Luis Rosero M.

En la coyuntura actual, el país enfrenta una crisis institucional, reflejada en las decisiones inadecuadas de algunas funciones del estado e injerencia entre éstas; por otro lado, la inseguridad ciudadana continua y todavía sigue la ineficacia en la política social que incide en la calidad de vida de la población. Todo este conjunto de acciones e inacciones generan incertidumbre sobre el accionar del gobierno y rumbo del país.

En cuanto a la política social, terminó la segunda emergencia en el Ministerio de Salud sin resolver completamente el problema del desabastecimiento de medicinas en los hospitales públicos, que resulta particularmente grave cuando no hay insumos para los que sufren de diabetes, los que requieren diálisis  y los que sufren de enfermedades catastróficas, más aún cuando se está agravando el contagio por la fiebre del mono; por otro lado, los sindicatos programan una movilización por la deuda del estado con el IESS. El gobierno firmó un acuerdo de pago, por un bajo monto, con este organismo y Solca anunció que no recibiría a nuevos pacientes por el no pago de la deuda del IESS. Además, los maestros jubilados realizaron un cacerolazo en Guayaquil por la no cancelación de la compensación jubilar, que revela el no cumplimiento del gobierno con sus proveedores y ex empleados públicos ya que aún tiene una deuda (atrasos) por 1600 millones de dólares.

Por otro lado, en el último reporte de Clik Report la población califica como mala la gestión: en un 74.1% la de Lasso, mientras que el 87.8% da el mismo calificativo a la Función Judicial y el 91.3% a la Asamblea Nacional (AN). ¿Por qué esta calificación? En el caso de esta última, por la falta de aprobación de leyes, el acuerdo de G. LLori con el gobierno por llegar a la Presidencia de la AN, su pobre accionar, etc. Mientras que, en lo relacionado a la Función Judicial, las decisiones controvertidas de los jueces abusando del habeas corpus y otros mecanismos que permitieron salir de la cárcel a ex funcionarios del Función Ejecutiva y delincuentes, además negar la posesión del Superintendente legalmente nombrado por el Consejo de Participación Ciudadana, etc. y, en lo que respecta al Ejecutivo, por su pobre y débil gestión, en su primer año de gobierno, reflejada en la ineficacia en la política social y de seguridad ciudadana, no atender a tiempo pedido de pequeños bananeros, productores de leche y otros grupos, no responder, a tiempo a demandas sociales, que llevó al paro indígena,  etc. A eso se suma, el accionar del principal consejero presidencial, que ha sido acusado por la dra. Elena Nájera, del consejo directivo del CNE, de tratar de imponerles un instructivo para elegir  a los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana (CPC) y por lo que tiene una denuncia por presunto tráfico de influencias. Además, se reveló un audio en que él amenaza al Superintendente de Bancos nombrado por el CPC para que renuncie y, que la prensa, lo ha tildado de ministro de Gobierno paralelo. Aún más, la Asamblea posesionó al Superintendente de Bancos, sin  embargo el gobierno lo desconoció e impidió, con la fuerza pública, su ingreso a las oficinas de este organismo de control. La pregunta clave, ante estos hechos, es: ¿Estas acciones reflejarían que habría injerencia de la Función Ejecutiva en la Función Electoral, Legislativa y la del CPC así como el poder actúa tras bambalinas? Pero es la Corte Constitucional y de Justicia la que debe dar la repuesta. Pero aún más, es sorpresivo que el Presidente pidió archivar su denuncia contra 5 asambleístas de PK por concusión. Estos declararon que el retiro de esta denuncia es ajeno a la decisión de votar en contra del juicio político al Consejo de la Judicatura. Al buen entendedor, pocas palabras. La revelación de estas negociaciones llevó, entre otros intereses,  a que la AN diera paso dicho juicio.

Para complicar el panorama político del gobierno, el periodista Anderson Boscan denuncia que Fabian Pozo, Secretario Jurídico de la Presidencia, sugiere a Carola Ríos como Directora de la Aduana, ex empleada del grupo Eljuri y, señala además que sr. Gotifredi, experto aduanero, es socio de Pozo, en un estudio jurídico que asesora en temas aduaneros, y participó en una reunión con la Embajada de EE. UU. sin tener la categoría de funcionario público. Boscán señala que hay un claro conflicto de intereses y que habría una estructura delictiva en la SENAE- Más aún, la AN llama a declarar a Fabian Pozo por el nombramiento de Ríos.

Estos hechos muestran la debilidad y baja calidad de la democracia ecuatoriana. Reflejaría cómo actúa el poder ejecutivo mientras declara que respeta la independencia de las funciones del estado y lucha contra la corrupción. En consecuencia, hay incertidumbre sobre la legalidad sobre las actuaciones del Ejecutivo en relación a las otras funciones. Es fundamental para una mayor la democracia respetar la independencia de las funciones del Estado, el ejecutivo debe realizar una coordinación con las otras funciones,  mejorar la gestión pública, sobre todo en lo social, para que los recursos públicos mejoren la calidad de vida de la población, etc. Un paso adelante en la coordinación de funciones la dio la AN al solicitar al Ejecutivo, reuniones de coordinación entre dichas funciones.

En cuanto al sistema aduanero y financiero, es clave, para su buen funcionamiento respetar el principio de la debida diligencia y conflicto de intereses. El Gerente del Banco del Pacifico anunció hace poco que está lista la venta de dicha institución financiera. La Superintendencia de Bancos es el organismo que supervisa y controla a los intermediarios financieros -bancos, financieras, cooperativas de ahorro y crédito- y, la Superintendencia de Compañias, a la que se nombró a su Superintendente, controla las compañías de seguros y el mercado de valores -en la que actúan casas de valores y otros actores bancarios y no bancarios. Sin duda, el conflicto de intereses es un tema fundamental en el sistema financiero que incluye a intermediarios bancarios, aseguradoras y los actores en el mercado de valores.

Luis Rosero M.

La calidad de la gestión pública es un importante indicador para medir la eficacia y capacidad de un gobierno para obtener los objetivos trazados en su plan de gobierno, a través de políticas públicas, e influye directamente en la calidad de vida de la población y, en consecuencia, en el bienestar general.

La calidad de vida de la población tiene varias dimensiones, entre ellas, la económica (empleo, ingresos, acceso a la canasta familiar, etc.), social (satisfacción de las necesidades básicas -salud, educación, vivienda-, cultura, entretenimiento, la seguridad, respeto a los derechos humanos, y tranquilidad ciudadana) y la dimensión ambiental (sanidad, calidad del medio ambiente, etc.).

Desde inicios de 2020, el mundo y nuestro país sufrieron los efectos del covid en la salud, economía, en lo social, etc. dejando una secuela de aumento del desempleo, subempleo, pobreza, hambre, etc. Ahora en 2022 no vemos inmerso en la invasión rusa a Ucrania que trajo efectos económicos (menor crecimiento e inflación) y sociales; ahora, desde la mitad del año, estamos con la epidemia de la viruela del mono. Todos estos fenómenos han deteriorado la calidad de vida de la población ecuatoriana.

Como consecuencia de dicha invasión, en 2022, se proyecta un menor crecimiento económico del país con sus efectos de desempleo, subempleo y aumento del sector informal y, por otro lado, una mayor tasa de inflación, a nivel mundial, que ha deteriorado la calidad de vida de la población. El Banco Central sigue manteniendo una proyección de crecimiento económico de 2.8%, pero laa Cepal lo sitúa por debajo de esa cifra; a Junio la tasa de desempleo fue de 4% pero el subempleo alcanzó 23.6% y el sector informal ya llega a 5 millones de personas. Si bien a Julio bajó la tasa de inflación anual a 3.8%, la canasta familiar básica aumentó a $ 754 dólares lo que implica encarecimiento del costo de vida y, en consecuencia, menor acceso a ella. El indicador que muestra como se deteriora el nivel de vida es el de pobreza que, a Diciembre de 2021, alcanzó 39.2% y la pobreza por ingreso, a Junio de 2022, llegó a 25%, o sea una cuarta parte de la población. La Cepal proyecta que, en 2022, ésta llegaría a 29.7%. Aún más, según el Programa Mundial de la ONU, 2.5 millones de ecuatorianos no comen o lo hacen solo una vez al día.

A más de eso, en lo que va del mes de Agosto, los problemas de seguridad ciudadana continúan. Las explosiones registradas en viviendas del Cristo del Consuelo y la Floresta, en Guayaquil, al parecer por ataques de traficantes, que se suman el aumento de los sicariatos generan -sobre todo en la zona 8: Guayaquil, Samborondón y Durán, más zozobra e incertidumbre en la seguridad ciudadana, a pesar de haber declarado estado de excepción en dicha zona. Es un reflejo de la ineficacia de la política de seguridad aplicada por el gobierno y que los expertos la califican como falta de voluntad política.

Por otro lado, si bien el gobierno ha iniciado una estrategia para abastecer de medicinas a los hospitales púbicos -como la externalización de la provisión de éstas en farmacias privadas-, La Hora  reportó que continúa la escasez de medicamentos. Lo más paradójico, es con el IESS que, a pesar de que los afiliados realizan sus aportes, tienen que comprar medicamentos debido a que sus hospitales están desabastecidos de éstos. El Comercio informó, además, que los jubilados del IESS acaban su pensión en tratamientos médicos. Más aún, el Ministerio de Finanza todavía acumula 1600 millones de dólares en atrasos. Ha firmado acuerdos de pago con los GADs por 132 millones, con el Ministerio de Salud se definió deuda de 100 millones y con el IESS se han transferido 140 millones con los cuales dicha institución ha cancelado deudas parciales con Solca e instituciones médicas. Todo lo anterior es un reflejo del deterioro de los servicios públicos Se reitera nuevamente que las prioridades en la política públicas no están precisamente en lo social, tal como lo prometió el nuevo ministro de Finanzas, a pesar de lo acordado con el movimiento indígena después del paro.

En síntesis, a más del deterioro de la calidad de vida de la población, por factores económicos, se suma lo social en lo referente a la seguridad ciudadana que, por la ineficacia de la estrategia de ésta, la sociedad está sumida en un estado de temor por los hechos de violencia -por narcotráfico o delincuencia común- e intranquilidad ciudadana que se siente indefensa y en estado de zozobra que ya está afectando su movilidad y salud mental.

Luis Rosero M.

La historia económica y social, en los últimos 55 años, de Argentina ha sido de recurrentes crisis que reflejan una lucha distributiva y una pobre clase política incapaz de generar estabilidad política y económica así como un modelo productivo, revelando sus profundos problemas estructurales, que conduzca al crecimiento económico sostenido y contribuya al bienestar de la población para reducir la pobreza y deterioro de las condiciones de vida de las grandes mayorías.

En mi libro El fracaso de la convertibilidad y lecciones para la dolarización (U. de Guayaquil, segunda edición 2004) analizó como los gobiernos militares (1966-1981) aplicaron modelos neoliberales que fracasaron dejando graves desequilibrios macroeconómicos y mas pobreza; en el gobierno radical de Alfonsín (1983 – 07/1989) se desata la hiperinflación y la contracción económica mientras que el peronismo con Menen (07/1989 – 07/1999 ), con Cavallo, aplica la convertibilidad y logra controlar la hiperinflación y reactivar la economía pero el efecto tequila (1994) desequilibra la economía terminando su segundo período con una estanflación. Nuevamente el Radicalismo gana el poder (7/1999 -2001) que fracasa en lo económico y aplica el corralito en Diciembre de 2001 teniendo que renunciar por las protestas y cacerolazos. Hay un caos económico, en la que en una semana se nombran varios presidentes, para finalmente en Enero de 2002 se elige a Duhalde como Presidente que aplica varias medidas y elimina la convertibilidad. Retoma al poder el peronismo con el kirchnerismo (05/2003 -12/2015), la derecha alcanza el poder con Macri (2015/2019) que obtiene un crédito de 55000 millones de dólares y hubo un aumento de la pobreza al 33%. Finalmente, vuelve el peronismo, con A. Fernández (12/2019 – hasta la fecha).

A. Fernández llega al poder por C. Fernández (Vicepresidente), siendo un gobierno débil y toma decisiones tardíamente en lo económico y social. La disputa entre él y la Vicepresidente) debilita aún mas a su gobierno. Nombró a M. Guzmán como Ministro de Economía (12/2019 – 07/2022) que logró renegociar el acuerdo con el FMI firmado por Macri y aplicó varias medidas como un tipo de cambio múltiple, aumento de la RMI, incremento de tasas de interés para controlar la inflación, etc. Sin embargo, la economía, afectada por la pandemia del Covid de 2020-21, ya dese inicios de 2022 comenzó un periodo de depreciación cambiaria, presiones inflacionarias, salida de capitales, aumento de la pobreza, etc. Si bien se nombra a una Ministra de Economía pero renuncia y es reemplazada, en Agosto de 2022, por Sergio Mazza, un abogado dirigente de un partido minoritario de la coalición de gobierno, reestructurando el Ministerio de Economía, absorbiendo a varios ministerios entre ellos el de Energía y Agricultura, convirtiéndose en un Superministro.

El panorama económico, ya inicio del segundo semestre de 2022, muestra la gravedad de la crisis reflejado en una inflación anual, a Julio, de 71%, un dólar paralelo (blue) que alcanzó, el viernes 22 de Julio, 330 pesos, siendo el tipo de cambio oficial mayorista de 134 pesos (12/08/2022) mientras que el riesgo país llegó a 2935 puntos, la RMI solo estaban en 37000 millones de dólares, etc. A eso se suma, la deuda bruta tiene un nivel del 80.1% del PIB de la cual, la deuda externa pública representa el 31.5%,  y el desempleo 7% (IT 2022), el déficit fiscal primario fue, a Mayo de 2022, 162.411 millones de pesos,  hay dolarización en ciertos sectores de la economía, etc. En lo social, la crisis se refleja en la pobreza de 37.3% -16.8 millones bajo la línea de pobreza- (II semestre/2021) e indigencia 8.2%.

La depreciación constante del peso lleva al aumento de las expectativas de inflación y éstas a su vez conducen al aumento de precios de los productos de la canasta básica. Como consecuencia, crece el costo de ésta, a Junio de 2022, aumentó 4.6% o sea a 104.217 pesos (a tipo de cambio minorista 130.4) representa 799 dólares. Para poder ayudar a los mas pobres el gobierno otorga subsidios como a la energía (gas y electricidad), por cada hijo, etc.

En consecuencia, los principales problemas económicos que enfrentará el nuevo Ministro de Economía, son la depreciación, la inflación, el déficit fiscal y el pago de la deuda externa. Por lo que enfrentará los riesgos de un corrida cambiaria y financiera, la hiperinflación que deteriora el nivel de vida de la población, el pago de la deuda externa y reducir el desequilibrio fiscal. Por ello, buscaría asegurar el cumplimiento del convenio reformulado con el FMI que apunta a los dos últimos objetivos. Por lo tanto, sus primeras medidas, apuntan a reducir el déficit fiscal, entre ellas racionalización de subsidios -como lo exige el convenio con el FMI-, y aumentar las RMI para asegurar recursos para el pago de la deuda pública así como mantener la inclusión social para aplacar el descontento social que se expresan, ya desde el primer trimestre de 2022, en protestas de los movimientos sociales por el aumento de la inflación y el deterioro del nivel de vida.

Luis Rosero M.

Ayer fue investido cómo Presidente de Colombia, Gustavo Petro, que marca un cambio histórico, en la política de ese país, en el cual han sido los ejecutivos de derecha. Sin embargo, asume en condiciones triplemente adversas ya que enfrentará la fuerte oposición de los grupos económicos y de los partidos que representan esa tendencia, por el entorno económico internacional y nacional así como por la crisis social estructural que enfrente

En lo social, la violencia tiene más de medio siglo y sus raíces se relacionan con la concentración de la riqueza e ingreso. Como consecuencia surgió la guerrilla, luego los paramilitares y los carteles de la droga. En lo social, Colombia, con 48 millones, tiene una pobreza estructural cuyo nivel alcanzó en 2021, según la CEPAL, 36.3% y proyectó que, en 2022, alcanzaría 39.2% siendo el país en que más crecería la pobreza agudizada por la inflación, la invasión rusa a Ucrania, etc. Los lideres sociales luchan contra esta grave situación social, mientras que estado colombiano ha seguido una política sistemática de desaparición de éstos últimos. En el la novela gráfica El olvido que seremos, a partir del libro, del mismo nombre, su hijo cuenta la historia de Héctor Abad Gómez, un médico de Medellín, un luchador social asesinado en Agosto de 1987, por defender derechos humanos en el contexto de la represión contra éstos y la deplorable situación social.

Petro, un ex guerrillero, gana y asciende al poder por la crítica situación social, por ser el depositario de la esperanza por mejores dìas y a la incorporación de Francia Márquez, como candidata a Vicepresidencia, líder social, luchadora por el medio ambiente, defensora de los derechos humanos, feminista y representante del pueblo afro. Dicha crisis dio lugar al estallido social del 5 de Mayo de 2021, cacerolazos y su represión por el gobierno de Duque, por la agudización de las criticas condiciones sociales del país, como el aumento de la pobreza y el hambre, el conflicto armado que ha generado miles de desplazados, concentración de la tierra, el accionar de los carteles, la desaparición de líderes sociales, la deplorable política social, etc. Por otro lado, la situación económica del país se ha agravado por la alta inflación que Julio alcanzó el 10.2%, influida por la depreciación continua del peso que, en Abril de 2018 se cotizaba en 2707 pesos por dólar y al 22 de Julio de 2022 alcanzó 4616 pesos, representando una depreciación del peso de 171% en ese periodo. A eso se suma, que la tasa de desempleo que a Junio de 2022 alcanzó 11.3% y el subempleo llegó a 8.4%. Además, el país registra un déficit fiscal y arrastra una deuda pública que equivale a la mitad del PIB.

Petro de manera inteligente negocio con varios partidos y buscó la unidad nacional y formó un gabinete equilibrado con un ministro de Hacienda experimentado, profesor de Columbia y ex director ejecutivo de la CEPAL y un ministro de relaciones exteriores con experiencia. Su programa de gobierno es muy ambicioso y pretende aplicar algunas reformas estructurales. Entre lo más relevante en cuanto a educación esta garantizar el acceso a los jóvenes a la educación pública y de calidad a nivel tecnológico y universitario; en salud, establecer un sistema único, público y universal que no dependa de la capacidad de pago; en economía, dar un empleo con salario básico a quienes no puedan encontrarlo, garantizar un ingreso mínimo por arriba de la línea de pobreza, activar la reforma agraria establecida en los acuerdos de paz; en seguridad y conflicto buscaría reforma a las fuerzas armadas, pasar a la policía bajo el Ministerio del Interior o de Justicia, instaurar una política de protección a los lideres sociales. En su investidura planteó una reforma tributaria, para obtener recursos para su política social para mejorar la equidad y lograr la paz social gravando a los que mas tienen, reduciendo las exenciones tributarias y la evasión fiscal.

Un programa difícil de cumplir tanto por la adversa coyuntura económica internacional como nacional y, por otro lado, que enfrentará la fuerte oposición de la derecha para ejecutar sobre su política social que requiere de recursos con su reforma tributaria y los cambios en reformas en seguridad y conflicto. Los shocks externos como el fortalecimiento del dólar y debilitamiento del peso continuarán lo que aumentará la inflación y aumento del costo de la canasta básica que a Junio de 2022 alcanzó 751 dólares deteriorando las condiciones de vida. Por otro lado, la recesión en EE.UU que ya se inició así como la posibilidad que surja en la Unión Europea y la mundial que se pronostica en 2023 aumentará las dificultades en su sector externo y mercado de trabajo. A pesar de ser un país semi industrializado persistirá con su economía primario exportadora. La crítica situación continuará lo que requerirá una mayor afluencia de recursos para la política social. Las reformas en seguridad y conflicto, que buscan una paz duradera, serán muy complicadas por la tradicional doctrina conservadora de las fuerzas armadas y policía nacional.

Paradójicamente, la derecha frenará el programa de gobierno de Petro que llevará a más protestas sociales y no estará muy lejos de otro estallido social. Sólo éste podrá frenar la política de oposición de la derecha. Petro enfrenta una encrucijada pues tratará de mejorar las condiciones sociales pero las condiciones económicas adversas como dicha política limitarán su accionar y, más aún, corre el riesgo de que las fuerzas oscuras continúen manejando el estado para seguir con la política de represión y los grupos económicos, buscarán seguir manteniendo la concentración de la riqueza y del ingreso. En síntesis, el cambio de rumbo será difícil pero no imposible de lograr, pues un excombatiente conoce de tácticas y estrategias que le ayudaran a negociar para mejorar la equidad social a fin mejorar las condiciones de vida de las grandes mayorías.