Luis Rosero M.

Perú enfrenta, como otros países de A. Latina, el aumento de la violencia proveniente del crimen organizado. Su vecino del norte además sufre por los carteles de la droga. La presidenta peruana fue destituida por su ineficacia de la gestión gubernamental para enfrentar la violencia y además por la   la confluencia de intereses políticos de la derecha que busca llegar al poder en las próximas elecciones presidenciales. Pero su mal gobierno tiene también antecedentes de represión mortal de las protestas sociales y corrupción. A pesar de los sólidos fundamentos económicos, la corrupción y la precariedad social y laboral son factores que aportan a la violencia. El cese de la gobernante abre nuevamente el ciclo de inestabilidad política, continuación de la desconfianza en los políticos e institucionalidad resquebrajada que genera incertidumbre sobre el futuro de la nación.

Boluarte fue posesionada como presidente del Perú el 7 de diciembre de 2022 después de la destitución de Pedro Castillo. El congreso dominado por los partidos de derecha (fujimorismo y otros) apoyo la designación de Boluarte para favorecer sus intereses políticos. Las protestas se iniciaron de inmediato, con bloqueos de carreteras y otras vías. El descontento se habría iniciado mucho antes por el hartazgo de la población de los políticos alejados de las demandas sociales y gobiernos corruptos. La represión, por parte de la fuerza pública, fue brutal y fueron asesinados 60 personas. Para tratar de controlar las protestas el gobierno declaró estados de emergencia y acuso de terroristas a los protestantes. Después el congreso, dominada por quienes la llevaron al poder, rechazó la denuncia contra la presidenta por la represión con víctimas mortales.

Perú tiene antecedentes de violencia política, en las dos últimas décadas del siglo pasado. La aparición de Sendero Luminoso y la guerra contra éste por parte del Estado. Una de las causas del surgimiento de este grupo terrorista fue la deplorable situación social de la población. Uno de los indicadores de esta es el nivel de pobreza, así en 2023 alcanzó 29% y se mantuvo en 2025 en este porcentaje, lo que significó que cerca de 10 millones de peruanos no podía cubrir la canasta básica de consumo. Otro indicador importante, es la informalidad. A marzo de 2025, según la Encuesta Permanente de Empleo Nacional, el 70% del empleo era informal que mantiene a un grupo significativo de la población sin los derechos de la legislación laboral y sin cobertura de protección social. Son alrededor de 12 millones de personas que sufren de precariedad laboral. Son precisamente la pobreza y la informalidad factores que puede conducir a  actividades delictivas. El crimen organizado comenzó a crecer a inicios del año 2000. Al inicio, la delincuencia común aumento con robo de vehículos y venta de droga, después pasaron a extorsiones, tráfico de personas, armas y de flora y fauna, minería ilegal y corrupción en las instituciones públicas. En el gobierno de Boluarte, crecieron las extorsiones al transporte público, empresas, comercio y pequeños comerciantes. La estrategia que utilizó el gobierno fue los mega operativos para enfrentar a las organizaciones criminales.

La inestabilidad política se dio entre 2016 – 2025, periodo en el cual tuvo 7 presidentes de los cuales 3 fueron destituidos por el Congreso y 2 de ellos fueron encarcelados por corrupción, uno esta acusado de homicidios de dos manifestantes y Boluarte tiene investigación por la fiscalia y enfrentaría juicio por violaciones de los derechos humanos.

A pesar de la inestabilidad política, corrupción y deterioro social, la economía peruana tiene fundamentos sólidos. En 2024, los indicadores macroeconómicos son saludables: el crecimiento económico alcanzó 3.4%, inflación de 1.9%, reducida deuda pública (32.1% del PIB), déficit fiscal de 3.5% del PIB y exportaciones récord de 74.7 mil millones con un aumento de 15.5% y es líder mundial en ciertas frutas y legumbres.  En mayo de 2025, sus reservas monetarias internacionales eran altas (27% del PIB) y bajo riesgo país.

En el primer semestre de 2025, gobierno de Boluarte, aumentaron los homicidios -sicariatos- en relación al mismo periodo del año anterior.  Hasta septiembre de 2025, 180 transportistas habían sido asesinados por no pagar la extorsión (vacuna). Hubo protestas de los transportistas para exigir seguridad. El gobierno había decretado estado de emergencia y sacó a las FF.AA. a las calles pero que no lograron reducir el nivel de violencia, por lo que esta estrategia no ha funcionado. Por otro lado, el nivel de corrupción aumentó. La propia mandataria fue acusada del Rolexgate y estaría imputada en 7 casos. Y finalmente, surgió por parte de la presidenta visos de autoritarismo reflejada en acusación de terroristas a los que participaron en las protestas y por la represión violenta por la destitución de Castillo, y, no acató las decisiones de la Corte Interamericana de Justicia. 

En síntesis, el gobierno de Boluarte cae no por la brutal represión de las protestas ni por el aumento de la corrupción, sino por la cruda realidad del deterioro de las condiciones sociales: pobreza e informalidad que son parte del origen de la criminalidad que lleva a más violencia: el crecimiento de la criminalidad -vía sicariato- y los asesinatos por no pagar extorsiones, que no ha podido ser frenada por la estrategia del gobierno de mano dura basada en mega operativos aumentando la inseguridad ciudadana. Por otro lado, los intereses políticos de las fuerzas conservadoras que apoyaron a Boluarte y la extrema derecha le quitaron su apoyo para desligarse de su mal gobierno y preparar su estrategia de campaña a seis meses de la elección presidencial. Seguir apoyando a Boluarte, que termina con 3% de popularidad, sería un grave error para su candidato presidencial. Lo sucedido con la ex presidenta es una advertencia para no elegir malos mandatarios incapaces de controlar la violencia, detener la corrupción y deteriorar las condiciones sociales de los más vulnerables.

Luis Rosero M.

Con la continuación del paro indígena y sus efectos se reduce el nivel de actividad económica y los desequilibrios macroeconómicos se agravan. La mediación se torna necesaria para que las partes lleguen a un acuerdo a fin de resolver el conflicto. Mientras tanto sigue aumentando la inseguridad y la situación social sigue agravándose principalmente por la crisis de salud.

La crisis política se agrava por la continuación del paro, el conflicto del gobierno con la Corte Constitucional (CC) y la promoción del ejecutivo del referéndum y consulta popular. En efecto, ya se cumplen 16 días del paro nacional de la CONAIE con acciones de protestas, cierre y bloqueo de carreteras. La policía y FF.AA.  actúan con más fuerza y, por el lado de los indígenas, se retuvieron a militares. Como resultado hay un muerto, heridos y un centenar de detenidos. La CONAIE demanda para terminar el paro que se revoque el alza del diésel mientras que el gobierno trata de mantener la medida. Los efectos negativos del conflicto le pasan la factura al sector agropecuario, floricultor, textil, turístico y otros. Las pérdidas para las empresas siguen aumentando mientras que los medios informan que habría desabastecimiento de ciertos productos agrícolas de la sierra, en la costa, y aumento de éstos. Cada día de paro afecta a la economía, sobre todo a las provincias del norte. Sin embargo, las partes no ceden y se requiere una mediación para llegar a un dialogo.

Para tratar de frenar el paro el gobierno declaró estado de excepción en diez provincias, en las zonas en que se desarrolla el conflicto, después que la CC anulará dicho estado en 5 de las 7 provincias decretado por el gobierno en días pasados y declaró día no laborable el 9 de octubre, con lo que el feriado se amplío a 4 días. Esta última medida busca diluir el paro indígena y que este termine por el debilitamiento de la protesta social.  El gobierno mantiene un conflicto con la CC por varios temas. Entre los últimos esta la declaración de inconstitucionales de la CC de la ley de Solidaridad Nacional y de Integridad Pública, que la Asamblea, con el carácter de económicas urgente, que son claves en el esquema de gestión del gobierno. El estado de excepción, vigente, se decretó por grave conmoción interna y por la declaración del presidente de la CONAIE de tomarse Quito.

El ejecutivo ha otorgado una serie de bonos temporales para compensar a transportistas y bono Raíces. Además, se decretó la entrega del bono Incentivo Emprende y CATTA para agricultores todo lo cual es para calmar a los afectados por el alza del diésel. También, dado los efectos negativos del paro sobre la economía, ha decretado que el décimo tercer sueldo, que las empresas y gobierno pagaban en diciembre, se entregue en noviembre, ha rebajado el IVA en los feriados de octubre y noviembre y ha transformado bonos temporales, como el de los programas Bonos Jóvenes y Ecuatorianos en Acción, en permanentes. Hasta la fecha el gobierno desembolsó 353 millones en los nuevos bonos. Estas tres últimas medidas es para reactivar el sector turismo, darle liquidez a los trabajadores y empleados así a como los jóvenes que reciben dicho bono con el propósito de reactivar la economía. Además, aumentó 50000 nuevos beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano que fue acordado en el convenio con el FMI como forma de protección social de los grupos más vulnerables de la sociedad.

La crisis económica tiene varios aspectos. Llegar a un acuerdo para revocar el alza del diésel y terminar el paro resulta complicado para el gobierno ya que, con el acuerdo con el FMI, se comprometió a reducir y eliminar los subsidios. Además, lo firmado con dicho organismo, busca después de las revisiones recibir 1200 millones, acceder a más recursos de otros organismos multilaterales y contar con el doble aval del FMI para la emisión de bonos soberanos internacionales para obtener más recursos a fin de cubrir las necesidades de financiamiento del presupuesto y del déficit fiscal de 2025 así como por una probable renegociación de la deuda externa. Pero los problemas macroeconómicos incluyen otros como mantener la sostenibilidad de la deuda externa y reducir el riesgo de una renegociación de esta así como reactivar la economía, creación de empleo formal y la reducción del tamaño del sector informal urbano.

En cuanto al financiamiento, el FMI ha señalado que entre los desafíos más importantes están las condiciones de acceso para el financiamiento externo son estrechas y, por otro lado, el aumento de la inseguridad que no tiene visos de solución. En efecto, en Guayaquil, en Bastión Popular hubo un triple crimen, una familia fue asesinada en su vivienda en Nueva Prosperina, un ataque armado dejó dos muertos y un herido en Duran, etc.

En síntesis, el gobierno busca con su política de mano dura, las compensaciones y las medidas dictadas conseguir el apoyo de la población para presionar a que termine el paro indígena y promocionar el referendo y la consulta popular. El primero incluye preguntas para permitir la instalación de bases militares extranjeras, terminar con el financiamiento estatal a los partidos políticos y reducir el número de asambleístas. La consulta busca el establecimiento de una asamblea constituyente para elaborar una nueva constitución a la medida del gobierno. Las acciones de éste y la atención pública se ha centrado en el paro indígena, relegando a un menor plano los principales desequilibrios macroeconómicos (financiamiento del presupuesto y déficit fiscal 2025, empleo formal estancado, aumento del subempleo y del sector informal urbano) y la creciente  inseguridad ciudadana que sigue atemorizada por el crecimiento de la violencia debido a las acciones de los carteles de la droga, el crimen organizado y la delincuencia común. El tema clave de la violencia es si la política, estrategia y táctica del gobierno esta funcionando. O en otras palabras, su gestión en esta área parece no tan efectiva.

Luis Rosero M.

La coyuntura social y política ha llegado a una ola de violencia que ya causó una víctima mortal. El gobierno, con su mano dura, contra la CONAIE y otras organizaciones se niega a dialogar. La conflictividad ya hace sentir sus efectos negativos en la actividad económica y en la paz social. A eso se suma, el enfrentamiento con la Corte Constitucional y opositores que ha generado reveses al gobierno. Pero lo clave en esta coyuntura es la polarización entre el gobierno y la CONAIE que va a seguir provocando mas violencia y es hora ya de que las partes dialoguen y lleguen a un acuerdo para terminar el conflicto.

La conflictividad social creció por el paro de la CONAIE que se opone al alza del diésel y la batalla con el narcotráfico. La semana pasada hubo enfrentamientos de los indígenas, corte de vías y bloqueo de carreteras en las provincias de Azuay e Imbabura. Como resultado ya hay un indígena muerto y militares heridos. Organizaciones de Tungurahua anunciaron su apoyo al paro. Hay denuncias de violencia policial, los detenidos llegaron a un centenar y las organizaciones acusan de que se registra persecución judicial. Ante el fallecimiento de un indígena en la protesta, el gobierno declaró que hubo una emboscada a militares que salieron heridos y envío de un convoy humanitario a la zona del conflicto. En su enfrentamiento con el narcotráfico, se registraron masacres en las cárceles de Machala y Esmeraldas que causaron 32 muertos, explotó un coche bomba cercano en la Penitenciaria del Litoral y, en Durán, asesinaron un concejal municipal. Al parecer, todavía esta organización criminal controla algunas cárceles del país. El gobierno, cambio al comandante de la Fuerza Terrestre y dos oficiales pasaron a disponibilidad en esta rama, medida que se encuadraría en buscar mejores resultados en el ejército en el conflicto armado interno. El paro de los indígenas ya genera pérdidas tanto en la agricultura, floricultura, lácteos, en el comercio y turismo en las provincias donde se desarrolla el conflicto. Los costes del transporte de carga subieron, se reporta escases de ciertos productos y ha subido el precio de algunos productos de la sierra lo que podría influir en el costo de la canasta básica pese a los operativos de control que ejercen las autoridades en los mercados. El gobierno además anunció que ha entregado compensaciones a transportistas, agricultores y aumento el bono de chatarrización del transporte.  En este marco, el alcalde de Cuenca y otros dirigentes, que encabezaron la marcha por el agua, celebraron como un gran logro la petición de la terminación de la licencia ambiental al proyecto minero Loma Larga a la que se vio obligado el gobierno por la presión de la población del austro. Como consecuencia de la conflictividad social, se ha deteriorado la paz social, el temor de la ciudadana aumento y su movilidad ha cambiado y restringido por la ola de violencia. Lo mas crítico es que los problemas del país se agravan y no hay resolución a los mismos y, además, la atención y opinión pública esta concentrada en el paro indígena mientras continua la crisis de salud, la falta de empleo, el aumento de la pobreza, etc.

En cuanto a la conflictividad política, la CC flexibilizó su postura y dio el visto bueno para llamar a consulta popular la organización de una asamblea constituyente, significaría un triunfo político del gobierno, que podría llevar a una nueva constitución. Sin embargo, la CC declaró inconstitucional la ley de Solidaridad Nacional que supuestamente era de urgencia económica pero que, según el dictamen de la CC, violó la unicidad de materia al mezclar materias económicas, penales y de seguridad. Además, que la ley de Integridad Pública, su reglamento y normas conexas son inconstitucionales por vulnerar la unidad de materia, publicidad y deliberación democrática. A su vez, la CC dio pasó a consulta popular sobre la autorización para que hoteles de cinco estrellas pueden tener casinos de juego y dio pasó, como enmienda constitucional vía referendo, la reducción del número de asambleístas e instalación de bases militares extranjeras en el territorio nacional. Esta decisión pone en jaque al gobierno pues estas leyes eran clave en la lucha contra el crimen organizado y establecían una serie de medidas económicas que ahora no podrían ejecutarse.

El gobierno ha abierto varios frentes de conflicto. La estrategia para gestionar la oposición al alza del diésel, parece ser la mano dura con las organizaciones indígenas y sindicales pero a los transportistas y agricultores les entrega compensaciones. Con las primeras se niega a dialogar, habría denuncias de judicialización de la protesta y acusación a dirigentes de la protesta de enriquecimiento no justificado. En cambio, a los transportistas les entrega bonos compensatorios y por chatarrización y a los agricultores les da ayudas económicas y tractores. Estas acciones son principalmente para evitar el alza de pasajes y conseguir apoyo del campo. Sin embargo, las provincias en donde se desarrolla el conflicto fueron, entre otras, las que votaron a favor en la elección presidencial. Habría un costo político. Por otro lado, las acciones violentas del crimen organizado, en las cárceles, y crimen de autoridades municipales provocan más temor en la población y dañan la paz social. Por otro lado, la aprobación rápida de la licencia ambiental para el proyecto minero Loma Larga y no proceder de la misma forma, ante la presión de la marcha por el agua, en la terminación de esta licencia, son un indicio de la calidad de la gestión del régimen en seguridad y ambiente que tienen incidencia en la aprobación de dicha gestión.

El haberse saltado, en la convocatoria a consulta popular para una asamblea constituyente, a la CC es una muestra de lo que puede hacer el régimen para alcanzar un objetivo político. Pero, además, se debe respetar la independencia de los otros poderes del estado y abandonar la deriva autoritaria. La repuesta de la CC ha sido declarar inconstitucional la ley de Integridad Pública y de Solidad Nacional. La mayoría esta de acuerdo que hay que enfrentar al crimen organizado, obtener nuevos ingresos públicos y detener la violencia pero dentro del marco de la constitución y los derechos garantizados por ésta. Además, para preservar la democracia, la nueva carta magna debe garantizar la independencia y el contrapeso de las diferentes funciones del estado. Con esta decisión de la CC, el régimen aceleraría el llamado a la consulta popular para una asamblea constituyente que podría llevar a una nueva constitución elaborada a la medida enmarcada en la orientación política e ideológica del régimen la cual sería su objetivo fundamental dada la actual coyuntura política.

Finalmente, es loable el llamado a la mediación del alcalde de Cuenca, Ibarra y de la Iglesia Católica a fin de que las partes en conflicto se sienten a dialogar y lleguen a un acuerdo para terminarlo, pues los problemas del país siguen agravándose y hay que buscar soluciones.

Luis Rosero M.

En septiembre la violencia y la inseguridad aumentaron y, en ese marco, la eliminación del subsidio al diésel elevó su precio y provocó aumento de costos de transporte de carga y precios de algunos bienes de la canasta básica. Los primeros tres días, de la semana pasada, hubo protestas y cierre de vías en la sierra y, con el paro decretado por la CONAIE, la tensión social aumentó y se agravó la crisis social por la falta de medicamentos e insumos en los hospitales públicos. Para profundizar la crisis política, en la confrontación que mantiene con la Corte Constitucional (CC), el gobierno aprovecho la coyuntura para enviar directamente al CNE la convocatoria a consulta popular para instalar una Asamblea Constituyente sin cumplir con el requisito establecido en la Constitución de 2008 que establece que esta requiere el dictamen de la CC. En toda esta compleja coyuntura, la eficacia de la gestión gubernamental en atender los problemas de la sociedad y las crisis afecta la aprobación e imagen del régimen. Para manejar esta última se utiliza la estrategia de comunicación pública.

La serie de masacres en Flor de Bastión y los sicariatos aumentaron las muertes violentas, en lo que va de septiembre, y además se produjo una explosión de bomba en el centro de Guayaquil, continuaron los secuestros, una guía penitenciaria fue asesinada y avanzan las extorsiones a negocios y ciudadanos. A pesar de que el gobierno realiza operativos y detenciones, en la segunda etapa del conflicto armado utilizando la estrategia de las FF.AA., la violencia y la inseguridad aumentaron, manteniendo en zozobra a la población. En este marco, el gobierno decretó, el 12 de septiembre, la eliminación del subsidio al diésel lo que provocó el aumento de su precio, para reducir el déficit fiscal y la iliquidez de la caja fiscal. Su primer efecto fue el aumento del precio de productos de la canasta básica. Las protestas fueron inmediatas y la CONAIE decidió realizar un paro nacional aumentando la tensión social ya agravada por la crisis de la salud por falta de medicamentos en los hospitales públicos. En suma, a la crisis económica (déficit fiscal, crecimiento de deuda externa, bajo crecimiento y empleo, etc), se suma la crisis de la salud, la crisis de seguridad, la marcha por el Agua, realizada el 16 de septiembre, en Cuenca, en la que miles de ciudadanos protestaron por la contaminación del agua del proyecto minero Loma Larga en Quimsacocha, agudizando la tensión social. La población sufre las consecuencias de estas a la que se adiciona la crisis política dado el conflicto que el gobierno tiene contra la CC manteniendo en zozobra e incertidumbre a la población por esta cuádruple crisis en la que cada una de ellas esta relacionada con las otras.

El gobierno, con el decreto 148, de septiembre 19, convocó a Consulta Popular para la realización de una Asamblea Constituyente que buscaría reemplazar a la Constitución de 2008 vigente para lo cual envío al CNE a fin de que ésta organice el evento electoral. Sin embargo, ese decreto tiene múltiples solicitudes de inconstitucionalidad y, por el ello, la CC lo suspendió. El CNE que convocó a una reunión extraordinaria pero no trato dicho decreto dado la suspensión del mismo. Sin embargo, el gobierno insistió en la convocatoria a una Asamblea Constituyente, con el decreto 153, de septiembre 20, enviando nuevamente al CNE para que proceda con tal mandato. Sin embargo, el CNE remitió dicho decreto a la CC para su dictamen alegando el principio de celeridad. En suma, quedo claro el objetivo del gobierno al tratar de llamar directamente a una Consulta Popular para una Asamblea Constituyente que redactaría una nueva constitución, reemplazando a la actual. Expertos y constitucionalistas señalan que el gobierno violó la constitución al no solicitar el dictamen a la CC para la convocatoria a una consulta popular para el fin señalado. La Relatora de la ONU señaló que cualquier interferencia con la CC socava el estado de derecho. Más aún, ante una amenaza de bomba a la CC, la CIDH ante los ataques a la CC declaró “Ecuador debe asegurar una justicia libre de interferencia”. No es casual que el gobierno se saltara a la CC para tratar la convocatoria a una consulta popular pues esta acción forma parte de una estrategia política que el gobierno usa en su afrontamiento con sus opositores utilizando una serie de mecanismos. Por eso, en una democracia es importante la independencia de las funciones del estado y garantizar los contrapesos necesarios entre ellas. Sin embargo, el CNE, en su sesión del 21 de septiembre, informó que la CC calificó como procedente la vía de la Asamblea Constituyente, con lo que el gobierno puede constitucionalmente tener la viabilidad de convocarla para que redacte una nueva constitución, que sería a su medida.

Por otro lado, la falta de eficacia en la gestión gubernamental afecta la buena imagen del régimen y para alcanzarla utiliza la estrategia de comunicación y otros mecanismos. De ahí que es clave en este escenario de la cuádruple crisis, una interrogante: ¿Por qué aumenta la violencia si el gobierno realiza operativos y tácticas de inteligencia? El experto de seguridad, Daniel Adler, propone revertir la crisis de seguridad en 90 días. En otras palabras, lo que sugiere Adler es que se necesita un nuevo plan de seguridad con metas de corto, mediano y largo plazo. Hasta la fecha los resultados del plan de seguridad del gobierno no reducen significativamente los índices de violencia en el corto plazo. La inseguridad es el principal problema que enfrenta el país como lo muestran las cifras de la violencia la cual mantiene en zozobra, tensión social y restricción en la movilidad de la población.  El poder político para tratar las dificultades en la gestión gubernamental o los problemas álgidos utiliza filtros, opacidad, restricción de información o creando otros y planteando soluciones como forma de redireccionar la atención.

Lo que refleja el actual conflicto es que hay fuerzas que pueden frenar las intenciones y acciones del poder político. Una, es la calle. La marcha por el agua en Cuenca logró que el gobierno revocará la licencia del proyecto Loma Larga que iba a provocar más contaminación en los ríos del austro. Dos, los contrapesos entre las funciones del estado. En este caso, la CC que vigila que todas las demás funciones en su desempeño se enmarquen dentro de la constitución. En la polarización extrema son muy importantes estos contrapesos.