Luis Rosero M.
La guerra de EE.UU. e Israel contra Irán provocó un shock petrolero que, en una economía globalizada, trasmitió los efectos al resto del mundo. En el país, provocó un alza del precio de los combustibles y otros bienes que, junto a las medidas económicas tomadas por el gobierno, basadas en metas del acuerdo con el FMI, afectaron el equilibrio fiscal y las condiciones de vida de la población incidiendo en la reducción de la clase media y aumento de la pobreza.
El ataque reciente de EE.UU. a instalaciones militares iranies, subió el precio internacional del petróleo Brent y WTI (referente del crudo ecuatoriano) pero el 6 de mayo cayeron a US$ 109,80 y 102.15 respectivamente, pero los precios de los derivados se mantuvieron altos y el precio internacional de las gasolinas, diésel y gas, incluyendo el precio de los fertilizantes, transporte de carga, etc. permanecieron elevados, a escala global.
Con la fórmula establecida por el gobierno, para fijar los precios de los combustibles, las gasolinas eco y extra subieron dos veces desde el inicio del conflicto y, el 12 mayo, volverían a incrementarse hasta cerca de US$3.17 el galón y el diésel, que siguió la misma tendencia, podría llegar a costar mañana hasta 3.11 el galón. Esto produjo que aumente el subsidio a estos combustibles que son importados. Esta suba llevó a transportistas de Manta y Guayaquil a presionar por un aumento de la tarifa de transporte. Por lo que, el gobierno se vio obligado a prorrogar, un mes más, la compensación al transporte a fin de evitar el alza de los pasajes urbano, intra e interprovincial y dejó abierta la posibilidad de ampliarla unos 4 meses más, para evitar que el escenario de elecciones seccionales no empeore.
Al subir el precio de los combustibles a nivel internacional, aumentan sus subsidios y el estado reduce los ingresos netos petroleros presionando al alza el déficit fiscal y provocando una falta de liquidez en la caja fiscal. Más aún, si el gobierno tiene que cumplir con las metas de déficit fiscal no alcanzadas en las dos últimas revisiones del acuerdo con el FMI. Para lograr estas, en febrero, el SRI puso condiciones más estrictas para la devolución del IVA a adultos mayores y discapacitados. Así, de 8 rubros que se podían incluir los bienes y servicios para la devolución del IVA, se redujeron a 5, entre ellos el transporte. En abril, se agregaron 58 bienes que pagaran IVA, que están dentro la canasta familiar. La escasa liquidez de la caja fiscal llevó al gobierno al lanzamiento de una nueva emisión de bonos por mil millones de dólares.
A su vez, la subida del diésel aumentó el costo de transporte de carga incluidos los de productos agrícolas de sierra y costa. Además, esto incrementó el costo de producción de la industria entre ellas la de alimentos. Tanto las medidas anteriores, el alza de transporte de carga de alimentos y la inflación subieron el costo de la canasta familiar básica. En el primer trimestre, de este año, esta subió a US$ 829.38, que representa un incremento de US$ 10.37 en solo 3 meses, en tanto que la inflación anual, a marzo de 2026, alcanzó 2.33%. La meta de inflación anual, en el acuerdo con el FMI, es de 3% por lo que estamos cerca de esta meta, implicando que, con las presiones inflacionarias de las medidas señaladas y futuras así como el aumento del costo del transporte, si no hay compensación del gobierno, habría una inflación anual muy superior al 3% en 2026 reduciendo la capacidad de compra de los hogares.
Las medidas fiscales disminuyen el ingreso disponible de las familias pobres y clase media que buscan formas de compensarlo buscando trabajo. Sin embargo, la tasa de empleo adecuado disminuyó 5 puntos porcentuales en marzo de 2026 respecto a diciembre de 2025. Mientras que, el subempleo fue 19.6% y el sector informal, en 2025, alcanzó el 53% de la población ocupada. Las estadísticas muestran que el mercado laboral esta deteriorándose y la posibilidad de encontrar empleo es en el sector informal o en el subempleo, donde predomina la precariedad laboral. Dadas estas condiciones, la clase media no puede encontrar empleo adecuado y, según proyecciones del FMI y Banco Central, la tasa crecimiento del país, en este año, caería a 2.5% una reducción apreciable respecto al año pasado (3.7%), tendencia que reduce aún más la posibilidad, de esta clase, de encontrar un empleo en el sector formal y al no poder acceder a todos los bienes de la canasta familiar caería en la pobreza. El BID creó el Índice de Fortaleza de la Clase Media. Daniel Suchar Z. publicó el Mapa de la Clase Media de Latam 2026 que clasifica a esta en cuatro categorías. El país se encuentra en la tercera, con un puntaje de 46.8, un poco más arriba de las economías más rezagadas, teniendo una clase media baja caracterizada por su fragilidad, vulnerabilidad a shocks económicos y con alta informalidad, que es precisamente la coyuntura económica por la cual pasa el país que empuja a dicha clase a la pobreza y, en consecuencia, a su reducción.
Según datos confiables, del Banco Mundial, la pobreza monetaria en 2025, en el país, alcanzó 30% que incluye a personas que tienen un ingreso menor a US$ 6.85 diarios. Los pobres son los principales miembros del sector informal donde hay un mercado de trabajo legal y otro ilegal. Según el artículo de Juan P. Luna “Democracias estalladas o el desborde del crimen organizado” (N. Sociedad), cabría la posibilidad de que, por hipótesis, este último mercado podría convertirse en el camino hacia la delincuencia o a las economías criminales. El presidente de EE.UU. no aceptó la reciente propuesta de paz de Irán, lo que implicaría la continuación del conflicto y las tendencias señaladas continuarían reduciendo la clase media y aumentando la pobreza.
Pensamiento y comportamiento 