Luis Rosero M.

El país esta inmerso en una crisis múltiple: en seguridad, social, económica, institucional, etc. Las tres primeras afectan directamente a la población lo que requiere enfrentarlas con urgencia para frenar la perdida de bienestar social, sobre todo de los grupos más vulnerables, que a su vez requiere un plan con políticas objetivos y acciones específicas en cada una de esas áreas. Los retos del gobierno son establecer una hoja de ruta, o sea un plan de acción para cambiar el rumbo del país.

El año 2025 se convirtió en el año mas violento de la historia al superar los 10.000 crímenes producto de la violencia generada por el crimen organizado que incluye la acción de los cárteles, bandas y delincuencia. La política de seguridad del gobierno se basa en estados de excepción, operativos de las fuerzas del orden, capturas de cabecillas de bandas y ataques a la minería ilegal. Sin embargo, las estadísticas de homicidios, extorsiones (vacunas) y secuestros siguen aumentando por lo que los expertos cuestionan la efectividad de solo aplicar la mano dura contra el crimen organizado siendo necesario revisar a profundidad la estrategia, táctica y labores de inteligencia que aplican dichas fuerzas. La inseguridad ciudadana se ha convertido en la principal fuente de amenaza, temor y zozobra que viven los habitantes del país que ha provocado migración al exterior y desplazamientos en el área urbana y rural, cambios de los patrones de movilización, etc. Pero, además, la actividad económica de medianas, pequeñas y emprendedores se ha restringido por el temor de la acción de la delincuencia organizada. Por lo que el reto mas importante del régimen en 2026 es devolverle la paz social a la población que vive atemorizada pues no se esta seguro en ningún del país.

Ligado a lo anterior esta la crisis institucional. Entre ellas, la de la crisis de la justicia. Los problemas del Consejo de la Judicatura (CNJ) ha llegado a tal punto que, su actual presidente, ha sido cuestionado y acusado por las presiones que habría ejecutado indirectamente en las decisiones judiciales de los jueces. Es necesario, una depuración total en sistema de justicia del país y, como ha sostenido, Roberto Gómez Mera, ex presidente de la Corte Suprema de Justicia: hay una crisis en el sistema de justicia que se expresa en la perdida de la confianza, confiabilidad y  seguridad jurídica. Según el, hay que devolverle a la Corte Nacional la facultad de nombrar y sancionar los jueces. El CNJ, de 5 personas, tiene el control del poder judicial, insiste que hay que devolverle la independencia a la función judicial, eliminar la influencia de la política en ésta y darle todo el poder judicial a la Corte Nacional de Justicia (entre ellas el nombramiento, control y sanción a los jueces) a través de una enmienda constitucional. O sea, una reforma judicial profunda para sanearla de las presiones de otros poderes y de las amenazas del crimen organizado. Este es otro desafío del gobierno, de contribuir a darle independencia para que tengamos una justicia honesta y justa.

Finalmente, otro aspecto fundamental que debe ser atendido con prioridad es la crisis social. Y de ésta es la crisis en la salud pública. Ya se lleva mas de un año los problemas de desabastecimiento de medicinas e insumos, atención tardía a los pacientes y falta de equipos en funcionamiento para imágenes y otros requerimientos vitales para la salud. La vicepresidenta ha prometido que podría comenzar el abastecimiento en tres meses pero eso es solo una parte del problema como ha señalado un doctor que escribió en las cartas del director de El Universo: “Los principales objetivos deben ser los siguientes: atención primaria como eje principal, distribución de consultas, aseguramiento universal, concesión hospitalaria, autosuficiencia hospitalaria, etc.“

En resumen, los tres principales desafíos que debe enfrentar el gobierno es devolver la seguridad ciudadana y ligada a ésta la reforma judicial independiente así como resolver la crisis de salud para al menos atender una necesidad urgente de la población. Y para eso no hay que exponer la excusa del déficit fiscal, hay gastos que son fundamentales para garantizar un buen funcionamiento del tejido social.

Luis Rosero M.

a tomar decisiones para enfrentar varias disyuntivas. Como he señalado, en artículos anteriores, la nación tiene varios desequilibrios macroeconómicos y tendencias que limitan su crecimiento, el área social esta en crisis así como la seguridad ciudadana, existe una crisis institucional, las organizaciones políticas están en descredito, tal es es así que hay perdida de representatividad, la gestión pública no es eficaz y no se atiende suficientemente las demandas ciudadanas.

En lo económico, subrayo un factor que afecta al crecimiento. Una es la tendencia del déficit fiscal que para poder cubrirlo se acude a la deuda pública. Los últimos tres gobiernos, incluido el actual, persisten en incrementar este tipo de deuda. La proyección de la deuda total, a fin de 2025, es alrededor de 90.000 millones (67% del PIB). El país ha caído en la trampa de la deuda que implica que para cubrir su amortización se recurre a reformas tributarias (más impuestos), si estas no son suficientes se busca el endeudamiento público y, si, se persiste en este, se cae en el riesgo de la sostenibilidad de la deuda y, si no hay suficientes recursos para cubrirla se capta más deuda para pagar deuda, hasta que llega un momento en que no hay opción y se llega a una renegociación de la deuda principalmente externa. Esta última ya representa las dos terceras partes de la deuda total. En 2026 el país tiene amortizaciones de deuda alrededor de 10000 millones de dólares, para lo cual requiere obtener recursos frescos para hacer frente a estas. La Hora reportó, a fines de noviembre de 2025, que el Banco Mundial y el BID aprobaron créditos para el país de 2100 millones de dólares, lo que vuelve a aumentar la deuda externa con los organismos multilaterales y, además, el gobierno tiene previsto la emisión de bonos soberanos por 3000 millones para colocarlos en los mercados financieros internacionales. Si la deuda externa se utilizara principalmente para inversiones incentivaría el crecimiento económico pero, en la medida que se utilice para pagar deuda o gasto corriente, no habría capacidad de repago de ésta y, en consecuencia, ahondaría la trampa de la deuda y, a la vez, restringe el crecimiento económico, lo que a su vez limita la generación de empleo y de bienestar social. En consecuencia, la encrucijada es qué si el país tiene que pagar la amortización de la deuda externa quedan menos recursos para otros rubros en el presupuesto del estado, lo que define ya una disyuntiva y define cual es la prioridad en la política económica.

La repuesta de cual es prioridad ya la expresó la vicepresidenta. Declaró respecto a la crisis en la salud pública “Ya sabemos que hacer pero el presupuesto es limitado” (Expreso). Además, menciono que el problema no es solo desabastecimiento de medicinas, hay otros problemas como la sobrepoblación de médicos y la precaria infraestructura de los establecimientos de salud. En las cartas al director de El Universo, un doctor señala “no basta con repartir medicinas, o crear un nuevo call center: eso es no dar salud….Los principales objetivos deben ser los siguientes: atención primaria como eje principal, distribución de consultas, aseguramiento universal, concesión hospitalaria, autosuficiencia hospitalaria, etc.“ Por otro lado, el gobierno con un decreto estableció que los gastos de salud se financiarían con ingresos no permanentes. Lo habitual ha sido financiarlos con ingresos permanentes (impuestos). Al hacerlo con ingresos no permanentes se corre el riesgo de no obtener los recursos para cubrir los gastos de salud. Más aun, el otro mecanismo perjudicial para este sector es la subejecución del presupuesto de salud lo que limita la atención a los usuarios de la salud pública incluyendo al IESS. En consecuencia, es claro cual es la prioridad del régimen en el presupuesto del estado de 2026 y la disyuntiva es el pago deuda pública vs. financiamiento de los gastos de salud.

En consecuencia, hay en la medida que se priorice el pago de la deuda pública hay menos recursos para la salud, inversión pública y otros sectores. En el Presupuesto del Estado 2026, el régimen estableció que la prioridad es la deuda pública y la seguridad. Siguiendo la tradición de fin del año, al quemar el monigote la cábala se basa en que se terminarían los problemas y dificultades, en este caso del país. Sin embargo, la proyección de crecimiento para 2026 por el FMI señala apena una tasa de 2%. Espero que haya rectificaciones y se tome un nuevo rumbo en la política económica para atender las demandas de la población, pues de lo contrario la crisis social puede explotar.

Luis Rosero M.

Los estudios e investigaciones sobre el crimen organizado avanzan en América Latina relacionadas al aumento de la violencia. Este genera una compleja estructura de economía criminal, que refleja las distintas actividades ilícitas que realizan. Tal es el poder de estas organizaciones que ya los analistas señalan como hipótesis que los países puede verse afectados por estas actividades a tal punto que su democracia puede ser desbordada o estallada. Algunos países de Sudamérica, nuestro país y sus vecinos fronterizos con Ecuador se enfrentan con este desafío que afecta a la sociedad, al estado, su economía, la población y lo social.

Aplicando la microeconomía, Juan P. Luna, en su artículo “Democracias estalladas o el desborde del crimen organizado” (N. Sociedad) señala que la economía criminal podría establecer una integración horizontal (varios negocios) y la integración vertical (control de las distintas etapas de un negocio). En otras palabras, diseñan un plan de negocios con una estrategia de corto, mediano y largo plazo para sus distintos negocios ilícitos y, a la vez, un “tipo de estructura criminal que desafía y coopera con agentes estatales y actores políticos en cada país.”

Según la tesis de este autor, en el caso del país, se desprende que los cárteles diversifican sus operaciones participando en la minería ilegal, extorsiones (vacuna), secuestros, lavado de activos, permeación de instituciones públicas para hacerse cargo de algunos servicios o provisión de insumos (medicamentos, documentos de tránsito), etc. Para sus actividades, los carteles se vinculan con bandas. La disputa del control territorial entre estos se genera violencia que no solo se refleja en las calles sino también en las cárceles. Para desarrollar y proteger sus actividades también se coopta a las instituciones públicas, que incluye la justicia, y organizaciones políticas. Estas actividades ilícitas requieren de gente para que trabaje en etas y, en esa medida, suple lo que el mercado de trabajo formal no puede ofrecer, con lo que crecen los mercados informales e ilegales. O sea, que la economía no es capaz de ofrecer empleo suficiente y, por ello, frente a la falta de trabajo algunos se emplean en estos dos mercados.

Por ello, las cifras de violencia muestran que Ecuador se ha convertido, en 2025, en el quinto país más violento del mundo según el Índice Global del Crimen Organizado.  El Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado de la PADF registra que, en el primer semestre de 2025, los homicidios se incrementaron en 47% respecto al mismo periodo de 2024, La provincia del Guayas concentró el 49.5% de los homicidios, seguida por Los Ríos (13%), Manabí (12.3%), El Oro (6.9%) y Esmeraldas (4.1%). La swissinfo.ch reporta que si sigue esta tendencia el país terminaría el 2025 con un índice de homicidios de 52 por cada 100.000 habitantes el más alto de su historia y de Latinoamérica. Por otro lado, Primicias informa que el Juez Anticorrupción Carlos Serrano renunció a su cargo por amenazas y presiones para que declare inocente a un procesado por lavado de activos. Se le retiró al juez la seguridad policial. Carlos Rabascall, ex candidato presidencial, declaró que Serrano recibió presiones del Consejo de la Judicatura (CJ) y amenazas del crimen organizado. El presidente del CJ declaró que la seguridad no es competencia de su institución. Como antecedente esta el caso de Wilman Terán, ex presidente de la CJ, que fue condenado por corrupción por delincuencia organizada. Además, en base al autor del artículo se puede entender que las continuas masacres en las cárceles y las inspecciones en que se encuentran armas, celulares y otros artículos explicarían las dificultades que enfrentan las autoridades para administrar los presidios.

Como consecuencia del combate al crimen organizado los gastos en seguridad crecen. La proforma presupuestaria de 2026 muestra que el presupuesto del Gabinete Sectorial de Seguridad aumentó a 4000 millones de dólares de los cuales 1846 corresponden al Ministerio de Defensa y 1593 a la Policía Nacional que son las instituciones a cargo de aplicar la política de seguridad del país. En tanto que la deuda pública externa, que financia el presupuesto de 2026, aumentaría en 125.3% de los cuales 3000 millones están programados para la emisión de bonos soberanos. La amortización de la Deuda Pública total sería de 8351 millones. Como ya he señalado en otros artículos, se ha generado el círculo vicioso déficit fiscal – reforma tributaria – renegociación de la deuda. El déficit fiscal para 2026 sería 5413 millones y en el año anterior 5625 millones. En los últimos años se registran déficits fiscales que se van acumulando pero que requieren ser cubiertos, por lo que el régimen opta por atrasos a proveedores y subejecución presupuestaria. Como consecuencia de los altos gastos en seguridad y pago de la amortización de la deuda pública quedan menos recursos para otros sectores, siendo afectados los de salud y educación. En el caso del primero, es desesperante para la población la crisis de salud, que se expresa en falta de medicamentos, insumos médicos y mala atención en los hospitales públicos y en el IESS.

En conclusión, como muestran los indicadores de violencia, el estado no puede brindar seguridad ciudadana a pesar de los operativos, estados de excepción y captura de cabecillas de algunas bandas. La población tiene temor de salir a las calles por la constante inseguridad, a más de que hay ciudades en las que el crimen organizado tiene bastante control territorial (ej. Durán). Pero, además, las autoridades no pueden controlar las cárceles. Así mismo, tampoco se puede brindar atención adecuada en salud pública afectando el bienestar de la población. Por otro lado, el gobierno, con la política económica que sigue, no puede generar suficiente empleo o sea no hay oportunidades por lo que los desempleados y subempleados quedan atrapados y sin salida, refugiándose en los mercados informales y delictivos donde acuden las organizaciones criminales para disponer del personal que realice las acciones ilegales. Adicionalmente, el crimen organizado ha cooptado el sistema de justicia y no puede garantizar un sistema judicial, independiente de las presiones y sin corrupción. Además, con la existencia del círculo vicioso señalado estaremos avocados a una probable renegociación de la deuda externa, lo que implicaría una nueva reforma tributaria que podría incluir un aumento de tasas impositivas restándole capacidad de compra a la clase media y pobre. En la medida en que el estado no puede brindar seguridad, ni suficiente empleo, ni buena atención de salud pública, ni justicia independiente, ni reformas tributarias que no afecten a los más desfavorecidos de la sociedad estaríamos ante un desbordamiento de la democracia, según la tesis e hipótesis de Luna, en la medida en que el crimen organizado se apodera de funciones e instituciones del estado para sus negocios o usarlas para protegerse,  que lleva al estado a no poder garantizar ciertos derechos y servicios a la población. A pesar de la crítica situación del país, el ejecutivo esta ausente por sus viajes al exterior lo que limita la atención de los problemas señalados. Urge enfrentarlos eficazmente con una estrategia y dar respuesta inmediata, ya que el crimen organizado avanza en sus actividades ilegales. La demora en atención a estos provoca descontento de la población y desgaste político que pasará factura al régimen.

Luis Rosero M.

Los gobiernos en el poder sufren desgaste político por su gestión, pero además también son afectados por la desconexión entre el poder político (gobierno, asamblea -congreso-, instituciones y otras instancias de poder) y las necesidades de la población. No solo se deteriora el partido político sino además el sistema democrático generando el hartazgo y desconfianza de la población en los partidos políticos que tienden a debilitarse, entrar en crisis y recorrer el camino a la desaparición. La falta de eficacia en la gestión,  puede conducir a la toma del poder por la ultraderecha. Al parecer, se estaría dando este fenómeno en el país.

La derrota del gobierno en el referéndum y consulta popular se dio en parte por su ineficaz gestión en ciertas áreas como seguridad y sector social; además por la concentración del poder, la judicialización de la política, el autoritarismo y opacidad. El mensaje que envío la población, en el evento electoral, fue que esta harto de la violencia, exige seguridad ciudadana y que se atienda sus derechos sociales En pocas palabras, una gestión pública eficaz, buenos servicios públicos y cambio de rumbo en la conducción del país.

Sin embargo, la repuesta del régimen fue un cambio de gabinete con enroque y reciclaje y la ausencia del presidente por 24 días por sus viajes al exterior y vacaciones que nos traslada al 2026 para reiniciar su gestión. El descontento popular se genera por el incremento de la violencia (2025 ya es el año más violento de la historia del país y según ACLED se ubica como el sexto país más peligroso del mundo después de escalar 36 posiciones en este año) que ha llevado a una migración interna, cambios en los patrones de movilización y migración externa. Además, la falta de atención en el sector social. Basta citar la crisis de salud que se expresa en la falta de medicamentos, insumos médicos y atención tardía en los hospitales públicos y del IESS. Si bien se surtió algunos de este último, no fue suficiente. Y la oferta de un programa de citas médicas, que iba a ser contratado con la empresa estadounidense HealthBird, fue cuestionado por la falta de experiencia y opacidad. A eso, se suma los problemas con la empresa Progen y ATM que no entregaron equipos en los proyectos eléctricos de las centrales térmicas de Salitral y Quevedo así como a la central Esmeraldas III a pesar de que hubo entrega de recursos por parte del gobierno a la empresa Austral por 71 millones. Los aspectos contractuales con estas empresas fueron cubiertas por un manto de opacidad.

La prensa ha divulgado el malestar de la ciudadanía por esta problemática. Así, José Alvear, columnista de La Hora, en su artículo “Mientras ellos pelean, el país se detiene” expresa: “Ecuador vive una paradoja peligrosa: mientras la ciudadanía clama por seguridad, empleo y servicios que funciones -el Presidente de la República y el Alcalde de Quito- han convertido sus diferencias y en un espectáculo político que consume tiempo, energía y gobernabilidad.” El conflicto también es con otros alcaldes, que más bien es un mecanismo de distracción que aplica el régimen. Y, a nivel internacional, El País, titulaba “La crisis de salud en Ecuador toca fondo con cadáveres entregados en cajas de cartón y un sistema al borde del colapso.”

En suma, el país enfrenta tres problemas críticos: un clima de inseguridad constante, una crisis de salud que explota y opacidad en la contratación de equipos para empresas eléctricas. No hay eficacia en la gestión con la estrategia de seguridad de mano dura, los afiliados al IESS y los pacientes de hospitales públicas no reciben medicamentos ni buena atención y, para agravar la situación, no hay empleo suficiente y se han entregado dinero a empresas que proveen equipos eléctricos con pérdidas para el estado. Hasta cuando no se atiende esta problemática. Al parecer, el gobierno tiene otras prioridades. Esta falta de atención a las necesidades de la población lleva a la inconformidad y hartazgo de la población que se expresó en el resultado electoral reciente y si no se atiende sus requerimientos básicos dejará un alto costo político al régimen que se reflejaran en los siguientes eventos electorales.

La crisis de representación no solo es del gobierno y su partido sino también de la oposición. La tendencia al bipartidismo determina que la segunda fuerza política es RC5 (progresismo) que enfrenta una crisis de liderazgo y en la cúpula, que se expresa en la verticalidad de las decisiones y en el resquebrajamiento de su estructura con la renuncia o malestar de sus principales figuras. Esta organización corre el riesgo de que tenga un camino similar al MAS de Bolivia. Es hora ya de una reestructuración y un liderazgo renovado para una dirección más democrática y decisiones colectivas. Esto urge para que pueda convertirse en una oposición seria y que defienda los verdaderos intereses del país.

El gobierno debe atender los tres problemas críticos, sino que además se requiere conocer la hoja de ruta que debe seguir el país para enfrentar no solo los problemas coyunturales sino los estructurales El país necesita un acuerdo nacional, cuya iniciativa debe provenir del régimen y la oposición colaborar para una agenda país. Necesitamos un estadista que enfrente los problemas a tiempo y ejecute un proyecto país para que lo enrumbe por el camino del desarrollo, redistribución del ingreso y justicia social. O sea, un presidente que este a la altura de las circunstancias.

La múltiple crisis del país exige una agenda nacional para enfrentar la difícil situación del país y una decisión política de todas las organizaciones políticas que anteponga los intereses del país a la de sus intereses políticos y de sus líderes. El riesgo que corren es que por la ineficacia gubernamental y una oposición furiosa sigan enfrascados en un conflicto estéril que de paso a que la ultraderecha convenza a la población de la mano fuerte para lograr seguridad ciudadana y arreglar los otros problemas del país. Así sucedió con Brasil, cuya deriva golpista fracasó, y, ahora, el salto al vacío en Chile.

La Asamblea aprobó el presupuesto general del estado de 2026 sin que, al parecer, se haya publicado. En este artículo, analizo solo los aspectos generales, dos principales desequilibrios y tendencias macroeconómicas que se desprenden de éste.

Lo que primero destaca es el aumento del déficit fiscal. En 2025 fue de 4.4% del PIB (5625 millones),  mientras que el de 2026 alcanza un monto cercano en términos absolutos (5413 millones), aunque menor en términos relativos. Lo preocupante es la estructura de dicho déficit. Así, el déficit entre ingresos y gastos permanentes es 1802 millones mientras que el déficit entre ingresos y gastos no permanentes es de 3611 millones, pero lo crítico es que el gobierno incluyó para pagar a salud, educación y justicia con ingresos no permanentes (deuda pública, venta de activos u otros) según los establecido en decreto # 191, lo cual cambia una regla fiscal fundamental: los gastos permanentes deben financiarse con ingresos permanentes. En consecuencia, si no hay financiamiento a través de los instrumentos señalados corren el riesgo de no ejecutarse. Ya, en la página web del ministerio de Finanzas, se invita a los GAD a participar en la cancelación de obligaciones no pagadas y registradas de presupuestos clausurados con bonos. Es más, estos títulos deben venderlos los GAD en el mercado de valores en el que tienen un descuento. Otro mecanismo que utiliza el régimen, dada la iliquidez de la caja fiscal, es el atraso a proveedores u otros en los que se incluyen los que prestan servicios de salud  y otros (dializadoras, centros médicos, proveedores de insumos médicos, devolución del IVA a jubilados, constructores, etc.).  Aumenta el riesgo de que la crisis de salud pública continué con la falta de medicamentos y atenciones tardías a los pacientes. Por otro lado, nuevamente el país enfrentará, otro año más, un déficit fiscal, lo cual requiere financiamiento que, a su vez, lleva a un aumento de la deuda interna y externa.

En el presupuesto de 2026, se asigna 10512 millones para cubrir la deuda pública, de la que 8351 millones corresponden a amortizaciones y, con la escasa información que se dispone, la diferencia podría ser de intereses. En la proforma de ese año, se establecían como amortización 8350 millones y de interese 4037 millones. Esta pesada carga en el presupuesto, va creciendo cada año por la tendencia a financiar cada vez más el presupuesto con deuda. Según el Boletín de Deuda Pública de septiembre de 2025, del Ministerio de Finanzas, la deuda pública era de 62545 millones de los cuales el 65.8% corresponde a deuda externa. El gobierno sigue aumentando el endeudamiento con el exterior y ya ha señalado que 2026 lanzaría al mercado internacional bonos de deuda por 3000 millones. Como he señalado el país ha caído en un circulo vicioso:  déficit fiscal – endeudamiento público, principalmente externo – reformas tributarias – renegociación de deuda externa. Más aún, ahora se contrae deuda para pagar deuda. Indermit Gill, economista jefe del Banco Mundial, ha señalado respecto a la deuda de los países en desarrollo -de ingresos bajo y medios- “Su acumulación de deuda continúa, a veces de formas nuevas y perjudiciales. Los responsables de formular políticas de todo el mundo deberían aprovechar al máximo el margen de maniobra que existe hoy para poner sus finanzas públicas en orden, en lugar de volver de prisa a los mercados de deuda externa”. En el informe “Ecuador, panorama reciente de la deuda”, elaborado por Latindadd y el Centro de Derechos Económicos y Sociales, se señala que el saldo de la deuda, a julio de 2025, es de 84000 millones equivalentes al 65% del PIB. Plantea que el país ha terminado en una espiral de conseguir financiamiento para pagar sus obligaciones. Recomienda que el país realice una nueva auditoria de la deuda y se una con varios países para renegociar en conjunto con sus acreedores. 

Otro aspecto relevante, en el presupuesto de 2026, es la asignación de 1764 millones para inversión pública y un plan de inversiones que solo llegaría a 2181 millones. O sea, el incentivo al crecimiento no provendría de estos rubros. Se apunta más a las exportaciones y consumo de hogares, pero además a las remesas de los migrantes que, en 2025, se proyectan en 7000 millones.

En síntesis, en el presupuesto de 2026 se refleja el déficit fiscal permanente y tendencia a pagar deuda contratando más deuda. Más aún, no se asignan recursos suficientes para salud, como para proveer medicamentos e insumos médicos a los hospitales públicos y, por otro lado, se reducen en 181 millones para seguridad. Se supone que la salud pública y la seguridad son prioritarios en la crisis de salud y en el combate al crimen organizado para reducir la inseguridad ciudadana. Aún más, lo crítico es la proyección de crecimiento de solo 1.8%, lo que refleja otra tendencia macroeconómica de la inestabilidad y variabilidad del crecimiento económico que se reflejará en un deterioro del mercado de trabajo y en las condiciones de vida de la población.