Luis Rosero M.

En el caso de Isspol, de Ripley, hace más de un año que no recupera las inversiones realizadas en el exterior e interior, mientras que los que implicados en las transacciones de bonos del estado, de propiedad del Isspol, no han sido sancionados y la escasez de fondo no permite a sus afiliados poder gozar de las prestaciones de la seguridad social. Ya en 4 artículos hemos señalado, en base a informes oficiales e información periodística, las implicaciones de la falta de recuperación de inversiones, quienes participaron en estas, las fallas de los organismos de control, la falta de acción judicial y parece ser que el caso va diluyéndose.

El Isspol realizó inversiones financieras,  canjeando bonos de deuda externa del Estado, con IBcorp y HYBF por 537 millones, en dos operaciones, empresas de Jorge Cherrez, que todavía puede recuperar. Solo por la acción de la justicia americana conocemos que fue detenido John Luzuriaga, ex jefe de inversiones del Isspol, y acusado de lavado de activos; también los fiscales americanos pidieron orden de arresto para Cherrez y ahora a Luis Alvarez, ex jefe de operaciones de Decevale. Luzuriaga, en un email, reconoce que recibió coimas de parte de Cherrez para realizar las transacciones con sus dos empresas. Mientras que aquí, en el país, se ha iniciado la investigación en el caso Isspol.

De acuerdo a la información de prensa e informes, en las transacciones de los bonos señalados participaron 5 casas de valores. En Ecuador, Citadel de Javier Neira; Capital Ventura de Héctor San Andres y Actival y, del extranjero, 3 casas de valores. Por otro lado, como señalé, en un artículo sobre el tema, en la primera transacción por 205 millones “el ex gerente de la casa de valores Valpacifico –hoy amenazado por ser testigo de investigación-, que intervino en la negociación, señaló que advirtió, por carta a David Proaño, director del ISSPOL en esa época, que “la ley no permite que Decevale tenga en custodia papeles que no están inscritos en el catastro”. La segunda operación  con HYBF, según El Comercio, “pasó por la Bolsa de Valores de Guayaquil el 30 de diciembre de 2015 y la casa de valores CITADEL fue la intermediaria.”  El Presidente de la Bolsa de Valores y de Decevale era, en esa  época, Rodolfo Kronfle, que, por la exposición mediática, renunció a los dos cargos. Por otro lado, la ex Ministra Romo “Agregó que el hijo de la gerente de Decevale estuvo trabajando en la Intendencia de Valores y la hija del exintendente de Valores de Guayaquil estuvo trabajando en la Bolsa de Valores de Guayaquil, que a su vez son accionistas mayoritarios de Decevale… Agregó que los representantes de Citadel, una de las casas de valores que participa en una de las operaciones del ISSPOL, tienen una relación familiar directa con los representantes de Decevale.”  El ex gerente de Valpacifico, José Ibañez, declaró “Las inversiones del ISSPOL las manejo una mafia delictiva.”

Por otro lado, el Isspol realizó inversiones internas, con varias empresas, entre ellas Delcorp y Ecuagran, que no han podido devolver ni capital ni rendimiento al Isspol y también se conoce que una de ellas a pesar de no haber cumplido con los inversionistas fue autorizada para realizar nueva emisión de inversiones. Los informes señalan que tanto, en las inversiones externas e internas del Isspol, falló la Superintencia de Compañias en realizar el control. El Intendente de Valores, Carlos Murillo, fue destituido, pero no pasó nada respecto a sanciones.

El coronel Renato Gonzalez, dijo a Primicias que “este entramado demuestra la participación de una estructura criminal organizada, con características político-económicas transnacionales. Y coincide en la figura de un mercado de valores paralelo que, según este medio, está “caracterizado por transacciones opacas y por la falta de información sobre los beneficiarios finales de este esquema según coinciden autoridades y especialistas del sector bursátil.”

En síntesis, hay informes del interventor del Decevale y otro del Banco Central, se conocen quienes participaron en las negociaciones de las inversiones del Isspol, hay declaraciones de directivos del Isspol y de casas de valores, hay indicios de las fallas de control de la Superintendencia de Compañias y el propio Cherrez señaló que se reunió con directivos de la Bolsa de Valores y Decevale. Sin embargo, lo cierto es que el Isspol no ha recuperado los recursos, tanto de las inversiones externas y externas, y no pasa nada. Se alarga el proceso de investigación y, cómo va el proceso, parece ser que los culpables seguirán campantes y los afiliados al Isspol no pueden recibir las prestaciones de la seguridad social por fallas en su gobierno corporativo, corrupción y manejo no profesional de las inversiones, agravadas por la fallas del organismo de control y lentitud de las investigaciones.

Luis Rosero M.

En el artículo anterior, sobre el tema, señalé que hay varios estudios sobre la crítica  situación del fondo de pensiones del IESS, uno de la OIT y otro contratado por el IESS que señalan los factores de la crisis de este fondo que son: la reducción de la distribución del seguro de invalidez, vejez y muerte (IVM) para trasladarse al fondo de salud; el quitar, por ley, el aporte del 40% por el gobierno al IESS.  En este artículo, se agregan otros factores.

En mi artículo, publicado el 10/Febrero/2020, en este blog, sobre este tema,  señalé: “otro aspecto que afecta al financieramente al fondo de pensiones son las inversiones financieras del BIESS. El informe actuarial mencionado señala al respecto que “Otro de los factores que afectan al financiamiento del IVM es ….la tasa de rendimiento financiero mínima que deben generar las inversiones del BIES, con la finalidad de optimizar el rendimiento de este portafolio aprovechando las alternativas que ofrece el mercado financiero…”. Dicho informe hacía referencia a las inversiones financieras que hace el BIESS en títulos valores del estado. Según diario El Comercio, en 2018, la compra de bonos estatales por parte del BIESS llegó a 7.382 millones de dólares, pero lo más preocupante es que en su balance, de ese año, aparece una pérdida de $ 751.378,32 dólares, lo que refleja los problemas financieros del BIESS. En 2019, de los bonos de deuda interna emitidos por el gobierno por 1400 millones servirán para renovar la deuda con el BIESS, para cubrir los vencimientos que tiene el Ministerio en 2020, el primero de los cuales fue en Enero de este año. La duda que asalta a los jubilados y afiliados es ¿hasta cuándo habrá recursos para que el IESS pague las pensiones?, lo cual obligará a reformas en el sistema de seguridad social.”

El documento Ecuador: pensiones en riesgo, presenta un diagnóstico del sistema de Invalidez, vejez y muerte, fue solicitado por el Ministerio de Finanzas e IESS, elaborado por Augusto de la Torre y Rudolph Heinz, con el apoyo técnico del Banco Mundial (BM), y algunos especialistas, (profesores de universidades ecuatorianas y técnicos, entre los que esta Jorge Madera, representante del presidente Lasso en el IESS. El diagnostico señala los principales problemas:

El IVM presenta un déficit de caja creciente el cual no puede financiarse por más tiempo, lo que se explica porque el IESS ofrece muchos más beneficios de jubilación que los aportes; el fisco no podrá financiar dicho déficit por su crecimiento continuo; esto implica un subsidio que, al aumentar la cobertura, crece la insolvencia del sistema; el sistema IVM solo cubre a un tercio de la fuerza laboral; el sistema es inequitativo, subsidia más a los afiliados de  altos ingresos; la tasa de aporte es baja; la pensión máxima ($ 2.200) es alta en relación al salario medio. La conclusión es que el sistema de pensiones es financieramente inviable y fiscalmente insostenible. En consecuencia, se requiere una reforma al IVM a su financiamiento, reforma al gobierno corporativo y administración del IESS así como a la gestión de sus activos pero por si solas no son capaces de resolver el déficit del sistema IVM. Es problemas es estructural. Con este diagnóstico y conclusiones se pueden inferir que medidas se podrían tomar. Una, de carácter estructural, es en cuanto a la administración del IESS: privatizarlo o concesionarlo. Si se decide que el IESS siga existiendo, podría darse: dado el déficit fiscal, un aumento de los aportes de los afiliados, reducción de los beneficios a los afiliados, aumento de la edad de jubilación y limitar o reducir las pensiones.

En síntesis, los estudios determinan que la crisis del fondo de pensiones del IESS están relacionados con el cambio de la distribución entre los fondos de pensiones y salud, el retiro del aporte del estado, exceso de beneficios a los jubilados y afiliados. El riesgo que se corre es que no se puedan pagar las pensiones a los jubilados lo que implicaría un grave problema social. Le toca al gobierno de Lasso tomar una decisión sobre la crisis del IESS pero que debe ser equilibrada para no perjudicar a los jubilados so pena de la protesta social.

Luis Rosero M.

Las tasas de interés, antes de la reforma al Código Monetario y Financiero, son determinadas por el Directorio del Banco Central que a su vez responden a las condiciones del mercado monetario. El precio del dinero (tasa de interés) en un mercado oligopólico son fijadas por los grandes bancos.

Después que el Tribunal Constitucional declara la inconstitucionalidad de la mayoría de los artículos de la Ley del Costo Máximo Efectivo del Crédito, aprobada en Julio de 2007, facultó al Banco Central del Ecuador para que estableciera las tasas de interés de acuerdo a la Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado (LRMBE) Con dicha ley se eliminaron las comisiones en las operaciones de crédito y se establecieron segmentos y subsegmentos de crédito con tasas de interés diferenciadas.

El directorio del BCE, el 28 de Diciembre de 2007, con la regulación 153, determinó el sistema de tasas interés estableciendo 3 tasas importantes: la activa referencial (promedio ponderado del sistema), tasa pasiva referencial (igual a la tasa de interés activa referencial para el segmento comercial corporativo) y la tasa de interés efectiva máxima que correspondería a la tasa promedio ponderada, multiplicada por un factor a ser determinado por el directorio del BCE. Si las tasas que cobraban los intermediarios financieros superaban la tasa efectiva máxima se consideraba de usura y el BCE imponía multas. En Octubre de 2005, se publica la reforma a la LRMBE cambiando la constitución del directorio del BCE por lo que este pasó a estar conformado por 6 miembros: 3 ministros y 3 funcionarios públicos, con lo que el ejecutivo tomó el control de la política monetaria. El 12/9/2014 se publica el Código Monetario y Financiero que determina la creación de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera que se encarga de la regulación y supervisión monetaria, crediticia, cambiaria, financiera, de seguros y valores, con lo cual dicho organismo pasa a determinar las tasas de interés, a partir de esa fecha.

En Septiembre de 2020, la Junta Monetaria y Financiera, redujo el número de segmentos y subsegmentos de crédito de 26 a 13, los cuales se irán aplicando de manera progresiva en 5 meses que cambia la metodología del cálculo de las tasas de interés que se basarían en: el costo de fondeo, riesgo, costos operativos y costo de capital. Esta nueva metodología estaría orientada a la liberalización de las tasas de interés. Por la eliminación de la mitad de los segmentos, aumentó las tasas de interés para pequeñas empresas. A Junio de 2021, las tasas activas para el segmento productivo empresarial alcanzó 10.21%, productivo Pymes 11,83%, consumo prioritario 17.30%, microcrédito minorista 28.5% y la pasiva referencial 5.51%, entre las más importantes. Las tasas internacionales, al 2/06/2021, fueron para la libor us 0,085 % y la prime, a 180 días, 3.25% (al 29/01/2021). Hay una  gran diferencia entre estas tasas de interés internacionales con las que rigen en el país. Las altas tasas en el país se explican porque el mercado del dinero es oligopólico, lo cual quiere decir que los 3 grandes bancos, establecen tasas marcadoras e imponen el nivel de las tasas de interés. Por otro lado, nótese el amplio margen entre las tasas activas y pasivas que, entre las tasas señaladas, van alrededor del 5% al 23%, lo que lleva a grandes ganancias a los bancos.

Con la ley reformatoria al Código Orgánico Monetario y Financiero para la defensa de la dolarización, publicada en Registro Oficial 443, del 3 de Mayo de 2021, divide a lo que era la Junta Monetaria y Financiera en dos. Una es la Junta de Política y Regulación Monetaria que, entre otras de sus funciones, establece las tasas de interés. El gobierno de Lasso ha solicitado a la banca bajar las tasas de interés para créditos de consumo y para microempresas, que están entre las más altas. Para tal efecto, debe observarse lo que establece la disposición transitoria primera de la ley reformatoria que señala que la estructura y funciones de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera (JPRMF) y del BCE se mantendrán vigente hasta antes de esta reforma mientras se conforman las dos Juntas (Monetaria y la Financiera) dentro del plazo de 90 días. O sea, la JPRMF seguirá actuando, está conformada por el Ministro de Finanzas Simón Cueva (ex representante del FMI en Bolivia, el Ministro de la Producción, Julio Prado, ex presidente de la Asociación de Bancos Privados, Marcos López, representante del Presidente Moreno y que ha sido ratificado, y  Jairon Merchán, Secretario de Planificación,  a quienes le tocará a ésta decidir la baja de las tasas de interés, pero eso depende de los niveles en que se encuentran actualmente y de la decisión de los 3 principales bancos que son, en la práctica, quienes determinan las tasas de interés. La baja de éstas implica una reducción de las ganancias de los bancos. Hasta los 90 días, a partir del 3 de Mayo de este año, el gobierno podría decidir la baja de las tasas de interés. La pregunta clave es ¿se decidirá en función de la reactivación económica o en favor de los bancos o microempresarios, industria pequeña y mediana?

Luis Rosero M.

Lasso asumió el poder, nombró su gabinete y ya ha anunciado sus primeras medidas y futuras que configuran el modelo productivo y económico que implementará: neoliberalismo con un aparente rostro social insistiendo en que reduciría la pobreza y sus principales lacras.

El gobierno de Lenín Moreno (2017 – 2021), en lo económico, se profundizo la crisis económica y social, con la pandemia, y entregó el manejo de la política económica al FMI y organismos financieros internacionales. Firmó una carta de intención con el primero y con los otros convenios para obtener financiamiento. Se aplicó un ajuste y 4 reformas estructurales: liberalización del mercado de combustibles, avanzó en la reforma laboral, redujo el tamaño del estado y aprobó una reforma Código Monetario y Financiero. En lo social, estableció, de manera limitada, una serie de bonos para ayudar a los más pobres. Su legado fue un fuerte endeudamiento, graves desequilibrios macroeconómicos –principalmente el déficit fiscal, alto desempleo y subempleo- y, en lo social un crecimiento de la pobreza que alcanzó el 33% pero lo más grave es el aparecimiento del hambre y aumento de la indigencia que, a su vez, es la causa de la violencia y delincuencia.

Esta es la herencia de Moreno y Lasso que, con sus muchas promesas de campaña, le imponen un reto para revertir la contracción y reactivar la economía, reducir los desequilibrios macroeconómicos y pagar la deuda social reflejada, en el tercio de pobreza de la población, desnutrición infantil, hambre e indigencia. El modelo productivo que ha anunciado es el extractivismo profundizando la explotación petrolera y minera e impulsando la exportación de productos primarios. En cuanto a la política económica, sus ministros han planteado, una reforma laboral, apertura económica, reforma tributaria, reforma del estado y la implementación de la liberalización del mercado del dinero utilizando la reforma al Código Monetario y Financiero.

En cuanto a las reformas estructurales, la del mercado laboral buscaría implementar nuevos contratos de trabajo –por hora y por temporada- que avanzaría en la flexibilización laboral  que se inició con los contratos estipulados en la ley de Apoyo humanitario–aprobada en el gobierno de Moreno-. Pero, de manera muy hábil, no se tocaría el Código de Trabajo, y la nueva ley que se dictaría sería para los informales, emprendedores y desempleados y subempleados –que generó la pandemia- pero reduciendo los beneficios laborales. Esta reforma estaría enfocada a reducir los costos laborales que, a criterio del FMI y otros organismos internacionales, es la causa principal del desempleo y subempleo. Dicha reforma se complementaría con la apertura comercial. Ya se anuncia nuevos tratados de libre comercio, entre ellos, con México. Y, por otro lado, una reforma arancelaria que apuntaría a reducir los aranceles, para bajar costos de insumos, materias primas y maquinaria. Con la reforma comercial se apunta al aumento de exportaciones y reducción de costos de importaciones. Sin embargo, la apertura comercial tiene un impacto que afecta a la producción nacional. En todo caso, las dos reformas, se busca reducir costos empresariales para generar más competitividad. Pero esto es a nivel de la superficie, en lo estructural lo que se debe apuntar es al aumento de la productividad para reducir los costos empresariales y volver más competitivo al país.

La reforma tributaria –que anunció Lasso en la campaña- deberá esperar en cuanto a la eliminación y reducción de impuestos, por el déficit fiscal. Al parecer, por lo declarado por el nuevo Ministro de Finanzas, se apuntaría a aumentar la base tributaria de algunos tributos –en especial el de la Renta- y a la reducción de la evasión y elusión fiscal. La reforma al Código Monetario y Financiero que cambió la gobernanza del Banco Central y de la Junta Monetaria y la Financiera, la independencia del Banco Central y la delegación de la regulación monetaria y financiera, a miembros del sector privado, apuntaría a la liberalización del mercado del dinero. En cuanto a la reforma del estado el propio Presidente anunció la concesión de refinería, carreteras, telefónica y venta del Banco del Pacifico. Respecto a la política social, se seguirá con la entrega de varios bonos de ayuda a familias y se anunció otro, de carácter temporal, para combatir el hambre. Pero la falta de liquidez limitará la entrega de éstos. En suma, el nuevo gobierno está presionado por el cumplimiento de las promesas electorales –vacunación, empleo, reducción de la pobreza- y, por otro lado reactivar la economía, generar oportunidades laborales y reducir los desequilibrios macroeconómicos. Para ello, cambiaría el modelo productivo y aplicaría una política económica neoliberal. Pero tiene que actuar con prudencia –por el estallido social en Colombia y los logros de la protesta social en Chile- y reducir pronto el hambre y la indigencia pues se corre el riesgo de un estallido social.

El gobierno de Lasso, de derecha, asume el poder, con los acontecimientos de protestas en Colombia por reformas antipopulares y el triunfo de los independientes e izquierda, en la conformación de la Asamblea Constituyente, que busca cambiar la constitución de Pinochet. Esto implica una espada de Damocles que pesa sobre los gobiernos latinoamericanos si quieren imponer un modelo que afecte a los intereses populares.

En Colombia, la protesta social lleva ya 3 semanas que unido a un paro nacional ha logrado que el gobierno retire la reforma tributaria –que entre otras cosas aumentó el IVA a ciertos productos de la canasta básica- y también deje sin efecto el proyecto privatizador de la salud. Es que ambas reformas implicaban afectar los intereses populares, pues significaban reducir los ingresos de la población y agravar sus condiciones de vida ya deterioradas por la pandemia que reveló el aumento de la pobreza y concentración de la riqueza, o sea que los ricos se hicieron más ricos y los pobres más pobres. La protesta social tiene paralizado al país, el gobierno ha intentado imponer las reformas a sangre y fuego a tal punto que ya van 50 muertos y miles de desaparecidos. El costo ha sido alto para la población, pero frenó los intentos del gobierno de cargarle más impuestos y encarecer los servicios de salud.

Por otro lado, en las elecciones chilenas para elegir a los miembros de la Asamblea Constituyente (AC) , municipales y regionales así como gobernadores. Los resultados muestran la posibilidad de la ruptura y cambio del modelo chileno que estableció Pinochet. Así de los 155 miembros de la AC, los independientes lograron 48 curules (31%), 17 de las nacionalidades indígenas (11%) –entre ellas, los mapuches-, 28 de la izquierda (18%) y los de otros grupos que suman  en total 66%, mientras que la derecha solo alcanzó 37 (24%), lo que significa un doble logro. Por un lado, la derrota estrepitosa de la derecha y, por otro, la posibilidad de cambiar la constitución pinochetista. Pero más aún, la alcaldía de Santiago fue ganada por una economista de izquierda. Estos resultados son el reflejo de la imposición de un modelo que mercantilizó los servicios públicos, que tienen un precio internacional; para estudios superiores los padres tenían que endeudarse, donde se privatizó la seguridad social y la salud pública, que terminó fracasando, etc. En definitiva, un modelo que generó concentración de la riqueza y el ingreso, llevando al aumento de la pobreza, que creció aún más con la pandemia. Con el triunfo en la elección de la AC, el pueblo dijo basta a este modelo y ahora le toca el desafío de cambiar la constitución de Pinochet que reconozca los derechos sociales y distribuya equitativamente la riqueza que genera el crecimiento económico.

El nuevo gobierno ecuatoriano asume el mando, en este marco, que le pone límites al establecimiento de un modelo neoliberal y medidas que afecten el nivel de vida de la población. El pueblo está a la expectativa que Lasso cumpla con los compromisos de campaña. Nominó a su gabinete en el que son claves 4 ministerios: salud, gobierno, economía e inclusión económica y social (MIES). En el primero, designó a una ex funcionaria del Ministerio de Salud, en el correismo, que tiene el desafío de cumplir la promesa de Lasso de vacunar a 9 millones de ecuatorianos en los primeros 100 días de gobierno; nombró como Ministro de Gobierno a C. Monge, que renunció como asambleísta, pero que fue el arquitecto de derribar el pacto entre el correismo, PSC y CREO y a su vez lograr otro con el movimiento indígena (PK), ID e independientes, que logró la mayoría en la Asamblea. Monge mostró su habilidad política y su desafío es viabilizar la aprobación de leyes, reducir la delincuencia para fortalecer la seguridad ciudadana y control de la protesta social. El Ministro de Economía, S. Cueva, ex representante del FMI en Bolivia, tiene la tarea de reequilibrar y reactivar la economía poniendo como motor a la inversión privada. Tratará de implementar el modelo neoliberal. Ya Lasso anunció la concesión de refinerías, carreteras, CNT y el Banco del Pacifico, con lo cual se reduce el tamaño del estado. Pero su intención de aplicar una economía neoliberal tiene la barrera de la protesta social si trata de imponer medidas que afecten las condiciones de vida de la población. La Ministra del MIES, M. Montaño, tiene la inmensa tarea de pagar la deuda social y tendrá que aplicar una política social que luche contra la pobreza y el deterioro del nivel de vida provocada por la crisis económica que se arrastra desde 2019 y que fue agravada por la pandemia.

En suma, difícil la tarea del nuevo gobierno para enrumbar la economía y lo social. Las protestas en Colombia y triunfo de los antipinochetistas pondrán un límite, en Latinoamérica, al modelo neoliberal y las medidas económicas antipopulares que trate aplicar Lasso ya que agravaran aún más las condiciones de vida de la población. La protesta popular es el único lenguaje que entienden los gobiernos. Si bien, el espíritu del gobierno de Lasso es neoliberal deberá tener pragmatismo –más que ideología- y tendrá como freno la protesta social. Su reto es cumplir con las promesas electorales sin afectar las condiciones de vida de la gemte y enrumbar al país hacia el crecimiento así como redistribuir la riqueza y el ingreso para reducir el elevado nivel de pobreza y mejorar las condiciones de vida de la población.