Luis Rosero M.
En el primer artículo expresé que el fuerte invierno y sus efectos, agravan el impacto social en la población que sufre por las víctimas y daños en sus viviendas así como el aumento de la violencia, reflejada en masacres, provocando más víctimas y mayor inseguridad ciudadana. En este marco, se desarrolla la precampaña electoral. El gobierno utiliza la gestión pública y comete errores que afecta sus preferencias electorales mientras que su rival político utiliza la Asamblea como campo de batalla, con las acusaciones de corrupción del gobierno y la adjudicación del campo Sacha. Continua la utilización, por parte del poder, del lawfare (judicialización de la política) y el uso del aparato estatal contra los rivales políticos.
El desastre natural del fuerte invierno se agravó aún más con los desbordes de ríos Malacatos y Zamora en Loja a lo que se suma la salida del cauce de ríos en Manta que inundó partes de la ciudad, en tanto que el desborde del rio Damas inundó Alluriquín en Santo Domingo. El último reporte del COE informó que ya son 96.000 los afectados por el invierno, con 18 muertes y 11.000 damnificados. Respecto a la violencia, se registró la explosión de un carro bomba en las cercanías de la Penitenciaría del Litoral que causó la muerte de un guía carcelario y dos heridos e incendios de otros vehículos y el SNAI confirmó la muerte de 5 reos en esta cárcel pero no se aclara la causa. Al parecer, estos hechos de violencia están vinculados a carteles de las drogas. Resurge el interrogante de quien tiene el control de las cárceles. Para diagnosticar la situación El País publica un reportaje titulado “Guayaquil, foco mundial del tráfico de drogas: la alianza entre pandillas, el cartel de Sinaloa y paramilitares colombianos” que resume la problemática y la espiral de violencia desatada por estas organizaciones criminales.
En cuanto a la gestión gubernamental, relacionado con la política de seguridad se han aplicado varios estados de excepción, operativos militares en algunas zonas consideradas las más peligrosas y realizado redadas para detener a sospechosos. En 2024, con el índice de 38 muertes por cien mil habitantes, el Ecuador se ubica como el país más violento de A. Latina, indicador que revela que la estrategia para combatir el crimen organizado no es tan efectiva. Respecto al primer tipo de medidas, la Corte Constitucional ordenó la formación de una Comisión Interinstitucional de coordinación, planificación e implementación de medidas estructurales contra la violencia y el crimen organizado. Al parecer el gobierno, busca obtener mejores resultados en la lucha contra el crimen organizado, para ello el presidente informó al país sobre una alianza con Erik Prince, militar estadounidense, que ha participado con sus empresas en algunas guerras, entre ellas, Irak. Según lo publicado por el mandatario, en la red X, los servicios de Prince, estarían relacionados en el combate contra el narcoterrorismo y protección de nuestras aguas de la pesca ilegal. Pero no dio detalles ni explicaciones sobre estas acciones en el país. En un reportaje de CNN, se informa que, a través de un mensaje en X, el excomandante del Ejercito, Luis Altamirano, rechazó el anuncio de una alianza con Prince y lo calificó de agravio a las FF.AA.
Respecto a la gestión gubernamental, en la política petrolera, sobresale la adjudicación del campo Sacha. En una entrevista de Fabricio Vela, en el programa A Primera Hora, a una ex gerente de Petroecuador, el principal aspecto determinante, en la adjudicación del campo Sacha, es que se iba a realizar con un cambio en el tipo de contrato por uno de participación en el que la mayor parte del recurso extraído (80%) pasaría a manos del consorcio y el estado recibiría la diferencia (20%). El campo Sacha se adjudicó, por la ministra de Energía, el 28 de febrero de 2025, justo al inicio del feriado de carnaval, y el contrato se iba a firmar en 30 días con un consorcio chino-canadiense. Este campo es el más productivo del país con una producción de 77.000 barriles diarios, por el cual se lo ha llamado la joya de la corona, aunque dicha ministra dijo que ésta estaba oxidada. Este campo generaría, en un año, un ingreso bruto de 2000 millones de dólares. La adjudicación de este campo fue de manera directa sin mediar un concurso de oferentes. Dado lo lesivo del contrato para el país, surgieron una serie de cuestionamientos y reclamos por parte de organizaciones sociales y petroleras. La rapidez con lo que se iba a firmar el contrato generó aún más controversias, pese a que el gobierno señalaba que principalmente habría una inyección de 5000 millones, reducción de las emisiones de CO2 y generación de 90 MW de energía. Como se estipulaba la entrega de 1500 millones de dólares previo a la firma del contrato, el presidente Noboa, al tener tantos cuestionamientos por la lesividad del contrato, condicionó hábilmente, mediante una carta, la entrega de esos recursos hasta el 11 de marzo, pero el consorcio no pudo cumplir con la entrega de los recursos. Sin embargo, el daño estaba hecho en la imagen y credibilidad del gobierno. Es deber de un mandatario defender los grandes intereses nacionales y quedo claro que el condicionamiento en la entrega de los recursos, en tan corto tiempo, fue una maniobra del régimen para que no se firme un contrato tan lesivo para el país y al menos, al no firmarlo, aparece el régimen como que evito un perjuicio para el país. Para agravar la situación, la Asamblea aprobó una resolución para rechazar la adjudicación del campo Sacha, cuyo contrato se cayó.
Casi paralelamente, se desató otra controversia por el contrato de adquisición de chalecos, con una empresa americana, para las fuerzas armadas. El presidente había entregado estos a soldados, pero se cuestiona de que no cumplen con estándares internacionales de protección, habría sobreprecio, la póliza de responsabilidad fue emitida en el extranjero y que se habría entregado un adelanto de 17 millones. El cuestionamiento llegó a la Asamblea con la solicitud del Contralor para la desclasificación información reservada para la compra de chalecos y cascos militares. En sí, se trata de un equipamiento muy importante ya que los chalecos y cascos los utiliza las fuerzas armadas para combatir en las calles con grupos narcodelictivos y con esos chalecos que no cumplen estándares internacionales se pondría en riesgo la vida de soldados y policías a más del delito de sobreprecio en compras públicas. Para quitarle el papel de acusador a la Asamblea, el Contralor retiro el pedido de levantamiento de la información reservada y muy rápidamente la Fiscalía emprendiendo una indagación previa en la compra de chalecos y cascos.
Si agregamos la utilización del lawfare y el uso del aparato estatal para enfrentar a rivales políticos como, al parecer, pasa en la disputa presidente-alcalde de Guayaquil, se va perfilando un rasgo más del régimen.
En síntesis, en la precampaña electoral se ha utilizado la gestión gubernamental para la entrega de bonos, convirtió las centrales de ADN7 en centro de acopio de ayuda a damnificados por los efectos del invierno, logró la aprobación de la ley de apoyo a mujeres emprendedoras y la ley de alivio financiero que proporcionó una serie de beneficios a los deudores de la banca publica y privada, entrega de títulos de propiedad a moradores de Los Ríos y ofreció crédito y viviendas. Estas acciones positivas tienen un impacto en la decisión electoral. Pero, los no tan alentadores resultados en la lucha contra el crimen organizado, la intención de asignación del campo Sacha a un consorcio privado que lesionaba los intereses nacionales y la acusación de irregularidades en los chalecos para las FF.AA. han dañado la imagen, credibilidad y confianza en el gobierno. Estas acciones negativas influyen más que la entrega de beneficios señalados a la población, que se convierten en un fuerte revés en la precampaña electoral y pesarán mucho en las decisiones de los votantes que llevaría al desempate electoral de la primera vuelta.
Pensamiento y comportamiento 