Luis Rosero M.

Las inversiones financieras realizadas por el ISSPOL, según denuncian autoridades, al parecer han resultado fraudulentas y están impagas. Unas se realizaron con papeles de deuda externa y otras con títulos emitidos internamente. Estas operaciones han afectado la liquidez y podría tener consecuencias para las prestaciones del ISSPOL. En este artículo, de una serie, analizo el primer tipo de inversiones.

Entre 2015 y 2016, según Expreso, el ISSPOL realizó operaciones con fondos de inversión radicados en el exterior por 532 millones de dólares. De este monto, una primera operación de reporto (acuerdo de recompra principalmente de títulos de renta fija) con Ibcorp, por 205.3 millones de dólares,  implicó la recepción de Bonos de Deuda Externa del Ecuador 2024 (emitidos en 2014) y 2028. Una segunda operación, swap, con High Yield Bond Fund (HYBF), también localizada en Panamá, intercambio bonos de deuda interna ecuatoriana por 327 millones con notas globales sobre bonos de deuda ecuatoriana. Los recursos para la primera operación fueron tomados de los diferentes fondos y seguros, entre ellos el de retiro, que tiene el ISSPOL. El director ejecutivo de Ibcorp, localizado en Panamá, es Jorge Cherrez Miño. Este fondo de inversión ha venido realizando renovaciones de dichas operaciones, pero esta empresa  comenzó a incumplir con el pago del capital y rendimiento de la inversión adeudando 100 millones de dólares, que alertó a las autoridades para presionar por el pago y denunciar el incumplimiento. Según El Comercio, el ex gerente de la Casa de Valores Pacifico, José Ibañez, señaló que “existían alrededor de USD 200 millones de bonos que supuestamente pertenecían al ISSPOL y que aparecían en las cuentas que Valpacífico tiene en DECEVALE.” Esta casa de valores ”estaba como intermediario de esa operación del ISSPOL…” y agrega el ex directivo, según dicho diario, que envío cartas a David Proaño, director del ISSPOL, informándole que “la ley no permite que Decevale tenga en custodia papeles que no están inscritos en el catastro” ante lo que dicho director respondió que “los valores si están inscritos en el catastro y luego, según Ibañez, retiró el dinero y lo pasó a otra casa de valores” e Ibañez señala  “que alertó en cartas al Intendente de Mercado de Valores, de la SCSV, y a la Contralaría sobre esta irregularidad en el 2018, nunca se tomaron medidas”  El ISSPOL exige que se le entregue el dinero por su inversión en esos bonos. Pero, como un activo financiero, hay variación de precios en el mercado de estos bonos, implica un riesgo en la garantía de la operación (los bonos ecuatorianos). Aún más, de acuerdo a medios de comunicación,  se conoce que habrá una reunión en para una audiencia de mediación y arbitraje, para tratar sobre el impago, en la que participaría Jorge Cherrez, pero el ISSPOL niega haber pedido dicha reunión.

La segunda operación con HYBF, según El Comercio, “pasó por la Bolsa de Valores de Guayaquil el 30 de diciembre de 2015 y la casa de valores CITADEL fue la intermediaria.” En esta segunda operación también el fondo de inversión incumplió con el pago del capital e intereses. Los títulos registrados de las operaciones inscritas deben ser entregados a un Deposito Centralizado de Valores (DCV) que ejercerá el registro, la custodia de los documentos, la compensación, liquidación, cobro y transferencia del capital y rendimiento de la inversión. En el país existen dos DCV: el DECEVALE (privado) y la LOFOSSB creó uno público el del Banco Central (2014). Además participaron la Bolsa de Valores de Guayaquil y Casa de Valores.

 El Superintendente de Compañias, Seguros y Valores (SCSV), declaró que Decevale “había estado negociando, operando, registrando valores no inscritos en el catastro… ha estado fungiendo de custodio de valores que no debía.” Esto confirma la versión del ex Gerente de VALPACIFICO. Así, la primera irregularidad del Decevale es tener, supuestamente, en custodia valores no inscritos en el mercado de valores.

Una operación en el mercado bursátil, según la Ley Orgánica para el Fortalecimiento y Optimización del Sector Societario y Bursátil (LOFOSSB), publicada en Registro Oficial en Mayo de 2014, debe estar inscrita en el Registro de Mercado de Valores y estipula  que en “los procesos de compensación y liquidación de las operaciones en los cuales participe como comprador una institución del sector público, tanto en el mercado bursátil como en el REB, se efectuarán, por el lado de la compra, a través de un depósito de compensación y liquidación de valores perteneciente al sector público…”      La segunda irregularidad, por ISSPOL, es que en las inversiones realizadas contrató al DECEVALE, un DCV privado, cuando la mencionada ley señala que debe ser un DCV público.

Por otro lado, la ley orgánica señala que “Se denomina compensación de valores de las operaciones bursátiles al proceso mediante el cual los depósitos, luego de recibir la información de las bolsas de valores, confirman a través de los depositantes directos la identidad de los titulares de las subcuentas, y su disponibilidad de valores y de fondos; y por liquidación al perfeccionamiento de la entrega de los fondos y valores a los depositantes directos y a los titulares de las subcuentas.” Latercera irregularidad es que, según se desprende, no aparecen en el DECEVALE los bonos globales 2024 y 2028 señalados en la operación de reporto con IBcorp.

Según lo señalado, por la Ministra de Gobierno, en las investigaciones el “Decevale respondió con evasivas, luego dijo que no tiene bonos, sino notas globales y luego dejó de responder al ISSPOL…” Después pidió la intervención del DECEVALE a la Superintendencia de Compañias, Seguros y Valores (SCSV). La cuarta irregularidad es que el propio ISSPOL, el ente afectado, había alertado del impago del capital y rendimiento de los títulos en 2018, sin que las autoridades de supervisión y control intervinieran para regularizar la situación.

El DECEVALE y la Bolsa de Valores son supervisados por organismos de supervisión y control pero, al parecer, ha habido fallas en la supervisión por parte de la SCSV pues los problemas de incumplimiento en el pago del capital e intereses por Ibcorp venían desde 2018, y, a pesar de que el exgerente de VALPACIFICO envío al Intendente de Valores de la SCSV, una carta, en 2018, alertando de las irregularidades,  y no hubo ninguna acción por el organismo de control. Este debe detectar las irregularidades, la violación a la ley y las maniobras de los participantes en las negociaciones de valores. Es clave conocer quién era dicho intendente de valores de esa época. Lo mismo ha ocurrido con la Superintendencia de Bancos que controla las operaciones de los institutos de seguridad social.

Los accionistas del DECEVALE son la Bolsa de Valores de Guayaquil, BVG, (50%, accionista mayoritario), Bolsa de Valores de Quito, BVQ, (27% de las acciones) y Casas de Valores (23% de las acciones). Según Expreso los funcionarios del DECEVALE son Rodolfo Kronfle, presidente (que a su vez es Presidente de la Bolsa de Valores de Guayaquil); Carlos Cargo, Gerente General y Luis Alvarez, Gerente Operativo. El viernes 15 de Setiembre, los directivos de BVG y BVQ anunciaron la elección de los nuevos directivos del DECEVALE. Por otro lado, hay el peligro, ante este anuncio,  que los implicados en la posible estafa desaparezcan, tanto del DECEVALE como de la SCSV, sin que pueda recuperarse el dinero de la inversión. Pero no solo hay falla de la supervisión por parte de los organismos de control, sino que también hay problemas de gobierno corporativo, de control interno, de agencia y conflictos de intereses en las instituciones que participación en las operaciones señaladas. Estos temas serán tratados en el próximo artículo.

Luis Rosero M.

La crisis económica y los desequilibrios que generó más la pandemia agravó la situación social y humanitaria que, como la primera, tardará años en volver a recuperar los niveles antes de la pandemia. En este artículo trataremos sobre los principales indicadores sociales, su caída y el impacto en el nivel de vida de la población.

En el primer artículo, de este tema, señalé que, entre los efectos económicos de la crisis que se venía arrastrando desde 2019 y agravada por la pandemia, se deterioró el mercado de trabajo. El INEC reportó que, con la pandemia, el nivel de desempleo llegó a más de un millón de personas lo que significa el 13.5% de la PEA, mientras el subempleo alcanzó 34.5% y, si le agregamos, el empleo inadecuado en el sector informal estaríamos hablando de cerca de dos millones de personas con problemas de empleo. Diario El país destaca  que habría 5.3 millones de trabajadores con condiciones laborales precarias o, en otras palabras, el 83% de la fuerza de trabajo está desempleada o en la precariedad, solo un 17% tiene empleo adecuado. El deterioro del mercado de trabajo fue por la reducción del nivel actividad económica debido a la pandemia que llevó al despido de miles de trabajadores y empleados del sector privado y, por el recorte del gasto público, servidores públicos. Según un estudio del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Central del Ecuador el desempleo aumento principalmente por despido intempestivo (34%), liquidación de empresas (27%), renuncia voluntaria (17%) y terminación de contrato (11%).Esta situación agravó la situación social en términos de pobreza, pobreza extrema, indigencia y concentración del ingreso que redujo fuertemente el nivel de vida de buena parte de la población.

Varios organismos reportan el impacto de la pandemia sobre la situación social en A. Latina. En efecto, el Banco Mundial señala que la pandemia dejaría a 100 millones de personas en la pobreza extrema en el mundo y en A. Latina se perderán 45 millones de empleo. La CEPAL reporta que esto tendrá más impacto sobre las mujeres y dejará 118 millones de latinoamericanas viviendo en la pobreza, un 22% más que el año anterior que lleva a una tasa de pobreza femenina de 37.4% y 15% desempleadas un 6% más que en 2019. Recalca, este organismo, más de la mitad de las mujeres están en sectores de alto riesgo de ser afectadas por la contracción económica: comercio, hogares, manufacturas, turismo, servicios administrativos, actividades inmobiliarias y, en el sector salud, donde el 73% de los trabajadores son mujeres. En los hogares, siete de cada diez de las 18 millones de trabajadoras del hogar fueron despedidas durante la pandemia, según cifras de la CEPAL. Además este organismo, confirma la proyección del Banco Mundial, al señalar que la pobreza extrema se incrementará  en 28 millones de personas, equivalentes al 15.5% de la población latinoamericana. Las consecuencias es que el coronavirus va a retrasar las ganancias sociales logradas en A. Latina en últimos años según declaró Luis A. Moreno, presidente del BID. En otras palabras, se ha agravado la situación de desigualdad en la región. Un dato que lo confirma es el aumento de los pobres a la par de más ricos durante la pandemia.

La situación se agrava con la caída de las remesas según reporta el Banco Central. Así, en el I trimestre de 2020 se recibieron 809 millones mientras que el II trimestre llegaron solo a 648 o sea una baja de 20%. Las remesas contribuyen a aliviar la situación económica de los hogares pobres, ahora más empobrecidos por la pandemia. Tal ha sido la gravedad de la situación social, que Almacenes Tía con un programa de ayuda a hogares de extrema pobreza, con la participación de empresas públicas y privadas, repartió diariamente a 250.000 de estos hogares donaciones de alimentos que fueron entregadas con la participación de los bancos de alimentos.

Según los datos oficiales, a diciembre de 2019, la pobreza a nivel nacional fue de 25% y la pobreza extrema 8.9%, En el área urbana, la primera, fue 17.2%, y,  la segunda, alcanzó 4.3% mientras que, en el área rural, la pobreza llegó a 41.8% y la pobreza extrema el 18.7%. No hay datos para la indigencia. Con la pandemia, estos indicadores aumentaron fuertemente. En efecto, el Banco Mundial estima que la pobreza, en 2020, aumentará a 35% y a Junio la pobreza extrema llegó al 21%. Además señala que el impacto de la pandemia hará que se pierdan los avances contra la pobreza en los últimos 20 años. Ni la ayuda pública con bonos ni la privada, con los bancos de alimentos, han podido enfrentar la situación, si la han paliado, pero lo más grave es el aparecimiento del hambre fuente de la violencia y la delincuencia han crecido aceleradamente con la pandemia. El aumento de la pobreza, pobreza extrema, indigencia y hambre, con la pandemia y las crisis, demuestran el deterioro de las condiciones de vida de gran parte de la población que se refleja más en los sectores marginales y pobres del país.

Luis Rosero M.

La situación fiscal se ha vuelto insostenible y, con la prioridad del pago de la deuda externa, dada la iliquidez de la caja fiscal se ha relegado el pago de sueldos de servidores públicos,  de los aportes a los institutos de seguridad social,  pago proveedores, etc. El gobierno espera ahora los recursos del FMI para cumplir con los atrasos en los pagos mientras la deuda externa sigue creciendo.

La estrategia fiscal del gobierno, para proveerse de ingresos, ante la caída de la recaudación fiscal por la pandemia, ha sido un constante endeudamiento externo, a tal punto que si incluimos el crédito del FMI, este crecería en 16000 millones de dólares,en gran parte con organismos multilaterales, que le han impuesto condicionamientos en el manejo de la política económica.

Como hemos señalado, la prioridad ha sido el pago de la deuda externa, todo lo demás ha sido relegado. Tal es así que, la Corte Constitucional aprobó un fallo que permite al Ministerio de Finanzas aplicar recortes al presupuesto universitario.  Es inaudito que, a las universidades públicas, le sigan recortando las rentas cuando se les debe 2 meses a los profesores y, ahora, con este  nuevo recorte van a tener que esperar, los profesores, mucho más tiempo para poder cobrar sus sueldos los que no cobran hace dos meses.

Así mismo, se les debe un mes de sueldo a los servidores públicos sobre todo a los maestros fiscales; por otro lado, el gobierno no ha cubierto totalmente los aportes a los institutos de seguridad social que tiene en serias dificultades para que cumplan con sus prestaciones y además los servidores públicos no pueden usar algunas prestaciones porque han caído en mora patronal algunas instituciones públicas. Para colmo, estos institutos no cobran la altísima mora patronal que ya sobrepasa los 1500 millones de dólares. A eso se suma que los centros médicos de diálisis informan que el Ministerio de Salud no les paga la deuda de hace un año, y, los médicos postgradistas, se declararon en huelga por el incumplimiento de varios meses en el pago de sus sueldos. Finalmente, los GADs tampoco reciben hace algunos meses sus rentas y los proveedores están desesperados por el no pago de sus servicios o entrega de bienes, tal es así que en el Municipio de Esmeraldas sus empleados realizan protestas porque no le cubren sus sueldos.

Las protestas no se han hecho esperar por parte de los afectados y el gobierno dictó un decreto para el pago de gastos de hospitales públicos, además ya comenzó a transferir recursos para pagar los sueldos de empleados despedidos de los medios públicos.

La Asamblea apoyó la firma del convenio con el FMI, quedando claramente que hay acuerdo entre ésta y el gobierno. El presidente informó que, con los recursos de los nuevos créditos externos, en cuanto a retrasos en los pagos, se tendría la siguiente orden de prioridades: regular el pago de sueldos y salarios, ponerse al día en las transferencias con proveedores, prefecturas, municipios y juntas parroquiales y garantizar el pago puntual a la seguridad social. Pero recalcamos, la primera prioridad ha sido siempre el pago de la deuda externa.

Para que lleguen los recursos externos primero el directorio del FMI debe aprobar el acuerdo de crédito, lo que ocurrirá en lo que queda del mes, por lo que los fondos llegarán en Octubre, de este año, lo que significa que los empleados públicos, medicos postgradistas, institutos de seguridad social, GADs, proveedores, etc. tendrán que esperar dos meses más, incluido el que está en curso, para poder recibir sus sueldos y atrasos.

Luis Rosero M.

Los empleados públicos, con sueldos retrasados, tanto los que están trabajando como los que fueron despedidos y hasta los agricultores de 4 provincias de la costa y una de la sierra realizaron una serie de protestas para obligar al gobierno a que le paguen sus sueldos atrasados, las pensiones de jubilados y hasta agricultores que reclamaron por el bajo precio del arroz.

Los empleados públicos que antes habían realizado acciones de crucifixión y hasta de desangre, continuaron sus protestas en las calles, principalmente maestros que llevan impagos más de un mes. A ellos se les unieron los empleados públicos (entre ellos los de medios incautados) que fueron despedidos por el cierre de empresas y que no reciben sus liquidaciones. Se le sumaron jubilados del ISSFA  que se les deben sus pensiones. En suma, la desesperación por no tener ingresos con que sostener a sus familias llevó a tal medida, pero ni aún así hubo atención del gobierno, tuvo que la Defensoría del Pueblo presentar una acción de protección para, con la debida justicia, un juez ordenó al gobierno el pago de los sueldos atrasados que debe cumplirse so pena de destitución de los funcionarios encargados del pago. El gobierno tiene como prioridad en el manejo presupuesto el pago de la deuda externa, mientras que relega el pago de sueldos de sus empleados.

Pero no solo protestaron los empleados públicos sino además los dueños de empresas proveedoras del Estado que, según ellos, tienen 10 meses que no se les paga lo adeudado. Entre estas empresas se encuentran las que prestan servicio de vigilancia, las que proveen de bienes y servicios, hasta clínicas privadas, hospitales como el de Solca, etc. Este último se vio obligado a no atender a los nuevos pacientes por falta de recursos. Es increíble la indolencia del gobierno al no transferirle recursos a este hospital que atiende a los enfermos de cáncer y, de otras clínicas, que prestan el servicio de diálisis, optometría, etc. A esta red de complementaria de servicios de salud privada se les adeuda, según el decreto, 131 millones; a los servicios de salud externalizados (alimentación, limpieza, seguridad y vigilancia) se debe 59 millones; por adquisición de medicamentos se debe pagar 41 millones y a una serie de servicios e insumos para prestación de salud –que incluye la Cruz Roja- también se les adeuda.  El total de la deuda es cerca de 300 millones. Se ha llegado hasta el extremo  que a Solca se le ha venido pagando con bonos que tienen un descuento importante en el mercado.

Por otro lado, agricultores de Guayas, cerraron la vía Nobol, Naranjal, Salitre y Yaguachi protestaron por la baja del precio del arroz que llegó a 24 dólares. Los agricultores reclaman porque el precio de sustentación fue fijado por el Ministerio de Agricultura den 29 dólares la saca de 200 libras en cascara de grano corto y 31 dólares  la saca de 200 libras de arroz en cascara de grano largo. Los agricultores señalan que estos precios no cubren sus costos de producción. Pero además, el gobierno reactivó la Unidad Nacional de Almacenamiento que ofrece comprar a estos precios el arroz de los agricultores de Guayas, El Oro, Los Ríos y Loja. Recordemos que esta empresa fue eliminada por el gobierno por austeridad fiscal, cuando ahora se entiende la importante labor que cumplía al establecer precios de sustentación.

Ante tal presión, el gobierno emitió, 3 de Setiembre, un decreto para recaudar de manera anticipada el impuesto a la renta  de 2020 a grandes contribuyentes con ventas de más de 5 millones. Según la norma los recursos que genere tal tributo, estimado en 300 millones, irán a atender los pagos en salud. En el decreto se señala que hay valores pendientes de pago por 134,7 millones y deudas adicionales de 265,3 millones o sea un total de 300 millones. Recordemos que, un decreto anterior, con el mismo fin fue declarado inconstitucional por la Corte Constitucional. Pero esta vez, accedió al pedido del gobierno. Pero el presidente de la Cámara de Comercio de Quito rechazó el decreto. Pero que va a pasar con el pago a los maestros, a los jubilados del ISSFA, a otros empleados públicos, etc.

Como vemos, es sólo con la protesta social es que el gobierno se ve obligado a atender las demandas de pago de los empleados públicos, de clínicas privadas, proveedores y hasta de los agricultores que reclaman un pago justo por el arroz. La calle es la forma, que utilizan estos grupos, para exigir y obligar al gobierno que cumpla con los pagos atrasados. En Octubre del año pasado ya se demostró que, con la protesta indígena,  solo la protesta social en las calles es el camino para que el gobierno cumpla con las demandas sociales.