Por las críticas por la reducción de gastos sociales, elevado gasto en burocracia y disminución de la inversión pública, el ejecutivo reajustó la proforma de 2019 respondiendo a las observaciones de la Asamblea y realizando algunos recortes en ciertos rubros que encaminan a un eventual acuerdo con el FMI.

La proforma inicial 2019, enviada a la Asamblea, era de 36.160 millones de dólares que, sin incluir la cuenta de financiamiento de derivados deficitarios (4.481 millones), alcanzaba 31.746 millones, la reajustada la reduce a 31.301 millones, o sea una disminución de 1.3% (427 millones), que implica disminución de personal contratado (205 millones), reducción de subsidios a combustibles y menor gasto en bienes de consumo. Las inversiones públicas se mantienen en 3.314 millones (en relación a la proforma inicial), pero representan una disminución en relación a la proforma de 2018. Se reduce la estimación del déficit fiscal que pasa de 3.6 a 3.2% del PIB y se disminuye levemente las necesidades de financiamiento de 8 a 7.5% del PIB. Entre los supuestos, se cambia la estimación del precio del barril de petróleo de 50,05 a 58.29 dólares (que provocaría una reducción de ingresos petroleros por 1600 millones), la inflación se proyecta en 1.07% y la tasa de crecimiento en 1.43%. Además, el Ministerio de Finanzas publicó el Plan de Prosperidad 2018 – 2021 en el que se hace una descripción de una economía desbalanceada, una propuesta de sanar la economía (se expone que se han tomado 11 medidas), aplicar una política para proteger a los más vulnerables, dar mayores oportunidades y menos carga a los ciudadanos, transparencia y combate a la corrupción, que espera como resultado, en el año 2021, una reducción del déficit fiscal 0.7%  y de las necesidades de financiamiento a 3.5% del PIB.

De las observaciones de la Asamblea a la proforma 2009 inicial, el ejecutivo incluyó en la reajustada, entre otras: 350 millones para pago de jubilaciones, no recorte del presupuesto de las universidades, se mantiene los 1000 millones de ingresos por concesiones de entidades públicas, en educación se incluyen recursos para mantenimiento, reparación y construcción de nueva infraestructura, en salud se consideran recursos para tratamiento de adicciones y compra de medicamentos, acepta trasladar recursos para cubrir el 40% de las pensiones jubilares pero queda por definirse la cifra.

Al reducir el precio referencial de petróleo de la proforma se reducen los ingresos, por lo que para compensar dicha disminución se va acudir a un recorte de subsidios a los combustibles, excepto el gas.

En síntesis, la proforma 2019 reajustada prevé recorte de personal contratado, reducción de subsidios a los combustibles (gasolina y diésel), excepto gas y realizar concesiones de servicios públicos. En éste último caso, el interrogante es cuales, ¿se concesionarán las entidades rentables como CNEL y otras? Se sigue insistiendo en proyectar una tasa de crecimiento alta de 1.43% cuando el FMI proyecta una de apenas 0.7%. En consecuencia, se contraerá la economía, aumentará el desempleo y subempleo, crecerá la deuda, continuará la iliquidez y los desequilibrios macroeconómicos se mantendrán en niveles poco manejables. En definitiva, con esta política gradualista, se está preparando el camino para un eventual acuerdo con el FMI, con medidas similares a la adoptó Argentina para acceder a un crédito con dicho organismo internacional.

Un cúmulo de acontecimientos, políticas, promesas no cumplidas y errores que, sumado, a la renuncia de la Vicepresidenta, dibujan un escenario de incertidumbre que reflejan que el país no tiene un rumbo claro y cierto.

El gobierno está llevando a cabo una contrarreforma institucional con la que quiere desmontar la estructura institucional creada por el gobierno anterior. Llevó a cabo una consulta para poder legitimarla. Hasta ahora, se destituyeron a todos los titulares de los organismos de control, función judicial y CPCCS y, se han nombrado a otros que en su mayoría son interinos. En esta situación se encuentran el actual fiscal y contralor acusados de arrogación de funciones, pero la fiscal que investiga el caso, según la prensa  ha sido amenazado por el Presidente del CPCCS  En cambio, si se nombraron a los titulares del CNE, pero ahora hay una estructura organizacional en la que regresan los partidos políticos a tomar las decisiones, lo que antes estaba prohibido. Está precariedad institucional hace perder fuerza y legitimidad a sus decisiones.  En lo judicial, se han llevado a juicio a varios funcionarios del gobierno anterior acusados de delitos incluido al ex Presidente. En el caso Balda, sin embargo la INTERPOL negó el pedido de difusión roja por, según la prensa, “por no ser compatible el caso con el respeto de los derechos humano” para proceder a la captura del ex mandatario. Aparentemente, en su caso, se violó el debido proceso, lo que pone en entredicho los procedimientos llevados a cabo por funcionarios judiciales que, al parecer, violaron el derecho a su legítima defensa.

La renuncia de la Vicepresidenta Vicuña y su burda justificación para ella, pone en evidencia las irregularidades en movimientos y partidos. Se ha evidenciado que la contribución que exigía a sus asesores, para supuestos aportes de los miembros del ALBA, eran manejados en la cuenta personal de la segunda mandataria. Su declaración de que por ser de izquierda y mujer, se la ataca y es la derecha que la quiere fuera del poder, no tienen fundamento. Más aún, según la prensa, declaró en su patrimonio cuenta donde recibió dichos aportes. Esos actos indebidos son delitos y signos de corrupción, más aún si declaró que ALBA es un movimiento de hecho, en las que, el autollamado movimiento de izquierda, muestra también como sus dirigentes, funcionarios aliados gobierno, manejan la organización política.

E. Jurado, secretario general de la Presidencia, se vio obligado a renunciar por estar acusado de participar en una empresa que hacia cobros indebidos a clientes del sistema financiero por supuestos servicios prestados. La superintendencia de Bancos anunció sanciones a las instituciones financieras que hicieron los descuentos a los usuarios de cuentas bancarias. Hubo miles de perjudicados y, al parecer, luego de la tormenta se hizo mutis. Es increíble que un alto funcionario haya participado en tales delitos, se afectó el interés público y salió ganando el interés particular.

Se nombró un ministro de Finanzas de la élite empresarial, que presentó el proyecto de ley de fomento productivo que, entre otras cosas, establece la remisión de multas e intereses por impuestos a empresarios. Dicho funcionario presentó la Proforma con una reducción de recursos para la educación, salud y bienestar social. A pesar de que el gobierno ya ha señalado que no se recortará el presupuesto a las universidades públicas, a pesar de ello, hay una reducción para educación primaria y media. Se recorta gastos sociales, la inversión pública y no el tamaño del estado. Se posterga el ajuste, solo se han tomado tímidas medidas sobre la burocracia, unificación y eliminación de instituciones. Los sueldos de la burocracia, el pago del servicio de la deuda y gasto en bienes de consumo son los que presionan al presupuesto, que llevan a la iliquidez pública, no pago a proveedores y otras deudas. Se ha acudido a un aumento de la deuda externa para financiar el presupuesto y mantener el nivel de actividad económica. Se presenta el proyecto de la construcción de un tren costero y  un metroférico para Quito, proyectos no necesarios pero que nuevamente favorecen el interés privado pero con poco beneficio para el interés público. Se está estudiando eliminar los subsidios a combustibles. En 2019, el déficit fiscal sería de 3.6%. Se criticó el endeudamiento con China y preventas petroleras, sin embargo el Presidente viajó a dicho país, entre otras cosas, para insistir en dichos mecanismos. El FMI proyectó que la tasa de crecimiento sería apenas 0.7% en 2019 y no se ha cumplido con la meta de empleo ofrecida.

Por otra parte, para aprobar decisiones y proyectos de ley en la Asamblea, el gobierno ha buscado el apoyo de la derecha. En suma, no hay rumbo cierto en la contrarreforma institucional, hay casos de corrupción en este gobierno, se aplaza el ajuste fiscal, se aumenta la deuda pública, se proponen proyecto en que gana el interés privado y poco el interés público y habría una reducción del nivel de actividad económica en 2019. Se están agravando los desequilibrios macroeconómicos y ya no tienen un nivel manejable. Al parecer  el gobierno se está acercando a la firma de un convenio con el FMI. Ya no se puede seguir acusando al gobierno anterior de los problemas actuales, hay que tomar decisiones. Esto ha llevado a que la aprobación en la gestión del Presidente disminuya constantemente. Según la encuestadora Cedatos, el 51.4% desaprueba gestión del Presidente Moreno. Hay que aprender del nuevo presidente mexicano que encontró un país con una grave crisis económica y social pero que, en vez de llorar, ha aplicado una serie de procedimientos y decisiones para enfrentarla, cumplir sus promesas electorales y sacar adelante a su país. En el diario mexicano La Jornada, de la UNAM, un articulista dice que “Lenin demuestra ser un presidente muy débil”.

Manuel López Obrador (AMLO), del Movimiento de Renovación Nacional (Morena), ganó la presidencia de México, con 30 millones de votos,  un poco más de la mitad de electores, venciendo a  los partidos tradicionales, que le da legitimidad y respaldo popular. Se enfrenta a una problemática económica, social y política grave, a la que contribuyeron los partidos tradicionales (PRI y PAN) y que en su mandato espera enfrentar con un programa de gobierno diferente al neoliberal, doctrina que se aplicó, por dichos partidos, durante los últimos 36 años.

El Partido Revolucionario Institucional (PRI), se formó después de la Revolución Mexicana (1910-1913), por la lucha por la tierra, y llegó y estuvo en el poder por 70 años. El PRI, al inició buscó implementar los principios de la revolución, pero con el tiempo creó un sistema de continuidad presidencial, control de todos las funciones del estado, corrupción, violencia, represión a opositores, impunidad, etc. Pierde el poder en el 2000, cuando Fox, del Partido de Acción Nacional (PAN), de derecha, gana la presidencia y, el mismo partido, continúa en el poder a asumir Felipe Calderón (2006), como sucesor de Fox, que inició una guerra con el narcotráfico. Ambos gobiernos, siguieron una política muy parecida, con ligeras variaciones, a la del PRI, que retoma el poder (con sospechas de fraude) en 2012 con Enrique Peña Nieto, que lleva a cabo reformas estructurales, de carácter económico, en el área energética, telecomunicaciones, fiscal  y bancaria, que se orientaron a una mayor liberalización de estos mercados; en lo social, la principal fue la reforma educativa. Una desastrosa gestión que en lo social aumentó el número de pobres y redujo el nivel de vida acompañado con un aumento inusitado de la violencia, en gran parte debido al narcotráfico.

En 1970, comienzan a organizarse los carteles, entre ellos el de Guadalajara (creado por Miguel A. Gallardo), sur, que rivalizaba con el de Sinaloa estableciendo un marco de violencia, corrupción, asesinatos y desapariciones. Corrompieron a autoridades, ejército, policía federal y local para viabilizar sus operaciones y expandirlas a EE.UU. Calderón desarrolló una guerra contra los carteles, que fracasó; con Peña Nieto el nivel de violencia aumentó. En 2017,  hubo alrededor de 25.000 asesinatos producto de la violencia del narcotráfico y del crimen organizado y 31.000 desaparecidos que refleja un cuadro aterrador generado por la violencia. En 2016, el nivel de pobreza llegó a 53.4 millones de habitantes (43.6%). El mayor nivel de pobreza se registra en los estados de Chiapas (77.1%), Oaxaca (70.4%), Guerrero (64.4%) y Veracruz (62.2%). En los dos primeros hay mucha población indígena y el tercero esta asolado por la narcoviolencia. El cartel de Sinaloa, desarrolla sus actividades en el norte: triángulo dorado (Sinaloa, Durango y Chihuahua), siendo su capo el Chapo Guzmán.

El escenario no estaría completo sin la presencia del poder económico y financiero que estaba detrás de la política gubernamental implementada por el PRI y PAN. Estos grupos están aliados con el poder mediático que construye la opinión y esconde la esencia de los problemas sociales del país azteca.

AMLO logra un triunfó histórico y desbarata a los partidos tradicionales y además obtiene la mayoría en el congreso, que posibilita la aprobación de los proyecto de ley. Ha logrado ganar el gobierno pero no el poder En su discurso de posesión criticó a las principales tendencias del neoliberalismo: desnacionalización de la economía, aumento de la concentración del ingreso, pobreza, etc. Con su triunfo, AMLO logra un gran capital político que abre las esperanzas de cambio pero también una responsabilidad  de cumplir con lo prometido en su plan de gobierno. Entre las más importantes está combatir la violencia, en especial el narcotráfico; luchar contra la impunidad y la corrupción; por otro lado, tratar de mejorar las condiciones sociales y, en lo económico, impulsar el crecimiento con una redistribución del ingreso.  Sin embargo, tendrá que luchar o negociar contra los poderes facticos para que posibiliten el cambio.

En cuanto a sus relaciones con EE.UU, se acaba de firmar un reformado acuerdo comercial con Canadá, y EE. UU., que es factor determinante en su economía y a las que exporta la mayor parte de sus productos. En base a su amplio apoyo en las elecciones, previo a su posesión, está usando la consulta popular como mecanismo para tomar decisiones sobre los proyectos de su plan de gobierno y asegurar el respaldo de sus electores. Impulsará la inversión pública para construir nuevas refinerías, habrá una zona libre en la zona fronteriza con EE.UU. Sometió, a este mecanismo, a los proyectos del nuevo aeropuerto, el tren maya, duplicar pensión a los adultos mayores, beca para jóvenes, pensión para discapacitados, sembrar árboles frutales, medicamentos gratuitos, etc. Un aspecto importante, es que en la consulta se rechazó el nuevo aeropuerto (en construcción), que inicialmente había apoyado por la presión de los empresarios, lo que marca un cambio en cuanto a las negociaciones con el poder económico.

AMLO abre las esperanzas para las grandes mayorías por el cambio político y social, y marcaría un quiebre con las políticas de los gobiernos anteriores. En síntesis, sus tres metas principales son: buscar la pacificación del país, la reactivación económica y la redistribución del ingreso hacia los más pobres. Las negociaciones con los grupos de poder y la mantención del apoyo popular definirán el rumbo del gobierno y de México.