Luis Rosero M.

Después de 18 días, del paro indígena, el gobierno se vio obligado a sentarse a negociar con la CONAIE, ejecutó un cambio en el gabinete y prometió un cambio de rumbo en la política económica -marcada por el FMI- y en la pobre política social. Hay que esperar la actuación en práctica para ver si el gobierno comprendió el mensaje de la protesta social.

El ministro de economía saliente -Simón Cueva- se preocupó de cumplir los condicionamientos del FMI, estipulados en el acuerdo, poniendo énfasis en la macroeconomía restringiendo los recursos para el área social. Su objetivo principal era reducir el déficit, que alcanzó. con una reforma tributaria regresiva, el aumento del precio del petróleo -por la invasión rusa a Ucrania- y una fuerte reducción a la inversión pública y de los gastos sociales. Los dos primeros, más la donación de mil millones en DEG del FMI, permitieron que se genere 2000 millones de ingresos públicos adicionales a más de los desembolsos de 1000 millones del FMI de las ultimas cuotas del crédito. Mientras que los gastos sociales fueron reducidos y la menor inversión pública afectaron la estabilidad social y la actividad económica. Un alto funcionario del FMI declaró que dichos recursos podían utilizarse para la inversión pública, sin embargo el ex ministro los retuvo. Por lo estipulado en el convenio con el FMI, comenzó a reconocer la deuda con el IESS y redujo los retrasos. Pero también obtuvo recursos a través de deuda externa que aumentó ésta generando un peso en el presupuesto y riesgos para su sostenibilidad. Firmó un acuerdo de pago de con el IESS por 140 millones y transfirió a los GAD algunos recursos. A la par la disminución de los gastos sociales que, con los efectos de la pandemia, agudizó la crisis social se manifestia en desempleo, subempleo, pobreza y hambre. La CONAIE lo que abanderó fue la crítica situación social que, como ya he señalado, tiene factores estructurales que la explican. Ya 5 organismos de la ONU, señalaron, que en 2021, al menos 56 millones de personas sufrieron hambre en A. Latina y el Caribe a más de que cada 4 de 10 latinoamericanos viven en la inseguridad alimentaria. Y la crisis social ya lo reconocen los empresarios a decir de la nueva presidente del Comité Empresarial que declaró que una de las lecciones del paro indígena es que debemos preocuparnos mucho por lo social.

El gobierno fue obligado a sentarse a negociar con la CONAIE y cumplir parcialmente las 10 demandas sociales por esta organización. También agilizó el pedido, a la Conferencia Episcopal, de las mesas de diálogo para tratar las otras demandas -entre ellas la focalización de los combustibles y condonación de créditos- en un plazo de 90 días.

Varios fueron los costos del paro. El Banco Central (BCE) estima que alcanzaron 821 millones mientras que otros lo calculan en 1000 millones. Lo que implicaría un menor nivel de actividad de alrededor de 1% del PIB. A pesar de que la economía creció un 3.8% en el I Trimestre de este año, según el BCE, el crecimiento económico sería menor a lo estimado por esta entidad y aún más cuando el propio FMI señala la posibilidad de una recesión mundial en 2023. Sin embargo, en el I Semestre de este año se perdieron 300000 empleos, tendencia que seguirá como secuela del paro indígena. A más de eso, los niños indígenas que acompañaron a sus padres, estuvieron en la Universidad Central y atendidos por médicos de esta casa de estudio reportaron que la mayoría tenía desnutrición crónica, reflejo de un grave problema de salud pública del país. Si a eso le sumamos que la inflación anual, en Junio, alcanzó 4.23% y la canasta básica subió a 751 dólares que, en un año, se incrementó 52.77 dólares. En este marco, la Junta de Política y Regulación financiera estableció nuevas tasas de interés.

El cambio de gabinete fue obligado por la crisis política y social, agudizada por el paro indígena. Hubieron 4 cambios, en el Ministerio de Economía, Transporte, Vivienda y en la Educación Superior pero paradójicamente se aplazó y se nombró después de 4 días al nuevo titular de Salud, que es precisamente donde hay muchas carencias como la falta de medicinas y atención en los hospitales públicos. Pablo Arosemena, nuevo ministro de Economía, declaró que su prioridad va a ser el gasto social y la inversión pública. Declarado como el ¿¡tanque de pensamiento!? de la Fundación Ecuador Libre -de Lasso- es un economista liberal partidario de una economía de mercado sin restricciones. Tiene al frente muchos desafíos económicos, entre ellos, parar la tendencia al alza de la inflación, limitar el endeudamiento externo, asignar los recursos a la política social y movilizar la inversión pública. Los límites que tiene son los condicionamientos del FMI a la política económica renegociar las metas con el FMI para asignar más al gasto social y a la inversión pública. Si no hay cambio de rumbo en la política social volverá la protesta indígena -como ya lo anunció Lourdes Tiban, una de las lideresas del movimiento indígena-. Su pensamiento liberal lo obliga a seguir los lineamientos del FMI,  al que ya se acercó y a otros organismos multilaterales, pero si es pragmático buscará ciertos cambios. De ahí la interrogante ¿se impondrá su espíritu liberal o el pragmatismo? Lo cierto es que si no cambia la política económica y social tendremos nuevamente inestabilidad social, política y económica.

Luis Rosero M.

Después de haber superado la destitución del Presidente, tuvo que enfrentar la continuación del paro indígena y sentarse a negociar con la CONAIE, dejando claro las advertencias, lecciones y efectos en lo político, económico y social de la protesta. En el primer artículo tratamos algunos temas del segundo aspecto, en éste analizaré el primer tema.

Las principales advertencias que deja la protesta indígena son:

1.La Conaie había solicitado, hace más de un año, una serie peticiones y reunión con el gobierno para tratarlas pero éste no las tomo muy en cuenta hasta que el 13 de Junio la organización indígena declaró un paro nacional indígena con los resultados conocidos. Como ha sucedido con otras protestas, por ejemplo, el de los pequeños bananeros, lecheros y otros el gobierno tardó en considerar las peticiones de estos grupos y, en el primer caso, después de 5 protestas el gobierno acordó entregarle una subvención económicas y no cumplió, por eso este grupo plegó al paro con los indígenas. Lo que demuestra que el gobierno no atiende y da largas a las peticiones de los grupos y organizaciones indígenas hasta que se conviertan en protestas en las calle o carreteras. Lo mismo ocurrió con la CONAIE hasta que ésta, dado los efectos económicos y sociales del paro, llevó al gobierno a la mesa de negociaciones.

2. El gobierno no es capaz de tratar, negociar y llegar a un acuerdo con los conflictos sociales. O sea no procesa a tiempo y eficazmente la protesta social. No busca prevenirlo ni procesarlo en su momento sino cuando se agrava. Al parecer es un problema de gestión del conflicto pero, como ya hemos señalado, la solución a este pasa porque en los acuerdos se requieren recursos del estado y el Ministerio de Finanzas no suelta la plata.

3. Con el paro se confirma que la única forma de obligar a los gobiernos para, que atienda las peticiones de los grupos sociales y económicos, sentarse a negociar es mediante la protesta en las calles. En el caso de la CONAIE mostró, una vez más, la capacidad de movilización y de lucha para liderar la protesta a fin de obtener concesiones de los gobiernos, como ya lo mostró la protesta indígena de 2019.

4. Ni la más fuerte represión que causó 6 muertes y cientos de heridos, no fue capaz de detener la protesta indígena. Si bien hubo infiltrados en la lucha, se unieron a ésta otros grupos sociales, entre ellos estudiantes y organizaciones sociales.

Los más importantes efectos políticos del paro son:

1.El movimiento indígena logró su unificación y sus distintas organizaciones -a pesar de sus diferencias- apoyaron las 10 demandas de la CONAIE e incluso FENOCIN que no quería firmar el acuerdo fue obligado a hacerlo. Sin embargo, su brazo político: Pachakutik, no logra unidad después que éste apoyará a Guadalupe LLori, propuesta por Lasso, a la Presidencia de la Asamblea.

2.La CONAIE se consolida como una fuerza política que tiene proyecciones para disputar el poder ejecutivo como ocurrió en Bolivia y, en las próximas elecciones presidenciales y de la legislatura, estará muy cerca de conquistarlo y obtener una mayor bancada en la Asamblea.

3. El Presidente de la CONAIE, Leonidas Iza, salió fortalecido como dirigente político y puede convertirse en la principal figura, del movimiento indígena, en las próximas elecciones presidenciales y de la legislatura

4. El gobierno utilizó la represión para contener el conflicto, pero se vio obligado a negociar y ceder, en parte, a las 10 demandas sociales y económicas de la CONAIE, por los efectos económicos y sociales de la protesta, el desgaste que sufrió y el hartazgo de la población por las carencias y restricciones que tuvo que soportar.

5. Si bien superó la moción de destitución del Presidente, el gobierno salió debilitado con la protesta indígena, a tal punto que al siguiente día cumplió, en lo principal, con las exigencias inmediatas de la CONAIE y solicitó a la Iglesia, la mediadora, se convoque a la mesa a las negociaciones al movimiento indígena para tratar los otro puntos de sus demandas. Su falta de gestión del conflicto político y no obligar al Ministerio de Finanzas suelte los recursos para trasladarlos a la población se refleja en la caída de credibilidad del Presidente. Esto obligará al ejecutivo, a un cambio de gabinete, en lo político, social y económico. Por otro lado, la votación de dicha moción mostró que la oposición (correísmo y Pachakutik) tendrá fuerza legislativa para frenar el interés del gobierno de aprobar leyes para terminar de montar su proyecto económico de una economía de libre mercado.

Luis Rosero M.

Después de dos semanas de la protesta indígena, bloqueo de ciudades y carreteras, que ha agravado la crisis económica, social y política, se abrió la posibilidad de un diálogo indígenas-gobierno pero, para enturbiar más la coyuntura, UNES presentó, a la Asamblea, la petición de destitución del Presidente causando más inestabilidad política desembocando en una tensa calma hasta conocer la repuesta de la Asamblea y los resultados de una posible negociación entre el gobierno y los indígenas.

En la semana anterior, la violencia subió de tono de lado y lado. El gobierno aumentó el uso progresivo de la fuerza (más represión) que ha dejado ya 5 muertes y centenas de heridos. La protesta indígena elevó su tono con la muerte de un manifestante en el Puyo, el ataque a la Controlaría, la destrucción de camiones del ejército en San Antonio de Pichincha y la toma de dos gobernaciones en provincias de la Sierra. Marlon Santi, coordinador de Pachakutik  acusó, por esta mayor violencia, a la infiltración de vándalos y la acción de grupos correistas. La apertura de las instalaciones de la Casa de la Cultura, el Jueves 23 de Junio, dio esperanza de un diálogo, pero después de estos hechos de violencia, el Viernes 24, el régimen acusó a Iza, líder de la protesta indígena y CONAIE, de golpista y aumentó la represión desalojando a los indígenas de la Casa de la Cultura y Parque del Arbolito. Santi fue más allá, declarando que si el gobierno no dialoga apoyaría la destitución del ejecutivo. Este día, el correísmo presentó, ante la Asamblea, aprovechando la coyuntura, un pedido de destitución del Presidente, que comenzó a tramitarse el Sábado 25. Al mediodía de éste hubo un encuentro entre dirigentes indígenas y representantes del gobierno para un posible diálogo. En la tarde, de ese día, el Presidente envío al asesor jurídico de Presidencia para que lo defienda y presentar descargos ante dicha petición, previamente el ejecutivo derogó el decreto de excepción en las 6 provincias para atenuar el pedido de destitución. En definitiva, el Presidente está en una encrucijada: la resolución de la Asamblea sobre su destitución o el cumplimiento total o parcial de las demandas indígenas que implicaría un diálogo y negociación.

El desabastecimiento de productos agrícolas de la sierra, el aumento de sus precios, la falta de combustibles en algunas provincias de la sierra, la pérdida de leche, muerte de pollos en granjas, la paralización de industrias, el cierre de carreteras que ha impedido la exportación de flores (sierra), banano y camarón (costa) y otros de la amazonia ha causado un fuerte impacto en la población y empresas reflejado en un mayor costo de la canasta básica y reducción de la actividad económica que implica pérdidas económicas y reducción del empleo. La situación económica, política y social es ya insostenible, no puede seguir la paralización del país, ni la débil política social y la inestabilidad política so pena de un caos generalizado. A nivel externo, el riesgo país sigue subiendo más allá de los mil puntos reflejando la gravedad de la coyuntura social y política.

El gobierno se verá obligado a negociar con los indígenas. Su repuesta inicial fue aumento del bono de desarrollo humano de $ 50 a 55, condonación de créditos vencidos hasta 3000 dólares en Banecuador, subsidio del 50% del costo de la urea y declaración en emergencia de la salud. Ya en Mayo la inflación se situó en 3.38% la que subiría a más del 4% por la protesta indígena. La CONAIE considera insuficiente esta propuesta  e insiste en sus 10 demandas que, entre las principales, son reducción del precio de la gasolina super y ecopais, precios justos para productos del campo, aumentar el presupuesto para salud y educación, pago de la deuda al IESS, mejorar el empleo y no privatización. Posteriormente, el gobierno respondió con duplicar el presupuesto para la educación bilingüe y, después, ofreció con focalizar el subsidio de los combustibles a los sectores agrícolas. El domingo 26 de Junio, en cadena nacional, el Presidente anunció que bajaría en 10 centavos al galón de la gasolina extra, ecopais y diésel y más aún, como gesto para la negociación, que se compromete a cumplir con los 10 puntos de una manera realista.  Lo cierto es que tendrá que ceder a algunas de estas demandas para lograr paz social y cierta estabilidad política.

¿Por qué hemos llegado a esta crítica coyuntura económica, social y política? Uno, en lo social, lo más visible ha sido por falta de atención en los hospitales públicos y desabastecimiento de medicinas, los problemas de falta de adecuación de la infraestructura en escuelas y colegios fiscales, el impago de la deuda al IESS (de la que pago una parte); en lo económico, la poca importancia dada a los paros de los pequeños productores bananeros y de leche, que reclamaban por no respeto del precio oficial y ofrecer una subvención a los primeros que no cumplió, la repuesta inoportuna la los pedidos de la CONAIE realizadas meses atrás, la falta de empleo, etc. y, en lo social, una débil política social que no alcanza a atender los graves problemas de desnutrición infantil, pobreza, miseria y hambre de una buena parte de la población. La interrogante clave ¿es por la ineficacia en la gestión gubernamental o por continuar con una austeridad que no asigna presupuesto para estas demandas? Lo más paradójico es que el alza de los precios del petróleo ha generado recursos que se estiman en 1000 millones y, por otro lado, la reforma tributaria ha aumentado los ingresos fiscales más allá de lo proyectado. A más de eso, hay 1000 millones adicionales que el FMI donó en DEG al país. En medio de las protestas, el FMI ha autorizado la entrega de 1000 millones por el crédito después de pasar la cuarta y quinta revisión del programa de Servicio Ampliado. Al parecer, las prioridades del Ministerio de Finanzas, son cumplir al pie de la letra los condicionamientos del FMI. Ha anunciado que se usaran los recursos del FMI para aumentar el gasto social y la inversión pública. Sin embargo, al mismo tiempo, establece seguir con la austeridad fiscal buscando reducir contratos en el sector públicos y otros gastos relacionados con la burocracia. El aspecto fundamental son las prioridades del gobierno. Al parecer por atender lo económico, no se ocupa de las necesidad e inequidad social. El régimen, en la crítica coyuntura económica, social y política, está en una disyuntiva ¿O cambia de rumbo en la política social-económica o continuará la protesta social por varias vías? Mientras tanto seguirá la encrucijada y la tensa calma hasta que la Asamblea resuelva el pedido de destitución del Presidente y el régimen inicie la negociación con la CONAIE.