Los índices macroeconómicos muestran una tendencia a la desaceleración económica y deterioro de las condiciones sociales: pobreza y condiciones de vida de la población. Los desequilibrios macroeconómicos, el viraje ortodoxo y el gradualismo de la política económica están afectando el desenvolvimiento económico y social.

Entre los desequilibrios más importantes están: el déficit fiscal, que se ha reducido muy poco; la iliquidez fiscal que obliga a más deuda, como los 1000 millones provenientes de organismos multilaterales y la operación con Golman Sachs (400 millones con garantía de bonos soberanos de más de mil millones de dólares) a lo que se suma el crédito de 70 millones con Japón. Además, para obtener recursos líquidos, en la ley de fomento productivo, se aprobó la remisión que consiste en perdonar multas, intereses de moras y otros rubros a cambio de que los deudores tributarios (fisco, tránsito, IESS, etc.) paguen el capital, a lo que se suma el aumento del precio de la gasolina super. Respecto al sector externo, en mayo y Junio de 2018, reapareció el saldo comercial fue negativo, producto de un aumento notable de importaciones.

El nivel de actividad económica se está desacelerando. El gobierno tratando de ajustar el déficit, redujo la inversión pública y busca compensarla con un aumento de la privada. En la ley de fomento productivo, se establece reducción y eliminación de algunos impuestos para nuevas inversiones, pero su efecto se verá en el mediano plazo. Se derogó la ley de plusvalía, argumentando que frenaba al sector de la construcción, pero éste sigue con tendencia a la baja, como muestra el decrecimiento de -0.4 en el I Trimestre de este año, en relación al igual período del año anterior. La manufactura y la agricultura, tuvieron crecimiento bajos, 0.5% y 0.4% respectivamente. Estos 3 sectores son las mayores generadores de empleo. Si bien, la estadística del BCE señala que el crecimiento de I Trimestre de 2018 fue de 1.9%, en relación al mismo período del año anterior, se registró un decremento de -0.7% respecto al último trimestre del año anterior. La proyección de crecimiento de la CEPAL, para este año es de 1.3%  y la advertencia de la desaceleración la hizo el FMI, en su última visita al país que, además, en otro informe señala el sostenimiento del crecimiento en base a deuda.

En el área social, lo más preocupante es el deterioro del mercado laboral, pobreza y condiciones de vida. En 2018, en el primero, la tasa de empleo bruto, a Junio, cayó de 65.6% a 63.6% en 2018, respecto a igual período del año anterior,  el desempleo y subempleo disminuyeron. Si bien se nota, una leve mejoría en el mercado de trabajo, en cambio, en igual período la pobreza aumentó 1.4% y la pobreza extrema subió 0.6%. Por otro lado, la concentración del ingreso (medido por el coeficiente de Gini) aumentó (de 0.462 a 0.472).

En conclusión, la política económica gradualista ha empeorado los desequilibrios macroeconómicos y las expectativas empresariales que llevan a una desaceleración económica que a su vez produce un aumento de la pobreza y concentración del ingreso. Se posterga el ajuste profundo y no hay decisión de adoptar fuertes reformas estructurales. Más temprano que tarde los desequilibrios serán mayores, lo que llevaría al gobierno a un acuerdo con el FMI. Está preparando el camino.

Con la grave crisis económica de Argentina, expresada en una depreciación acelerada, renegocia con el FMI, el convenio firmado hace poco, para que le adelante recursos,  que le exige a nuevas medidas económicas que implican mayor ajuste e impacto social.

A fines de abril, de este año, el tipo de cambio alcanza 20.8 pesos, en los meses siguiente continuó la depreciación hasta que el 29 de Agosto llego a 34.4 y, al siguiente día, 38.5 pesos por dólar, o sea una depreciación de 11.9% en un día, que alcanza ya a cerca del 100% desde el inicio del mandato de Macri. Esto llevó a que se renegocie con el FMI, el convenio firmado hace 3 meses, que implica la exigencia de nuevas metas macroeconómicas y un paquete de medidas para reducir el déficit fiscal, entre la que están: la reducción de 22 a 10 ministerios, retenciones de 5%  (impuestos) a las exportaciones, a las de soya 25.5%, a minería e industria 5 y 10% , suspender la reforma tributaria que implica la reducción de impuestos a los ingresos brutos, cheques, IVA y ganancias; por el lado del gasto, se frenarían compras públicas, obras públicas y despido de empleados del sector público con contratos temporales.

Estas medidas se adoptan para cumplir con la meta déficit fiscal cero para 2019, que se había fijado en 1.3% en el convenio con el FMI. Como contraparte, Argentina recibiría adelanto de fondos para la subasta de divisas, a fin de frenar la depreciación, pagar la deuda externa y obtener liquidez.

A estos desequilibrios macroeconómicos, hay que agregar la inflación que aumento 3.1% en Julio y la anual llegó a 31.2%. El impacto en el salario real, fue una caída de 5.9%, en el I semestre, en el poder de compra de la población, hay una leve recuperación en Julio. Tanto la depreciación como la inflación influyeron en las expectativas empresariales que se refleja en el empleo y pobreza. En I trimestre de 2018, la tasa de desempleo alcanzo 9.1% y el subempleo 9.8%, pero la pobreza sigue aumentando.

Pero hay otros indicadores que se han deteriorado en la crisis. El déficit comercial, en el I semestre de 2018, alcanzó 5101 millones debido principalmente al mayor incremento de importaciones que de exportaciones.  Si bien en el I trimestre, de este año, hubo un crecimiento de 3.6%, la tendencia es una caída del nivel de actividad económica a tan solo 0.4% como proyectó el FMI para este año. A eso se suma una deuda externa pública de más de 250.000 millones de dólares.

Los compromisos con el FMI abarcan la eliminación de subsidios a servicios públicos que aumentaron sus precios, reducción del empleo público, techo a la deuda flotante externa y doméstica, reforzar autonomía del Banco Central, mantener la flotación sucia, reducir el déficit fiscal y externo, etc. La meta de crecimiento era 1% para 2018, pero el propio FMI anunció que sólo sería de 0.4%.

El modelo de política económica no está funcionando, aún con el auxilio del FMI. Los desequilibrios macroeconómicos se deterioran más y el impacto social es mayor. Ya hubo manifestaciones de las principales centrales obreras y estudiantes universitarios. Además de las medidas hay una reestructuración del gabinete, como lo exige el FMI. El ajuste a lo FMI contraerá más la economía y para paliar el impacto social se aumentará ciertos subsidios a los más pobres. El temor a un corralito o a un default de la deuda lleva al retiro de fondos y salida de capital y obligaron a la toma de nuevas medidas para estabilizar la moneda, reducir la incertidumbre y reestablecer la confianza.

El Presidente de la República anunció un conjunto de medidas económicas, según él para reducir el tamaño del estado y reducción del déficit fiscal. Sin embargo, hay indicios de que éstas en realidad están orientadas a otros problemas macroeconómicos como los relacionados con la iliquidez del sector público y servir como globo de ensayo para ver la reacción de la población ante la eliminación de subsidios a combustibles.

Entre las medidas para reducción del tamaño del estado están la reducción de ministerios –vía fusión de éstos-, eliminación de embajadas y consulados, y de ciertas instituciones públicas y fusión de empresas públicas; para reducir el gasto corriente, se eliminan pagos a celulares de ministros y altos cargos así como su personal de seguridad, venta de vehículos de instituciones públicas; restricción de compras directas y no contratación de personal bajo régimen especial y aumento del precio de la gasolina super que será aumentada de 90 a 92 octanos. Según el Ministro de Finanzas estas medidas permitirán un ahorro de 1000 millones de dólares y, de acuerdo al Secretario de la Presidencia, el incremento de la gasolina y ajuste del diésel empresarial, generará un ingreso de 100 millones dólares. A estas medidas se agregan el ofrecimiento de 1300 millones de crédito a sectores productivos.

Las medidas se anunciaron el 20 de Agosto, en cadena nacional, y la ley de fomento productivo se publicó en el Registro Oficial el 21 de Agosto. Por otro lado, en los medios de comunicación se anunció que no se realizó el mantenimiento de la Refinería de Esmeraldas programado en Agosto, aumentaron los atrasos en los pagos a proveedores del Ministerio de Finanzas y el nivel de caja fiscal apenas registró un saldo de alrededor de 600 millones en Agosto. Todos estos datos muestran que se agravó la iliquidez del sector público, que darían indicios de que el objetivo central de las medidas dictadas es obtener más ingresos para aliviar esta iliquidez. En efecto, el aumento del precio de la gasolina, genera ingresos inmediatos y, más que todo, la remisión tributaria (exoneración de intereses y multas a impuestos atrasados), contemplada en la ley de fomento productivo, va en la misma línea.

Se declaró en la cadena que las medidas buscaban, entre otros objetivos, la reducción del tamaño del estado, vía la eliminación de instituciones y fusión de empresas públicas, representaría un ahorro de 400 millones de dólares. Pero ¿qué significa este valor frente al inmenso tamaño del sector público? Como ha señalado el ex Ministro de Finanzas, Fausto Ortiz, en las medidas no se refleja la reducción del tamaño del estado. En otras palabras, con las medidas tomadas hasta ahora, poco es el esfuerzo en el achicamiento del estado.

Así mismo, al igual que el gobierno anterior, se reduce el gasto público pero más por el lado del gasto de capital que el corriente. El primero es el gran dinamizador de la economía, sin embargo se insiste en lo mismo. Se apunta al impulso de la inversión privada vía la remisión tributaria y eliminación de algunos impuestos, que en términos de desequilibrio fiscal significa menos ingresos públicos que con el escaso recorte del gasto público implica una mínima reducción del déficit.

En síntesis, las medidas están orientadas a aliviar la iliquidez fiscal más que reducción del tamaño del estado, del déficit fiscal y medir la reacción de la población a la eliminación de subsidios. Esto muestra  un escenario de reducción del nivel de actividad que se ve reflejada en la tasa de inflación negativa por varios meses (¿deflación?), en la reducción del crecimiento económico anunciada por la CEPAL a solo 1.5% corroborada por el enfriamiento de la economía que anunciará el FMI en su visita al país, que implicaría reducción del empleo y aumento del desempleo, como ya se reflejó en el informe de  empleo, de Junio, del INEC, que le costó el puesto a su director.

El gobierno de Correa realizó una amplia reforma institucional que se incluyó en la nueva constitución. Los principales ámbitos de ésta incluye: lo judicial, en las funciones del estado, organización territorial, en educación, apoyo al sector privado, en lo público, etc. En lo económico y financiero destacan las reformas en lo tributario, la regulación y supervisión monetaria-financiera, mercado de valores, empresas públicas, sector público, banco central, economía popular y solidaria, etc. Esta reforma quedó plasmada en nuevas leyes y códigos jurídicos.
Sin duda, se trata de una profunda reforma institucional que cambio la relación entre sector público, sector privado y sociedad. En varios artículos, en el diario público, señalé que una vez concluido el gobierno correista, la oposición (principalmente de derecha) buscaría echar abajo esta reforma institucional, pero paradójicamente ha sido el propio gobierno de Moreno quien ha llevado adelante la contrareforma institucional.
Ésta comenzó con la consulta popular de 2018 que, entre los principales aspectos se deroga la reelección indefinida, se reestructura el Consejo de Participación Ciudadana –con lo cual se destituyó a las autoridades de lo judicial y varios superintendentes- y se eliminó la ley de plusvalía; el proceso continuó con la reforma a le ley de comunicaciones, siguió con la derogación de las enmiendas constitucionales de Febrero de 2017 que, entre los temas fundamentales, deja sin efecto el aporte del estado del 40% al IESS, la comunicación como servicio público y la facultad de la seguridad social de administrar fondos previsionales. La contrareforma se profundiza, en lo económico-financiero con la llamada ley de fomento productivo que además de la exoneración de intereses y multas por deudas tributarias, elimina o reduce ciertos impuestos a inversiones, exportadores e importadores, prohíbe al Banco Central endeudarse con el gobierno, crea un fondo de ahorro para el gobierno, etc.
El gobierno de Correa limitó, reguló y supervisó al poder mediático, la contrareforma flexibiliza y atenúa el control a los medios de comunicación; el nombramiento de Marcelo Merlo –ex contralor en el gobierno de Febres Cordero- como titular del Consejo de la Judicatura -que restituyó a María L. Jimenez, como jueza, madre de Cynthia Viteri, candidata a la Alcaldía de Guayaquil por el PSC-MdG- y el nombramiento del nuevo representante del Presidente a la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera que ha declarado que se preocupará por el mercado de valores al que deben regresar el estado, la seguridad social y la banca privada. Al parecer eso implicaría una reforma al Código Monetario Financiero y la ley de mercado de valores. Con la reforma a ley de mercado de valores, en el gobierno de Correa, se les obligó a los bancos a deprenderse de sus casas de valores, para que sean manejadas por particulares. Al parecer ahora, con la contrareforma volverán estas casas nuevamente a manos de los bancos.
Los nombramientos y las acciones señaladas dan indicios hacia donde se dirige de la contrareforma y a quien favorece. La contrareforma continuará, en varios ámbitos, con otros cambios legales y nuevas caras.