Luis Rosero M.

La elección de las nuevas dignidades de la Asamblea llevó al pacto PSC-UNES y rompimiento de la alianza del PSC-CREO, y este último pactó con el movimiento indígena para nombrar a las principales autoridades de la Asamblea. Si dicho pacto y alianza, antes impensables, se ejecutaban hubieron  tenido una serie de consecuencias. En cambio el nuevo pacto de CREO genera una nueva mayoría en la Asamblea que es fundamental para las leyes y el proyecto político que impulsara el nuevo gobierno de derecha.

El pacto inicial, para elegir a las autoridades de la Asamblea, era PSC-UNES-CREO. Sin embargo, a la hora de elegir el Presidente de la Asamblea, CREO, con una hábil maniobra, se abstuvo en la votación impidiendo que Kronfle (PSC) sea elegido. Fue clave, la deserción de Rohn (PSC), por no haber sido seleccionado como candidato para dicha dignidad, pues este voto impidió dicha elección. Si  hubiera funcionado la alianza señalada, el nuevo gobierno debía entregar Ministerios, Gobernación del Guayas, cargos en Juntas Monetaria y Financiera a miembros del PSC, embajadas, etc.  y podría haberse dado intervenciones en el caso ISSPOL. Al no funcionar el pacto, no se formará la Comisión de la Verdad que, al parecer UNES, buscaba revisar las sentencias a los miembros, pero ésta recibió otro golpe. El premio consuelo para UNES fue una vocalía del CAL. En cambio, el revés fue muy duro para el PSC pues no obtuvo la presidencia de la Asamblea, ni ninguna dignidad importante en ésta y se quedó sin participación en el nuevo gobierno y perdió uno de sus miembros.

Después de este alboroto, finalmente fue elegida Presidenta de la Asamblea Guadalupe LLori de Pachacutik (PK) con el apoyo de CREO, PK, ID e independientes que sería la nueva mayoría legislativa. Ella fue encarcelada por la acusación de terrorismo y sabotaje en el gobierno anterior, a fines de 2007. Al parecer, la intención del nuevo gobierno es enviar el mensaje de que no quiere ninguna relación con el correismo, por eso apoyó a Llori (PK), rival de esta corriente, lo que significa otro golpe para este movimiento. Otro de los efectos de esta elección, es ¿cómo un movimiento que se dice de izquierda pacta con la derecha?, lo que significa una contraposición del proyecto político de PK con el  de CREO,  que tendrá una serie de efectos en el movimiento indígena. Uno de ellos, es con Yaku Pérez  quien había manifestado que, si PK apoya a Lasso, él se retiraría de este movimiento, con lo cual CREO eliminaría a un rival y dividiría a PK. ¿Ahora hay que ver si Yaku renuncia? Si no lo hace implica que está de acuerdo con la negociación parlamentaria con CREO.

Con esta elección, el nuevo gobierno consigue una nueva mayoría legislativa –PK, CREO, ID, Democracia Sí –que revela su ansia de poder- e independientes- , que será vital para viabilizar las leyes que requiere su proyecto político. Por otro lado, seamos claros, la ruptura de la alianza PSC-CREO, es a nivel legislativo, no en cuanto a sus verdaderos intereses de fondo relacionados con los poderes económico y financiero, a los que representan, con los que hay un acuerdo sin limitaciones. Al igual, el pacto legislativo CRE0-PK, revelaría las contradicciones del movimiento indígena, en el que sus dirigentes por alcanzar el poder sacrificaron sus principios. Esto además, traerá consecuencias en las elecciones presidenciales de 2025.

Hay varias lecciones de la elección de la Asamblea. Primero, la hábil estrategia política de Monge para pactar y conseguir resultados para su partido. Segundo, el pacto impensable entre PSC-UNES fue desbaratado con la maniobra de Monge. Tercero, deja afuera del gobierno, al PSC. Cuarto, al apoyar elección en la Asamblea de miembros de PK  CREO consigue su apoyo legislativo, eliminaría a un rival político y dividiría a dicho movimiento. Quinto, deja claro que no quiere ningún pacto con el correismo. Sexto,  se demuestra que en política todo es posible, los partidos y movimientos pueden pactar con tal de obtener una cuota de poder, defender sus intereses y llevar adelante su proyecto político.

Luis Rosero M.

La protesta social estalló en Colombia, que ya lleva dos semanas paralizando al país, como repuesta al grave deterioro de las condiciones económicas y sociales desnudadas por la pandemia y agravada por un modelo de corte neoliberal que han empobrecido a la población y clase media, que es un reflejo de lo que sucede en A. Latina.

En Chile, a comienzos de Octubre de 2019, el gobierno decidió incrementar el precio del pasaje del metro. Esa fue la punta del iceberg que desató la protesta de la población en las calles. A mediados de ese mes el gobierno se vio obligado a suspender dicha alza, pero las protestas en varias ciudades continuaron. La represión fue brutal y causo más de 20 muertos. El gobierno, frente a la presión popular, pidió perdón por su falta de visión social y anuncio una serie de reformas sociales. Son varios los factores que están detrás de la revuelta: la concentración del ingreso y la riqueza, que produce desigualdad brutal entre ricos y pobres; la aplicación de un modelo económico neoliberal que le ha puesto precio a todo, hasta el agua. Para ir a la universidad, los padres requieren de un crédito para cubrir el costo de los estudios, el precio de los servicios básicos tienen niveles internacionales, etc. La pobreza ha crecido y, la vida en las comunas –barrios marginales-, es cada vez más crítica; el papel de los estudiantes, fue clave para el inicio de la protesta a las que se sumaron pobres, trabajadores y campesinos. La protesta continúo más de un año y fue aplacada parcialmente por la pandemia. Tal ha sido, la repercusión de la protesta que los manifestantes han logrado que se entregue 20% de los fondos de las AFP (en 2 partes), el llamamiento a elecciones para elegir los miembros que integren una Asamblea Constituyente que cambie la Constitución de Pinochet. Un logro sin precedentes del estallido social.

En Ecuador en ese mismo mes y año, se desató la protesta social con la marcha indígena que obligó al gobierno a retirar el proyecto del alza de los precios de los combustibles. Sin embargo, la pandemia –que obligó a la desmovilización social- fue aprovechada por el régimen para liberalizar el precio de los combustibles y aprobar una serie de leyes que impusieron una flexibilización laboral y nuevos impuestos. A más de eso, mayor deuda externa, convenio con el FMI y medidas económicas antipopulares, mal manejo de la pandemia, vacunación VIP, corrupción y con la declaración del Presidente “Ojalá yo tuviera un mejor pueblo”, se tiene una idea de la clase de gobernante que tenemos.

En Colombia, como en Chile, el detonante de la protesta social fue el aumento del costo de la vida, que iba a aumentar con los impuestos contemplados en el proyecto de reforma tributaria que, entre otras cosas, aumentaba el IVA a la canasta básica. El estallido social, que se potenció con una huelga general, lleva más de una semana, en varias ciudades, y la represión brutal fue la repuesta del gobierno dejando ya más de 30 muertos y 80 desaparecidos, hasta el momento, en manos del Escuadrón Móvil Antidisturbios. Ni los acuerdos de paz, con los guerrilleros, con su desarme, la muerte de Escobar y  ni los llamados al dialogo por parte del gobierno han parado la protesta social. Es que hay causas estructurales: pobreza por ingresos de 21 millones de personas (el 42.5% de la población); según una encuesta del DANE, de Marzo de 2021, el 57% las familias, de 4 miembros o más, declaraba que su situación económica era peor que hace un año, y 79.5% de éstas consideraba que no tiene posibilidades de comprar ropa, zapatos, alimentos, etc., el desempleo de hombres era 22.5% y el de mujeres 42.1%. A eso se suma, que la mayor parte de la tierra está en manos de terratenientes, el estado y la iglesia.

Pero esta situación no es nueva. En la novela gráfica El olvido que seremos, adaptada por Tyto Alba de la novela de Hector Abad F. (2006), dedicada a su padre. Un médico, con conciencia, que hacía labor social en los barrios pobres y hospitales, retrata ya en 1945 la situación social de Medellín caracterizada por el hambre, desnutrición, carencia de agua potable, concentración de la riqueza, pobreza, desigualdad, miseria, violencia. Además, señala que fueron asesinados sus amigos progresistas y que tenían ideas liberales y luchaban contra los conservadores apoyados por la iglesia. Finalmente su padre fue asesinado por los paramilitares en Octubre de 1987. Es esta situación lo que llevo al surgimiento de la guerrilla. En síntesis, el estallido social en el fondo es por la desigualdad, pobreza, desempleo, corrupción, represión a la protesta social y militarización.  La población sigue dando lecciones: el único lenguaje que entienden los gobiernos es la protesta en las calles. Solo con ésta habrá posibilidades de algunos cambios en la política social y económica, pero a un alto costo de vida humanas. Es el precio que tienen que pagar los marginados por mejores días para sus familias.

Luis Rosero M.

Hay varios estudios y análisis actuariales de la situación del sistema de pensiones que confirman la crisis del IESS. Entre ellos está el de la OIT y el estudio actuarial contratado por el IESS que confirma la quiebra inminente y requiere que se tomen decisiones urgentes para enfrentar su crisis.

El estudio actuarial de Régimen de Invalidez, vejez y muerte (IVM) del IESS – 2018, de la OIT, publicado en abril de 2020, tuvo como objetivo evaluar la estabilidad financiera del IVM en el corto y largo plazo. Considera 2 hechos relevantes: Uno, la resolución CD 501 de Noviembre de 2015 que cambio la tasa de redistribución entre tipos de seguros, pasando a partir de 2016, la de IVM que estaba en 9.84% a 5.96% para trasladárselo al seguro de salud. Dos, la Asamblea aprobó, en abril de 2015, la ley de Justicia Laboral, que liberó al gobierno del financiamiento del 40% al seguro de pensiones. Presenta conclusiones según el escenario.

Los escenarios más críticos son el 4 y 5 (el gobierno no entrega el 40% y contribuye menos del 28% al gasto prestacional) generando desequilibrios financieros “en el escenario 4, el primer año con resultado negativo sería 2025 y en el escenario 5, el primer resultado negativo sería en 2023. Se desprende de estos dos escenarios que el no cumplimiento por parte del Estado de su aportación completa podría traer consecuencias graves de muy corto plazo en el equilibrio financiero del Seguro de IVM. Se recomienda, por tanto, adoptar las medidas necesarias que aseguren que dicha aportación será entregada en su totalidad.” Para evitar el desequilibrio recomienda: “se recomienda adoptar una política de extensión de cobertura del Seguro de IVM, declarar como obligatoria la incorporación de los trabajadores independientes al IESS y fortalecer los procesos de afiliación y cobranza para disminuir la evasión en sus diversas formas”. La medidas centrales que recomienda el estudio es que se pague la aportación del 40% que no se realizó entre Abril 2015 – Diciembre de 2018, que el gobierno pague completa el 40% y que la reforma sea integral.

Un estudio actual, contratado y publicado por el IESS, recomendaba: “Las contribuciones estatales para cubrir el 40% de las pensiones constituye un factor de vital importancia en la situación actuarial del IVM, en el presente y en el futuro. Por lo tanto es necesario exigir la asignación oportuna y suficiente de las contribuciones del Estado.” Según el diario digital www.primicias.ec, refiriéndose a declaraciones de Paúl Granda, presidente del Consejo Directivo del IESS,  reporta: “Según él “ese 28% nos ha dado tranquilidad”. El estudio actuarial publicado a finales del año pasado advirtió que sin el subsidio estatal el fondo de pensiones solo tiene recursos hasta 2023.”

El gerente de la empresa Volrisk, que hizo estudios para el IEESS, según El Universo,  “que sí se le advirtió al gobierno pasado, en sus escenarios pesimistas, que podrían generarse problemas para el pago de pensiones, en el 2022. Explicó que el fondo IVM puede tener muchos activos, pero no líquidos. Por ejemplo, el aporte del 40% que da el Estado, en muchas ocasiones se ha dado en bonos del Estado.”  Y agregó, según la misma fuente, que “el gobierno de Lenín Moreno, pese a haber acordado retomar el pago del 40% se pagaron en efectivo $ 600 millones a fines del 2020 y $ 927 millones en bonos a cinco, diez y quince años plazo. A partir de enero del 2021 nuevamente el Estado entró en mora.”

En síntesis, estos tres estudios concuerdan que para evitar el déficit en el IVM, que pone en peligro el pago de pensiones, es vital que el gobierno aporte en efectivo y completa el 40%. El no hacerlo implicará problemas que enfrentaría el IESS para pagar las pensiones en 2023. Pero el estudio actuarial contratado por el IESS agrega otro factor: el rendimiento financiero de las inversiones del IESS.

Luis Rosero M.

En el cuarto intento, el gobierno logra que la Asamblea apruebe, con el apoyo de CREO, PSC, PK, BIN y otros, el proyecto de ley de defensa de la dolarización. En relación a la tercera versión de este proyecto la cuarta es más cosmética que, en lo fundamental, es una reforma al Código Monetario y Financiero (CMF) que cambia la gobernanza de la Junta Financiera y Monetaria, reforma al Banco Central y otras leyes

En el actual CFM, hay una Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera que se encarga de la política, regulación, supervisión monetaria, crediticia, cambiaria, financiera, de seguros y valores. Sus miembros son todos ministros y funcionarios públicos. El proyecto aprobado crea dos juntas: una de Política y Regulación Financiera cuyas funciones principales serán dictar la política crediticia, financiera, de seguros, valores y salud prepagada y regulación para mantener la solidez, sostenibilidad y estabilidad del sistema financiero y en los 3 últimos señalados. La otra es la Junta de Política y Regulación Monetaria cuya función principal será de formular la política monetaria, establecer las políticas del Banco Central (BCE) y supervisar su implementación así como vigilar el cumplimiento de sus funciones. Los miembros de ambas juntas, antes 5,  serán 3, duraran 4 años y, en el caso de la Junta Financiera, se cambia el tercer requisito de experiencia de 10 años,  que se divide 6 años en funciones de dirección o administración en  lo monetario/financiero, seguros o valores u organismos de regulación, supervisión o control en esos ámbitos y 4 años por catedra universitaria en dichos ámbitos. Para el Banco Central se exige solo la experiencia en lo monetario/financiero.

En relación a la Junta Financiera, se elimina el art. 15 del CFM quitando las funciones macroeconómicas que se relacionan con los límites a la posición de activos externos de las entidades financieras, de valores y seguros o sea las normas que establecen condiciones y límites al endeudamiento externo que dichas entidades del país contraten en el exterior y la Junta podrá disponer que las divisas provenientes de las operaciones que ella determine, ingresen de manera obligatoria al país y establecerá multas hasta por el monto de las divisas no ingresadas. O sea, la banca no tendría límites para sacar sus recursos o endeudarse en el exterior.

En cuanto al BCE, sus funciones principales serían instrumentar la política monetaria para promover la sostenibilidad del sistema financiero y monetario; elaborar, coordinando con el Ministerio de Finanzas, la programación macroeconómica; preparar informe sobre el presupuesto del estado; elaborar los informes de liquidez; informar sobre la sostenibilidad de las reservas para para operaciones de deuda y administrar la RMI. En sí, se cambian, por hipótesis, las funciones del BCE muy cercanas a las determinadas por la Constitución de 1998 y la ley de Régimen Monetario y Banco del Estado de diciembre de 2005. Se le devuelve la autonomía al Banco Central y se cambia su directorio por una Junta Monetaria.

En síntesis, hasta lo analizado sobre las Juntas y BCE, la política pública por naturaleza es formulada por el ejecutivo, y, con el CMF actual, toda la política y regulación financiera, monetaria, de seguros y valores es elaborada por autoridades (Ministros y funcionarios públicos) pero con el proyecto aprobado el gobierno delega a que estas políticas y regulación, en estos ámbitos, sea dictada por miembros del sector privado. Aún más, al reducirse el número de miembros de la Junta Financiera y de la Monetaria la posibilidad de cooptación y conflictos de intereses aumenta. Es un viraje de 360 grados, de pasar la política y regulación financiera y monetaria dictada por funcionarios públicos a ser dictadas por miembros del sector privado. Al eliminarse las facultades macroeconómicas de la nueva Junta Financiera cabe la posibilidad de que los entes financieros privados puedan sacar capitales sin interferencias. El proyecto de ley denominado de defensa de la dolarización, en realidad apunta más, según lo analizado hasta el momento, al cambio de la gobernanza de las Juntas Financiera y Monetaria. La dolarización es sostenible en la medida que haya más ingreso  que salida de dólares al país y para eso el país tiene que realizar un cambio estructural y especialización que permita lograr dicho objetivo. El gobierno actual concluye su periodo que, en lo económico-financiero implementó la liberalización del mercado de combustibles, hizo una reforma laboral y con este proyecto de ley se tendería a liberalización del mercado del financiero: de dinero y de capitales, con lo cual cumple nos vamos acercando a la  instrumentación de una economía de mercado sin cortapisas.