Luis Rosero M.
La Ministra de Gobierno ha señalado que hay nexos y conflictos de intereses entre los organismos de control y la Bolsa de Valores de Guayaquil-Decevale. El problema surge por las transacciones que hizo el ISSPOL con IBcorp y High Yield Bond Fund (HYBF) por un monto de 537 millones de dólares, cuyo rendimiento y capital no se han recuperado totalmente, afectando al ISSPOL y pone en riesgo los servicios que presta.
En el artículo anterior, sobre este tema, señalamos las diferentes inversiones que ha realizo el ISSPOL con entes del exterior –Ibcorp y HYBF- e internamente en fideicomisos de inversión, derechos fiduciarios, obligaciones y facturas comerciales cuyos rendimientos y capital tampoco pueden ser cobrados completamente por la falta de liquidez de los emisores de dichos títulos. Así, Ecuagran y Delcorp –empresas relacionadas- no le pueden pagar, por emisión de obligaciones y venta de facturas comerciales, los rendimientos y capital al ISSPOL. La primera fue intervenida, entre abril-setiembre de 2019, por la Superintendencia de Compañias, Seguros y Valores (SCSV). No se comunicó por parte de la Bolsa de Valores de Guayaquil la intervención, que es un hecho relevante que, según la ley del mercado de valores, debió ser advertido por dicha bolsa. El Intendente de Nacional Valores señaló, al respecto, que el auditor externo, de las dos compañías, no dio las alertas. Una autoridad de ese nivel, no puede excusarse de esta manera, pues en su trabajo de supervisión debió detectar tal irregularidad. Finalmente, la SCSV separó al funcionario pero el problema de fondo es que se afectó la fe pública, la confianza de los inversionistas y, lo más grave, se desconoce como el ISSPOL va a recuperar su capital y rendimiento de las inversiones con dichas empresas.
La situación más crítica es la recuperación del capital y rendimientos de la inversión con IBcorp y HYBF por 537 millones, cuyas transacciones se realizaron entre 2015-2016. Con la primera por 205 y en la segunda por 327 millones. En una transacción bursátil, con un fondo de inversión del exterior, el procedimiento a seguir es que participe un inversionista (ISSPOL), un intermediario (casa de valores), fondos de inversión (IBcorp y HYBF) y un depósito centralizado de valores (DCV). En la primera, el ex gerente de la casa de valores Valpacifico –hoy amenazado por ser testigo de investigación-, que intervino en la negociación, señaló que advirtió, por carta a David Proaño, director del ISSPOL en esa época, que “la ley no permite que Decevale tenga en custodia papeles que no están inscritos en el catastro”. La segunda operación con HYBF, según El Comercio, “pasó por la Bolsa de Valores de Guayaquil el 30 de diciembre de 2015 y la casa de valores CITADEL fue la intermediaria.” Según el Superintendente de Compañias, Seguros y Valores, DECEVALE “había estado negociando, operando, registrando valores no inscritos en el catastro… ha estado fungiendo de custodio de valores que no debía.” Pero lo más grave, según declara la Ministra a El Comercio, que “Decevale era el custodio, pero la empresa respondió que no tiene en custodia ninguno de los instrumentos del Isspol, sino que cedió esta responsabilidad a un tercero extranjero, la empresa ICS Institutional Custody Services LLC. Esa firma esta domiciliada en Florida-EE.UU. y actualmente está en proceso de liquidación…Romo asegura que el Decevale firmó un contrato con la empresa ICS en 2003, cuando esa empresa se creó en 2006.” Al parecer, ICS fue declarada inactiva en Enero de 2016, cuyo administrador es Jorge Cherrez Miño. Si se confirma, lo dicho por la Ministra, podría haber una estafa al ISSPOL. Más aún, Jorge Cherrez que es director de IBcorp y HYBF es a su vez representante de ICS (deposito centralizado de valores, DCV). O sea estos fondos de inversión de Cherrez era el custodio de los títulos de las operaciones con el ISSPOL, algo inaudito pues el fondo de inversión no puede tener vínculos con el DCV, no puede ser el custodio de los títulos que negocio con el ISSPOL, ya que debió ser un DCV debidamente autorizado y con licencia de operación vigente concedida por el regulador del país en que se constituyó.
Pero hay más, según Expreso, la ex Superintendente de Compañias, en un oficio, el 15/11/2017, al Superintendente Bancos, de esa época, señalaba que el ISSPOL había recibido 10.5 millones en la cuenta de un banco local y que estos recursos no eran fruto de operaciones en el mercado de valores, quien responde, el 13/07/2018, que pidió al ISSPOL un informe. En su oficio le dice “las inversiones están expresamente sustentadas en disposiciones de la Ley de Seguridad Social de la Policía Nacional, su reglamento general y su reglamento de inversiones”. En otras palabras, no había irregularidades.
El abogado Carminiani, contratado por Decevale, para investigar el hecho, apunta que el responsable de los hechos es el Gerente Operativo Luis Alvarez. La Ministra de Gobierno rechaza esta versión así como Patricio Carrillo, Comandante de la Policía que, según informa El Comercio, señala “… pero luego de haber levantado información, inferimos que aquí hubo una gran concertación, aquí hubo un enorme pacto. Hubo una gigantesca colusión de actores, no solamente de personas, sino de instituciones y empresas públicas y privadas, nacionales e internacionales…” Muy claro, plantea que no se trata de una sola persona que participó en la irregularidad sino que es una estructura funcional, o sea un conjunto de funcionarios, supervisores del mercado de valores y de los institutos de seguridad social, directivos, casas de valores, fondos de inversión, etc. que participaron en las transacciones que dieron lugar a la serie de irregularidades.
Para complicar el problema, la Ministra “Agregó que el hijo de la gerente de Decevale estuvo trabajando en la Intendencia de Valores y la hija del exintendente de Valores de Guayaquil estuvo trabajando en la Bolsa de Valores de Guayaquil, que a su vez son accionistas mayoritarios de Decevale… Agregó que los representantes de Citadel, una de las casas de valores que participa en una de las operaciones del ISSPOL, tienen una relación familiar directa con los representantes de Decevale.” Se refiere a que Oriana Rumbea, gerente administrativa del DECEVALE, es esposa de Xavier Neira, gerente de CITADEL. Claramente, en estas relaciones laborales, hay conflicto de intereses entre el ente supervisor y controlador –SCSV- y los entes controlados –Decevale y BVG-. Aún más, que el Presidente de la BVG sea a la vez del DECEVALE implica otro conflicto de interés. Según El Comercio lleva más de 3 décadas en el primer cargo. Pero aún más, los directivos y los directores principales del sector externo y el interno de la Bolsa de Valores de Guayaquil son a su vez miembros del directorio de DECEVALE, implicaría doble conflicto de intereses y problemas profundos de gobierno corporativo. Pero también conflicto principal-agente pues los directivos de ambas instituciones reciben doble sueldo.
Incluso más, según la cuenta twiter @Ebi Camacho1, de 23/10/2020, se revela en una carta que Jorge Cherrez, directivo de IBcorp, le dirige al Presidente del DECEVALE –Rodolfo Kronfle- y a los miembros del directorio, en el que les manifiesta respecto al contrato de custodia: “que la contratación de nuestros servicios desde el año 2003 y posterior acuerdo en el año 2012, siempre han sido conocidos por el Ab. Rodolfo Kronfle y aprobado por el directorio de DECEVALE, para lo cual pueden referirse a sus actas de directorio y a los archivos de comunicación que su empresa ha tenido con nosotros.” El diario digital Primicias, en su edición de 24/11/2020, confirma la existencia de la carta y la cancelación de su contrato con Decevale por la custodia de títulos valores.
Estos hechos, explicarían en parte, la posibilidad de irregularidades en las operaciones bursátiles, y, peor aún, que el ente supervisor del mercado de valores (SVSC) y la Superintendencia de Bancos, que controla a los institutos de seguridad social, no hayan detectado, alertado y sancionado las mismas. No basta con separar el funcionario de la SCSV ni cambiar al Gerente de la BVG. Debe darse una reforma integral a la Ley Orgánica para el Fortalecimiento y Optimización del sector Societario y Bursátil, que reformó a la ley de mercado de valores, para sancionar los conflictos de intereses, penar con inhabilitación de los implicados en éstos, extender la responsabilidad al Superintendente, prohibir que directivos de la bolsa o del Depósito Centralizado de Valores se mantengan muchos años en sus cargos, obligar a que se establezca gobierno corporativo en los entes del mercado de valores,, sancionar a los implicados en el conflicto principal-agente, a todos los que participaron en las irregularidades deben aplicarse sanciones penales y legislar su incautación de bienes, proteger la fe pública (que está en la actual de ley de mercado de valores, pero es letra muerta). La pregunta clave es ¿Cómo se van a recuperar las inversiones del ISSPOL, llevar a la cárcel a los implicados y aplicar las sanciones penales a éstos?