Luis Rosero M.

Se cumple una semana de la protesta indígena, liderada por la CONAIE, generando efectos económicos, políticos y sociales. El gobierno, presionado por la presión de esta, ha tomado medidas para acercarse a cumplir las diez exigencias de la organización indígena, que mantiene su medida de hecho. Queda claro la necesidad de una mediación para una negociación entre las partes. En este artículo, trataremos los efectos económicos de muy corto plazo.

La protesta indígena se expresa con marchas y cierres de carreteras, que afecta principalmente a las provincias de la Sierra como Pichincha, Tungurahua e Imbabura, en las que se ha visto reducido la actividad económica. Si bien la protesta ha sido pacifica ha habido vandalismo que, según la CONAIE, han sido infiltrados y, por otro lado, en Guayaquil, en los primeros días, hubo el cierre de locales por temor a los ataques de manifestantes a comercios y la bahía, causando zozobra principalmente en el centro del puerto principal.

Los más importantes efectos, en lo económico, ha sido la restricción de la actividad económica en las provincias señaladas de la Sierra y algunas de la Amazonía, por otro lado, la restricción de la movilización de vehículos y personas, por el cierre de las carreteras, sobre todo en Cayambe, generó que las empresas florícolas no puedan movilizar su producto y transportarlos a los aeropuertos para la exportación. En la capital, por no poder ingresar o salir, los camiones de carga desde las áreas de producción de flores, no se logró transportar al aeropuerto, que impidió el envío del producto al exterior.  Además, al restringirse el transporte de productos agrícolas componentes de la canasta básica, de la Sierra hacia la Costa, se ha comenzado a generar desabastecimiento de éstos en los mercados y supermercados de Guayaquil y otras ciudades de la costa. La consecuencia inmediata ha sido el aumento de precios de éstos.

Desde Setiembre, del año pasado, se ha registrado una presión inflacionaria. En efecto, ya a Mayo de 2022, la inflación anual alcanzó el 3.38% y la canasta básica se elevó a $ 793.33. Para Junio, como efecto, del cierre de carreteras, se espera un aumento de la inflación a alrededor del 4%, que adicionalmente aumentará el costo de la canasta básica afectando de esta manera el nivel de vida de la población, sobre todo en la clase de menores ingresos que incluye a trabajadores y empleados que reciben un sueldo básico. Ese nivel de inflación, al quinto mes del año, se explica, en parte, por la invasión rusa a Ucrania, que restringió las importaciones de minerales y fertilizantes para la agricultura, encareciendo el costo de los insumos para este sector, como medida compensatoria el gobierno decidió subsidiar 50% la urea.  Por ello, hay una inflación de costos en éste, pero además las empresas de alimentos procesados (entre ellas las de aceite vegetal, panificadoras, etc.), farmacéuticas, salud, etc. han incrementado sus precios aprovechando la coyuntura, que se ve reflejado en el aumento del índice precios al productor (IPP). En efecto, la variación anual, de la inflación de costos (medido por el IPP), ha aumentado fuertemente. Así, en Diciembre de 2021 ésta fue 1.72%, a Enero de 2022 alcanzó a 4.01% y, de ahí, ha continuado la tendencia alcista a tal punto que, a Mayo de 2022, dicha variación alcanzó 7.83%. Esta empuja, a su vez, al aumento del índice de precios al consumidor, con el que se mide la inflación. En lo externo, a mas de la reducción de exportaciones de flores, el riesgo país ha sobrepasado los mil puntos que refleja la inestabilidad política que vive el país en esta coyuntura.

Otra consecuencia es que, al caer la actividad económica, se afecta el mercado de trabajo. En Abril de 2022, la tasa de desempleo fue 4.7% y la de subempleo 23.9%.  Como efecto del paro indígena, al restringir el nivel de actividad económica, aumentará el desempleo, subempleo y sector informal. En este último, encontramos, entre otros, la venta ambulante y en las calles, los que viven del día a día, que vería afectado su nivel de subsistencia. En fin, lo crítico será aumento de pobreza, hambre y miseria. El paquete de medidas ofrecidas por el gobierno (que se analizará la próxima semana) no alcanza a compensar el incremento del costo de los insumos agrícolas y, por otro lado, el aumento de la asignación del bono de desarrollo humano (de 5 dólares), es mínimo e insuficiente para contribuir a mejorar la situación de los pobres. El tema de fondo es que la política social ha quedado relegada por tratar de equilibrar la economía. El Ministro de Finanzas busca cumplir a rajatabla el convenio con el FMI y bajar el déficit fiscal a costo de todo. Las consecuencias están ahí, menos asignación a salud y educación a pesar de que el aumento del precio de petróleo y por la reforma tributaria generó recursos adicionales.  De que vale mejorar los índices macroeconómicos si la población pobre y marginada se ve afectada en sus condiciones de vida y dado el aumento del desempleo y subempleo, aumenta la pobreza, hambre y la miseria que se expresan con la protesta social. La alerta de la protesta indígena, es o hay un profundo viraje en la política social y política económica, el gobierno se vea obligado a negociar, sobre todo porque la marcha indígena ya esta cerca de Quito, o de lo contrario puede darse un estallido social de proporciones.

Luis Rosero M.

La conflictividad social en el país depende de varios factores objetivos. La lenta repuesta, a ésta, del gobierno ha llevado a un paro indígena indefinido, por la falta de dialogo y repuestas a tiempo a las demandas sociales. En cambio, con los pequeños productores de banano ocurre que estos han hecho varias manifestaciones a las que no se los atendió hasta qué en la quinta protesta, se llegó a un acuerdo que el gobierno no ha cumplido. Todo esto se agravó por los efectos que dejo la pandemia y ahora la invasión rusa a Ucrania. En este artículo apuntamos algunas causas estructurales de la conflictividad social en el marco de la coyuntura económica actual.

Julio Berdegué, representante regional de la FAO, señala que “en América Latina hay hambre porque hay desigualdad, no porque falten los alimentos, y esta genera muchas personas en condiciones de pobreza”. Si a esta le agregamos la concentración de la riqueza e ingreso estamos apuntando a factores estructurales claves de la inequidad social y, en consecuencia, de la conflictividad social. Para atenuar el malestar social, los gobiernos buscan luchar contra la pobreza -que provocan estos factores- mediante política social y de redistribución del ingreso. El estado se convierte en un actor fundamental para poder equilibrar la polaridad entre riqueza y pobreza. En buena medida, los gobiernos, según su orientación económica e ideológica, con el uso de esas dos políticas pueden contener el conflicto social a fin de mantener la estabilidad social. En la medida que apliquen una política social fuerte inclinaran el péndulo  hacia la equidad social mientras que aquellos que dejan que solo el mercado, sin ninguna regulación, determine los precios claves de la economía, sin que medie una política social, se producirá mas concentración de la riqueza e ingreso y, como consecuencia mayor inequidad social como en el capitalismo salvaje. En este marco, el estado y sus administradores son claves para mantener la paz social.

En el caso del país, como en el mundo, la pandemia dejo como secuela un mayor nivel de concentración de la riqueza e ingreso, más desempleo y subempleo, sumo millones de gente a la pobreza y al hambre. En Ecuador, la familia para enfrentar estas condujo al incremento del trabajo infantil que en 2020 se incrementó en 11.8%. Esto fue porque en dicho año hubo una contracción muy fuerte de la economía la que se recuperó en 2021 con un crecimiento económico de 4.3% que compensó parcialmente la grave situación económica y social que dejó la pandemia. En la coyuntura actual, a eso se agregó la invasión rusa a Ucrania que en el mundo y A. Latina provoca efectos negativos en la economía y en lo social. Ya el Banco Mundial pronostica que el crecimiento mundial descenderá de 5.7% en 2021 al 2.9% en 2022, pero además anuncia que hay de riesgo de estanflación o sea bajo crecimiento con alta inflación.  En el caso del Ecuador, el BCE pronostica, para este año, un crecimiento de 2.8% mientras que la CEPAL, solo 2.6%, lo que implicará una contracción de la economía de 1.7 puntos lo que producirá efectos críticos.  En efecto, como secuela de dicha invasión, habrá caída de exportaciones, lo que va a generar una  caída del nivel de actividad económica y, por otro lado, hay restricciones de importaciones de insumos agrícolas que, entre otros factores, está provocando encarecimiento de insumos de productos básicos como la harina, aceite, etc. que se traduce en un mayor nivel de inflación, lo cual encarece la canasta básica, dejando fuera del consumo de ésta a algunas familias, que reducen su nivel de vida y, los que no pueden generar algún ingreso van a sumarse a la masa de pobres. A su vez, la caída del crecimiento, generará un aumento del desempleo y subempleo, lo que a su vez conducirá a mayor pobreza y hambre.

Estas se expresan en el deterioro de las condiciones de vida de la población que obliga a buscar fuentes de subsistencia de ahí que aparece los vendedores ambulantes, las ventas callejeras, etc. en síntesis el trabajo informal. Pero, por otro lado, estas también son fuente de la violencia que se expresa en la delincuencia, robos, asaltos, crimen organizado, sicariato, etc. Las cárceles se llenan de presos. En la coyuntura actual, las bandas organizadas manejan éstas y hay conflictos entre estas que conducen a masacres y perdida control de las cárceles en la que el gobierno hasta ahora no ha podido manejar el sistema carcelario a la que vez que ha crecido en nivel de la inseguridad ciudadana.

Lo cierto es que la política social es débil para atenuar el deterioro social, y, por otro lado, a pesar de haber crecido los recursos públicos, por aumento de los ingresos por la reforma tributaria y el incremento del precio del petróleo, no se utilizan para contener fuertemente el deterioro social que empuja a la conflictividad social. Esta se expresa por varias vías: una es la protesta social de los sectores afectados, otra a través de organizaciones sociales que la toman como bandera de lucha, otra alternativa es vía grafiti, etc. La interrogante es por qué se utilizan estos recursos, porque no se atiende o se tarda en responder a las demandas sociales. Pero la pregunta clave es: ¿esto es por falta o incapacidad de gestión o porque no se asigna los recursos o son insuficiente para atender dicha demanda? Según sea la repuesta a esta hipótesis sabremos que fracción al interior del gobierno se impone, los que bregan por política social o aquellos de las finanzas públicas. Lo cierto es qué si se desatiende, se desoye, se retarda la repuesta, hay dialogo qué se queda en promesa, no se asignan suficientes recursos para frenar el deterioro social la conflictividad social aumentará y se manifestará la protesta social por cualquier vía. La práctica ha demostrado que es ésta es el único lenguaje que entienden los gobiernos para obligarlos a cambiar de rumbo y prestar atención a la demanda social. La estrategia mediática del gobierno atribuirá a la protesta social a los aspectos políticos pero son en el fondo los factores estructurales que se expresan. El conflicto tiene al filo de la navaja al gobierno y, en consecuencia, mientras no se actué a profundidad ante deterioro social corremos el riesgo de un estallido social pero empujados más por los factores objetivos que por la política.

Luis Rosero M.

El esquema económico de Lasso tiene cuatro puntales, que están relacionados con reformas estructurales que trata de implementar. En lo interno, el gobierno logró que se apruebe la reforma tributaria y, en lo externo, busca la apertura de la economía para atraer inversión extranjera y abrir nuevos mercados para expandir exportaciones. Con ese objetivo esta negociando un acuerdo comercial con México.

El interés del gobierno, al buscar celebrar este acuerdo con el país azteca, es que Ecuador ingrese a la Alianza del Pacifico, un bloque comercial integrado por Colombia, Perú, Chile y México. El país ya ha celebrado acuerdos comerciales con los tres primeros y ahora busca hacerlo con México con lo que conseguiría el boleto de entrada a dicha alianza que implica abrir un mercado significativo para atraer inversión extranjera e incentivar exportaciones.

Tuve la oportunidad de estudiar en México y conocer la economía de dicho país. Es un país que tiene un nivel intermedio de industrialización y, a su vez, exporta productos agrícolas e industrializados. Su principal socio comercial es EE.UU. En la relación comercial, Ecuador tiene un déficit comercial permanente con el país azteca. En 2013, se exportó a éste 124.5 e importó 968.5 millones de dólares. En 2021, exportó 168 e importó 686 millones. En Marzo de 2014, había advertido, en un artículo en el diario público, de la desbalanceada relación comercial con México.

En nuestro país, el país azteca tiene importantes inversiones. Así, desde algunos años opera la telefónica Claro, del millonario Slim, Arca compró a la envasadora de Coca Cola y otras en el país, que también adquirió Toni e Inalecsa. Femsa, embotelladora mexicana, compró en 2018 Fybeca y Sana-Sana. Antes, el grupo panificador Bimbo, compró Supán; la empresa Mexichen, de tublos plásticos, compró Plastigama; Mabe fabrica electrodomésticos y, desde 2015, la empresa mexicana Zermat estableció una planta para la fabricación y comercialización de perfumes. Las empresas mexicanas, que operan en el país, buscan ampliar la presencia en el mercado latinoamericano.

A México, le interesa ampliar su inversión en nuestro país y, por otro lado, incrementarr sus exportaciones. La negociación del acuerdo de libre comercio con México, una vez cerrada las mayorías de las mesas, tropezó, fines de Mayo de 2022, con los productos sensibles. Ecuador logró dejar fuera del acuerdo la leche y la carne. En cambio, México busca excluir al camarón, banano y atún. En buena medida, dicho país se opone, a la entrada en el acuerdo, a estos productos porque nuestro país es el mayor productor mundial de los dos primeros y es un importante exportador del último. El impacto en la economía del acuerdo depende de varios factores entre ellos el nivel de desarrollo de cada país, el esquema de desgravación arancelaria, la velocidad de desgravación, productividad, salvaguardias, etc. En 2021, Ecuador importó de éste principalmente automóviles, televisores, medicamentos, tractocamiones y teléfonos celulares. Dado en mayor nivel de industrialización de México, sus empresas producen a menores costos. El mayor impacto, con el acuerdo, estaría en los sectores de calzado, vehículos, textil. México produce calzado de calidad internacional por lo que el sector de calzado ecuatoriano, que es más artesanal, podría verse muy afectado. Lo mismo ocurriría con el ensamble de vehículos ecuatorianos. México, desarrolló esta industria en los años cuarenta, del siglo pasado, por lo que correría el riesgo de casi desaparecer más aún si sigue la competencia de los vehículos chinos. También corre riesgo la industria textil, en la que México tiene tradición y mayor calidad. La mayor productividad de las empresas mexicanas, en dichos sectores, pueden generar perdida de empleo y de empresas. De ahí que es muy importante, la velocidad de desgravación arancelaria, pues mientras esta sea mas larga daría un respiro a los productores ecuatorianos. El aceleramiento de la firma del acuerdo puede impactar seriamente a dichos sectores y, por otro lado, ampliaría el desequilibrio comercial con dicho país. El gobierno está en una encrucijada en su intención de atraer inversiones extranjeras e incrementar exportaciones, pues un acuerdo mal negociado puede traer serias consecuencias a dichos sectores. No por tratar de ampliar nuestras exportaciones, al entrar en dicha alianza, sacrificaremos a los sectores sensibles. Estos deben tener un periodo para tratar de ser competitivos sino aplicar un programa de reconversión industrial para que no peligre el empleo y agravar más la precarización laboral.

Luis Rosero M.

En el primer artículo, de este tema, tratamos sobre los principales aspectos económicos del primer año de gobierno de Lasso. En este revisaré, en lo fundamental, el aspecto social y la seguridad ciudadana.

En salud, lo que destaca es la campaña de vacunación anti covid, exitosa que ayudó a reducir los contagios en la pandemia. Sin embargo, la política de salud queda ensombrecida por los problemas en los hospitales públicos. En efecto, los medios de comunicación reportan la falta de medicina en dichos hospitales. Se ha anunciado la externalización de ésta, a través de farmacias privadas, pero termino el primer año de gobierno y hasta ahora es posible. Respecto a esto, lo más patético es la carencia de medicamentos en los hospitales del IESS. Los afiliados aportan para su atención pero no reciben ni medicina ni atención oportuna. Lo más sorprendente es que, la Ministra de Salud, declaré que no hay desabastecimiento de medicinas en dichos hospitales. El Ministerio de Salud, a fines de Mayo de este año, hizo el anuncio de entrega de 20 millones para el abastecimiento de medicinas a los hospitales de Quito y al hospital Eugenio Espejo, que carece muchos medicamentos oncológicos. Además, en ciertos períodos se registró carencia de las vacunas para inmunizar a los infantes. Por otro lado, no se ha cumplido a tiempo, con la entrega de nombramientos definitivos a los médicos y personal de salud que trabajaron durante la pandemia. Adicionalmente, si bien hay un programa contra la desnutrición infantil crónica no tuvo recursos suficientes para atender a 1 de los 3 niños, menores de 3 años, que sufren este flagelo. El Banco Mundial anunció, a fines de Mayo, que haría un préstamo de 200 millones para un programa de este tipo de desnutrición que incluye a mujeres embarazadas.

En educación, con el inicio de clases en la costa y amazonia, se denotó las falencias en este sector. Así no estuvieron a tiempo, por problemas de infraestructura y falta de mantenimiento, muchas escuelas fiscales para recibir a los niños una vez que el gobierno autorizó la presencialidad en las aulas. Pero lo más crítico para los maestros es que el gobierno haya negado a que se eleve el sueldo de los maestros, establecido en la ley Orgánica de Educación Intercultural. Se valió de un veto total de Lasso a esta argumentando que no había recursos. Sin embargo, la Corte Constitucional (CC) rechazó la objeción de inconstitucionalidad y, a fines de Mayo, el gobierno dice ahora que respetará la decisión que tome la CC. A nivel universitario, a mas de quitarle recursos a las universidades públicos continua el problema de asignación de cupos para el ingreso a las universidades. En campaña se ofreció cambiar el tipo de examen, pero lo único que se hizo es cambiarle de nombre y sigue sin cumplirse que a todos los postulantes se les iba a otorgar la carrera que escogieran si es que pasaban el examen.

En Bienestar Social, el gobierno sigue entregando el Bono de Desarrollo Humano, pero después de una revisión de éste, ha creado otra serie de bonos con los que se apoya a las personas afectadas por desastres naturales.

La política social muy poco efectiva para cumplir sus fines pero no solo es un problema en la incapacidad en la gestión sino además la falta de recursos, que muestra la falta de prioridad en esta política. A pesar que, con los efectos de la invasión rusa a Ucrania, el aumento del precio de petróleo e incremento de los ingresos tributarios por la reforma, en este ámbito, han generado recursos extraordinarios, pero aún así no se atiende debidamente al sector social clave para luchar contra la pobreza y el hambre que han crecido notablemente.

Lo más trágico ha sido la política de seguridad ciudadana. Ha habido 4 masacres en las cárceles del país y, en especial en la costa, han crecido mucho la violencia que se traduce en carros bombas (inédito en el país), los sicariatos, robos a locales comerciales y vivienda, asaltos, etc. Hay un clima de inseguridad terrible, sobre todo en la costa, que la gente tiene mucho temor, a tal punto que no hay seguridad en ningún lugar de la zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón). El fracaso de la política de seguridad es evidente, por los resultados de los crímenes y robos. Ya en Cuenca comenzaron las manifestaciones pacíficas de autoridades seccionales y la población por la inseguridad ciudadana. Ya vamos por el tercer Ministro de Gobierno y se creó el Ministerio de Seguridad Interna sin que tengamos resultados efectivos.

En el mensaje a la nación sobre el primer año de gobierno se pinta un cuadro diferente a la realidad en cuanto a la política social y seguridad ciudadana. De que vale que se haya tenido éxito en reducir el déficit fiscal si buena parte de la población vive en condiciones precarias, deteriorando su nivel de  vida, en parte,  por el aumento de la inflación e, en todo momento, insegura. Las condiciones sociales, de las mayorías son deplorables y es hora ya de que el gobierno reaccione, de manera efectiva, y haga algo para luchar contra la inseguridad, la pobreza y hambre, so pena de una fuerte reacción social.