Luis Rosero M.

Después de una contracción económica de 2% en 2024 la economía tiende a la recuperación pero sigue arrastrando desequilibrios macroeconómicos y problemas estructurales que frenan su dinamismo. Entre los primeros destaca el déficit fiscal y, en los segundos, el aumento de deuda pública y sus derivaciones.

Según los informes del Banco Central, en el I trimestre de 2025, la economía creció de 3.4% fundamentalmente por el aumento del consumo de las familias (7.1%), mayor inversión (6.7%) y mayor ritmo de exportaciones (2.7%), por los productos no petroleros. A nivel de industrias, las tres que más destacaron fueron agricultura, ganadería y silvicultura (17.5%), pesca y acuacultura (12.1%) y manufactura de productos alimenticios (8.6%). Las dos primeras muestran la tendencia a profundizar la primarización de la economía, mientras que la última da indicios del débil proceso de industrialización como indica el bajo crecimiento de la manufactura de productos no alimenticios (2%). Esta evolución del comportamiento económico muestra que la economía se recupera de la significativa contracción de 2024.

Pero, a pesar de que se recuperó la economía en I semestre de 2025, sigue manifestándose la tendencia a la incapacidad de la economía de generar empleo adecuado para absorber el subempleo y el empleo no pleno. Efectivamente, a marzo de este año, sólo 43.5% fue empleo adecuado, la tasa de subempleo alcanzó 20.8% y 27.1% fue la tasa de otro empleo no pleno. En otras palabras, la problemática del mercado de trabajo se centra en el subempleo y empleo no pleno que llegaron, en ese mes, a 47.1% (4.3 millones de trabajadores) que supera al 43.5% (3 millones de trabajadores) de empleo adecuado. Entre las primeros se encuentra el empleo informal que a marzo ya representaban el 55.5% de la PEA.

A pesar de la recuperación inicial, del I trimestre de 2025, los desequilibrios macroeconómicos del país frenan su crecimiento. Así, uno de los más críticos es el déficit fiscal e iliquidez fiscal. Al primer trimestre, este alcanzaba 726 millones, de ello se deriva los atrasos con proveedores del estado que alcanzó 1139 millones. El déficit alcanzaría, por lo menos, 3000 millones en 2025. En 2024, a pesar, del aumento de los ingresos públicos por elevación del IVA, contribuciones especiales y remisiones tributarias. En 2025, el gobierno aumentó el precio del diésel a los atuneros, impuso una tasa a las mineras y eliminó el subsidio a la electricidad para industrias de alto y medio voltaje. También pretende cobrar impuestos a las ganancias en las ventas de acciones y otros activos financieros. O sea, busca obtener más ingresos de diversas fuentes para disminuir el déficit y la iliquidez fiscal. Sin embargo, el nivel de gasto público se mantiene alto. El déficit fiscal lleva vigente más de 15 años, siendo persistente y ya es problema de carácter estructural. A pesar, de que el gobierno ha incrementado los ingresos tributarios sigue una tendencia a mayor endeudamiento, sobre todo con deuda externa.

En efecto, la deuda pública alcanzó, según el Boletín de Deuda del Ministerio de Finanzas, a abril de 2025, 62.082 millones de dólares que representa 48.1% del PIB. De este monto, el 77.2% corresponde a deuda externa (47.966 millones) y el saldo es deuda interna 22.8% (13.362 millones). Según otra fuente la deuda pública alcanzó 83.769 millones a abril de 2025. La deuda externa creció 4.3%, entre abril de 2024 y 2025, llegando 49140 millones. La mayor parte de este endeudamiento son con los organismos multilaterales que llegó en 2025 a 24.268 millones. El primer acreedor del país, con  estos,  es el FMI cuya deuda alcanza 8705 millones. La amortización de la deuda interna y externa tiene una alta carga en el presupuesto del estado. Así, el país debe pagar 8877 millones por estas deudas en 2025 y en 2026 aumenta aún más dicha amortización.

En suma, se ha generado un círculo vicioso de déficit fiscal – endeudamiento público, principalmente externo – reformas tributarias – renegociación de deuda externa. El déficit fiscal de 2025 será cercano al 3% que, con la amortización de la deuda de este año y el próximo, llevará al gobierno a una nueva reforma tributaria para aumentar la presión fiscal a fin de cubrir la amortización de la deuda pública principalmente externa. En otras palabras, hay un riesgo de sostenibilidad de la deuda externa por ello el gobierno se vincula más al FMI ya que este da el aval para una posible renegociación de la deuda externa. Más aún, este organismo dio su visto bueno para prestar 1000 millones de dólares más dentro del acuerdo del Servicio Ampliado el Fondo (SAF), firmado en 2024, con lo el monto de la deuda con el FMI pasaría a 5000 millones en este SAF. La reforma tributaria se daría en 2026 para obtener mas ingresos tributarios con más impuestos y otras fuentes. Sin embargo, si aumenta el riesgo de sostenibilidad de la deuda externa esto podría llevar a un proceso de reestructuración de la misma. En la Cuarta Conferencia Internacional sobre Financiación del desarrollo, junio de 2025-Sevilla, Noboa planteó una reforma al sistema financiero internacional y propuso un mecanismos para abordar la deuda externa. Planteo como propuesta el Mecanismo multilateral de reperfilamiento de deuda que consistiría en crear una instancia internacional que permita renegociar la deuda soberana de forma equitativa y transparente.

Luis Rosero M.

 El proyecto de ley de recuperación de áreas protegidas, con el carácter de urgente, fue aprobado, en segundo debate, por la Asamblea, por lo que se convertirá en ley una vez publicada en el Registro Oficial. El objeto principal es cambiar el modelo de gestión de las áreas protegidas, planteando una serie de cambios que provocan interrogantes y dudas sobre si este es el modelo más adecuado y sostenible que contribuya a la protección de los recursos naturales y el medio ambiente.

En el país existe un Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) que, según la Constitución, garantizará la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de las funciones ecológicas. El SNAP incluye parques nacionales, reservas ecológicas-biológicas-geobotánicas y otras, refugios de vida silvestre, y áreas nacionales de recreación. Estas áreas son gestionadas por el Ministerio del Ambiente y otras entidades gubernamentales, así como por organizaciones no gubernamentales. Según un informe, en Ecuador existen 76 áreas protegidas que cubren el 20% de la superficie terrestre y más del 12% del espacio marítimo. Un ejemplo, son los humedales, denominados sitios Ramsar por su importancia internacional. Protegen ecosistemas como los de manglares, ríos, pantanos, etc. que tienen una gran biodiversidad. Los bosques, selvas,

En diferentes países, desarrollados y en desarrollo, los parques nacionales buscan preservar la naturaleza con sus recursos naturales, ecosistemas y medio ambiente. Los parques nacionales cumplen una serie de funcionales ambientales como la protección de la biodiversidad, regulan el clima, purifican el agua, el aire, etc. además de velar por las especies en extinción. En general, estos parques son gestionados por entidades del sector público.  Ejemplos de estos, en el país, son el Parque Nacional Galápagos, el parque Yasuní, etc.

En el informe de la comisión de Desarrollo, para el segundo debate, que trata el tema, se señala que hay focos de alerta de minería ilegal, en dichas áreas. Por ello, plantea el fortalecimiento de la autoridad ambiental para garantizar la protección efectiva de estas áreas. Tal como estaba el proyecto original se planteaba indirectamente la participación del sector privado lo que podría dar lugar a privatizaciones. En el informe para el segundo debate, se propone un nuevo modelo de gestión estatal y la de gestores privados. O sea, en otras palabras, una concesión manejada por agentes privados, descartando la privatización. Además, se eliminó la posibilidad de la creación de una empresa pública para el manejo de las áreas protegidas planteadas por asambleísta del gobierno. Se estableció la formación de un fideicomiso público para financiamiento para sumar fondos dada la poca asignación de fondos a las áreas protegidas. Propone profesionalización de los guardaparques. Se propugna la intervención de la policía y FF.AA. donde halla la presencia de grupos criminales en las zonas protegidas. Dichas áreas estarán bajo el mandato de la Autoridad Ambiental según directrices y normas establecidas. Se crea el SNAP como ente público y técnico que regulará, controlará y sancionará las violaciones a las áreas protegidas, con autonomía, pero bajo la rectoría de la Autoridad Ambiental que es el ministerio del Ambiente. El presidente de la Asamblea señala que el SNAP será un ente adscrito a esa cartera de estado.

La parte central del proyecto aprobado es que la gestión no solo puede ser estatal sino además con gestores privados, o en otras palabras, concesión del manejo de las áreas protegidas. El riesgo de la participación del sector privado es la posibilidad de que se desvirtué la funciónn del SNAP Si bien es adecuado la creación del ente público SNAP que regulará y controlará las áreas protegidas es necesario que el gobierne asigne más recursos para éste cumpla su función. Pero además, el estado tiene que garantizar la seguridad en las áreas protegidas y si hay La intervención de la fuerza pública debe ser temporal  y el estado debe proveer la vigilancia con tecnología moderna para detectar, prevenir y la presencia de grupos de delincuencia organizada. Se requiere una estricta regulación cuando los entes privados quieran participar en la gestión de la vigilancia y cuidado de las áreas a fin de evitar posibles desvíos de esta función o explotación furtiva de dichas áreas con fines comerciales o económicos. A fin de no correr estos riesgos, la conservación y protección de éstas áreas debe ser pública y además se debe endurecer las penas por la explotación económica de éstas áreas. Es recomendable la formación de fideicomiso para obtener recursos para financiar la protección de los parques, como ocurre con la estación Charles Darwin en Galápagos que es operada por una Fundación belga con el mismo nombre y tiene apoyo de organismos de la Naciones Unidas y de conservación de la naturaleza a nivel internacional. Pero el SNAP no solo debe dedicarse a la conservación de las áreas protegidos sino que, además, debería realizarse investigación para el sostenimiento de la flora, fauna, recursos naturales y el medio ambiente para que estos aporten al buen funcionamiento de los ecosistemas.

Este proyecto de ley y los dos anteriores calificados como económicos urgentes, enviados anteriormente por el gobierno, que se convirtieron en ley son un combo. No cumple con el principio de unidad de la materia. En este caso, se trata de un proyecto de protección de áreas protegidas y es de carácter ambiental. Se incluye otros temas que no son económicos ni ambientales como en las transitorias una revisión de las provisiones bancarias, aplicable a bancos y COAC; en las disposiciones reformatorias se incluye la remisión de intereses, moras, costas judiciales, etc. de créditos concedidos por la CFN; hay reformas a la Ley de Movilidad Humana (visas de turismo); en la ley de Régimen Tributario Interno, se establece que el periodo  de rebaja del IVA  sería por tiempo indefinido; también se faculta la exoneración del impuesto a  la propiedad de los vehículos eléctricos y, en la ley de Servició Público, se estipula que a partir de los 60 años los servidores públicos pueden recibir la compensación por jubilación, con lo que el gobierno retrocede, por la presión sindical, en su intención de eliminarla.

Luis Rosero M.

Las inundaciones en la Amazonía han provocado una serie de daños en tres provincias de la amazonia en la infraestructura de esta zona, a lo que se suma el avance de la erosión provocada por el rio Coca que pone en riesgo a la central Coca Codo Sinclair y en una situación en la que existe un déficit de generación eléctrica lo que podría desencadenar cortes de energía eléctrica en el país.

Las intensas lluvias en el oriente, las provincias las provincias más afectadas son Napo, Zamora Chinchipe y Lago Agrio, han provocado daños en la infraestructura física y a la población. En la primera, hubo un aluvión; en la segunda se registraron inundaciones y, en la tercera, se produjo un socavón. Estos eventos naturales además de provocar daño en varias carreteras de la zona, generaron daños en viviendas y evacuaciones de pobladores. Además, esta avanzando la erosión del rio Coca que afecta a la central Coca Codo Sinclair. Además, el oleoducto tuvo que paralizar el bombeo, por tres días, para permitir el traslado de sus tuberías, en la zona del desastre, en otro sitio, que a su vez llevó a la suspensión de las exportaciones petroleras en ese lapso. Las condiciones climáticas afectaron al funcionamiento de las centrales hidroeléctricas de la zona por lo que salieron de operación de al menos tres de ellas incluida la señalada. Por ello, el CENACE dispuso la entrada en funcionamiento de los grupos electrógenos de emergencia, del sector privado, a fin de suplir la obligada parada de estas centrales.

Según El Comercio, hay un déficit de generación eléctrica, en este año, de 746 MW. El gobierno prometió incorporar 979.5 MW para evitar los apagones. Según el plan de CENACE se alquilará 260 MW en Pascuales, se contrató la generación emergente de 241 MW de tres centrales de la costa: Salitral, Quevedo III y Esmeraldas III y se agregará 65.5 MW con una unidad de la central Termogas Machala. El aporte a la generación eléctrica de estas centrales sería de 566,5 MW. Con Progen, se contrató 150 MW, pero en junio de 2025, Celec anunció la cancelación de los contratos y demanda por estafa a esta compañía americana. Iba instalar equipos para generar 50 MW en Quevedo y en el Salitral de 100 MW. Los problemas con esta compañía vienen desde el año pasado en la que debió haber instalado los equipos. Ya ha pasado el primer semestre de 2025. Hay una batalla legal, Progen solicitó medidas cautelares, sin embargo, tuvo que acordarse la participación de un Centro de Arbitraje, como mediador, que rechazó el pedido de dichas medidas y finalmente se dio por terminado el contrato. Progen ha cobrado el 65% del contrato. Celec denunció por estafa a dicha compañía. Aún así, el partido de gobierno, ADN, rechazó en la Asamblea, el pedido de fiscalización de Progen. El problema es que el aporte a la oferta eléctrica que iba a realizar esta empresa eran parte de la generación emergente. Ahora, tendría que restarse los 150MW de los 566.5 MW proyectados a incorporarse en la generación eléctrica que se iban a instalar en Quevedo y El Salitral.

Estando cerca del estiaje, que se daría entre septiembre y noviembre, y con la falta de los MW de Progen, se generan dudas sobre la posibilidad de evitar los riesgos de cortes de energía eléctrica. Más aún, si la empresa Austral que fue contratada para aportar 91 MW (con 48 turbogeneradores) en Esmeraldas trajo 50 generadores que no son compatibles con la corriente alterna que funciona el sistema eléctrico ecuatoriano. La empresa uruguaya se ha comprometido a configurar estos para que sean compatibles con dicho sistema. Esto agrega más duda sobre la posibilidad de tener disponible estos 91 MW antes de que llegue la época de estiaje.

La posibilidad del riesgo de apagones esta latente. Pues, la contratación de más barcazas de generación eléctrica, aún se contrate en este mes, tardaría en llegar. El presidente anunció que había llegado a un acuerdo de intenciones con la empresa española Cox para la inversión de algunos proyectos fotovoltaicos que aportarían 536.5 MW pero que recién se empezarían a construir en 2026 y 2027.El BID emitió un aval de 77 millones para respaldar inversión privada en fuentes de energía renovable como la solar y la eólica que, al igual, a la de la empresa española tardarían dos años en construirse. A pesar, de que hay riesgo de apagones el viceministro de electricidad declaró que no habría apagones y que el suministro de electricidad esta garantizado. También esto fue confirmado por la ministra de Energía que declaró que se esta recuperando equipos de generación eléctrica que estaban abandonados. Sin embargo, el Consejo Consultivo de Ingenierías y Economía advirtió que el país podría enfrentar un déficit de hasta 1000 MW, si es que hay sequía, como la del año anterior, y no hay venta de energía por parte de Colombia. Esperamos que no volvamos a sufrir los apagones de hasta 14 horas del año pasado.

Luis Rosero M.

La ley de Integridad Pública es un combo que, en una sola ley, abarca una serie de materias distintas y que realiza reformas a 19 códigos y leyes. Según el art. 1, su objeto es erradicar la violencia, la corrupción en el sector público, mejorar la eficiencia de éste y fortalecer el tejido social, financiero y económico. Sin embargo, se envió con carácter de proyecto económico urgente, fue aprobada y publicada en tiempo récord. Lo que llama la atención es que son muy pocas las reformas en el área económica, más bien se trata una reforma monetaria financiera (Código Monetario y Financiero) e incluye materias tan disimiles que van desde una reforma a la contratación pública, al sistema de justicia (una reforma para intervenir en ésta), al Código Integral Penal (incluye el juzgamiento de menores de edad como adultos), a la ley de Servicio Público, al Código de Planificación y Finanzas Públicas, Código Tributario, una nueva remisión tributaria, etc. Por ello, ya han surgido las demandas de inconstitucionalidad de esta ley. En este artículo solo trataré las reformas generales al Código Monetario y Financiero, en los siguientes artículos sobre esta ley trataré los temas específicos de este Código.

Este Código fue publicado en el Registro Oficial No. 332 del 12 de septiembre de 2014, que forma parte de una amplia reforma monetaria y financiera en el gobierno de Correa cuyos aspectos principales fueron la determinación del costo del dinero, la reestructuración de la red de seguridad financiera, reforma al Banco Central, fortalecimiento de la supervisión y regulación del sistema financiero (Código Monetario Financiero), la creación de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (que regula las cooperativas), el fortalecimiento de la banca pública, la reforma al mercado de valores y la creación del BIESS.

Con el Código (2014), se estableció la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera (JPRMF) como ente encargado de la supervisión y regulación monetaria, crediticia, cambiaria, financiera, de seguros y valores. La JPRMF se conformo con los titulares de los ministerios de Estado responsables de la política económica, de la producción, de las finanzas públicas, el titular de la planificación del Estado y un delegado del presidente de la República.  O sea 5 miembros del sector público. El objetivo central de este Código era mantener la estabilidad del sistema monetario y financiero en base a la regulación prudencial, supervisión eficiente y red de seguridad financiera.

Este Código fue reformado, a instancias de las exigencias del FMI, con la ley de defensa de la dolarización, en el gobierno de Lenin Moreno, publicada en el Registro Oficial No. 443 del 3 de mayo de 2021. Con éste se eliminó gran parte de los artículos del Código (2014), entre ellas las funciones macroeconómicas de la JPRMF y la restricción de salida de capital. Para realizar la supervisión monetaria y financiera, con esta reforma, se eliminó la JPRMF y se crearon se crearon dos juntas. Una, la Junta de Política y Regulación Financiera (JPRF) a cargo de la política y regulación crediticia, financiera, de valores, seguros y servicios de atención integral de salud prepagada. Dos, la Junta de Política y Regulación Monetaria (JPRM) que estará a cargo del control monetario y el Banco Central del Ecuador (BCE) instrumentará la política monetaria formulada por la JPRM. Además, se restable la independencia del BCE. Las dos Juntas, tendrán 3 miembros cada una y serán designados y posesionados por la Asamblea de una terna enviada por el presidente de la República. La JPRM nombrará al gerente del BCE. Además, la JPRM se encargaba de la regulación de las cooperativas de ahorro y crédito abiertas y cerradas. En este código reformado se estableció que hasta el 2026 los pasivos del primer sistema del balance del BCE serán cubiertos por la RMI. En este período de transición, se podrán utilizar los activos del primer sistema del balance para procesar los pagos internacionales requeridos por los depositantes del segundo y tercer sistema según las normas de la JPRM. Los porcentajes de cobertura, según el art. 33 de este Código, para el segundo, tercero y cuarto sistema regirán a partir del año 2035.

La reforma de la ley de Integridad Pública, restituye la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera (JPRMF) que estará conformada por 5 miembros designados y posesionados por la Asamblea Nacional de los 5 cinco candidatos propuestos por el presidente de la República. Una de las funciones de la JPRMF es el nombramiento del gerente del BCE. También se dispone que los miembros de las JPRF y JPRM quedaran cesantes una vez que la Asamblea designe a los nuevos representantes de la JPRMF, en el plazo de un mes. Sorprende la rapidez en la sustitución de ejecutivos reguladores monetarios y financieros. Lo que establece la ley de Integridad Financiera es cambiar la institucionalidad, en el área monetaria y financiera, al señalar que la JPRMF será el máximo órgano que establecerá la política y regulación en lo monetario y financiero y ejercerá la gobernanza del Banco Central del Ecuador. Dicha ley también cambia la forma de designar al gerente de esta institución que, en el primer proyecto, se planteaba que sea el presidente de la República. Como en los contratos hay que leer la letra chica. Así con esta ley se debe analizar en detalle y a profundidad algunos de los artículos. Si bien la mayoría de las funciones de la JPRMF se mantienen, en cambio hay un cambio importante respecto a las reglas de respaldo de los 4 sistemas en el balance del BCE que ahora estarán cubiertos por la RMI y los porcentajes de cobertura para los 3 primeros sistemas regirán a partir del año 2040. También hay que analizar las reformas respecto a la contratación por el BCE de líneas contingentes de liquidez, por cuenta propia, que no serán consideradas endeudamiento público y no requerirá la aprobación del Comité de Deuda y Financiamiento. La disposición transitoria décima primera, que estaría relacionada con los cambios en la institucionalidad de los aspectos monetarios y financieros, es que la JPRMF debe identificar las cooperativas de ahorro y crédito (COAC) que se convertirán en bancos, lo que implica que ciertas COAC pasarían a ser controladas por la Superintendencia de Bancos, lo que implica que la institucionalidad del sector de la economía popular y solidaria, en su segmento financiero, y su ente de control (Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, SEP) se verían afectados. Pues se puede inferir que se achicará, la capacidad de control  de la SEP se vería limitada a las pequeñas COAC y después podría desaparecer.

Luis Rosero M.

En su discurso de posesión el presidente señaló que, en su segundo periodo, haría reformas para incentivar el crecimiento, el empleo y la inversión y los pilares de su gestión serían la economía, seguridad, obra pública y educación. Para ello, utilizará la inversión pública y apoyará al sector privado. En el primer mes de su mandato, se van delineando las acciones y políticas que adoptaría para alcanzar los objetivos señalados. En este artículo nos referiremos a lo político, economía y seguridad.

En lo político, el gobierno ha alcanzado la mayoría en la Asamblea. Con ello, controla el parlamento y, en esa medida, tiene una aplanadora con la puede aprobar las leyes urgentes sin ningún cambio. Ya hay opiniones sobre los errores, inconstitucionalidad y excesos que se cometen por los proyectos de ley que se aprueban por la fuerza de los votos. Y también críticas sobre la sumisión y obediencia del órgano legislativo. Pero no solo eso, sino además por la concentración de los poderes del estado.

En el artículo anterior, señalamos las principales tendencias y desequilibrios macroeconómicos. Entre ellos, el déficit fiscal, la falta de liquidez, el alto endeudamiento externo y los riesgos de la sostenibilidad de la deuda. Para reducir el primero, ha optado por eliminar los subsidios al diésel a la industria atunera, a la electricidad de las empresas que utilizan alto y medio voltaje e impuso una tasa de fiscalización a las empresas mineras. Todo eso para obtener más ingresos fiscales a los que se sumaría la aplicación del impuesto a utilidades en la venta de acciones. Estas medidas apenas compensarían los subsidios y transferencias que se otorgaron a jóvenes, mujeres y otros, previo a la elección presidencial. Además, esta solicitando mil millones más de crédito al FMI en el marco del acuerdo del Servicio Ampliado (SAF) por 4 mil millones. La ministra de Finanzas declaró que el déficit fiscal en 2025 sería de 3000 millones de dólares. En consecuencia, en estas condiciones sería difícil aumentar la inversión pública para generar empleo, a no ser que se aumente la presión fiscal o haya mayor endeudamiento. Y, por otro lado, la política económica estará condicionada por el SAF que tiende a ser restrictiva. A pesar de ello, el Banco Central ha previsto una tasa de crecimiento de 2.8%. Sin embargo, el FMI proyecta una tasa de sólo 1.7%, Banco Mundial 1.9% y Deloitte 1.2%.

En seguridad, el gobierno esta reformando el marco legal con la aprobación, de leyes urgentes para combatir el crimen organizado y tráfico de drogas. Entre ellas está la de Solidaridad Nacional, de Inteligencia y se aprobó el segundo informe del proyecto de ley de Integridad Pública. La primera busca desarticular las economías criminales, proteger a la población afectada y rehabilitar las zonas controladas por éstas. La segunda busca coordinar los sistemas de inteligencias de las instituciones de las FF.AA., establecer el funcionamiento y atribuciones del Sistema Nacional de Inteligencia. La última estaría orientada a reformar al menos una docena de leyes como la de contratación pública, código monetario, código de la niñez y adolescencia. Se buscarían, entre otros objetivos, control de corrupción en compras públicas, que el presidente designe al gerente del Banco Central y juzgamiento de los adolescentes infractores como adultos, respectivamente. El régimen busca establecer el marco jurídico para avalar su política de mano dura contra los grupos criminales y narcotráfico. Ya han surgido críticas a este conjunto de leyes aprobadas y por aprobarse. Así, Mario Pazmiño, ex jefe de inteligencia del Ejército declaró que “un sistema inteligencia no trabaja para proteger a un partido político”. Así mismo, la columnista de La Hora titula su artículo “Ley de Inteligencia afecta derechos”. También es criticable que el proyecto de ley de Integridad Pública, trate de abarcar varios aspectos diferentes, reformar algunas leyes, y que el presidente nombre al Gerente del Banco Central. Los organismos multilaterales internacionales defienden la independencia del Banco Central en lo técnico y también la incidencia política del régimen de turno sobre las acciones de dicho banco. También este proyecto busca incluir el juzgamiento de adolescentes infractores como adultos. No estoy afirmando que no se actué en contra los jóvenes que cometan delitos contra la vida sino que hay que establecer un marco legal adecuado para estos casos. En Perú, en noviembre de 2024, el Congreso aprobó una modificación del Código Penal y Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes incorporando a los jóvenes de entre 16 y 17 años como sujetos imputables dentro del sistema penal por delitos graves para disminuir el índice de criminalidad e inseguridad ciudadana.

En síntesis, en lo económico el gobierno se ve limitado en su intención de incentivar el crecimiento y el empleo con inversión pública por el alto déficit fiscal que tendría el país en 2025 a no ser que quiera cargar más impuestos o mayor endeudamiento. Es adecuado frenar a los grupos criminales, pues su acción tiene efecto negativo sobre el crecimiento económico. En cuanto a la lucha contra estos grupos y el narcotráfico, al establecer un marco jurídico para este propósito hay que proteger a las víctimas colaterales, los negocios que desaparecen por los secuestros y extorsiones, el sistema de inteligencia y contrainteligencia debe proporcionar información para prevenir los delitos del crimen organizado; además hay que reconsiderar la detención y escuchas de telecomunicaciones sin orden judicial y un marco adecuado para los delitos graves de menores de edad. Finalmente, no interferir en la independencia del Banco Central y evitar la incidencia política del gobierno sobre éste.