemia.

En síntesis, la pandemia aumentó el desempleo, subempleo, el trabajo infantil y en el sector informal urbano. En pocas palabras: grave deterioro del mercado de trabajo. La flexibilidad laboral, contenida en el proyecto de ley de “apoyo humanitario” facilita el despido y se encuadra en una reforma laboral de carácter neoliberal, apoyado por el BMI y Banco Mundial, que descansa en la premisa que reduciendo costos de contratación y despido y otros preceptos aumenta el empleo, cuando más bien se da una precarización laboral.

Luis Rosero M.

La situación del BIESS ha llegado a un punto crítico por los problemas de liquidez, agravados por el aumento de la morosidad, excesiva burocracia y la entrega incompleta de la contribución del 40% del gobierno. Estos factores elevan el riesgo de la viabilidad financiera de la entidad y, en consecuencia, su existencia.

Respecto a la morosidad el BIESS tuvo una tasa baja hasta 2015 año en que alcanzo 2.9% pero en 2016 se dispara casi al doble (5.3%) y de ahí en adelante ha venido aumentado constantemente hasta que en 2019 alcanza el 7% pero, según el gerente, en 2020, ésta bordearía el 10%. Esto muestra un problema de gestión crediticia. Por otro lado, la situación de iliquidez se complica ya que antes de la pandemia, según reporta El Comercio, había 25000 créditos hipotecarios en mora, pero con el coronavirus podrían llegar al 50.000. Para enfrentar esta situación, el BIESS se ha visto obligado a tomar medidas como la de refinanciar o restructura la deuda a un plazo de 30 años (antes eran 25), otra es la novación mediante la cual se extingue la obligación y se la reemplaza por otra y además aumentó la capacidad de endeudamiento del afiliado por 3 meses, lo que será posible con la novación.

El número de empleados del BIESS ha venido aumentando constantemente lo que infla los costos. Dada la complicada situación, la  entidad anunció que, en el periodo setiembre-diciembre de 2019, redujeron el personal en 13%. Este proceso continuará y el propio gerente habla de que la institución se convirtió en un botín político. Estos dos factores han llevado a que el BIESS reduzca su nivel de utilidades e incluso, en 2019, muestre resultados negativos.

Por otro lado, el gobierno no ha cumplido con entregar el total del 40% de contribución al IESS que se comprometió a entregar desde de 2019. De este año todavía adeuda 542 millones de un total de 1425 millones. En 2020, el gobierno continúa adeudando los recursos de su contribución del 40%.

Por otro lado, la estructura actual de los activos del BIESS se reparte principalmente en: 41% en papeles del estado, 42% en créditos hipotecarios y 10% en créditos quirografarios. Estos son los que generan rendimientos y, por otro lado, los aportes de patronos, trabajadores y empleados generan los ingresos y liquidez. Con los recursos se tienen los ingresos corrientes, que según el gerente suman 345 millones mensuales, y con estos se pagan los gastos de salud y las pensiones que representan 430 millones, por lo que tienen un déficit mensual de 85 millones mensuales. El gerente del BIESS anunció que tendrían liquidez por 4 meses, por lo cual se corre el riesgo de iliquidez y habría dificultades para pagar las pensiones jubilares lo que implicaría una crisis social para los jubilados

La Superintendencia de Bancos realizo un examen de auditoría al BIESS en la  que se realizaron  algunas observaciones en la se notificaron problemas en gobierno corporativo y riesgos. El Gerente del BIESS, Troncoso, el 19/Mayo/2020,  ha recomendado al gobierno algunas medidas para enfrentar la situación de iliquidez: reperfilar la deuda con el gobierno de 2400 millones con bonos de deuda interna, reconocimiento de la deuda del estado con la Seguridad Social, acuerdo de pago del 40% con entregas programadas  del Ministerio de Finanzas en 2020,  en 2021 pagos mensuales y canje de los pagos atrasados con bonos de deuda interna.

En síntesis, el BIESS está en riesgo de desaparecer. Recordemos que el Banco Mundial en su acuerdo crédito con el país recordó eliminar al BIESS y transferir sus operaciones a la banca privada. Si no se toman medidas urgentes, entre ellas que el gobierno pague su contribución del 40%, las operaciones del BIESS se podrían paralizar o al menos eliminar algunos tipos de créditos pero lo más catastrófico es que no se podrían pagar o se retrasarían las pensiones jubilares lo que implicaría una fuerte conmoción y reacción social. El Gerente Troncoso presentó su renuncia denunciando: “Lamentablemente, no existe voluntad para apoyar este proyecto de transformación y existe intromisión del directorio actual (del banco) que ante una administración técnica y profesional es inadmisible”. Esto sin duda obedece, al cambio del Presidente del directorio del BIESS: Jorge Wated, que busca colocar a profesionales de su grupo. Pero la crisis de fondo está en el déficit actuarial de la seguridad social. Veamos si se echa abajo el plan del ex gerente o se establece otro, hasta tanto el BIESS seguirá en terapia intensiva con situación incierta.

El gobierno buscando más ingresos ahora decidió la liberalización del precio de la gasolina y diésel y, por ende la eliminación del subsidio a los combustibles, la cual se aplicará en tres etapas e implicará efectos sobe los costos de las empresas e inflación que a su vez disminuirá  la capacidad de compra de la ciudadanía.

En la primera etapa, hay  la reducción, de 10 centavos, en los precios de la gasolina extra y ecopaís fijándolas en 1.75 y el diésel en 1 dólar el galón, precios que estarán vigente durante el mes de junio y continuarían los subsidios. La segunda etapa sería la aplicación de una banda de precios, de referencia para nuestro país. Los precios de estos combustibles, con este esquema, pasarían a ser variables y se fijarían en función de los costos promedios ponderados de importación, los de transporte, almacenamiento, comercialización y los tributos aplicables (como el IVA), agregando además los márgenes mínimos y máximos de ganancia en las gasolineras. Esto implica que cada mes variarían los precios en función de las fluctuaciones de estas variables pero principalmente el precio internacional del crudo WTI, de referencia de nuestro país, con una banda de más o menos 5% sobre dichas variables.

En la primera etapa, en la que  hay una leve rebaja de dichos combustibles,  se da un caramelo dulce temporal, que tendría sabor amargo, a partir del 1 de Julio en adelante, cuando se aplicaría la banda y comience a subir los precios de las gasolinas y diésel. Sin duda, hasta que se vayan eliminando las cuarentenas, en los diferentes países, el precio del WTI va estar por debajo de los 40 dólares, pero una vez que comiencen a recuperarse las economías, principalmente las de China, EE.UU. y Europa, tendríamos un precio que va a variar poco, quizás esta tendencia se mantenga este año. Pero a partir, del próximo año, cuando la economía mundial comience a reactivarse vendrán los aumentos de precios de dichos combustibles. Cuando ocurra eso, se activará la banda del techo que limitará el incremento de dichos precios y, si el precio del WTI caiga bruscamente, tendremos la acción de la banda piso que no dejará que el valor baje menos que 1.75 para los dos tipos gasolinas y 1 dólar para el diésel. Cuando comience a operar a banda implicará que se eliminan los subsidios a dichos combustibles, dependiendo de cómo varía el WTI. Al eliminarse el subsidio, al diésel para sectores productivos aumentaría de precio, a partir de Julio de 2020, lo que implica aumento de costos para algunos sectores. Por otro lado, al eliminarse el subsidio a las dos gasolinas señaladas también habrá un aumento sobre el costo de transporte público y de costo para las empresas. El gobierno ha anunciado que aplicará medidas compensatorias para evitar el impacto sobre el transporte público.

Sin duda, habrá un efecto inflacionario, a partir de Julio, tanto por el aumento del costo para las empresas como por el factor especulativo que hará que aumente el precio de los bienes y servicios que se une a la que ya se dio, por efecto de la pandemia, en los bienes de la canasta básica y medicamentos, que aplicaron supermercados, comisariatos y farmacias, lo cual conducirá, sin duda, a una menor capacidad de compra de la población. Los más afectados serán los empleados públicos a los que se les redujo la jornada laboral en 2 horas, o sea una baja de sueldos disfrazada. Estas medidas tienen efecto recesivo y, dada que proyección del FMI de -6.3%, para este año, provocando una contracción mucho mayor aumentando del desempleo, subempleo y aumento del sector informal. Este año será muy difícil para todos, se hizo visible el hambre lo que implicará más violencia y delincuencia cuyos efectos, a más de los económicos y sociales, padece ya la población.