Luis Rosero M.

En el primer artículo sobre este tema, de una serie, traté sobre las inversiones del ISSPOL con fondos de inversión, radicados en Panamá, que no pueden cubrir el pago de capital y rendimientos. En este segundo artículo trataremos sobre las inversiones realizadas por el ISSPOL y BIESS, con títulos de empresas nacionales, cuyos emisores no pueden devolver los rendimientos y capital que afectan fuertemente la liquidez de ambas instituciones.

El ISSPOL realizó varios tipos de inversiones. Una fue la compra de obligaciones de las empresas Ecuagran y Delcorp, autorizadas por la Superintendencia de Compañias, Seguros y Valores (SCSV), en 2019, por 15 millones por cada una. Para esta emisión de obligaciones como requisito, tuvieron la calificación de riesgo, por parte de la calificadora Class International Rating, de AA- en el caso de la primera. Mientras que con Delcorp, su emisión también fue calificada por la misma calificadora, sin embargo ésta informó que no calificó más porque, desde Junio de 2020, Delcorp dejó de entregar la información necesaria para emitir la calificación, que debe hacerse cada 6 meses. Esta era la sexta emisión de obligaciones por parte de ambas empresas. Mientras que el BIESS invirtió 4.8 millones de dólares en obligaciones de estas dos empresas. El problema surge porque ambas empresas dejaron de pagar el rendimiento de las obligaciones a ISSPOL y BIESS. Estos títulos se negociaron en la Bolsa de Valores de Guayaquil (BVG). Tienen garantía general y específica. El agente pagador de dichos rendimientos es DECEVALE. Expreso informaba, en su edición del 4 de Setiembre, de este año, del incumplimiento de los pagos de las inversiones y que el DECEVALE había alertado del incumplimiento, en agosto. Según Primicias, Ecuagran (posee el 13.5% de las acciones de Delcorp) y Delcorp (esta es proveedora de Ecuagran de productos agrícolas y tiene el 13.7% de su capital accionario) son empresas relacionadas y el presidente ejecutivo, de las dos empresas, salió del país el 5 de Agosto.

Otra inversión que realizó el ISSPOL, por 22 millones de dólares,  fue la compra de facturas comerciales a Ecuagran y Delcorp, que tampoco puede ser devuelta por la falta de liquidez de estas empresas.

Además, el ISSPOL realizó inversiones en fideicomisos de inversión. Entre ellos  con la Universidad Técnica Equinocional (UTE) por un valor de 8.8 millones, que ha sufrido atrasos en los pagos de las inversiones. También realizó otras inversiones con dichos fideicomisos (turismo, proyectos inmobiliarios, etc.) que también registran problemas de impagos. Según Vistazo, en abril de 2018, mas de 100 millones de dólares, habían sido invertidos en cesión de derechos fiduciarios  de los que  se desconoce si tienen análisis de riesgo. El Comercio, informa también que el ISSPOL compró una hacienda por 14.8 millones cuando el avalúo era solo de 500.000 dólares.

A estas inversiones del ISSPOL se suman los 532 millones, de los cuales, con IBcorp 205 millones, en una operación de reporto (que incluyo Bonos de Deuda Externa Ecuatoriana) y con High Yield Bond Fund (HYBF) por 327 millones (intercambio con notas globales sobre bonos de deuda ecuatoriana).  Ambas empresas son manejadas por un fondo de inversión, localizado en Panamá y creado, al parecer por una offshore, cuyo director ejecutivo es Jorge Cherrez Miño, que tampoco puede cubrir los rendimientos de estas inversiones. Y para agravar la situación, Expreso informa que el Servicio de Cesantía de la Policia, tiene inversiones en bonos de Odebrecht, que compró en 2011 y están impagos hace 2 años. 

Es impresionante como el ISSPOL, a pesar de tener sus propios traders, haya realizado inversiones con riesgo cuyos rendimientos y capital están impagos. A pesar de que tiene su propio Jefe de Inversiones sus informes hayan sido aprobados por la Comisión de Inversiones y por su Dirección General y  ratificados por el Consejo Directivo. Muestra un problema interno en manejo de inversiones y de gobierno corporativo. Por otro lado, las autoridades de la (SCSV), fallaron en la supervisión. Según Expreso, el Decevale, había advertido, a las autoridades de control, del incumplimiento de los pagos de inversiones de Ecuagran y Delcorp, un mes antes. Según El Comercio, Ecuagran estuvo intervenida por la Intendencia Nacional del Mercado de Valores, entre abril y septiembre de 2019, sin embargo siguió operando en el mercado de valores. El caso era por la negociación de 1.5 millones en facturas comerciales, en mayo de 2019. Estas eran por ventas a Delcorp. En Abril de 2019, fue calificado por Summa Raiting un programa de facturas de Ecuagran como emisor, por 7 millones con calificación AA+, y Delcorp como aceptante. Dicha calificadora, el 18 de Setiembre de 2019, califica con AA+, otro programa de facturas comerciales por 29 millones siendo ahora Delcorp emisor y Ecuagran aceptante. Este hecho muestra que las dos empresas estaban relacionadas. Más aún, el 17 de Octubre de 2019, la SCSV autoriza la sexta emisión de obligaciones por 15 millones de Ecuagran, que ahora están impagas. Nuevamente, falla el control de la SCSV. Sorprendemente, el Intendentende Nacional de Valores declaró que el auditor externo de Ecuagran y Delcorp no dio las alertas sobre irregularidades de estas firmas  en el mercado de valores. Como unidad de control esta Intendencia debió detectar el ilícito.  Las casas de valores que participaron en la intermediación de las facturas señalaron que nunca se comunicó al mercado de la intervención, un hecho relevante. Al parecer, tampoco hubo una notificación por parte de BVG, a pesar de la advertencia del DECEVALE del impago de las dos empresas. La BVG es el principal accionista del DECEVALE.

En síntesis, los problemas de impago de rendimiento y capital de las inversiones del ISSPOL muestran la debilidad de la decisiones de inversión por parte del ISSPOL, la falla de supervisión por de los organismos de control. En la reforma a la ley del mercado de valores se plantea que la Supercias debe realizar vigilancia, auditoría, intervención y control del mercado de valores. Que haya pasado por alto, este organismo de control, la cadena de irregularidades señaladas muestra las fallas en el cumplimiento de sus funciones. Igual pasa con la Superintendencia de Bancos) que revisa el portafolio de inversiones del ISSPOL y tampoco detectó irregularidades. Y en cuanto a la BVG, la mencionada reforma señala que una de sus funciones es “Divulgar y a mantener a disposición del mercado y del público en general información simétrica, veraz, completa y oportuna, sobre las cotizaciones  de los valores, intermediarios y las operaciones efectuadas en las bolsas de valores, así como sobre la situación económica financiera y los hechos relevantes de los emisores.” Como señalaron las casas de valores, que participaron en las transacciones no se comunicó la intervención, un hecho relevante. Y además  según DECEVALE advirtió del impago a la BVG. Las irregularidades muestran también que, en el mercado de valores, hay problemas de conflictos de intereses, conflictos agente-principal, un escaso gobierno corporativo, funcionarios y directivos de entes de control y BVG que se mantienen en sus cargos, por muchos años, pase lo que pase en el mercado de valores. No hay alternabilidad. El resultado de toda esta trama de inversiones impagas es un fuerte golpe a la confianza de los inversionistas en la bolsa,  una falta de transparencia así como pérdida de confianza por parte de los inversionistas en el DECEVALE, que traerá un impacto en las transacciones en la BVG y una caída en la reputación de los organismos de control. Y los afectados, resultan ser los afiliados al ISSPOL y los servicios que reciben.

Luis Rosero M.

En la Carta de Intención, firmada por el gobierno con el FMI, se establecen una serie de condicionamientos de los que destacan más impuestos, eliminación de beneficios tributarios y reformas estructurales que son los principales compromisos que el país debe cumplir, lo que implica que los organismos internacionales definen la política económica.

En cuanto a lo tributario, se estipula el alza del IVA del 12% al 15%; eliminar la devolución del IVA a los adultos mayores y universidades; impuesto a la renta a las decimotercera y decimocuarta remuneración; aumentar el impuesto a la renta a las personas naturales y empresas; establecer un impuesto a la gasolina, que ya paga IVA; aumentar el IVA e ICE a las telecomunicaciones y crear un impuesto ambiental a la emisión de dióxido de carbono (CO2).

Si bien es necesario la reducción del déficit fiscal de 8.3% en 2020, el gobierno con el alza del IVA quiere hacer pagar el costo de la crisis económica a la población,  a partir de 2022, pero más aún busca que la paguen los jubilados al eliminar la devolución del IVA en sus compras, que es un grupo vulnerable; pero además quiere que los trabajadores y empleados privados paguen impuestos a las remuneraciones adicionales lo que significa cargarle otra parte de la crisis a la fuerza laboral, que ya ha sufrido despidos por la pandemia y adicionalmente  se le han recortado sus salarios; al aumentar el IVA e ICE a las telecomunicaciones significa que paguen también una parte de la crisis la clase media y un mayor impuesto a la gasolina y la creación del impuesto ambiental significa  aumentar el costo del transporte  que afectará, una vez más, a trabajadores y empleados así como población en general. Con estas medidas el gobierno actual obliga al Presidente siguiente, sin contemplaciones, que sea la población en general y trabajadores así como grupos vulnerables los que paguen la crisis, cuando perdonó más de 4 mil millones de dólares con la remisión fiscal.

Pero, aún más, pretende un recorte de la masa salarial del sector público de 482 millones dólares (0.5% del PIB), en la compra de bienes y servicios la disminución será 579 millones (0.6% del PIB), disminución de 500 millones en gastos por el coronavirus y, por la renegociación con la deuda con bancos chinos, el servicios de la deuda se reducirá en 1300 millones. Por otro lado, se recortará la inversión pública hasta que se reduzca al 4.9% del PIB. La tendencia de esta variable clave ha sido una disminución paulatina desde 2014 hasta que en 2020 cayó a 6.6%. Recordemos que, en el gobierno anterior, el peso del sector público llegó alcanzar hasta el 25% del PIB. Con estas medidas, no solo pagan otra parte de la crisis los servidores públicos –a los que ya se les había recortado el sueldo- sino que además se recorta el tamaño del sector público y, más aún, el estado deja de ser un dinamizador de la economía al reducirse radicalmente la inversión pública. Con estas medidas, se espera un recorte del gasto de 5300 millones, un brutal ajuste de mas del 5% del PIB. Pero adicionalmente, va a reducirse el tamaño del estado mediante concesiones y privatizaciones. Ejemplo de ello son la concesión de la Refinería de Esmeraldas y la venta del Banco del Pacífico. Antes, ya se habían eliminado una serie de instituciones públicas. La reforma del estado implica reducir al mínimo su tamaño.

Pero también el régimen busca la liberalización de los mercados. Comenzó con la liberación del precio de los combustibles: gasolinas y gas. Hasta el momento hay una fórmula para establecer los precios de las primeras y el gobierno asegura que mantendrá congelado el precio del segundo. Un segundo paso fue avanzar en la liberalización del mercado del dinero. La Junta Monetaria simplificó los segmentos de líneas de crédito y cambió la metodología del cálculo de las tasas de interés y, el siguiente paso, en esta área, sería la liberalización de dichas tasas.

El convenio con el FMI, obliga a 5 reformas estructurales, contiene a más de la reducción del tamaño del estado, la reforma tributaria  y reforma a la seguridad social, darle independencia al Banco Central, restituyendo su directorio, que sería el encargado de manejar la política monetaria. La otra reforma clave, es continuar con la reforma laboral del que se avanzó con la flexibilidad laboral, precariedad laboral y se continuaría con mayor liberalidad en dicho mercado.

En síntesis, el gobierno, con la Carta de Intención con el FMI, busca hacerle pagar la mayor parte del costo de la crisis económica a trabajadores y empleados privados, públicos, a grupos vulnerables y población en general –vía más impuestos y eliminación de exenciones tributarias-; por otro lado, quiere liberalizar la economía, de manera que sea el mercado el que fije los precios claves de la economía (precio de bienes y servicios, salarios, tasa de interés) y reducir el tamaño del estado a un mínimo. Sin embargo, deja endeudado al país y lo somete a los condicionamientos de la política económica por parte de los organismos internacionales.

Luis Rosero M.

En el II trimestre, de este año, hubo una brutal caída de la economía, en el contexto de la pandemia, que afecta fuertemente la actividad económica y, con la aprobación del directorio del FMI, el crédito,  que permitirá aliviar temporalmente los atrasos, ya tiene su destino.

El Banco Central, en la publicación de las Cuentas Nacionales, anunció una contracción del PIB de 12.4%, en el II trimestre de 2020, que vino precedida por una variación negativa de 2.4%, reflejando la gravedad de la crisis económica, que ya se venía arrastrando desde 2019, afectada por la pandemia. Esta brutal contracción de la economía se explica por una caída de -18.5% de la inversión, -11.9% del consumo del gobierno, -10.5% del gasto del gobierno y -15.7% de los gastos del gobierno (producto del ajuste fiscal).  La variación negativa del PIB, se expresa en una contracción, principalmente en el sector no petrolero, de  transporte -29.7%, alojamiento y comida -18.3%, construcción -12.7%, enseñanza, servicios sociales y salud -12%, manufactura -9.8% y comercio -9.8%. El único sector que tuvo un crecimiento positivo fue acuicultura y pesca de camarón con 10.4%; en el sector petróleo y minas, la variación negativa de su actividad económica fue -28.3%. El principal impacto, en el mercado de trabajo, a Junio de este año, es el aumento de un millón de desempleados a más del mayor  subempleo y aumento del sector informal, debido a la fuerte contracción de los sectores más generadores de empleo como comercio, manufactura y construcción.

En cuando al crédito del FMI de 6500 millones (661% de la cuota del país), de acuerdo con este organismo, dentro del marco del Servicio Ampliado, tiene como objetivo continuar con el ajuste y reformas estructurales. En cuanto a lo primero, la estabilidad fiscal y de la deuda, estabilización de la economía, fortalecer el crecimiento. En lo social, aumentar la asistencia social. Respecto a lo fiscal, la estabilidad fiscal estará basada en una reforma tributaria (que puede implicar una simplificación del esquema impositivo, un aumento de impuestos indirectos, entre esos el IVA y reducción de gastos que abarcaría menor gasto corriente). También se apunta a mayor transparencia fiscal, mejor gobernanza y eficacia en la gestión de las finanzas públicas.  En cuanto a la deuda, se traza una estrategia de una reducción gradual de la misma, sobre todo de la de corto plazo, para mejorar la estructura de vencimientos y pagos de amortización. En cuanto a las reformas estructurales, se insiste en la independencia del Banco Central, una mejora de la supervisión bancaria, en especial el riesgo crediticio, reforma a la seguridad socia y monitoreo del sistema financiero postpandemia. Y, en lo fiscal, la continuación con la reducción del tamaño del estado vía eliminación de entidades públicas y privatización (que se inició con la concesión a la Refinería de Esmeraldas, la venta del Banco del Pacifico, etc.) En cuanto a la corrupción, se exige una ley anticorrupción que puede implicar la aprobación de la ley de extinción de dominio.

En cuanto a la iliquidez fiscal, el primer desembolso de 2000 millones, el gobierno definió prioridades: ponerse al día con el atraso de sueldos, pago de compensaciones de jubilados, pago de liquidaciones de empresas públicas eliminadas, GADs (pago a juntas parroquiales y municipios), aportes a la Seguridad Social, proveedores), devolución de impuestos a discapacitados y de tercera edad. En lo social, como el FMI exige compensaciones por el deterioro el nivel de vida –provocado por la crisis y la pandemia- el gobierno creo un nuevo bono social de $ 240, de un solo pago, para las familias más pobres. Recordemos que el Banco Mundial estimó que la pobreza aumentó a más de un tercio de la población. El Ministerio de Finanzas que aumentaría la cobertura del bono de desarrollo social en 250000 personas hasta diciembre de este año y 200000 en el primer trimestre de 2021. Veamos si cumple con las promesas sociales.

En síntesis, en cuanto a lo económico, el gobierno se compromete a continuar con el ajuste (reducción del déficit fiscal), con el proceso de liberalización de la economía: del mercado de combustibles –incluido el gas- que ya la aprobó por decreto; del mercado del dinero: la Junta Monetaria aprobó la reducción de segmentos de líneas de crédito y cambio en la metodología de cálculo de las tasas de interés, que implicaría eliminar los topes de éstas –en 5 meses, lo que significaría liberarlas. En cuanto a reformas estructurales, el achicamiento del tamaño del estado y la independencia al Banco Central.

En todo caso, el escenario económico es muy grave. El propio FMI, pronostico que, en 2020, la recesión hará contraer la economía en -11.9% -tendencia a la que se acerca con la caída de -12.4% en el II trimestre, lo que implica un deterioro muy fuerte en el mercado de trabajo con la consecuentemente precarización del trabajo, mayor desempleo y subempleo, lo que traerá mayor pobreza, indigencia y hambre, que se traducirá en mayor violencia y delincuencia. Para 2021, la situación crítica continuará por las elecciones presidenciales y la pandemia.