Luis Rosero M.
La política económica aplicada por el gobierno esta condicionada por el acuerdo del Servicio Ampliado del FMI (SAF, 2024-2028). Las últimas medidas fiscales se inscriben en este, que busca la sostenibilidad fiscal e implican austeridad fiscal que, a juicio de este organismo, es clave para la estabilidad macroeconómica, pero que, a corto plazo, incide en las familias y en la baja del nivel de actividad económica.
En 2025, el gobierno, en acatamiento a lo dispuesto en el SAF, eliminó, en junio, los subsidios eléctricos para los sectores de altos y medianos voltaje que utilizan los grandes consumidores (industria, minería y cemento) -medida que afectó a las empresas de estos sectores-, también se eliminó el subsidio a las gasolinas extra y eco país (aplicando un sistema de ajuste mensual con bandas) y, en septiembre, se eliminó, por decreto, el subsidio al diésel y se ofreció focalizar el subsidio para la pesca artesanal. Se estableció una compensación para el transporte de pasajeros urbano, intra e interprovincial por 7 meses. Estas medidas afectaron al sector atunero, pesca artesanal y la compensación al transporte fue para evitar la subida del pasaje. Además, se propuso varias medidas sociales como aumento del bono de desarrollo humano, devolución del IVA a adultos mayores y sector inmobiliario, mantención de la tarifa de la dignidad eléctrica para hogares pobres, etc. Estas medidas forman parte del paquete para reducir el déficit fiscal en 3% del PIB entre 2025-2028, con un total de ajuste de 5.5%. A pesar, de estas medidas y otras, el gobierno no pudo cumplir con las metas fiscales de 2025. En efecto, la meta del balance primario del gobierno central era de -875 millones y se alcanzó -1197 millones, una diferencia de 322 millones; en tanto que la meta del déficit del presupuesto general del estado incluido el petróleo fue de -1272 millones y se registró -1952 millones, o sea 680 millones menores a la meta pactada con el FMI. Estas diferencias tienen que ser eliminadas en 2026, lo que implica más medidas fiscales.
En la coyuntura de la guerra emprendida por EE.UU. e Israel contra Irán, en lo que va del año, ya subieron dos veces -en marzo y abril- los precios de las gasolinas extra y eco, consecuentemente afectando a los transportistas y clase media. Esta última se esta reduciendo y pasando a engrosar las filas de los sectores pobres sobre todo por qué no encuentran empleos que les garanticen un igual o mayor ingreso al que estaban acostumbrados antes del ajuste fiscal que ha aplicado y seguirá realizando el gobierno por su compromiso con el FMI. En efecto, la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), de marzo de 2026, muestra las tendencias del mercado de trabajo. Así, la tasa de empleo adecuado, a marzo de este año, alcanzo el 32.1% que representa una disminución de 5 puntos porcentuales respecto a febrero de 2026 y 2.1% respecto al mismo mes del año pasado; el subempleo fue de 19.6% un aumento de 1.9% respecto a febrero de este año y la tasa de otro empleo no pleno aumentó de 32.9 a 34.8%, o sea un 1.9% más de este tipo de empleo (trabajadores que ganan menos del salario mínimo o trabajaron menos de 40 horas). De acuerdo con el INEC, en un año, 440 mil trabajaron en esta categoría de empleo precario o inadecuado que ya alcanzan los tres millones de personas que superan a los 2.795 mil que laboran en la categoría de trabajo adecuado (amparados en el código de trabajo y pago de beneficios sociales). Pero, además, el promedio de ingresos de los que tenían empleo disminuyó 46.5 dólares en un año. Las estadísticas muestran el aumento del deterioro y precariedad del trabajo, tendencia que se mantendrá pues la tasa de crecimiento económico proyectada para este año caerá al 2.5% del 3.7% del año pasado.
Por otro lado, el alza del diésel, igualmente por dos ocasiones -marzo y abril- llevó al gobierno a extender el subsidio a los transportistas por un mes más (en total 7 meses). Sin embargo, dada la incertidumbre sobre la continuación del conflicto -con un alto fuego que ya concluyó- se espera que se extienda a mayo, con lo cual el gobierno se verá presionado a nuevamente a continuar con la compensación a los transportistas para evitar el alza del pasaje urbano, intra e interprovincial quizá hasta que termine el conflicto. Pero una vez que este concluya, el precio el diésel quedará alto y como no podría el gobierno seguir manteniendo la compensación a los transportistas -por razones fiscales- hay la posibilidad de que ocurra el alza del pasaje en las tres circunscripciones territoriales. Además, de eso, el transporte de carga pesado, que utiliza el diésel, ya vio afectado sus costos por lo que sus fletes aumentaron que condujo a mayores costos para todos los sectores económicos incluidos los que transportan víveres entre la sierra y la costa y viceversa, lo cual llevará a un aumento de estos que, a su vez, llevaría a un aumento de la canasta básica familiar.
Finalmente, la inclusión de 58 alimentos de la canasta básica familiar que pagarán IVA, es otra de las medidas que incidirán en la elevación de ésta, consecuentemente de la inflación y en la reducción del consumo agregado la variable macroeconómica que incide crucialmente en el nivel de actividad económica. Esto se visibiliza con el costo de la canasta familiar básica que, a marzo de 2026, fue de USD 829.38 lo cual representa un aumento de USD 28.78 respecto al mismo mes del año pasado.
En síntesis, el ajuste fiscal exigido por el FMI al principio afectó a las empresas, pero a partir de septiembre del año pasado y en lo que va del año 2026, recae sobre la clase media y las familias de escasos recursos aumentando el costo de la canasta básica familiar y obligando a estas a reducir la compra de algunos productos, precarización del empleo y con aumento del transporte urbano que vendría en los próximos meses con más ajuste para cumplir con las metas exigidas por este organismo internacional. Si el gobierno aplica el ajuste, la distribución de su carga debe ser proporcional a la riqueza de los contribuyentes aplicando así una justicia distributiva.
Pensamiento y comportamiento 