Luis Rosero M.

A la escenificación del proceso electoral que se va conformando, antes de las elecciones presidenciales de febrero, se agregan otros elementos, relacionadas con el exterior, como la condena de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el asesinato de los cuatro jóvenes de Las Malvinas, la visita del líder de la oposición venezolana y la geopolítica. Entre los componentes internos están el debate electoral y los resultados de las encuestas.

La CIDH condenó al estado ecuatoriano por la desaparición y asesinato de los 4 jóvenes de Las Malvinas y solicitó “investigar, juzgar, sancionar y reparar los hechos con la debida diligencia, asegurando que se verifique y aclare la posible responsabilidad de personal militar.” Pero, además, rechazó las declaraciones del ministro de Defensa quien amenazó con sanciones a la jueza que concedió el hábea corpus a los familiares de las víctimas. Este monstruoso acto es un crimen sin precedentes en el país, por la crueldad y perversidad del mismo ya que no solo basto el crimen sino además la incineración. Este cruento asesinato causó un impacto en la sociedad ecuatoriana que a su vez muestra el grado de inseguridad que vive el país.

Otro aspecto importante, en el escenario electoral, es la visita del opositor venezolano Edmundo González y la invitación a un almuerzo, por parte de la presidencia, a los alcaldes de Guayaquil y Quito,  Prefecta del Guayas y de Pichincha que fue rechazada por ellos por su posición política. Esta decisión era de esperar por parte de estos alcaldes y prefectos, y el comunicado del gobierno en que “reafirma su compromiso con la democracia y los valores que la sustenten así como su rechazo a la dictadura de Nicolas Maduro….Reiteramos el apoyo al pueblo venezolano en su búsqueda de libertad.” Al parecer se esta utilizando este evento en la campaña electoral, donde el gobierno aparece como defensor de la democracia y la libertad, mientras que los cuatro opositores señalados estarían en detrimento de esta forma de gobierno. Es claro que, hasta que no se presenten las actas electorales del triunfo de Maduro, su gobierno carece de legitimidad democrática. Pero esto es un hecho y otro usarlo en el período de campaña electoral.

El rechazo del presidente Petro a recibir vuelos con colombianos deportados desde EE.UU. y la decisión de Trump de imponer un arancel de 25% a los productos colombianos y la suspensión de visas americana es una represalia que representa el uso de un instrumento de comercio exterior como mecanismo de repuesta a un problema migratorio. Se trata de aplicar una medida comercial con fines políticos. Como ya lo ha señalado Krugman, que imponer aranceles a los productos canadienses y mexicanos es como “arrojar arena a los engranajes del comercio y la fabricación internacionales y… son destructivas y basadas en obsesiones personales.” Se trata de la posición del país más poderoso que viola las reglas y principios establecidos por la OMC. Es un duro golpe para la economía de Colombia, que en repuesta impuso un aumento de 25% a los productos norteamericanos. Sin embargo, en las negociaciones Petro cedió y aceptó los términos de un acuerdo para zanjar las diferencias. Con Trump, las decisiones económicas pueden tener otra utilización. EE. UU. acaba de suspender la asistencia a todos los países, incluido Ecuador, excepto Israel y Egipto. El presidente ecuatoriano, al parecer tiene buenas relaciones con Trump, por la tendencia política que profesan ambos. Pero, los intereses geopolíticos juegan y, con el tipo de acciones impuestas a Colombia, todo se puede esperar de Trump, por lo que el gobierno del país debe tener cautela en sus relaciones con EE.UU., la sanción a nuestro vecino es una señal de advertencia. Ecuador esta en el segundo puesto de migrantes irregulares que intentan cruzar la frontera norteamericana, por lo que si es tema que nos puede afectar como país. Recordemos que los migrantes ecuatorianos enviaron alrededor de 6000 millones de dólares en 2024, que supera en mucho las exportaciones de camarón, el primer producto de exportación.  En la geopolítica, pesan más las condiciones e intereses del país con mayor poderío. Después vendrá el apropiarse del Canal de Panamá, etc. Lo que esta despertando Trump es la unidad latinoamericana entre los países que defienden la dignidad, la soberanía, la libertad, los intereses de la nación y el bienestar de su pueblo. Veremos de qué lado esta cada país.

Respeto al debate electoral, el candidato oficial y del correísmo siguieron su agenda. El presidente se remitió a sostener que está haciendo una buena gestión recalcando su lucha contra el crimen organizado y lo que han manifestado algunos candidatos ya lo ha hecho su gobierno. La candidata correista tuvo un desempeño regular pero se vio afectada por los ataques que recibió de Andrea González que le valió para catapultarse al tercer lugar y subir al 4% en las intenciones del voto. Sin embargo, Noboa y González conservaron su primer y segundo lugar, con mínimas variaciones, en las preferencias electorales después del debate. Según Comunicaliza, D. Noboa subió en intención del voto 0.8% alcanzado 36.9% en intención del voto mientras que L. González bajó 0.7 puntos ubicándose en 32.4%, posiblemente por las acusaciones de A. González, conservando el segundo lugar.

Las encuestas electorales ya comenzaron a mostrar los resultados, que podrían influir en la decisión electoral. Comunicaliza, según encuesta de enero 23, estableció que la valoración del presidente respecto a su gestión, un 53% la calificó muy buena y buena mientras que el 40.2% la valoró como mala o muy mala que significó un aumento de 2% en estas dos últimas valoraciones. Pesaron de manera negativa, en esta valoración, los apagones de hasta 14 horas, y, de forma positiva la terminación de los mismos. En cambio, la candidata del correísmo, la encuesta califico su valoración con 41.4% como muy buena y buena, en tanto que como muy mala o mala 39.7%, una subida de estas dos últimas valoraciones de 6.3%. Si consideramos la diferencia en la intención del voto, entre el primer y segundo lugar de la candidatura presidencial, hay un 4.5% a favor del presidente. O sea, una poca diferencia que, considerando un 60% de indecisión según Cedatos, podría señalarse que hay un empate técnico entre los dos candidatos.

En síntesis, según los artículos que escribí sobre este tema, los componentes más importantes del escenario electoral son la gestión del gobierno (apagones, alza del IVA), el aumento de la violencia e inseguridad ciudadana, la posible inconstitucionalidad del nombramiento de una vicepresidenta y el encargo del poder a ésta y no a la vicepresidenta electa popularmente, la contracción económica, los elementos externos señalados (la condena de la CIDH por el caso de los jóvenes de Las Malvinas, la visita del opositor venezolano y la geopolítica), el debate electoral y los resultados de las encuestas son los que influirán en la decisión electoral. Como va la tendencia, lo más probable es que haya una segunda vuelta electoral para la elección presidencial.

Luis Rosero M.

Al escenario electoral se suman otros componentes como el decrecimiento económico y la inconstitucionalidad de decisiones tomada por el gobierno central. En el artículo anterior, sobre este tema, señalamos que los iniciales componentes son el aumento de la violencia, las decisiones cuestionables del presidente del no encargo de la presidencia a la vicepresidenta elegida por votación popular y el aumento de la inseguridad ciudadana.

Todo escenario electoral, de una elección nacional, se enmarca dentro de un contexto socio-económico-político. Respecto al segundo aspecto, uno de los temas claves es el comportamiento de la actividad económica que se mide por la evolución del PIB. Sobre este tema, el Banco Central acaba de publicar los Resultados del III Trimestre de 2024, de las Cuentas Nacionales, en el que se señala que la economía, en el tercer trimestre, decreció -1.5% interanual. En el segundo trimestre, de ese año, la contracción fue de -2.2%, lo que demarcaría la tendencia a una recesión económica en 2024.

El decrecimiento del III trimestre se explica por una fuerte contracción de la inversión (-6.2%), crecimiento negativo de las exportaciones (-5.1%) y contracción del consumo del gobierno (-1%). El crecimiento negativo de la economía no fue mayor debido a que el consumo de los hogares, principal componente de la demanda agregada, aumentó 2.9%. A nivel sectorial, 10 de los principales sectores económicos decrecieron destacándose manufactura de productos alimenticios (-4.8%), suministro de electricidad y agua (-5%), refinados de petróleo (-4.1%), alojamientos y comidas (-1.4%) y comercio (-0.9%). Entre los sectores importantes que crecieron están construcción (4.1%) y manufactura de productos no alimenticios. El decrecimiento del sector electricidad y agua, se explica parcialmente por los cortes de luz de la última semana de septiembre y la sequía causó la reducción de los caudales de ríos que restringió la producción de agua que tuvo que racionarse en varias ciudades del país. El decrecimiento del tercer trimestre impactó en la reducción del empleo y el aumento de la migración al exterior. En octubre y noviembre continuaron los apagones, que llegaron a cortes de hasta 14 horas para el sector residencial y de 24 horas en ciertas semanas para el sector industrial. Como resultado, según Análisis Semanal, se perdieron 249000 empleos, lo que implicaría que habría decrecimiento económico en el IV trimestre. En consecuencia, si en los tres trimestres continuos con contracción económica hubo depresión. Esto llevó, al Banco Mundial a proyectar que el país decreció -0.7% en 2024.

Otro elemento nuevo del escenario electoral es la decisión de la Corte Constitucional (CC) que declaró inconstitucional la sanción de 150 días, el 8 de noviembre de 2024, que impuso la ministra de Trabajo a la vicepresidenta, lo que sirvió para suspender a la segunda magistrada del país, con lo que habría quedado fuera del cargo en la campaña electoral y, en consecuencia, si el presidente pedía licencia no se podía hacer cargo la vicepresidenta. La CC argumentó que se violó el debido proceso ya que no se tomo en cuenta la garantía de ser juzgado por una autoridad competente y que agregue  en las normas ministeriales que quedan excluidas de sanción administrativa los funcionarios públicos de elección popular. La sanción fue anulada, en diciembre 23, por la jueza Nubia Vera, que además decidió que la ministra de Trabajo pida disculpas públicas por la sanción establecida a la segunda mandataria. Queda claro que se buscó, con esta decisión del ministerio de Trabajo, impedir que la vicepresidenta se haga cargo del poder si el presidente pide licencia para hacer campaña. Dada esta decisión, el mandatario nombró a otra vicepresidenta por decreto y le encargo dos veces el poder. En un reportaje de CNN, de Fernando Rincón, para el constitucionalista Gonzalo Muñoz el encargo de la presidencia a la vicepresidenta por decreto es inconstitucional. En suma, se trata de interpretaciones del régimen de la constitución. Por ello, en ésta se estableció que la CC es la institución que esta facultada para determinar si una decisión gubernamental es constitucional o no.

En síntesis, la contracción económica o decrecimiento económico genera un deterioro en el mercado de trabajo, incide en el aumento del desempleo, subempleo y la migración externa, que a su vez pesa en la decisión del voto. Mientras que las decisiones que ha tomado el régimen respecto a la vicepresidenta, la una es claramente inconstitucional como lo ha determinado la CC y la otra podría tener el mismo carácter si así lo establece la CC. Se agrega otro rasgo del régimen en su afán de captar el poder. Habría que esperar la decisión de la CC, sobre el nombramiento por decreto de una vicepresidenta y esperar que todas las instituciones del estado acaten su sentencia para mantener el estado de derecho y la democracia.

Luis Rosero M.

En el escenario electoral están resurgiendo hitos de violencia, acciones cuestionables del presidente respecto al impedimento a encargar el poder a la vicepresidenta electa popularmente y nombrar a la vicepresidenta nombrada por él y el enfrentamiento con quienes se oponen a sus decisiones, etc., la crisis económica, social, de seguridad, etc. Este crítico escenario es el telón de fondo de la campaña electoral.

No ha pasado ni un mes desde el sepelio de los cuatro jóvenes de Las Malvinas, un hecho doloroso y cruel. Para complicar el caso, el ministro de Defensa, en su declaración de disculpas públicas, como titula El Universo, según el Comité de Derechos Humanos hubo un acto de represalias contra la jueza que lleva el caso y la Corte Nacional de Justicia expuso “Amenazar o sancionar a los jueces por sus decisiones legítimas es un ataque directo a estos principios y al debido proceso”. La declaración del ministro fue intimidatoria. Más aún, el ministerio de Defensa, las FF. AA. , el ministerio del Interior y la Procuraduría del Estado apelaron la sentencia de desaparición forzada. Por otro lado, se han registrados hitos de violencia, en lo que va del mes, como: el 4 de enero, 3 miembros de una familia fueron muertos a balazos en Ciudad de Dios, un sector popular de Guayaquil; el fin de semana pasado, en Pascuales, mataron a 10 personas; el asesinato del alcalde Arenillas, ocurrió este fin de semana, con lo cual ya van 4 alcaldes, con muertes violentas, en los últimos diez meses y ayer, 12 de enero, 5 personas fueron acribilladas en un restaurante de Manta. Lo más crítico es que esta ola de violencia se registra, en el marco de un nuevo estado de excepción, decretado a principios de enero, en siete provincias. Justo estas muertes violentas ocurrieron en Guayas, Manabí y El Oro, que están incluidas en dicho estado. Nuevamente vuelve a resurgir la violencia. Surge otra vez la interrogante ¿esta funcionando la estrategia y táctica de inteligencia de las FF.AA. para enfrentar la violencia criminal? El resurgimiento de la violencia vuelve peligrosa la campaña electoral.

En su afán, de no encargarle el poder a la vicepresidenta elegida por el voto popular, el presidente nombró a C. Gellibert, Secretaria General de la Administración Pública, como vicepresidenta. Con el decreto 500, el presidente le encarga la presidencia desde las 17 00h del jueves 9 de enero hasta las 16 h 459 del domingo 12 de enero en el que además se señala que por fuerza mayor -hacer campaña electoral- se separen los periodos en el que el presidente ejerce su cargo del que realiza actos proselitistas en la campaña electoral. Es un decreto que, primero, hay dos vicepresidentas; segundo, señala que encarga el poder para hacer campaña electoral estableciéndola como una circunstancia de fuerza mayor y tercero, el primer mandatario había declarado que no encargaba el poder y, por ello, no iba a realizar campaña. Ahora resulta, que hace campaña y encarga el poder pero a la vicepresidenta nombrada por él. Todos estos actos podrían tener vicios de inconstitucionalidad. Precisamente, por ello, el secretario de la Asamblea devolvió dicho decreto por no cumplir con artículos de la constitución, ley orgánica de la Función Legislativa y del Código Civil. Noboa denunció a dicho secretario por arrogación de funciones. La Corte Constitucional estableció su programación en los siguientes meses en la que se incluye el análisis del decreto 494 y 500, relativos al ejercicio de funciones de la vicepresidencia y el encargo de la presidencia respectivamente. En suma, tenemos acciones del presidente que, al parecer, interpretan la constitución a su modo.

El ex presidente O. Hurtado, de la misma tendencia política que Noboa, en entrevista en Ecuavisa, señaló que el presidente está usando la figura de nombrar a una vicepresidenta por decreto para impedir que la vicepresidente, elegida por voto popular, ejerza sus funciones y es un abuso de poder clarísimo y que por ese camino se esta produciendo una ruptura del orden constitucional por el presidente. Tildó al decreto 500 como una sapada, una viveza. La constitución y la ley es clarísima respecto al encargo del poder. Expresa que el Tribunal Contencioso Electoral, el CNE,  la Corte de Justicia y la Corte Constitucional  deberían intervenir y no explica porque estos organismos no ponen orden en este caos gestado desde las oficinas del presidente…..Por el camino que va el presidente va a ser sometido a un juicio por el Congreso (Asamblea) Nacional. El mismo esta creando condiciones, causas y motivos para que un acto de esta naturaleza llegue a producirse. …Hurtado se pregunta ¿Por qué tiene que pagar el orden democrático, el régimen constitucional, el estado de derecho, el imperio de la ley, la independencia de la justicia elementos de la democracia por una equivocación, una niñería del presidente….? Estos actos no despiertan confianza en las finanzas internacionales por actos de esta naturaleza….esta enviando una mala señal que el presidente puede hacer lo que le de la gana al margen de la constitución y de la ley…los inversionistas dicen que no hay garantía del imperio de la ley. Esto no solo es un perjuicio para el gobierno, es un perjuicio grave para el país….Lo que responde la Asamblea al decreto 500 tiene un mensaje implícito es decirle al presidente que proceda de acuerdo a la constitución y con la ley. El presidente esta creando condiciones, pruebas para ser enjuiciado por el Congreso Nacional y destituido, que la Contraloría examina su conducta por peculado….. hay atropellos al orden democrático….Hurtado hace un llamado al restablecimiento del orden constitucional, que pida la licencia el presidente. Más aún, la Comisión Anticorrupción de la sociedad civil, según lo publicado por El Universo, “que han emergidos tintes autoritarios expresados en la imposición de una autoridad nacional al pretender no solicitar licencia de los cargos públicos para intervenir en la campaña electoral, con el silencio encubridor del Consejo Electoral.”

En síntesis, la ola de violencia desatada en la primera quincena de enero y el uso de las instituciones del gobierno central para presionar decisiones de la justicia sería una práctica de injerencia en otra función del estado que va conformando el escenario electoral. Pero hemos detallado, las declaraciones de O. Hurtado, ex presidente, porque califica las acciones del presidente, al no encargar el poder a la vicepresidenta elegida popularmente y encargar al poder a una vicepresidenta, funcionaria de su gobierno, como inconstitucional e ilegal que podría dar paso a un juicio político. Finalmente, la Comisión Anticorrupción de la sociedad civil tilda al régimen, por esta decisión, de autoritario. Las decisiones y acciones del régimen muestran el rasgo del mismo, que es otro de los componentes del escenario electoral y que pesará en la campaña electoral. No sólo que la decisión de encargar la presidencia a la vicepresidenta nombrada sería inconstitucional sino que siendo presidente candidato establece desigualdad de condiciones en la campaña electoral con el resto de candidatos presidenciales, por eso la ley establece que debe pedir licencia un presidente que es a la vez candidato.

Luis Rosero M.

Al comienzo del nuevo año el país, después de pasar por la crisis energética, enfrenta dos casos muy graves. Uno, la confirmación de que los cuatro cuerpos calcinados corresponden a los cuatro jóvenes de Las Malvinas y la prisión de los militares que los detuvieron se los acusa de desaparición forzada que hace muy crítico el caso, por las consecuencias que tendrá. Dos, a eso se suma la crisis política derivada de los impedimentos para que la vicepresidenta asuma la primera magistratura, en el caso que Noboa pida licencia para realizar campaña electoral o si no la pida respetar no hacer campaña electoral y el nombramiento de una segunda vicepresidenta ahonda la crisis política y muestra hasta dónde puede llegar régimen en su afán de mantener el poder a toda costa, aún en campaña electoral. Todo esto se da en medio del inicio de la campaña electoral.

Dolor e indignación fue el sentir de los padres de los jóvenes desaparecidos, que podrían configurar un crimen de lesa humanidad. El ministro de Defensa, que enfrentará un juicio político en la Asamblea, trató de ocultar la participación de las FF.AA., de la captura de los jóvenes, pero las cámaras de seguridad lo desmintieron. Luego, acusaron a los jóvenes de robo delito que fue descartado por la Fiscalía. En el entierro de sus cuerpos, en el cementerio del suburbio, las fotos muestran como sus familiares, que cargaban el féretro, lloran desconsolados la muerte de los jóvenes. Lo grave del hecho, que podría configurarse una ejecución extrajudicial, es la incineración de los cuerpos que trato de borrar toda prueba de un perverso y macabro asesinato. Los padres piden ahora que impere la verdad y la justicia para sancionar a los culpables con todo el peso de la ley. Para honrar su memoria, la Asamblea, declaró el 8 de diciembre, como día de Luto Nacional. El caso muestra la falta de transparencia, dudas e incertidumbres, por lo que sus familiares estarían dispuestos ir a instancias internacionales y nuevas pruebas de ADN. Es la esperanza que el caso no quede en la impunidad y se castigue a los culpables de todo nivel.

El conflicto entre el presidente y vicepresidente ha llegado a niveles que conducen a un agravamiento de la crisis política. El primero quiere evitar a toda costa que la vicepresidenta asuma temporalmente el cargo de primer mandatario. Ahora, nombró a una segunda vicepresidenta, por la excusa de la que había designado inicialmente. Esto levanta ya, de por sí, algunas interrogantes. Una de ellas es la decisión de la Asamblea, del 4 de enero, de que todos los asambleístas que se postulen a la reelección tendrán obligatoriamente licencia sin sueldo. Con esta resolución queda como presidenta encargada de la Asamblea a Esther Cuesta (RC5). Otro aspecto importante, en esta crisis política, es ¿Qué decisión toma el presidente de la República respecto a solicitar licencia para realizar campaña electoral? El ministro de Gobierno ha declarado que el mandatario no realizará campaña electoral y por lo tanto no pedirá licencia. Antes afirmó, basado en una resolución de la Corte Constitucional, que el mandatario no esta obligado a pedir licencia ya que cuando se accede a la presidencia por mecanismos sucesorios no es imputable para una reelección presidencial. La decisión presidencial fue no pedir licencia y se comprometió a no realizar campaña. Pero eso significa que no habrá igualdad de condiciones que los otros candidatos presidenciales, pues hay distintas formas de hacer campaña estando en el poder.

Otra circunstancia, en la coyuntura electoral, es la denuncia presentada, el 2 de enero, por Ricardo Vanegas, ante el Contralor del Estado. En su página de X, Centro Democrático, reposteó un mensaje realizado por el denunciante: “Que una Asambleista en funciones se ponga a Repartir cocinas de inducción que son del Estado para inducir a los ciudadanos a que voten por su ella y su partido no sólo es una infracción electoral sino también un posible peculado. La   @ContraloriaECU debería inmediatamente iniciar un control de este y de otros casos en los que candidatos de gobierno a la @AsambleaEcuador podrían haber incurrido en este presunto delito e informar a la @FiscaliaEcuador’”

De lo anterior se desprende que las decisiones del régimen, respecto a la vicepresidenta, podrían tener tintes inconstitucionales. Así, resulta que tenemos dos vicepresidentas. La elegida, por votación popular, es cuestionada por el gobierno por no cumplir con el decreto presidencial No. 490 que ordenaba un viaje a Turquía, hasta el 27 de diciembre de 2024, para que ejerza como consejera temporal en la embajada ecuatoriana en ese país. Otra, vicepresidenta, que designó Noboa, con decreto 494, de enero 4, que reemplazó a Sariha Moya nombrada dos días antes y que estará cumpliendo estas funciones hasta el 22 de enero o hasta que regrese de Turquía la vicepresidenta electa por votación popular. Nuevamente la interrogante es constitucional haber nombrado a una vicepresidenta cuando había una electa por votación popular.

En síntesis, dos hechos graves enfrenta el gobierno al iniciarse la campaña electoral. Uno, la desaparición forzada de los cuatro jóvenes de Las Malvinas. Dos, ¿las dos vicepresidentas, que legalmente y constitucionalmente la segunda nombrada sea constitucionalmente válida?. Además, ¿es válida constitucionalmente que el presidente no tome licencia en el periodo de campaña electoral?  Le toca a la Corte Constitucional determinar la constitucionalidad de las decisiones gubernamentales respecto a estos hechos. En todo caso, el país necesita un estadista que respete la democracia, la independencia de las funciones, la constitución, enrumbe al país por la senda del desarrollo, etc. Las acciones señaladas, de las dos últimas semanas, van configurando los rasgos del actual régimen.

Luis Rosero M.

El fin de un año es un periodo propicio para realizar una evaluación de la gestión pública. En este artículo me referiré a cuatro acontecimientos, de la última quincena de diciembre, y las acciones públicas y gubernamentales que han provocado impacto en la opinión pública, las que deben analizarse a profundidad y minuciosidad por las consecuencias que pueden derivarse para la sociedad , injerencia en la justicia por operadores de ésta y del uso del poder por parte de la fuerza pública, en el contexto de un conflicto armado interno.

Primero, l aspecto claro y positivo, en este período, fue la terminación de los apagones, a partir del 20 de diciembre, aunque con el corte de luz sorpresivo al día siguiente, que cierra un período que causó efectos negativos sobre la economía del sector productivo, pequeños negocios, emprendedores y malestar en la población. Las lluvias frecuentes y abundantes han permitido que las hidroeléctricas puedan producir la energía necesaria para abastecer la demanda nacional.

Sin embargo, la serie de eventos que ocurrieron posteriormente a esa fecha tuvieron efectos inmediatos en el país y señalan los riesgos que podría enfrentar en el futuro. Segundo, las protestas, en Archidona, contra la construcción de una mega cárcel fue creciendo cada vez, en la que participaron indígenas y comunidades, que llevó al gobierno de desistir de ese proyecto. Después, el régimen declaró que podría construirse dicha cárcel en Salinas o Ancón, provincia de Santa Elena. También, la comunidad Bajada de Chanduy, de esa provincia, presentó una acción de protección contra la construcción de la cárcel de alta seguridad y esta solicitando se realice una consulta previa. Además, se registraron explosiones de bombas y ataques a los trabajadores del presidio por grupos armados. Resulta paradójico que, en una provincia, se quiera construir dos megas cárceles, sin analizar los efectos que causaría en una provincia turística y en el aumento el malestar de la población. Las dos cárceles fueron ofertas de campaña del mandatario.

Tercero, el conflicto entre el mandatario y la vicepresidenta ha derivado una serie de acciones de parte y parte. El interés del régimen es evitar que, si el presidente pide licencia, para participar en la campaña electoral, como lo establece la ley, no asuma la primera magistratura la vicepresidencia. Una de las medidas, contra ella, fue que el ministerio de Trabajo la suspendió, por 150 días, en el ejercicio de su cargo. La vicepresidenta presentó una acción de protección contra esa sanción y la jueza que estuvo a cargo del caso aceptó dicha acción y anuló la sanción impuesta dictaminando que hubo vulneración de sus derechos. Además, la sentencia estableció que el ministerio de Trabajo debe pedirle disculpas públicas. Esta cartera de estado, no cumplió a cabalidad esta parte de la sentencia, pues, según los abogados de la vicepresidenta, la disculpa debió hacerse en cadena nacional por la titular de dicho ministerio. La juez declaró, en la comisión de Justicia de la Asamblea, que fue visitada y presionada por el presidente de la Judicatura y, aún más, que le entregaron un pen drive en el que constaba un archivo con el borrador de la sentencia y que si no dictaba ésta sería sometida a un sumario administrativo. Pero, además, señaló que el máximo representante de la Judicatura le mostro en un celular un mensaje que expresaba que era interés del primer mandatario que se resuelva el caso. El presidente de la Judicatura negó las acusaciones y entablo una querella legal contra la jueza. Si, lo que declaró la jueza resulta cierto, al parecer, sigue la injerencia en el Consejo de la Judicatura, en las decisiones de los jueces. Recordemos que, hace un año, fue destituido el presidente de la Judicatura (W. Terán) y sentenciado a 9 años de cárcel por delincuencia organizada. El actual presidente de la Judicatura busca formar parte de la terna para reelegirse en dicho cargo.

Cuarto, el caso más grave es la desaparición de los cuatro jóvenes del sector de Las Malvinas, un barrio popular de Guayaquil. Ellos fueron detenidos por las FF.AA. El régimen se tardó 15 días en responder por este hecho. Lo más crítico es que el ministro de Defensa había declarado que las FF.AA. no habían participado en este este hecho, pero la grabación de las cámaras de seguridad registraron que efectivamente fueron soldados que los embarcaron en una camioneta, los golpearon y, según los padres de los menores, fueron desnudados. Estos solicitaron una audiencia de habeas corpus y la jueza elevo el caso a desaparición forzada.  El Comité de Derechos Humanos acompañó a los padres en sus gestiones ante la justicia. Las autoridades alegan que los militares capturaron a los jóvenes acusándolos de un robo, pero que los liberaron en el sector de Taura, pero no existe parte militar de su detención y no hay indicios del robo.  Antes el presidente anunció que iba a declarar héroes a los jóvenes. Además, las autoridades militares señalaron que no se explica por qué no se entregaron los jóvenes a una autoridad competente. Para complicar la situación, se han encontrado 4 cadáveres incinerados pero su identificación requerirá, para un informe, demorará por lo menos un mes. Quedan muchos cabos sueltos y dudas sobre la acción de los militares, que deben responder ante la justicia.

En síntesis, en el caso de las cárceles, lo que hizo retroceder al gobierno, en Archidona, fue la protesta social o sea el poder de la calle. Es un al caso similar al proyecto inmobiliario que buscaba construir una empresa relacionada con familiares del presidente en Olón, provincia de Santa Elena, el cual iba a afectar a los recursos naturales y medio ambiente. Los comuneros realizaron la protesta y el gobierno se vio obligado a frenar el proyecto. Respecto, al conflicto entre el mandatario y la vicepresidenta, al parecer, se trató de presionar a la jueza para que confirme la sanción que impuso el Ministerio de Trabajo a la segunda mandataria con la suspensión de 150 días que la inhabilitaba a ejercer su cargo. Según la jueza, que trato el caso, la presionó el presidente de la Judicatura, volviéndose como un año atrás, a la injerencia de la Judicatura en las decisiones de los jueces. El propósito final era impedir que la vicepresidenta asuma el cargo de presidenta cuando el primer mandatario pida licencia para realizar campaña electoral en las elecciones presidenciales. Más aún, el ministro de gobierno ha declarado que el primer mandatario no tendría que pedir licencia para hacer campaña. Pero esto debe resolverlo la Corte Constitucional, no una parte interesada. Finalmente, el caso más grave, es la desaparición forzada de los jóvenes de Las Malvinas, que pone en el ojo de la sociedad y opinión pública, el uso de la fuerza por parte de las FF.AA. que, así como contribuyen a enfrentar al crimen organizado, en el marco de un conflicto armado interno, deben respetar los derechos humanos. El dolor de las familias y la indignación de la sociedad quiere aplacar, pero este caso debe tratarlo la justicia apegado a la verdad y a los hechos En el fondo, se trata en los tres casos del uso del poder y el control que debe ejercer la sociedad para limitar los abusos de éste.

Termina un año y empieza uno nuevo. En el año anterior el país sufrió por una serie de eventos como la violencia criminal, narcotráfico, apagones, corrupción en la justicia y en otros sectores, interferencia entre las funciones del estado, una cuádruple crisis (económica, energética, de seguridad e institucional), abusos de poder, migración, desempleo, etc. Es la esperanza que este nuevo año se luche por enfrentar con eficacia estos problemas para que el país vuelva a ser un territorio de paz y  se encamine por la senda del desarrollo para aumentar el bienestar social. Lo qué si es claro que, ante el abuso del poder, la protesta en la calle es el único lenguaje que entienden los gobiernos cómo ha mostrado la población en otros países. La vigilancia ciudadana y el control social son fundamentales para limitar al poder político.

Luis Rosero M.

Estos son los títulos de las dos obras que junto a Grandes Esperanzas son las más icónicas de Charles Dickens que nos invita a repensar la realidad del país en esta Navidad y Fin de Año. El autor, en la época que las escribió, describe y critica la sociedad victoriana. En el primer libro, destaca el sistema de opresión económica que crean los banqueros y genera un polo opuesto de trabajadores oprimidos; en cambio, en el Cuento de Navidad, resalta el interés por la rentabilidad y avaricia del empresario que mantiene a sus empleados en la mísera pobreza. La metáfora, aplicada al país, es que este se encuentra una gravísima crisis: económica, energética, de seguridad, institucional y social, que lo ha descalabrado y generado una situación social crítica que se refleja en el deterioro del nivel de vida, inseguridad y pobreza. Esta realidad nos lleva a cuestionar la calidad de la gestión de los últimos tres gobiernos, los intereses de los políticos y la visión de los empresarios. Solo daré un ejemplo, en solo tres de las facetas de esta crisis, para ilustrar y tomar conciencia del liderazgo y de gestión de los políticos y los intereses que están detrás que influyen en la capacidad de enfrentar los problemas del país y enrumbarlo hacia el desarrollo y al bienestar general. En el fondo. se trata de la disyuntiva entre el proyecto país y el interés particular, o sea entre el interés público y el interés privado.

En cuanto a la crisis energética, en el gobierno de Moreno ni de Lasso se realizaron inversiones ni mantenimiento de la infraestructura eléctrica solo, al final de sus mandatos, otorgaron concesiones a proyectos de energía renovable, con el sector privado, pero que nunca se pusieron en marcha. Más aún, el ministro de Energía, del banquero, declaró emergencia el 18 de octubre de 2023, para acelerar contrataciones para cubrir el déficit de energía, cuando se conocía que ya había sequía y el 27 de ese mes y año se aplicaron los cortes de luz. Con Noboa, que se posesionó a fines de noviembre de 2023, el país ya tenía una crisis energética y en abril de 2024, el gerente de Celec declaró que el sistema eléctrico iba al colapso. Sin embargo, como con Lasso, se repitió la historia. Pasaron 3 ministros de energía para que se contrate más MW para cubrir el déficit eléctrico y, con emergencia, se negoció  la operación de una barcaza de generación eléctrica de 100 MW, que comenzó a producir a mediados de septiembre de 2024. Como consecuencia, se aplicaron apagones a partir del 22 de ese mes y año. Recién el 20 de diciembre se terminaron. El problema es que no hay apagones para el sector residencial pero, durante el periodo que los hubo, se aplicaron restricciones al sector industrial. O sea, para mantener contento a los hogares se afectó al sector productivo. Esto se da en el marco de la precampaña electoral y previo al inicio de la campaña electoral en enero del próximo año.

Respecto a lo económico, los desequilibrios macroeconómicos se han ido agravando. Uno de ellos, que es clave, es el déficit fiscal. En el gobierno de Moreno y Lasso, aplicaron reformas tributarias que cargaron el peso de la crisis fiscal a empleados y trabajadores al reducir drásticamente el descuento, para el impuesto a la renta, de los gastos de los hogares y cargas familiares, que se convirtieron en permanentes y aumento la carga tributaria para los asalariados.  En cambio, a los empresarios, se les aplicó una contribución solo por dos años, o sea temporal. Esta reforma impositiva se dio en el marco de convenios del FMI que facilito un crédito. Noboa también aplicó una reforma tributaria, pero a diferencia de los dos gobiernos anteriores, aplicó aumento de impuestos. El que mas impacto fue el alza del IVA de 3%, que afectó a toda la población. Noboa, al igual que sus dos predecesores, también firmo un convenio con el FMI para obtener otro crédito, que además le dio acceso a financiamiento de organismos multilaterales. No solo aumentó la carga tributaria, sino que además ha crecido la deuda externa a tal punto que se está acercando a los 50000 millones de dólares apareciendo el riesgo de sostenibilidad de la deuda pública que ya, a septiembre de 2024, representa mas de la mitad del PIB (51.5%). Más aún, con la política de austeridad que impone el FMI, la inversión y el gasto público se han reducido drásticamente lo que ha incidido a que el país se encamine a una contracción económica y surtan los efectos negativos que provoca en el mercado de trabajo que a su vez impactan en el aumento de la migración externa.

Finalmente, en lo relacionado con la seguridad ciudadana, los datos revelan que en los primeros 8 meses de 2024 hubo una reducción de 16.8% de muertes violentas en comparación con el mismo periodo de 2023. En cambio, si bien se ha logrado reducir los asesinatos con violencia, los secuestros y las extorsiones han aumentado. O sea, al parecer, hay un cambio en la matriz delictiva de los grupos criminales. Esto lleva a interrogarse ¿si la estrategia y táctica policial esta funcionando para frenar estos delitos? Estos delitos tienen atemorizada a la población que ha restringido su movilización, sobre todo en las noches, cambiado sus hábitos de vida y formas de entretenimiento. Pero, no solo ha sido afectada la población sino además los negocios, pequeñas empresas y emprendimientos que han tenido que restringir o cerrar sus operaciones.

En síntesis, solo analizando un ejemplo en la crisis energética, económica y de seguridad ciudadana podemos apreciar que la calidad de la gestión de los gobiernos es una variable clave para medir la eficiencia y eficacia de estos para enfrentar los principales problemas del país. Esta calidad de gestión influye no solo en el deterioro del nivel de vida de la población (por el desempleo, subempleo, pobreza, hambre, inseguridad ciudadana, migración, etc.) sino que también han sido afectado los pequeños negocios y empresas (por los cortes de luz, caída de ventas, secuestros, extorsiones, etc.) que incide en la contracción económica. Estos sin considerar la orientación de la gestión que se ve alterada por temas políticos, entre ellos la campaña electoral. A su vez, esta calidad de gestión gubernamental es un factor que influye en el liderazgo y capacidad de los dirigentes políticos para enfrentar y resolver los principales problemas del país. A esto se suma, la disyuntiva entre actuar en favor del interés público o del privado. Aunque los tiempos sean difíciles, despertemos el espíritu de navidad que nos ayuda a soportar estos con amor, solidaridad y alegría y mantener la esperanza de vendrán tiempos mejores.