Luis Rosero M.

En el tercer artículo, sobre este tema, traté sobre el aspecto social. En éste me referiré a lo político y como esta variable influye en la gobernabilidad y en la percepción de la población sobre la capacidad y credibilidad, de la población, en el gobierno, y, cómo se ha complicado aún más la situación política que, en el contexto de la coyuntura económica internacional, ha derivado en complejizar el manejo de política económica.

El 13 de Junio de 2022 se inició el paro indígena que finalizó después de 18 días. En este período, el país estuvo semiparalizado y el gobierno se vio obligado a negociar las 10 demandas de la CONAIE para tratar de alcanzar cierto grado de gobernabilidad. Se llegó a un acuerdo, pero previamente el gobierno había bajado el precio de la gasolina extra, eco y diésel en 10%, declaró en emergencia al sector salud, decretó un subsidio a la urea de 50%, prometió la condonación de las deudas de hasta 3000 dólares, etc. Con el acuerdo, se redujó el precio de los tres combustibles en 15%, se suspendió el estado de excepción, etc. y establecieron mesas de negociación para condonar las deudas, restructuración y nuevos montos de crédito, la focalización de los combustibles, etc. Si bien, el paro dejó pérdidas de alrededor del 1% del PIB, vandalismo, represión expresada en 6 muertos y cientos de heridos, etc., el movimiento indígena logró lo que antes ninguna organización política había alcanzado y, sobre todo, obligó a ceder al gobierno para que atienda sus demandas. Para este movimiento es un éxito político y el gobierno sufrió un desgaste y caída en su credibilidad.

En las mesas de negociación, hasta el momento, se acordó y se cumplió con condonar deudas hasta 3000 dólares, restructuración y nuevos montos de crédito y se estableció la metodología para la focalización de los combustibles, que deberá entrar en vigencia en 90 días. A más de eso, la UNE, después de una protesta, con una resolución de la Corte Constitucional, logró que se ponga en vigencia la reforma a la Ley de Educación Bilingüe para la equiparación del sueldo de los maestros. Así, en la coyuntura, el gobierno debe cumplir con lo acordado con el movimiento indígena y maestros. Sin duda, esto significa asignar más recursos del presupuesto del estado para cumplir con estas demandas.

Ahora conocemos que, por mantener la austeridad fiscal, a toda costa, en un contexto de mayores ingresos públicos, y no considerar, en la política económica, los aspectos sociales y políticos, el Ministro de Finanzas, Cueva, se vio obligado a renunciar. El nuevo ministro, Arosemena, ofreció destinar recursos del presupuesto para cumplir con lo acordado con indígenas y, ahora tiene además la presión de los maestros. Esto obligará a una renegociación del acuerdo con el FMI.

Además, la coyuntura económica del país se complica por la tendencia, a nivel mundial, del aumento de la inflación e incremento de las tasas de interés, para frenarla, así como por la fortaleza del dólar y depreciación de las principales monedas latinoamericanas. En el país, en los dos últimos meses, la inflación ha aumentado, de manera importante, a lo que se agrega que se incluyó al país en una tendencia de mayor riesgo de pago de su deuda externa y, para complicar el panorama, los organismos internacionales prevén una contracción económica mundial en 2023, mientras que ya EE.UU. entró en una recesión técnica, en el segundo trimestre de 2022, además de que el propio FMI revisó a la baja la tasa de crecimiento de las principales economías industrializadas y de Latinoamérica.

La coyuntura política, dejó como resultado que el gobierno debe cumplir el acuerdo con el movimiento indígena y, ahora, con los maestros, que implica presión sobre el presupuesto del Estado. Más aún, con la nueva mayoría opositora en la Asamblea, se complica el aspecto político para el gobierno. La situación de la economía mundial complejiza el panorama y ahora se torna más difícil cumplir con las demandas sociales logradas por dichos grupos. Se avecina entonces, una desaceleración económica, en este año, mayor inflación, más desempleo, subempleo y crecimiento del sector informal que desembocaría en mayor pobreza, miseria y hambre. Le toca al gobierno, de manera inteligente, cumplir con dichas demandas -so pena de nuevas protestas- y tratar de atenuar los efectos sociales de la desaceleración económica con subsidios, lo cual complica aún más el manejo económico.

Luis Rosero M.

En los dos primeros artículos, sobre este tema, tratamos el aspecto económico, en el presente analizaré lo social. La coyuntura que vivió el país, por el paro indígena, provocó una serie de cambios en el accionar del gobierno que solo fueron posible por la protesta social en las calles, la cual logró que se cumplan algunas de las demandas del movimiento indígena y necesarias para mantener la gobernabilidad.

La política social, principalmente salud y educación, fue muy pobre en el primer año de Lasso. En este período, dio más importancia al aspecto económico relegando la política social. El ex Ministro de Finanzas, Cueva, privilegió equilibrar las indicadores macroeconómicos, en especial el déficit fiscal. Tuvo éxito en alcanzar ese objetivo, basada en una reforma tributaria regresiva y aumento del precio del petróleo a más de la donación de 1000 millones en DEG por parte del FMI, pero el costo fue la protesta social que, liderada por el movimiento indígena, obligó al gobierno a sentarse a negociar las diez demandas de la CONAIE.

La prensa y los organismos internacionales reportan los problemas de la política de salud. El Universo publicó la declaración de un familiar de un usuario de un hospital público“Como juegan con la salud de un pobre, en más de dos años no conseguimos cita centro de salud para mi hermano que una sonda para orinar”, La Hora reporta que los ecuatorianos gastan más de 132 millones al año y  Unicef informa que en Ecuador la desnutrición crónica infantil afecta a 1 de cada 3 niños menores de 2 años, si a eso le agregamos el desabastecimiento en hospitales públicos y del IEES, tenemos una idea de la gravedad de la política de salud. Ha pasado mas de un año para que el gobierno inicie la externalización de la provisión de medicinas en farmacias privadas de forma gratuita y recién el 21 de Julio el Ministerio de Salud suscribió 125 contratos para adquirir medicamentos en el marco de la declaración de emergencia del sector salud. Además, el IESS firmó un convenio con el Ministerio de Finanzas para la entrega de 140 millones, lo cual sirvió para que el IESS le transfiera 22 millones a Solca. Esto muestra que solo la presión de la protesta social logró resultados. Si bien lo mejor que ha hecho este gobierno, en salud, es el plan de vacunación masiva anticovid, sin embargo hubo períodos en que se registró falta de vacunas infantiles para la prevención de la salud de los niños y la exMinistra de Salud enfrentaría una solicitud de juicio político en la que se alega la provisión de medicamentos con  una empresa privada a la que ARCSA ha suspendido temporalmente los Certificados de Buena Práctica de Manufactura a dos establecimientos de dicha empresa y no se realizaron los contratos de limpieza de hospitales públicos con las entidades de la economía popular y solidaria después de la pandemia. Aún más, hubieron algunas críticas, de parte de gremios profesionales, por el nombramiento del nuevo ministro de Salud, que fue del entorno de la ex Ministra.

Por otro lado, en la costa, se iniciaron las clases pero muchas escuelas y colegios públicos tenían problemas de infraestructura y de refacción de ésta y el gobierno sigue dando largas a la establecido en las reformas a la ley de Educación Intercultural sobre la equiparación salarial y la Corte Constitucional denegó los pedidos, según reporta El Comercio, “de aclaración, ampliación y modulación presentados por la Procuraduría y la Presidencia respecto del dictamen 2-22-OP/22. Con lo que ratifica una vez más la ejecución de la equiparación salarial docente en un plazo de 90 días.”

La protesta social ha permitido que hasta el momento a más de declarar la emergencia en el sector salud, se rebaje 5% más el precio de la gasolina extra y eco a lo establecido por el gobierno, se dio un subsidio de 50% a la urea, etc. Y en las mesas de dialogo indígenas-gobierno ha logrado, hasta el momento, y que cuenta con la resolución de Junta Financiera, la refinanciación o restructuración de crédito en segmentos microcrédito, productivo pymes y educativo, y, por otro lado, se logró la condonación de crédito de hasta 3000 dólares y, en otra mesa de diálogo, se avanza en la focalización del subsidio a los combustibles.

El aspecto fundamental, en la política pública, es definir prioridades. La política social debe hacer cumplir los derechos fundamentales de los ciudadanos como son el derecho a la salud y la educación, entre otros. De que vale que mejoren los indicadores macroeconómicos, lo cual es adecuado pero no afectando el nivel de vida de la población, cuyo deterioro social se refleja en la elevación del costo de la canasta básica y en el subempleo, sector informal, pobreza, hambre y miseria. Lo que en la práctica funciona para los movimientos sociales para exigir una buena de política pública, en lo social, es la protesta social, lo cual demuestra que, una vez más, es el único lenguaje que entienden los gobiernos para cambiar de rumbo en la política pública, como ha sido en el caso de Chile, Colombia, Panamá, etc.

Luis Rosero M.

Las negociaciones del gobierno con el movimiento indígena -después del paro de 18- se iniciaron para tratar los puntos pendientes de las diez demandas de la CONAIE. En el artículo anterior tratamos principalmente sobre los costos del paro, seguiremos en el aspecto económico, en este artículo, sobre los riesgos a que corre el país por las nuevas tendencias en la economía mundial.

En efecto, al 14/07/2022, el riesgo país alcanzó 1562 que refleja el nivel crítico de la economía visto desde la perspectiva de los mercados financieros internacionales. Así, el cumplimiento de las demandas indígena, reduce el margen de maniobra del gobierno para manejar las finanzas ya que debe asignar recursos para éstas, dejando menos recursos para el pago de la deuda social, reactivar la economía y reducir los atrasos en pago a los proveedores. Arosemena, el nuevo ministro de Finanzas, señaló que su plan consta de 3 ejes: asegurar el gasto social, bajar el costo de la vida y atrasos e impulsar la construcción pública. En la coyuntura económica, en el corto y mediano plazo, se presentan al menos 4 riesgos.

Primero, hay la posibilidad contracción económica. El Banco Central sigue manteniendo su estimación de crecimiento en 2.8% para 2022. Sin embargo, a pesar de que el crecimiento para el I trimestre, de este año, fue 3.8 %, el paro indígena significó perdidas de alrededor de 1% del PIB lo que reduciría la tasa de crecimiento proyectada. Más aún ya se anuncia una posible recesión en EE.UU así como en Europa, para este año, y el FMI informó que no se puede descartar una recesión mundial para 2023, lo que implicaría para el país que continue la contracción económica en 2023.

Segundo, hay la probabilidad de no cumplir con la mayor asignación de recursos para el gasto social. El ministro tendrá para cumplir con su propuesta económica tiene que realizar un fino manejo de las finanzas. Lo cierto es qué si no asigna recursos para una política social fuerte y activa aumentaría el malestar social y habría un deterioro del nivel de bienestar de la población y, si este no es compensado con transferencias sociales, habrá una reducción del nivel de vida de la población.

Tercero, aunado a lo anterior, si la inflación sigue aumentando, como muestra la tendencia, el costo de la vida crecerá, deteriorando aun más las condiciones de vida de la población lo cual, sin una compensación social, conducirá a más pobreza, miseria y hambre resurgiendo nuevamente la protesta social.

Cuarto, el alto riesgo país preocupa por la percepción de riesgo de los mercados financieros internacionales referente al pago de la deuda externa del país. De acuerdo con un reporte de La hora: “Según el ranking de vulnerabilidad de la deuda soberana, que mide las posibilidades a corto plazo de que una economía no tenga suficiente dinero para pagar todas sus obligaciones, Ecuador está en el puesto 19. Solo por debajo de otras economías regionales como Argentina y El Salvador” Ya hay algunos países que ya están en posibilidad de default y según Reuters “el aumento de los costos de los préstamos, la inflación y la deuda avivan el temor a un colapso económico…La suma de los costos es llamativa…los  analistas calculan que hay 400 mil millones de dólares de deuda en riesgo. Argentina es el país más expuesto con 150 mil millones de dólares; le siguen Ecuador …con 40 mil millones…”

En fin, el gobierno está en la encrucijada de responder a tiempo a la evolución de estos indicadores. Si hay contracción económica se generará desempleo, subempleo y mayor sector informal; si no se asignan suficientes recursos para el gasto social y sigue aumentando la inflación habrá deterioro social y, en consecuencia, manifestaciones sociales y, en el mediano plazo, hay una tendencia a la no sostenibilidad de la deuda. El gobierno está al filo de la navaja,  pues si no hay recursos adecuados para lo social y, trata de frenar la inflación así como reactivar la economía tendrá que enfrentar nuevamente la protesta social y, el país, en el mediano plazo podría verse abocado a una renegociación de la deuda externa no solo público sino también privada.