Luis Rosero M.
El gobierno anunció un preacuerdo para la renegociación de una parte de la deuda externa, que cuenta con el respaldo del FMI y da visos del camino que tomará el gobierno en la política económica y social que implicará la adopción de nuevas reformas estructurales según las exigencias del organismo internacional en el nuevo convenio.
La deuda externa del país es con los organismos multilaterales, con el club de París (deuda de gobierno a gobierno) y con el sector privado. Con estos últimos, el país debía pagar 2000 millones en 2020 y otros pagos del servicio de la deuda fuertes hasta el 2024. El preacuerdo de la renegociación es por un monto de 17.375 millones, que implica una quita de 1.500, una reducción de las tasas de interés que estaban entre 7.7 a 10.7% a un promedio de 5.3% y ampliación del plazo, en promedio, de 6 a 12 años, con 5 años de período de gracia para el capital y dos para los intereses. El bufete jurídico White & Case, que maneja la renegociación del grupo Ad hoc que posee alrededor del 45% de los bonos ecuatorianos manifestó su apoyo al preacuerdo y espera que la mayoría de los tenedores los respalden. Sin embargo, ya dos grupos de tenedores de bonos ecuatorianos plantearon que se deberían mejorar las condiciones de la renegociación, lo que implicará que no es seguro todavía los términos en que anunció el gobierno la reestructuración. Por otro lado, el FMI manifestó su respaldo al preacuerdo y espera que se concrete con todos los tenedores.
Si bien el gobierno contrato a dos firmas que están trabajando en la renegociación de la deuda externa argentina, sin embargo la posición del gobierno gaucho es más ventajosa. Ha cambiado 3 veces el plazo de la renegociación, ha caído en default en parte de su deuda pero ha variado su oferta de negociación pero en la última y definitiva oferta ha propuesto un valor neto promedio de los bonos de 53.3% (lo que implica una quita de 46.7% en el capital, con un interés de 3 a 5% y un período de gracia de un año. La diferencia es que la deuda argentina, en negociación, es de 65000 millones de dólares y el principal inversor que lidera la renegociación por los tenedores es Black Rock, el mismo que tiene el Ecuador, entre otros. Es claro que el gobierno gaucho está negociando su deuda en función de los intereses nacionales y ha preferido caer el default de parte de su deuda externa, o sea no pagar, hasta que se llegue a un acuerdo con la mayoría de los tenedores de deuda externa.
La deuda externa del Ecuador es de 41564 millones de dólares, de la cual este gobierno la ha aumentado en más de 10.000 millones de dólares. El gobierno realizó algunas operaciones de crédito con figuras financieras, entre ellas repos, que implicó garantía de oro de la RMI y de bonos soberanos. Por otro lado, dio prioridad al pago de la deuda externa, tal es así que pago atrasado los sueldos de los servidores públicos a los que debe 300 millones, tiene deuda con los GADs de más de 900 millones, la deuda con el Banco Central creció de 2915 a 4076 millones, le debe más de 2201 millones a los institutos de seguridad social y a los proveedores 200 millones. En suma los atrasos, a Julio de este año, suman 3131 millones.
El preacuerdo da un alivio temporal a la caja fiscal ya que, con el período de gracia para el capital e intereses, no tendrá que pagar estos de manera inmediata, con lo que podría cambiar, en algo, los atrasos. Sin embargo, hay que considerar que el preacuerdo anunciado representa solo el 41% de la deuda externa y solo es la contraída con el sector privado. El país tendrá que seguir pagando la deuda multilateral, la del Club de París y con China. El Ministro de Finanzas dice que debemos seguir endeudándonos para salir del bache. Consecuentemente, seguirán los atrasos y se seguiría priorizando el pago de la deuda aunque en otras condiciones. Con el decreto que autorizó la concesión de la refinería de Esmeraldas, ya se puede advertir el camino a seguir por el gobierno. Ya es claro que se éste ya cumple la condicionalidad del FMI con el nuevo acuerdo crediticio que implicará reformas estructurales entre las que podrían estar la profundización de la reforma laboral, un mayor recorte del estado, la privatización del IESS y BIESS, devolver la autonomía al Banco Central con la reinstalación de un directorio que manejará la política monetaria. Además recordemos que hasta mitad de este mes se aprobará el veto al proyecto de ley de Finanzas Públicas, que obliga a todos los integrantes del sector público a someterse a estrictas medidas del manejo del gasto y pone límites a fin de llegar a una superávit primario que pueda permitir salir de la tendencia al déficit fiscal y pagar la deuda externa.
Pensamiento y comportamiento 