Luis Rosero M.

La guerra comercial que inició Trump, con el alza del arancel a nivel mundial, tiene muchas implicaciones para el propio EE.UU., Asia, Europa, África y A. Latina. Esta medida es parte de su esquema económico que busca proteger la producción nacional y tratar de reducir los déficits gemelos (comercial y fiscal). El impacto inicial ha sido el desplome de las bolsas mundiales (Wall Street -10% ) y represalias de China con un arancel de 34% a los bienes estadounidenses. Para mostrar mas imposición EE.UU. amenazó con imponer un 50% de arancel adicional a China si no retira su represalia. En esta serie de artículos, sobre el tema, nos referiremos a los aspectos principales de los grupos de aranceles diferenciados según región, a la canasta consumo de EE.UU., en las exportaciones de Asia, el efecto en la UE, el impacto principal en las exportaciones de los países firmantes del tratado comercial (T-MEX) y los efectos en Ecuador y otros países latinoamericanos.

El alza del arancel de EE.UU., al mundo, tiene 3 grupos diferenciados. El primero, están los países asiáticos con los cuales tiene mayor comercio, que les impuso un arancel adicional, como China (34%, que más 20% tiene un 54% total), India (26%), Japón (24%), Taiwán (32%) y Corea del Sur (25%). A sus socios comerciales del T-MEX (Canadá y México) no les aumentó el arancel a los productos que están incluidos dentro de este acuerdo pero si serán afectados por el arancel de 25% al acero, aluminio y automóviles. Sin embargo, no todos los productos que exportan estos dos países a EE.UU. están dentro del T-MEX. En el caso de México, solo el 48% esta dentro del acuerdo. A un tercer grupo se le aplicó un arancel base de 10%, a varios países en los que están incluidos latinoamericanos, o sea afecta Ecuador. El problema es que Trump aplicó esta medida en forma de shock y busca resolver su déficit comercial y fiscal estructurales, en el corto plazo.

En cuanto a la canasta de consumo de EE.UU., esta tiene componentes importados y nacionales. Según artículo de Ana Nieto, de El País, “El 31% de los productos agrícolas importados en Estados Unidos llegan de México. La mitad de la fruta importada llega de este país y dos tercios de los vegetales. Con unas ventas que superan los 21.000 millones de dólares el año pasado, es el tercer proveedor del país, según el Departamento de Agricultura. Canadá es desde donde se importan productos como carnes rojas y de venado, aceites, grano, y frutas y vegetales valorados en una media anual de 31.000 millones de dólares.” Estos productos son también importados de otros países. La Federación Nacional de Minoristas de EE.UU. advirtió que los impuestos (aranceles) los paga el importador y que los trasladará al consumidor final. Esta organización también pronosticó que habría un retroceso en las ventas de 2025, menor al incremento de 3.6% que se alcanzó el año anterior. El presidente de la Reserva Federal declaró que la inflación en EE.UU. podría elevarse por el alza arancelaria y que habría desaceleración en el crecimiento más allá de lo previsto. JP Morgan, el mayor banco estadounidense, pronostica que los aranceles agregarían cerca de 2% a la inflación y prevé un 60% de probabilidades que la economía mundial entre en recesión a fines de año. NBC News, señala que el Laboratorio de Presupuesto de la Universidad de Yale proyecta que el impacto de los aranceles de Trump podría costar a un hogar promedio 3800 dólares al año. Ya sea por la inflación o la recesión de EE.UU. lo cierto es que se reduciría el consumo de los estadounidenses en 2025, con lo cual las exportaciones de A. Latina tenderían a la baja.

México no solo exporta productos agrícolas a EE.UU. sino que además provee vehículos, partes y piezas de estos, productos de línea blanca, computadoras y electrodomésticos. De Canadá se traen equipos electrónicos y no electrónicos. En consecuencia, el no imponer aranceles a los productos del T-MEX, es un aspecto estratégico para frenar el impacto inflacionario que tendría en los precios de los productos agrícolas y del hogar en el costo de la canasta de consumo de los estadounidenses. El efecto de los aranceles para los hogares estadounidenses, según organizaciones y expertos, sería entre $ 2100 a 3800 dólares al año.  Los productos no incluidos en T-MEX si afectará a México y Canadá, lo que va implicar una serie de negociaciones con EE.UU. para establecer el aumento de aranceles a estos bienes.

La guerra impulsada por Trump viola las normas de la Organización Mundial del Comercio y va a echar por tierra a los acuerdos comerciales firmados por EE.UU. con otros países. Esto sin contar con las represalias de los países afectados con el alza de aranceles sobre todo de Asia. Así, China, Taiwán, Japón y Corea del Sur han declarado que podrían responder a la medida arancelaria. China ya tomó la iniciativa. La Unión Europea, que agrupa a 27 países, también reaccionaría con lo que la guerra comercial se profundizaría. Uno de los objetivos de Trump es aplicar el proteccionismo a la industria, como la automotriz, y a su sector agrícola. Sin embargo, este supuesto efecto proteccionista no considera la reducción de la productividad y el mayor costo laboral en EE.UU., que refleja menos eficiencia productiva. Los países que gozan de mayor productividad, menor costo laboral y aplicación tecnológica a la producción podrían obtener menores costos y ser más competitivos a pesar del alza arancelaria. Trump esta también buscando que ocurra una relocalización de la industria, esperando que, por ejemplo, las fábricas de vehículos estadounidenses, vuelvan a producir en EE.UU.

Vietnam, al que se le impuso un arancel de 46%, planteó bajar los aranceles a cero a EE.UU. La misma línea plantea la UE y Musk también es de la misma idea. Al parecer, podría haber una posibilidad de negociación de los aranceles pero la amenaza de Trump de imponer un arancel adicional de 50% a China deja dudas. Los efectos de la medida en EE.UU. y en el mundo puede ser un factor que lleve a presionar al magnate para una solución negociada y no amenazadora.

Luis Rosero M.

La elección presidencial, de segunda vuelta, representa una decisión crucial para el rumbo del país y atención a las demandas de la población que se ve afectada por la múltiple crisis (económica, de seguridad, energética, social, institucional, etc.) a la que se agregan los desastres naturales que agravan la situación. Por ello, el voto requiere un profundo análisis para elegir la mejor opción. Como se trata de un presidente candidato y una candidata, hay que ser objetivo en su evaluación, considerando entre otros, lo que ofrecen (planes de gobierno), lo que ha logrado el régimen (la calidad de gestión del régimen), la defensa de los intereses nacionales e interés público, la vocación democrática. Hay que recordar además que el escenario electoral influye en la decisión electoral.  En este artículo solo analizaremos un tema en cuatro de los aspectos fundamentales señalados

En cuanto al plan de gobierno, referente a la economía, el país tiene una grave crisis que se refleja en varios desequilibrios macroeconómicos como la contracción económica, desempleo y subempleo altos con un sector informal urbano creciente, déficit fiscal, alta deuda externa con riesgo de su sostenibilidad, bajo nivel de inversión extranjera, etc.  El presidente candidato plantea, en su plan de gobierno, la modernización del sector productivo y la atracción de inversión extranjera. O sea, busca que el motor de la economía sea el sector privado nacional y extranjero. En cambio, la candidata propone dinamizar la economía con inversión pública, alianzas público-privada, regulación del estado, distribución justa de los recursos y oportunidades económicas. En otras palabras, un modelo basado en el mercado con participación de capital externo y otro fundado en una economía movida por la inversión pública y un mercado regulado por el estado.

Respecto, a la seguridad ciudadana, la baja calidad de la gestión gubernamental en esta área se debe a la aplicación de una estrategia contra el crimen organizado que no ha logrado bajar ostensiblemente las muertes violentas y otros delitos, por lo que continua la inseguridad y el temor ciudadano. Dado estos resultados no tan alentadores, el régimen busca reducir los índices de violencia con la construcción de una base militar, la compra de armas y la participación del estadounidense Erik Prince fundador de Blackwater -empresa de seguridad- en operativos militares en Guayaquil, justo al final de la campaña (que viene a ser como el rambo, papel que buscaba tener Jean Topic) y las declaraciones de Prince que aparece como el salvador e infunde temor en que el país llegue a situaciones críticas como en otros países. En otras palabras, la táctica de campaña, en este tema, es lograr un golpe de efecto tratando de enviar un mensaje que la lucha contra el crimen organizado mejorará. La candidata, en cambio, propone establecer un nuevo modelo de seguridad ciudadana, basado en la prevención, la reducción de la violencia y la convivencia pacífica con justicia, equidad y derechos humanos.

Un estadista debe defender los intereses del país y el interés público. En el proyecto inmobiliario de Oloncito. que iba a afectar el medio ambiente. la presión de los comuneros de la zona hizo que el Ministerio del Ambiente cancelará el proyecto. En el otro caso, la concesión del campo Sacha, el más productivo del país, resultaba lesivo a los intereses del país, el gobierno así mismo por las protestas, denuncias, advertencias gremiales y de la opinión pública acortó el plazo para entrega del anticipo con lo cual impidió la concesión, o sea corrigió una decisión que iba a ser lesiva para el país. Pero en todo caso, en ambos casos, la protesta social y acción popular puso presión al gobierno y enmendó su error al cancelar esos dos proyectos y evitar que se lesionaran los intereses nacionales.

La actitud democrática de un gobernante se demuestra, entre otros, con el respeto a las funciones del estado, el cumplimiento de la constitución, etc. El presidente ha logrado despejar el camino para su reelección dejando fuera a sus rivales (TCE negó la participación de Jean Topic), se valió de una interpretación de la constitución para no encargar la presidencia a la vicepresidenta electa y colocar en el cargo a uno de sus funcionarios y no pidió licencia a la Asamblea para hacer campaña, más bien dirigió una comunicación al CNE al respecto. O sea, el régimen utilizó una interpretación de la constitución de acuerdo a sus propósitos. La candidata declaró que ella va a ser la que va a gobernar, negando que sea el líder de su organización política que lo haga.

Finalmente, se agrega al escenario electoral los derrames de petróleo que contaminaron ríos y las inundaciones por el fuerte invierno que ha causado 34 muertos, 136.537 afectados, 26581 damnificados, destrucción de viviendas y vías de comunicación dejando a miles desamparados. El gobierno respondió con entrega de bonos a los damnificados. En el caso, del derrame de petróleo, en Quininde, el problema era que los pobladores no disponían de agua, el gobierno hizo entrega de la misma, pero se requiere acelerar la limpieza de los ríos para resolver el problema de tener el líquido vital, lo más pronto posible, para necesidades de la población y cultivo de los campesinos.  En cambio, en el caso de las inundaciones se requería alimentos, vituallas, medicamentos, agua, servicios de salud en las zonas, etc. pero la repuesta fue un bono, que requería tiempo para los trámites respectivos. En emergencias la ayuda debe ser inmediata con lo más necesario para la subsistencia. Al malestar de la población por la inseguridad, se unió al agobio de los damnificados por el derrame e inundaciones, los problemas de desempleo y subempleo, la pobreza, la falta de oportunidades y de trabajo, etc. En suma, una situación muy crítica de miles de familias ecuatorianas.

La campaña esta teñida de fake news (información falsa), de lado y lado, lo cual requiere que se verifique para no ser engañados. También se registra el descredito al rival y ataques personales, para manchar la imagen, como ya lo mostró el debate presidencial de la segunda vuelta. Además, se emplea cualquier recurso, lícito o no, para favorecer al candidato o atacar al rival. Para la decisión electoral, dada estas maniobras maliciosas, hay que considerar los hechos objetivos y el perfil del candidato.

Necesitamos un estadista capaz de enfrentar y sacar adelante al país a fin de superar la grave situación en que se encuentra. Debe atender los problemas estructurales y coyunturales. Se trata de que tenga un plan para encaminar al país por la senda del desarrollo, con equidad, justicia social, luche contra la pobreza y vele por satisfacer las necesidades básicas de las grandes mayorías. Pero además debe tener cualidades personales como fortaleza de carácter (no autoritarismo), vocación democrática, que defienda los intereses nacionales, que no tenga conflicto de intereses y siempre busque mejorar las condiciones de vida de la población de todo el país y, en especial, la más vulnerable aumentando su bienestar.

Luis Rosero M.

Se inició la campaña electoral presidencial, segunda vuelta, en la que, con un tiempo tan corto, los dos finalistas intentan fabricar una imagen para mostrarse como el más idóneo para el cargo utilizando medios lícitos y acciones cuestionables. La primera semana de la campaña inició, por parte de los dos candidatos, con el descreditó al rival. El candidato presidente ha usado el poder para entregar subsidios y ayudas a la población mientras que su rival se apoyó en la Asamblea para que se apruebe un proyecto para la entrega recursos a provincias afectadas. El escenario electoral se complejiza por la inseguridad ciudadana, el uso del poder para realizar campaña, desplazar del cargo a la vicepresidenta, etc. Además, el gobierno se valió de la geopolítica y su rival de las alianzas con otras organizaciones políticas para obtener su apoyo.

La campaña electoral, de segunda vuelta, se inició con el debate. Suponía que éste debe servir para conocer las propuestas para resolver los problemas del país y atender las demandas ciudadanas. En vez de eso lo que predominó fue el ataque y, muchas veces personal, de manera de manchar la imagen del rival para influir en el electorado. Sin embargo, el candidato presidente utilizó la táctica de infundir miedo aprovechando la declaración de la candidata de reconocer a Maduro y el riesgo de desdolarización.

En lo político, la sentencia definitiva del TCE respecto a la acusación de violencia de género de la vicepresidenta dio su veredicto final. La decisión, no unánime, fue la suspensión de los derechos políticos por dos años. El juez que expresó su voto salvado advirtió que la sentencia no debe servir como forma de remoción indirecta de la vicepresidenta. El presidente candidato, había expresado, antes de conocer la sentencia que la segunda mandataria sería destituida. Por lo tanto, nombró a la Secretaria de la Administración Pública para reemplazarla. Es una decisión cuestionable y que traerá cola. Así, como el TCE no permitió la participación de Jean Topic como candidato presidencial, ahora deja el camino libre para nombrar a su vicepresidenta. Aún más, la Asamblea cuestiona la solicitud de licencia presentada por Noboa al CNE porque no estaría facultada para otorgar esta autorización. La cooptación y presión de los organismos electorales explican algunas de sus decisiones.

En cuanto a seguridad, el informe de la autopsia de los 4 jóvenes de Las Malvinas revela que fueron baleados por la espalda e incinerados; fue asesinado el jefe de seguridad de un puerto de Guayaquil en plena av. 25 de julio y en Socio vivienda, se dan casos de desplazamientos forzados porque delincuentes se apropian de las viviendas; 8 asesinatos en Los Ríos; cierre de pequeñas empresas y emprendedores por la extorsión (vacuna), ej. explosiones en negocios como amenaza si no pagan la vacuna, en Machala; continúan los secuestros, etc. En suma, la violencia sigue creando un clima de tensión, temor y desesperanza en la población que, ante la inseguridad, se vio obligado a modificar sus patrones de movilización. Una vez más, la estrategia de seguridad parece que no esta dando buenos resultados. El malestar de la población por la inseguridad aumenta. Ya en Perú hubo una inmensa protesta exigiendo acciones inmediatas contra la extorsión y el sicariato.

En cuanto a la gestión gubernamental, el régimen, según Primicias, ha lanzado 14 beneficios en 2025. Entre ellos están 7 bonos, dos transferencias monetarias y becas. Entre los primeros están Bono reactivate emprendedor ($ 1.000, 83.000 beneficiarios ), bono para afectados por derrame petrolero ($ 470), bono para damnificados del invierno ($ 400, edad entre 30-60 años), bonos por arrendamiento hasta la compra de casa ($ 235), bono para la compra de vivienda popular (7000),  bono para pequeños y medianos productores agropecuarios ($800) y bono para la policía ($ 508, 56.739 beneficiarios ); en transferencias monetarias constan Jóvenes en Acción ($400, 83.000 beneficiarios), que era por 3 meses, se amplió 2 meses más y Ecuatorianos en Acción ($ 400, 120.00 beneficiarios). Las 3 becas serían para capacitación en CNT, para aprender inglés (100.000 jóvenes) y para madres. Entre transferencias, bonos y becas, en las que se establecen el número de beneficiarios, suman 459.000 personas. El gasto de todos estos beneficios suma más de 560 millones de dólares. Algunos se entregaron en la precampaña electoral y los bonos con la campaña electoral. La serie de incentivos y beneficios temporales, sin embargo, no resuelven la situación estructural de jóvenes y adultos mayores sufren por la falta de oportunidades y empleo. Para los grupos vulnerables y de tercera edad no se alivia la pobreza con estas medidas. Estos se tomaron en la campaña buscando el apoyo ciudadano.

La candidata opositora, en cambio, con un proyecto de ley, logró que se aprobará, en la Asamblea, la ley de Participación de las Rentas del Estado por la industrialización del petróleo, que asignará un dólar por cada barril procesado, que se empleará en obras de infraestructura y desarrollo de 3 provincias: Esmeraldas, Santa Elena y Sucumbíos. Se espera un probable veto presidencial, para limitar el efecto de apoyo electoral del mismo a la candidata opositora.

La sorpresa, bien oculta, fue la reunión privada de Noboa con Trump para obtener cooperación en seguridad, comercio y migración. CNN informó que el candidato presidente esta planeando el ingreso de fuerzas estadounidenses para combatir los carteles de la droga, para lo cual se construiría una base naval en Manta a fin de facilitar las operaciones de militares de EE.UU. en el país, confirmando las anteriores declaraciones, del presidente candidato, de que la lucha contra estos grupos delictivos, requiere de apoyo militar extranjero. Esta visita sería un golpe de efecto que buscaba el presidente ecuatoriano, en su campaña electoral, para que, ante los no tan buenos resultados en la política de seguridad, lograr mejores resultados con el apoyo de fuerzas militares extranjeras. Pero, además, significa un alineamiento con la corriente de pensamiento de Trump y la nueva derecha.

Así mismo, tenía guardado, el movimiento político de su rival la firma de una alianza con Packakutik (PK) que significaría que buena parte de los más 538.000 votos y de otros movimientos afines a la RC5, como el Partido Socialista (PS)que obtuvo 0.5% de la votación (53.000, votos) y de Rabascal (22.000 votos) podrían ser endosados a la candidata opositora. Según CNN el acuerdo fue firmado por el PS, RETO, Plataforma de Mujeres por la Igualdad y otras organizaciones. Si bien hay división en el movimiento indígena, PK es el brazo político de la CONAIE.

En síntesis, la campaña electoral, en su primera semana, ha sido muy activa en las redes sociales, radios y visitas en territorio. El presidente candidato estableció una serie de programas, bonos y becas con fondos públicos tratar de obtener el apoyo popular de los 509.000 beneficiarios de estas ayudas y, ante lo no tan buenos resultados de la política de seguridad, dio un golpe de timón en ésta, con la visita a Trump para solicitar cooperación militar en la lucha contra los cárteles y grupos delictivos. En cambio, la candidata opositora se ha valido de la aprobación de un proyecto de ley para asegurar recursos del petróleo para 3 provincias que han sido afectadas por desastres naturales, derrames de petróleo y el invierno fuerte. También ha hecho recorrido en territorios, sobre todo en la sierra, para incidir en el electorado de esa región. Pero, lo que se tenía reservado fue la firma del acuerdo con Pachakutik (para la defensa de la dolarización, lucha contra la inseguridad, generación de empleo, fortalecimiento del IESS, etc.), el apoyo del PS y de Rabascall a la RC5 que sumarían 613000 votos qué frente a los 509.000 beneficiarios especificados en los nuevos programas del gobierno, significarían una ventaja. Pero no todos los votos pueden endosarse ni todos los que reciben las ayudas del gobierno decidirán el voto por el presidente candidato. El escenario electoral (crisis económica y energética, desempleo, inseguridad ciudadana, gestión pública no tan eficiente, crisis social, damnificados del fuerte invierno, derrames de petróleo, campo Sacha, pobreza, judicialización de la política, lawfare, etc.) es el telón de fondo que influirá decisivamente en la decisión de los electores.

Luis Rosero M.

A más de la múltiple crisis del país (económica, de seguridad, social, energética, social, institucional, etc.) concluye la precampaña electoral, en el transcurso del fuerte invierno, que además de causar afectación a la población provoca daños en vías, puentes y en viviendas, cultivos, etc. mientras continua la ola de violencia e inseguridad ciudadana y el conflicto político basado en explotar los errores del correísmo, aprovechado por el gobierno para seguir utilizando la judicialización de la política, endilgar culpables y desviar la atención de los problemas coyunturales y estructurales. Estos eventos han llevado al régimen a cambiar de estrategia en el manejo de la precampaña electoral.

Según informe de la Secretaría de Riesgos, de marzo 18, por el invierno habían 108294 afectados, 20 muertos y 96 heridos a lo que se suma la epidemia de dengue con 10.000 contagiados y la tuberculosis. A más de eso, la población de Quinindé, Esmeraldas, tuvo que soportar la contaminación de ríos por la rotura del oleoducto petrolero (SOTE), lo que a su provocó la carencia de agua, enfermedades, afectación de cultivos, etc. Si bien hay acciones de ayuda del gobierno, los GADs de esas zonas reclaman fondos para contribuir a paliar la emergencia. A eso se suma, la caída un puente colgante, en Daule, Guayas, dejando 4 muertos y desaparecidos, que además dejo a la población de Lomas de Sargentillo y Magro sin agua. La ministra de Energía declaró que hubo sabotaje en el caso del oleoducto. Por segunda vez, el régimen utiliza esta acusación, para endilgar culpables del hecho, sin  mostrar pruebas. Tal es así que el editorial, del 21 de marzo, de El Universo, se titula “Sabotaje, una denuncia que se debe aclarar”. Mientras tanto, el ministro de Transporte, rechazó que la caída del puente se deba al peso. El presidente de la concesionaria vial del Guayas, declaró que pasaron 5 tráileres en convoy. Nuevamente, se utilizan tácticas de desvío de la atención. La Hora lo señala claramente “Los políticos,…, han tomado las inundaciones, las lluvias torrenciales y, especialmente, el derrame de petróleo para lanzar acusaciones sin fundamento con el único objetivo de provocar desesperanza e intentar capitalizar votos en medio del caos provocado.” El aspecto central de estos dos eventos son los efectos en la población y ahí debe volcarse toda la ayuda que sea necesaria para atender a la gente afectada., no buscar culpables en este momento, hay que actuar y rápido. Deben entregarse alimentos, agua, medicamentos, equipos de salud, protección a niños y ancianos, etc., lo que sea necesario para recuperar la salud de los habitantes damnificados. No se trata de entregar bonos y recursos con fines electorales, la prioridad es la gente afectada.

En cuanto a la inseguridad ciudadana, según Primicias, febrero de 2025 fue el más violento desde que existen registros oficiales, con 736 muertes violentas, que representa un aumento de 90% con respecto al mismo mes del año anterior. Recrudece y continua la violencia (cerca de Puerto Santana, Guayaquil, 3 personas fueron acribilladas y en Chone un ex vicealcalde y concejal fue asesinado, sacos de restos descuartizados en Socio Vivienda 1, etc.). Hemos señalado que, al parecer, la estrategia de seguridad no da los resultados esperados. Por ello, el presidente anunció una alianza con Erick Prince que, según El País, es “fundador de Blackwater, la controvertida firma de mercenarios, con el objetivo de fortalecer las capacidades del país en la lucha contra el narcoterrorismo y en la protección del espacio marítimo frente a la pesca ilegal.”

La precampaña se desarrolló en medio de estos desastres naturales y violencia, saliendo afectada seriamente la población, en las zonas donde ocurrieron, a lo que se agrega la confrontación política. En la precampaña presidencial, los dos partidos (ADN7 y RC5), en su afán de captar votos, cometieron errores. En el caso del gobierno, el de mayor impacto en la conciencia de la gente fue que se iba a concesionar el campo Sacha, el área petrolera más productiva del país, con un contrato lesivo a los intereses nacionales ya que de los recursos que generaría 80% iba a manos del consorcio privado y solo 20% le hubiera correspondido al estado ecuatoriano. El presidente optó por adelantar la entrega de la prima de 1500, que el consorcio no pudo cumplir. Trato de corregir el daño, pero este ya estaba hecho en la credibilidad y gestión gubernamental. Ese error, inclinó la balanza de preferencias electorales hacia la candidatura opositora al gobierno. Esta tendencia cambio, por dos hechos. Uno por la subida, por parte de la Fiscalía, de los chats del celular de A. Verduga, ex titular del Cpccs, que muestra la forma de accionar del grupo de correístas en ese organismo. Pero, lo mas impactante fue la interpretación de las declaraciones de Paola Cabezas sobre una dolarización adaptada a las necesidades de los ecuatorianos y, después, otro integrante de esta corriente, planteo la idea de ecuadólares. Tal fue la reacción del sector empresarial y el gobierno que daban entender que se ponía en riesgo la dolarización. El gobierno fue mucho mas allá dictando un decreto que ratifica al dólar como único medio de pago oficial y aún más con la presentación, por una asambleísta de ADN, de una denuncia en contra de Cabezas por su declaración sobre la dolarización calificándola como delito de pánico económico. Sorprende el decreto señalado, pues las entidades a cargo de las cuestiones monetarias y financieras, en el país, son la Junta de Política y Regulación Financiera y la Junta de Política y Regulación Financiera. En tanto que la denuncia del delito de pánico económico tiene mas tinte electoral. Estos dos eventos, provocaron que la balanza electoral se recuperará, en favor de las preferencias electorales del gobierno, alcanzado un empate técnico como el de la primera vuelta electoral.

En suma, en la precampaña electoral, lo visible por la población, es la calidad de la gestión gubernamental no tan efectiva (la inseguridad, atención en hospitales públicos y del IESS, el intento de concesión del campo sacha, etc.), por otro lado, se ha usado la judicialización de la política contra los rivales políticos y se han creado una serie de programas que incluía transferencias monetarias (Jóvenes de acción, Becas de estudio para mujeres, etc.) y en la semana  anterior siguió con esta táctica lanzando tres bonos con valores atractivos (Programa Incentivo Emprende para los integrantes de la economía popular y solidaria $ 1000, a los afectados por la rotura del oleoducto $ 470 y el programa Ecuatorianos en Acción -personas entre 30-60 años que entregara $ 400), además el presidente ha estado recorriendo el país para ofrecer otra serie de beneficios y ayuda en zonas distintas a las afectadas por el fuerte invierno. El primer bono, se entregará precisamente en todas las provincias de la costa. Como lo dice La Hora se busca “intentar capitalizar votos en medio del caos provocado”.  El empate de la primera vuelta, condujo al régimen a buscar un acercamiento con la población, entrega de más bonos y un acercamiento a la población con visitas mas que la promoción en las redes sociales. Los efectos del debate y la entrega de los 3 bonos últimos en las preferencias electorales de la población, lo que se vierta en la campaña electoral, el estado de la inseguridad y el temor, lo que ocurra hasta el 13 de abril y la evolución de la situación del desempleo, subempleo, sector informal y la pobreza influirán en las preferencias electorales.

Luis Rosero M.

En el primer artículo expresé que el fuerte invierno y sus efectos, agravan el impacto social en la población que sufre por las víctimas y daños en sus viviendas así como el aumento de la violencia, reflejada en masacres, provocando más víctimas y mayor inseguridad ciudadana. En este marco, se desarrolla la precampaña electoral. El gobierno utiliza la gestión pública y comete errores que afecta sus preferencias electorales mientras que su rival político utiliza la Asamblea como campo de batalla, con las acusaciones de corrupción del gobierno y la adjudicación del campo Sacha. Continua la utilización, por parte del poder, del lawfare (judicialización de la política) y el uso del aparato estatal contra los rivales políticos.

El desastre natural del fuerte invierno se agravó aún más con los desbordes de ríos Malacatos y Zamora en Loja a lo que se suma la salida del cauce de ríos en Manta que inundó partes de la ciudad, en tanto que el desborde del rio Damas inundó Alluriquín en Santo Domingo. El último reporte del COE informó que ya son 96.000 los afectados por el invierno, con 18 muertes y 11.000 damnificados. Respecto a la violencia, se registró la explosión de un carro bomba en las cercanías de la Penitenciaría del Litoral que causó la muerte de un guía carcelario y dos heridos e incendios de otros vehículos y el SNAI confirmó la muerte de 5 reos en esta cárcel pero no se aclara la causa. Al parecer, estos hechos de violencia están vinculados a carteles de las drogas. Resurge el interrogante de quien tiene el control de las cárceles. Para diagnosticar la situación El País publica un reportaje titulado “Guayaquil, foco mundial del tráfico de drogas: la alianza entre pandillas, el cartel de Sinaloa y paramilitares colombianos” que resume la problemática y la espiral de violencia desatada por estas organizaciones criminales.

En cuanto a la gestión gubernamental, relacionado con la política de seguridad se han aplicado varios estados de excepción, operativos militares en algunas zonas consideradas las más peligrosas y  realizado redadas para detener a sospechosos. En 2024, con el índice de 38 muertes por cien mil habitantes, el Ecuador se ubica como el país más violento de A. Latina, indicador que revela que la estrategia para combatir el crimen organizado no es tan efectiva. Respecto al primer tipo de medidas, la Corte Constitucional ordenó la formación de una Comisión Interinstitucional de coordinación, planificación e implementación de medidas estructurales contra la violencia y el crimen organizado. Al parecer el gobierno, busca obtener mejores resultados en la lucha contra el crimen organizado, para ello el presidente informó al país sobre una alianza con Erik Prince, militar estadounidense, que ha participado con sus empresas en algunas guerras, entre ellas, Irak. Según lo publicado por el mandatario, en la red X, los servicios de Prince, estarían relacionados en el combate contra el narcoterrorismo y protección de nuestras aguas de la pesca ilegal. Pero no dio detalles ni explicaciones sobre estas acciones en el país. En un reportaje de CNN, se informa que, a través de un mensaje en X, el excomandante del Ejercito, Luis Altamirano, rechazó el anuncio de una alianza con Prince y lo calificó de agravio a las FF.AA.

Respecto a la gestión gubernamental, en la política petrolera, sobresale la adjudicación del campo Sacha. En una entrevista de Fabricio Vela, en el programa A Primera Hora, a una ex gerente de Petroecuador, el principal aspecto determinante, en la adjudicación del campo Sacha, es que se iba a realizar con un cambio en el tipo de contrato por uno de participación en el que la mayor parte del recurso extraído (80%) pasaría a manos del consorcio y el estado recibiría la diferencia (20%). El campo Sacha se adjudicó, por la ministra de Energía, el 28 de febrero de 2025, justo al inicio del feriado de carnaval, y el contrato se iba a firmar en 30 días con un consorcio chino-canadiense. Este campo es el más productivo del país con una producción de 77.000 barriles diarios, por el cual se lo ha llamado la joya de la corona, aunque dicha ministra dijo que ésta estaba oxidada. Este campo generaría, en un año, un ingreso bruto de 2000 millones de dólares. La adjudicación de este campo fue de manera directa sin mediar un concurso de oferentes. Dado lo lesivo del contrato para el país, surgieron una serie de cuestionamientos y reclamos por parte de organizaciones sociales y petroleras. La rapidez con lo que se iba a firmar el contrato generó aún más controversias, pese a que el gobierno señalaba que principalmente habría una inyección de 5000 millones, reducción de las emisiones de CO2 y generación de 90 MW de energía. Como se estipulaba la entrega de 1500 millones de dólares previo a la firma del contrato, el presidente Noboa, al tener tantos cuestionamientos por la lesividad del contrato, condicionó hábilmente, mediante una carta, la entrega de esos recursos hasta el 11 de marzo, pero el consorcio no pudo cumplir con la entrega de los recursos. Sin embargo, el daño estaba hecho en la imagen y credibilidad del gobierno. Es deber de un mandatario defender los grandes intereses nacionales y quedo claro que el condicionamiento en la entrega de los recursos, en tan corto tiempo, fue una maniobra del régimen para que no se firme un contrato tan lesivo para el país y al menos, al no firmarlo, aparece el régimen como que evito un perjuicio para el país. Para agravar la situación, la Asamblea aprobó una resolución para rechazar la adjudicación del campo Sacha, cuyo contrato se cayó.

Casi paralelamente, se desató otra controversia por el contrato de adquisición de chalecos, con una empresa americana, para las fuerzas armadas. El presidente había entregado estos a soldados, pero se cuestiona de que no cumplen con estándares internacionales de protección, habría sobreprecio, la póliza de responsabilidad fue emitida en el extranjero y que se habría entregado un adelanto de 17 millones. El cuestionamiento llegó a la Asamblea con la solicitud del Contralor para la desclasificación información reservada para la compra de chalecos y cascos militares. En sí, se trata de un equipamiento muy importante ya que los chalecos y cascos los utiliza las fuerzas armadas para combatir en las calles con grupos narcodelictivos y con esos chalecos que no cumplen estándares internacionales se pondría en riesgo la vida de soldados y policías a más del delito de sobreprecio en compras públicas. Para quitarle el papel de acusador a la Asamblea, el Contralor retiro el pedido de levantamiento de la información reservada y muy rápidamente la Fiscalía emprendiendo una indagación previa en la compra de chalecos y cascos.

Si agregamos la utilización del lawfare y el uso del aparato estatal para enfrentar a rivales políticos como, al parecer, pasa en la disputa presidente-alcalde de Guayaquil, se va perfilando un rasgo más del régimen.

En síntesis, en la precampaña electoral se ha utilizado la gestión gubernamental para la entrega de bonos, convirtió las centrales de ADN7 en centro de acopio de ayuda a damnificados por los efectos del invierno, logró la aprobación de la ley de apoyo a mujeres emprendedoras y la ley de alivio financiero que proporcionó una serie de beneficios a los deudores de la banca publica y privada, entrega de títulos de propiedad a moradores de Los Ríos y ofreció crédito y viviendas. Estas acciones positivas tienen un impacto en la decisión electoral. Pero, los no tan alentadores resultados en la lucha contra el crimen organizado, la intención de asignación del campo Sacha a un consorcio privado que lesionaba los intereses nacionales y la acusación de irregularidades en los chalecos para las FF.AA. han dañado la imagen, credibilidad y confianza en el gobierno. Estas acciones negativas influyen más que la entrega de beneficios señalados a la población, que se convierten en un fuerte revés en la precampaña electoral y pesarán mucho en las decisiones de los votantes que llevaría al desempate electoral de la primera vuelta.

Luis Rosero M.

La múltiple crisis del país se agrava aún más con el intenso invierno que afecta a la población e infraestructura donde viven y las recientes muertes violencia aumenta la inseguridad del país dejando una secuela de más temor. Sin embargo, la precampaña se ha dinamizado por las acciones del gobierno con la gestión pública, al igual que en la primera vuelta electoral, y por parte de la oposición que explota los temas de casos de acusaciones de corrupción gubernamental y la adjudicación del campo Sacha a un consorcio extranjero. En la precampaña se utilizan activamente las redes sociales y las fake new (noticias falsas), lawfare (judicialización de la política) y el uso del aparato estatal contra los rivales políticos.

El fuerte invierno en el país ha causado desbordamientos de ríos y deslaves que han afectado a varias poblaciones del país. Entre los casos más graves, esta el deslave en Piñas, provincia de El Oro, que además de los daños materiales provocó la muerte de un niño. Para compensar pérdidas el gobierno concedió un bono a los afectados. En Manabí, se han desbordado varios ríos, al igual que en Los Ríos donde hay viviendas afectadas e inundaciones; en Guayas, algunos ríos se salieron de su cauce. En Santa Elena, ocurrieron también afectaciones por las lluvias. También se produjeron desbordes de ríos  en provincias de la sierra. No solo se han perdido vidas humanas, sino que se han registrado destrucción de viviendas, cultivos, vías, puentes, etc. El Universo reporta que hay 82.598 afectados y 18 muertos hasta el 8 de marzo. Las provincias que tienen mayor afectación son, en su orden, Manabí, Guayas, Los Ríos, El Oro, Esmeraldas, Chimborazo, Loja, Cotopaxi y Santa Elena. O sea, las seis provincias de la costa y tres de la sierra. En ese marco, la Asociación de Gobiernos Autónomos Provinciales reclama la entrega de asignaciones, entre ellos los de Guayas, Manabí, Pichincha, etc.

La ola de violencia es imparable en el país. Enero de 2025 fue el año más violento de los últimos 3 años. La violencia, con crímenes, se concentra en Guayas, Manabí, El Oro, Santa Elena (provincias de la costa) y en Sucumbíos (amazonia) y Tungurahua (sierra). Guayas concentra la mayoría de las muertes violentas. En el accionar de las bandas criminales no solo mueren adultos sino también niños que se convierten en víctimas colaterales. Siguiendo esta tendencia, el 6 de marzo, hubo una matanza de 22 personas, en el plan habitacional Socio Vivienda 2, que es solo comparable a las masacres ocurridas en las cárceles del país. Es un hecho inédito, es la peor ocurrida en Guayaquil, que muestra que la violencia se disemina por todas partes e incrementa el nivel de inseguridad en el país que a su vez provoca terror y miedo en la población. El viernes 7 de marzo, en la Penitenciaría del Litoral, el presidio más grande y violento del país, se encontraron 5 reos muertos. El SNAI reportó que se esta investigando el hecho. Teleamazonas había reportado que se habría dado una masacre de 20 reos y El Expreso señaló que familiares de los fallecidos les habían comunicado su riesgo de asesinato. Esto podría tener vinculación con la masacre en Socio Vivienda 2.

Tanto los desbordamientos y deslave del invierno y las muertes violentas son de carácter estructurales. En el primer caso, en los inviernos ocurre lo mismo sin que se toman las medidas y realicen obras físicas que limiten las afectaciones a personas e infraestructura del país. Lo más crítico, en este invierno de 2025, es que las muertes y daños por las lluvias han coincidido con el aumento de las muertes violentas causada por las bandas criminales afectando principalmente a las provincias de la costa sobre todo en Guayas, Manabí y El Oro que son las más pobladas de esta región. Son precisamente en estas provincias donde hay mayor nivel de inseguridad ciudadana a los que se suma las afectaciones de los desastres naturales que causan malestar en la población. Pero, además, en Guayaquil (Guayas) y Machala (EL Oro) están entre las ciudades que tuvieron el más alto subempleo en el IV trimestre de 2024.

En este marco de afectaciones, por fenómenos naturales e incremento de las muertes violentas, se desarrolla la precampaña electoral. Ambos eventos, tienen incidencia en la baja del nivel de actividad económica y, en consecuencia, en los niveles de empleo, subempleo y del sector informal. En términos sociales, la caída de la actividad económica como la de 2024% aumento el nivel de pobreza. La por ingresos aumentó de 23.9% en 2023 a 24.2% en 2024.

En la precampaña electoral, ADN7, el partido de gobierno, aprovechó las afectaciones causadas por el invierno, para convertir sus centrales políticas en centros de acopio de alimentos, ropa, agua, medicinas, etc. para ayudar a los damnificados del invierno.

En la Asamblea Nacional, el gobierno envío un proyecto económico urgente para el apoyo a las mujeres emprendedoras, aprobado el 19 de febrero de 2025, con el cual se concede líneas de crédito, capacitación, acceso a contratación pública, exoneración de tasas de inscripción y registro de operación de los negocios y acceso a los mercados.

Con el reglamento de la ley de alivio financiero, aprobada por la Asamblea, se dan una serie de incentivos a los deudores de la banca pública. Así entre los principales beneficios esta la condonación de  los intereses de crédito en mora con BanEcuador, remisión de deuda de los créditos educativos administrados por Senescyt, personas con discapacidad o enfermedades catastróficas se condona el total de su deuda; apoyo a micro, pequeñas y medianas empresas con la reprogramación de deudas afectadas por la crisis energética, registro para acceder a beneficios tributarios; alivio tributario, con la condonación de obligaciones tributarias para los contribuyentes del RIMPE de negocios populares; a deudores del sistema financiero, remisión de intereses, multas y gastos judiciales para deudores de la banca pública; alivio financiero para clientes de bancos y cooperativas, podrá haber diferimiento de deudas vencidas hasta el 31 de diciembre de 2024; alivios financiero en el BIESS, facilidades de pagos para créditos hipotecarios y quirografarios de clientes afectados económicamente y hasta condonación de intereses y multas de tránsito.

En la precampaña electoral, el gobierno entregó títulos de propiedad a 191 familias de Los Ríos y tiene planeado además proporcionar créditos y viviendas a éstas y al resto del país. En cambio, RC5 hace campaña a través de las redes, publicaciones en medios y la visita a domicilios.

En síntesis, las inundaciones y deslaves, por las intensas lluvias han causado daños materiales y víctimas que junto al repunte de la ola de violencia provocan pérdidas de viviendas, infraestructura física y pérdida de vidas humanas que acrecientan el dolor, padecimientos y mas temor en la población. En este marco, el gobierno aprovecha para realizar la precampaña para otorgar beneficios a los deudores de créditos de la banca pública y privada, a los negocios populares del RIMPE, facilidades de pago a deudores del BIESS y hasta de multas de tránsito. Pero, además la gestión gubernamental utiliza la entrega de bonos y títulos de propiedad buscando el apoyo popular.