Luis Rosero M.

Continuando con su plan de ajuste fiscal, acordado con el FMI, el gobierno decidió seguir reduciendo y eliminando el subsidio de los combustibles. Así, ahora es el diésel al que se le elimino el subsidio, generando un aumento de su precio de 55.5% lo que afectará a varios sectores productivos y que, en el corto plazo, traerá consigo presiones inflacionarias.

Dicha medida busca financiar el déficit fiscal de 4.4% en 2025 y forma parte del ajuste del 3.8% (2025 – 2028) por el lado de los ingresos acordado con el FMI. Por el lado de los gastos, ya el gobierno aplicó la reducción del tamaño del estado (fusión de ministerios y secretarias) y recorte en la burocracia.

Como consecuencia de la eliminación del subsidio, aumentó el precio del diésel premium automotriz que entró en vigencia el 12 de septiembre y estará vigente hasta el 11 de diciembre de 2025, después el cual el precio de dicho combustible será fijado dentro de una banda que tendrá un techo y un piso, similar a la aplicable a las gasolinas extra y eco. O sea, durante tres meses regirá este precio y luego el sistema de bandas definirá la evolución de su precio. Además, en el decreto de la medida se establece que, en un año, se reducirá a 50 partes por millón el contenido de azufre hasta alcanzar la calidad euro IV de la UE. En el país se expenden 3 tipos de diésel: 1 (azufre 0.3%), 2 (industrial con azufre 0.7%, incluye camaroneras y otras) y premium que tiene menor contenido de azufre. La norma INEM 1489 establece un contenido máximo de 250 ppm de azufre. El diésel premium calidad uro IV de la UE tiene 51 ppm de azufre. La calidad del diésel se establece por el contenido principalmente de azufre. Un alto nivel de este, usado en camaroneras y otras industrias, tiene un alto impacto en la contaminación ambiental (por eso es más barato). Una reducción de este químico reduce la contaminación del aire, la emisión de partículas y mejora la combustión en los vehículos.

El gobierno anunció una serie de medidas compensatorias de carácter temporal. Los 23300 transportistas urbano, interprovincial e intraprovincial recibirán una compensación de entre $ 400 y 1000 dólares. Sin embargo, los datos de Primicias señalan que, según la matriculación de vehículos a diésel en 2024, hubo 27517 autobuses, 133741 camiones y 41993 trailers, tanqueros, volquetas y otros. O sea, la medida no afecta solo al transporte de pasajeros sino además a los de carga. Estos últimos, no recibirían la compensación.  Esta busca evitar el alza de pasaje del transporte urbanos e interprovincial. Otra medida compensatoria, con el Plan Nuevo Transporte, entregaría un bono por chatarrización de hasta 20.000 y créditos con tasa de hasta 9%. Los dos rubros alcanzarían un total de 150 millones de dólares.

Otras medidas compensatorias incluyen el bono Raíces, para capital semilla de $ 1000, para agricultores y pescadores artesanales. También BanEcuador entregará créditos subsidiados hasta por 100 millones. El gobierno por su parte daría 1200 tractores y y 600 motores fuera de borda para la pesca artesanal.

Otras medidas, no relacionadas con los afectados por la medida, será la ampliación de la cobertura del Bono de Desarrollo Humano, devolución del IVA a grupos prioritarios por 130 millones y 80 millones más para el IVA pagado para proyectos inmobiliarios. El valor total de las medidas compensatoria será de 1100 millones. El valor del subsidio del diésel, según la proforma presupuestaria de 2025, será de 1194 millones.

El impacto de la medida se sentirá en el corto, mediano y largo plazo. En el primer periodo, los efectos de la medida serán para los sectores productivos que utilizan el diésel. En primer lugar, esta el transporte de pasajeros y de carga. Las medidas compensatorias para este sector no son suficientes y los gremios ya anunciaron medidas de hecho. En efecto, los transportistas terrestres de Pichincha y Tungurahua ya anunciaron un paro, pero los primeros posteriormente informaron que iban a tener una sesión antes para decidir, dada la advertencia del Ministro del Interior. La contención del traslado a los precios durará hasta que termine la compensación. Mas temprano que tarde esos sectores presionaran para el alza del pasaje del transporte terrestre. Por otro lado, el transporte de carga verá aumentado sus costos, lo cual presionaría para que el valor del transporte de carga también aumente. Siendo un insumo básico, este aumento de costo tendrá un efecto multiplicador sobre los precios en el resto de industrias. Se verán afectadas los productores de cerámica, cartón y papel.   El sector camaronero y de pesca también serán impactados con el aumento de los costos. El primero, sobre todo los exportadores de crustáceo, están presionados porque ahora deben pagar 15% de arancel al vender a EE.UU., el aumento del alza del diésel y el mayor costo del transporte de carga , deja menos grado de maniobra en su rentabilidad, loque afectará su competitividad.

Los sectores de la industria alimenticia, centrales termoeléctricas y el resto de sectores industriales serán afectados. Con la introducción de una nueva variable en el cálculo del precio de las gasolinas extra y eco, el subsidio se reducirá en el período 12/09 – 11/10 y así continuaría en los siguientes meses. Los dos efectos combinados de eliminar el subsidio al diésel y la reducción éste en las gasolinas extra y eco, el gobierno reducirá sus gastos por estos rubros pero aumentará los costos en las industrias.

El establecer la compensación temporal a los transportistas de pasajeros permitirá contener, por un tiempo el alza de pasajes urbanos, y prepara a los transportistas y población para que se vaya adecuando a pagar precios reales por los combustibles una vez que se termine la compensación. En caso del transporte de carga, por ser un insumo básico para todos los sectores productivos, habrá un impacto en el incremento del costo de carga que se trasladará a los precios. En el mediano plazo, habrá incentivos en el sector de transporte y de la industria para cambiar sus unidades a vehículos eléctricos. Pero, al menos en este año, mientras se siga pagando la compensación a los transportistas urbanos, no habría traslado del aumento del diésel al pasaje. Eso si ocurrirá, en el caso del transporte de carga, en el que la mayoría de las industrias que usen diésel, trasladaran el incremento de costos a los precios. En síntesis, por lo menos en este año, podría limitarse el traslado del aumento del diésel al pasaje urbano, interprovincial y intraprovincial. Sin embargo, los efectos en los sectores industriales del aumento del costo de transporte de carga se sentirá de inmediato y el traslado a los precios se daría también a los precios. En resumen, habrá efectos inflacionarios por la eliminación del subsidio al diésel en el transporte de carga, sería gradual al principio pero se manifestará plenamente en 2026. Como todo ajuste, este reducirá el nivel de actividad más aún si, como consta en el compromiso con el FMI, se desacelerará el crédito a los sectores productivos. Por eso, el FMI proyecta un crecimiento de sólo 1.7% en este año qué, si consideramos la contracción de 2% de 2024, la economía en 2025 afrontaría una contracción pero mucho menor.

Luis Rosero M.

La Asamblea aprobó la Proforma Presupuestaria 2025 que establece las prioridades del gobierno respecto a la distribución del gasto e ingreso público. En el primero se revela la rigidez de éste y, en el segundo, que a pesar de las reformas tributarias y aumento de ingresos impositivo no es suficiente para cubrir el gasto lo que lleva a un desequilibrio fiscal permanente. Lo preocupante, de este año. es el elevado déficit fiscal y su financiamiento, lo que se relaciona con la sostenibilidad de la deuda pública y el riesgo de su reestructuración.

El déficit fiscal se origina por el alto nivel de gasto público y su distribución. En efecto, en la proforma de 2024 los gastos permanentes alcanzaron 20.6 y en 2025 llegan a 22.3 mil millones lo que representa un aumento del 8.2%, una tendencia similar tiene los gastos no permanentes. En cambio, los ingresos permanentes de 2024 fueron solo 19.9 y los de 2025 subieron a 20.9 mil millones, o sea un incremento de 5%. Esta es una tendencia constante, en los diferentes gobiernos, que lleva inevitablemente a un déficit fiscal. El de 2025 es 4.4% del PIB, esto es 5625 millones de dólares. Lo mas crítico es que el déficit seguirá alto hasta 2028 en que se ubicará 3.1% del PIB, o sea alrededor de 4300 millones.

El financiamiento del déficit se realizará con deuda interna y externa. En 2025, implica asumir la amortización de la deuda de las cuales 3.3 y 2.5 mil millones corresponde a la externa e interna respectivamente. El país tendrá que pagar 5836 millones de dólares en amortizaciones de los cuales 3300 millones es deuda externa. Para 2025, las necesidades de financiamiento alcanzan a 11696 millones (9.1% del PIB). Loa preocupante es que esto aumenta la deuda externa que, según el boletín de Deuda Pública de junio de 2025, del Ministerio de Finanzas, la deuda externa ya representa el 78% del total de la deuda pública.

La tendencia de mantener déficits altos lleva a que estos se financien con deuda, o sea aumentar la deuda para pagar ésta. En el caso de la externa esto conlleva el riesgo de la sostenibilidad de la deuda externa que, si no hay suficientes recursos fiscales, aumenta el riesgo de una renegociación de la misma. Como ya lo he señalado, lo preocupante es el circulo vicioso:  déficit fiscal – endeudamiento público, principalmente externo – reformas tributarias – renegociación de deuda externa.  El tema clave es la sostenibilidad de la deuda externa y el riesgo que de la misma conduzca a una restructuración de ésta.

Este año, el gobierno ha logrado, con sus leyes económicas urgentes, aplicar la reducción de subsidios a la electricidad de industrias que usan medio y alto voltaje y, por otro lado, al diésel del sector atunero. Estableció una tasa de fiscalización a las empresas mineras y además el impuesto a la no distribución de utilidades. Otro mecanismo que aplicaría es la ejecución presupuestaria, la cual se cerraría en diciembre, como todos los años, implicaría qué, dado el bajo nivel de ejecución de partidas y proyectos de la proforma, puedan ahorrarse recursos que se suman a los ingresos públicos.  También podrían aumentar los atrasos. Lo que el gobierno realizó fue una reforma tributaria parcial. Se estima que el próximo año, dado el requerimiento de pago adicional de la amortización de la deuda externa, planteará una reforma tributaria más completa. Esta puede implicar seguir reduciendo el tamaño del estado mediante la reducción de más funcionarios públicos, la posibilidad de nuevos impuestos, la venta de empresas públicas o aumentar la concesión de éstas.

O sea, el ajuste fiscal continuará por el lado de los gastos y de los ingresos públicos. Como esta previsto, el gobierno retornaría al mercado internacional de capital con la emisión de bonos soberanos. Esto es, más deuda externa, pero a diferencia de los créditos externos con multilaterales o privados, estos bonos son de más largo plazo lo que da un respiro en las amortizaciones de la deuda externa.

En síntesis, mientras continue el circulo vicioso déficit fiscal – endeudamiento público, principalmente externo – reformas tributarias- más aún si se procede a contratar deuda para para pagar deuda hay más riesgo de una renegociación de la deuda externa.

Luis Rosero M.

Los eventos ocurridos en el país muestran el dinamismo de la coyuntura en la que los hechos se interrelacionan e influyen sobre otros. El panorama se torna complicado y requiere de un profundo análisis para evaluar y establecer las tendencias de la coyuntura en corto plazo. En este artículo me referiré brevemente a los aspectos políticos.

Si bien el gobierno logro apresar y extraditar a alias Fito, cabecillos de la banda Los Choneros, que constituye una acción importante en la lucha contra el crimen organizado, la continuación de las masacres, con mucha violencia, dejan decenas de asesinados, el incremento de las extorsiones (vacuna) a varias actividades y de los secuestros aumentan la zozobra y el miedo de la población que se siente insegura. Ya el régimen cuenta con las herramientas y el respaldo jurídico en el conflicto armado interno. Si bien este es un proceso largo, se requiere revisar la estrategia de seguridad, sobre todo las acciones de inteligencia para prevenir el cometimiento de delitos para evitar más violencia y muertes. Que no solo afectan a vida sino que además frenan y limitan la actividad económica.

En relación a estos hechos, a Corte Constitucional (CC) suspendió algunos artículos de la Ley de Inteligencia y Ley de Solidaridad Nacional. Este organismo recibió una serie de demandas de inconstitucionalidad de dichas leyes presentadas por diversas personas e instituciones. La repuesta del régimen fue una marcha, encabezada por el ejecutivo, para protestar contra los dictámenes de la CC, en la se llegó hasta exhibir hasta una pancarta con los rostros de los jueces de este organismo para presionar a que no frenen su lucha contra la inseguridad. El tema fundamental, en esta disputa, es que se podrían violar los derechos constitucionales a tal punto que se detendría y realizar escuchas a cualquier ciudadano sin orden judicial. En consecuencia, es necesario que se especifiquen claramente las condiciones para proceder a una captura y escucha pero con el conocimiento de un juez que autorice tal procedimiento. El gobierno ejerce presión contra la CC, pero el riesgo es el exceso y abuso de estas normas, por distintas razones, que pueden llevar a violaciones de derechos constitucionales fundamentales.

En el marco, de esta disputa, el gobierno envío a la CC las 5 preguntas del Referendo y Consulta Popular. Las 4 del primero versan sobre contratación por hora en el sector turismo, reducción de asambleístas, eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y el juicio político a los magistrados de la Corte Constitucional. La pregunta de la Consulta se refiere al funcionamiento de casinos y salas de juego. Como puede apreciarse la pregunta 1 del Referendo y Consulta favorecerían al turismo por lo cual ha recibido el apoyo de hoteles y gremios del sector. Las preguntas del referendo 2 y 3, tendrían voto por el sí por el desprestigio que tiene la Asamblea y también el CPCCS por se fuente de conflictos y disputas en su control por parte del gobierno de turno. La cuarta pregunta apunta contra los jueces de la CC al buscar someterlos a juicio político. Es clara la intención de destituirlos si no se alinean al poder de turno. Es necesario que estos jueces de la CC tengan la suficiente independencia parta tomar decisiones para que las normas siempre se encuentren dentro del marco constitucional y sean garantes de la carta magna. Previamente, el 5 de agosto, el gobierno lanzó las inscripciones, de la nueva etapa, del programa Jóvenes en Acción, en la que se habilitarían 80000 pasantías pagadas, en el sector público, que se desarrollarían desde el 1 de noviembre de 2025 hasta el 1 de febrero de 2026. O sea, 3 meses.

En síntesis, en el marco de aumento de la violencia el gobierno presiona a la CC para que se revalide los artículos objetados de la Ley de Inteligencia y Ley de Solidaridad Nacional. Pero este organismo, debe ser el arbitro que vigile la vigencia de la Constitución. El gobierno sigue tratando de presionar, con el referendo, y busca someter a juicio político a los jueces de la CC. Pero una vez más, estos jueces deben tener la independencia jurídica y ética para dictar sus sentencias que garanticen que las leyes, aprobadas por la Asamblea, se enmarquen siempre dentro de la Constitución que, entre otros aspectos, garantizan los derechos ciudadanos fundamentales. Se trata de garantizar la independencia de los poderes del estado y que haya contrapeso entre estos.

Luis Rosero M.

SE AGUDIZA LA MÚLTIPLE CRISIS Y SURGEN TENDENCIAS PREOCUPANTES (I)

Luis Rosero M.

El país vive momentos difíciles y se muestran tendencias preocupantes en varias áreas que son producto de la crisis económica, de seguridad, social, institucional y tiempos políticos turbulentos que afectan a la ciudadanía y a la democracia. Factores internos y externos influyen en dichas crisis, pero también se derivan de la gestión pública. En este artículo trataremos sobre el primer aspecto.  

La crisis económica se agudiza por los factores externos y el comportamiento económico interno. Así, en el sector externo, la guerra arancelaria desatada por Trump al mundo esta provocando serios efectos en algunos países. En ciertos casos, el principio que aplica EE.UU. es aumentar el arancel con aquellos países con los cuales este país tiene déficits. A partir del 7 de agosto entró a regir el 15% de arancel aplicado al Ecuador, un aumento de 5%. Esto a pesar de que el gobierno ecuatoriano es un aliado de la actual administración estadounidense. Aplicando ese principio, Colombia recibió un 10% de arancel. Este país exporta a EE.UU. principalmente productos agropecuarios (frutas, café, flores) e hidrocarburos (petróleo). Con el arancel aplicado al país enfrenta problemas competitivos con nuestro vecino. En banano, café y flores así como en petróleo, el país estaría en desventaja. Sin embargo, en cuanto al camarón el país tendría ventaja competitiva por la aplicación de aranceles a India (20%), Vietnam (20%) e Indonesia (19%) que son los principales exportadores del crustáceo a EE.UU. Recordemos que los principales dinamizadores del crecimiento del país son el consumo de las familias y las exportaciones. El primero, puede resultar afectado por el impuesto a las remesas de 1% que estableció EE.UU. En 2024, estas alcanzaron mas de seis mil millones, de las cuales las tres cuartas partes proceden de EE.UU. Por otro lado, las exportaciones ecuatorianas podrían verse afectadas por el arancel del 15%. Además, con la política de austeridad impuesta por el FMI, habría impacto en el crecimiento económico de 2025. La CEPAL proyecta solo un 1.5% de aumento del PIB par este año, lo cual también podría incidir en el nivel de empleo, subempleo y tamaño del sector informal.

Respecto a los desequilibrios macroeconómicos, el mas importante es el déficit fiscal. Con el convenio del SAF, firmado con el FMI, se estableció un ajuste fiscal que implica, entre otras medidas, aumentar los ingresos públicos con impuestos y la reducción de gasto. El gobierno ya aplicó la reducción de subsidios a la electricidad de industrias que usan medio y alto voltaje y, por otro lado, al diésel del sector atunero. Estableció una tasa de fiscalización a las empresas mineras. Ahora, con el proyecto de ley para el control de flujos irregulares cambia la tarifa para las utilidades no distribuidas y control a fundaciones y ONG buscando recaudar 545 millones. El gobierno pretende aplicar mas impuestos en las actividades que pueda, así ya con la consulta popular futura intenta legalizar los casinos y juegos de azar para captar más recursos. Además, se anunció el despido de 5000 empleados públicos que pueden incrementarse en el futuro, como forma de reducción del tamaño del estado. Como los ingresos no son suficientes para cubrir el gasto público, la tónica del gobierno, como de los anteriores, es acceder a deuda externa e interna. El índice de endeudamiento público ya supera el 40% del PIB establecido en la Constitución. Más aún, el gobierno espera reingresar al mercado financiero internacional en 2026 con en lanzamiento de bonos que aumentará la deuda externa. Según el gobierno, con todas estas medidas el déficit fiscal alcanzaría los 3000 millones de dólares, que representaría alrededor del 3% del PIB. Lo preocupante es el circulo vicioso:  déficit fiscal – endeudamiento público, principalmente externo – reformas tributarias – renegociación de deuda externa.  El tema clave es la sostenibilidad de la deuda externa y el riesgo que de la misma conduzca a una restructuración de ésta. Así, también si no se rompe este círculo, habrá más restricciones al crecimiento económico.

A los problemas económicos, se agregan los financieros. Una inadecuada repuesta a un cliente, por un alto ejecutivo, y las constantes intermitencias en el sistema informático sufridas por el Banco del Pichincha incidieron en la conducta de los ahorristas que llevaron un retiro de depósitos. Por otro lado, la quiebra de la cooperativa de Ahorro y Crédito CREA llevo a su liquidación forzosa. Esta había sido sometida, hace dos años, a un programa de supervisión intensiva, por problemas con su patrimonio técnico. A pesar de que esta COAC no cumplió totalmente con las estrategias exigidas por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS) permitió siga operando. Entonces aquí la cuestión clave es: ¿Por qué no actuó a tiempo la SEPS?  ¿Es un tema de gestión de la SEPS? Y ahora los socios tienen que soportar la quiebra. Ventajosamente hay un seguro de depósito para las COAC que le permite recuperar a sus socios hasta 34000 dólares de sus depósitos. A mas de eso, en la ley de Integridad Pública y su reglamento como en la ley de Áreas Protegidas ordenan y señalan el proceso para la conversión de las COACs en bancos. Esto implica que el sector financiero popular y solidario quedará reducido a un mínimo pues las primeras COACs que se convertirían bancos serían las del segmento 1 y 2 (las más grandes y medianas) que representan el 84.3% del sistema financiero popular y solidario. Entonces la duda que queda es ¿Se eliminan las COACs grandes porque le hacen competencia a los bancos o lo que sucede que ha habido una inadecuada gestión en la SEPS? En consecuencia, las COACs que daban acceso a los marginados por el sector bancario cómo microempresarios y emprendedores quedarían desatendido. Más aún, en el convenio con el FMI, se establece que este sector puede conducir a problemas de estabilidad financiera y por eso debe pasar las COACs a un ente (Superbancos) que aplica un mayor control para garantizar que se cumpla con los indicadores de riesgo de liquidez y de solvencia a fin de prevenir riesgos de quiebras.

En síntesis, el choque externo por el arancel de 15% y 1% a las remesas puede incidir en las exportaciones y flujo de remesas afectando el crecimiento económico. Además, el agresivo endeudamiento externo puede traer dificultades en la sostenibilidad de la deuda externa y correr el riesgo de una renegociación de ésta. Finalmente, los problemas financieros del Banco del Pichincha y la quiebra de la COAC CREA inquietan al sector que intentarían ser aplacados con la conversión de las COACs en bancos en la que hay mayor control y cuidan no se afecte el interés público. Sin embargo, lo que puede suceder que queden marginados microempresarios y emprendedores de los servicios que prestan las COACs.

Luis Rosero M.

Basándose en leyes urgentes, el gobierno pretende convertir a las cooperativas de ahorro y crédito (COAC) en bancos. Esta intención representa un fuerte golpe al sistema financiero popular y solidario y a su entidad de control bajo el argumento del riesgo sistémico del sistema financiero. Al parecer, este objetivo se enmarca en el acuerdo con el FMI pero que frena la concesión de crédito a los que no acceden al sistema financiero privado y aumentaría el tamaño del sistema financiero privado que tiene una estructura oligopólica en la que seis bancos dominan el mercado financiero.

La Constitución de 2008 estableció que el sistema financiero nacional consta de tres segmentos: privado (bancos), público (entidades financieras de propiedad pública) y el popular y solidario. Este último esta compuesto principalmente por COACs. Estas se rigen por la ley de Economía Popular y Solidaria que rige desde febrero de 2012 y a partir de septiembre de 2014 los tres segmentos del sistema financiero están reguladas por el Código Monetario y Financiero.

Con la ley de Economía Popular y Solidaria se reconoció a la economía popular y solidaria en sus segmentos real y financiero. Para el control de este último se creó la Superintendencia de Economía  Popular y Solidaria (SEPS) cuyo objetivo es ejercer vigilancia, auditoría, control y supervisión del cumplimiento de las disposiciones legales  y velar por la estabilidad, solidez y correcto funcionamiento de las entidades bajo su control. La regulación quedo a cargo de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiero establecida en el Código Monetario y Financiero.

El sistema financiero popular y solidario se ha venido desarrollando dinámicamente hasta tal punto qué a abril de 2025, medido en miles de millones de dólares, los depósitos llegaron a 21.5 (con dos terceras partes en depósitos a plazo), la cartera llegó 17.4 y la morosidad del segmento 1 y 2 alcanzó 8.6% y 7.4% respectivamente. Hay alrededor de 400 COACs que se ha dividido en 5 segmentos: en los que el uno representa las COACs más grandes (43 COACs) y, el dos, las medianas. (62 COACs). Los dos segmentos representan el 84.3% del sistema financiero popular y solidario. Según el catastro de la SEPS, al 27/10/2014, había 945 COACs de las cuales el 77% estaban en la sierra (725), 19% en la costa (177) y el resto en Oriente y Galápagos. En el periodo 2012-2016, con el primer superintendente de la SEPS, se procedió a un proceso de saneamiento y depuración de las COACs aplicando un modelo de supervisión basado en riesgos cuya evaluación económica financiera, creó intendencias regionales para controlar a las COACs que incluía algunas provincias y se procedió a la liquidación y cierre de las COACs que tenían riesgos de liquidez y solvencia. En el período 2016-2017, hubieron superintendentes interinos y septiembre de 2018 se nombró a una titular.

Para proceder a la conversión de COACs en bancos, el gobierno logró que se aprueben tres leyes urgentes. En la ley de Integridad Pública, en una transitoria, se estipula que la nueva Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera (JPRMF) dictará las regulaciones para identificar las COACs, buscando proteger los ahorros y preservar la estabilidad financiera, que se conviertan en sociedades financieras del sector financiero privado, con la supervisión de la Superintendencia de Bancos.

En la ley de Fortalecimiento de las Áreas Protegidas, disposición transitoria cuarta, establece que, en 60 días de expedición, después de la vigencia de esta ley, la JPRMF o quien haga sus veces revisará las regulaciones vigentes de provisiones bancarias, genéricas y específicas que deben cumplir las entidades del Sistema Financiero Nacional (SFN) y de Economía Popular y Solidaria (EPS) para, manteniendo la estabilidad y protección del sector, no sean obstáculo para el otorgamiento de crédito a la población.

En el reglamento de la Ley de Integridad Pública, disposición general octava, establece que el Banco Central deberá preparar los insumos para las regulaciones que permitan identificar las COACs que se transformen en bancos solicitando información sin restricciones de las superintendencias incluidas en el Código Monetario y Financiero, las entidades que conforman la red de seguridad financiera y otras para entregarlos a la JPRMF.

En la disposición transitoria sexta, del reglamento de la Ley de Integridad Pública, se establece que, en 30 días de la posesión de los miembros de la JPRMF, la SEPS entregará el análisis de interconexión y riesgo sistémico para identificar las COACs que se convertirán a bancos protegiendo los ahorros y mantener la estabilidad financiera.

Todos estos procedimientos señalan la decisión del gobierno de que la conversión de COACs en bancos se realice en forma urgente y rápida. Esto implica que el sector financiero popular y solidario quedará reducido a un mínimo pues las primeras COACs que se convertirían bancos serían las del segmento 1 y que representan el 84.3% del sistema financiero popular y solidario. Además, con el proyecto de ley para el control de flujos irregulares de capital se agregan como parte del control de la SEPS a las fundaciones, corporaciones y ONG que no tienen relación con las organizaciones de la economía popular y solidaria, que cumplen una función muy diferente a éstas y, en consecuencia, desnaturaliza la función de la SEPS. Pero lo mas importante del proceso de la conversión de COACs en bancos son los factores que llevan a esta decisión, a que instituciones afectan y a que intereses favorece lo que será tratado en los siguientes artículos sobre este tema.