Luis Rosero M.

Los recientes hechos delictivos muestran la tendencia al aumento de la inseguridad ciudadana que afecta al bienestar de la ciudadanía y, en esta coyuntura, se va configurando una tendencia al deterioro económico expresada por la evolución de algunos indicadores económicos.

Entre Agosto y Setiembre de 2022, han sucedido 4 graves actos de violencia. Primero, el lunes 19 mataron, en pleno centro de Guayaquil, a un fiscal, que estaba encargado de casos de femicidio, narcotráfico y otros delitos. Sería el tercer fiscal asesinado, mostrando que no solo aumenta la inseguridad ciudadana sino además de los funcionarios judiciales. Segundo, entre Enero y Septiembre 3 de este año se registraron 206 femicidios que es mas alta que en el mismo periodo de 2021, las estadísticas señalan que van 1247 casos desde 2014 cuando se estableció como delito. Tercero. Hace más de una semana, se dio la desaparición de María Belén Bernal, esposa de Germán Cáceres e instructor de una escuela policial en Quito. Lo grave de este delito es que sucedió al interior de dicha escuela y se acusa que se dejó escapar al esposo que es el principal sospechoso. Testigos señalan, según medios de comunicación, que vieron a Cáceres salir de la escuela con un bulto y se encontró manchas de sangre en su auto y habitación. Sin embargo, lo que es más grave aún, es que no hay registros de la entrada de Ma. Belén y salida de Cáceres de dicha escuela. Cuarto, hubo un secuestro en Guayaquil y los secuestradores entraron y salieron de una urbanización en que vive el Presidente de la República. El experto urbanismo y seguridad, Fernando Carrión, twiteo: “La desaparición de# MaríaBelenBernal se produjo en un recinto policial. Hubo un secuestro en la urbanización cerrada donde está la casa del presidente. big money muere luego de ir a ministerio de Defensa. Que pasa en este país”. Si a eso le agregamos las varias masacres carcelarias que dejaron cientos de muertos y además el aumento de los casos de desapariciones como el de los jóvenes que, desde 2018 no se encuentra a 2299 chicos. Los hechos hablan por sí solos muestran el cuadro de violencia e inseguridad ciudadana creciente que vive el país que afecta seriamente al bienestar social porque la gente tiene temor y restringe su movilidad y, por otro lado, está limitando la actividad económica en ciertos sectores.

Pero la pérdida de bienestar social no solo se produce por la violencia, sino que además que, a pesar, de haber establecido sistema de abastecimiento de medicinas en hospitales públicos, todavía hay escasez en algunos de estos; por otro lado, los centros médicos a los que acuden los pacientes que acuden con diálisis reclaman por pago al gobierno; a más, hace pocos días, Solca reclamaba el pago al gobierno de su deuda; a eso se suma que continua pendiente el pago de la alta deuda del gobierno al IESS, que limita la prestación de sus servicios. El Ministro de Finanzas declaraba que había celebrado un convenio para el pago por 300 millones al IESS cuando dicha deuda es de 8531 millones de dólares, según El Universo.

Para agravar la coyuntura que vive el país, en lo económico, hay indicadores preocupantes que mostrarían la tendencia de la situación económica. La inflación a Agosto de 2022 fue de 3.7% que, si bien hay una ligera baja respecto al mes anterior, el costo la canasta básica aumentó, dejando a algunos familias sin consumir parte de ésta. Por otro lado, la tasa de desempleo, en Julio, alcanzó 3.9% pero lo más crítico es la tasa de subempleo, aunque bajo, fue de 22%, y, la tasa de empleo adecuado bajó a 32.1%. Lo mas preocupante es la desaceleración de las exportaciones en Julio y la proyección de Citibank sobre la tasa de crecimiento de 2022 a solo 1.8% aunque el Banco Central la mantiene en 2.8%.

En síntesis, los hechos de violencia recientes muestran que hay un aumento creciente de la inseguridad ciudadana y problemas de abastecimiento de medicinas en hospitales públicos que afectan al bienestar social de la ciudadanía y, por otro lado, son preocupantes la evolución de los indicadores económicos que tenderían a una inflación mas alta, un aumento del costo de la canasta básica y posible reducción del ritmo de crecimiento económico en 2022. Si los organismos internacionales proyectan una posible recesión mundial en 2023, tendríamos un deterioro económico, en el país, no solo en 2022, sino además en 2023.

Luis Rosero M.

La opinión ciudadana, respecto a las funciones del estado, refleja el sentir de la población sobre la gestión pública y es un indicador de la esperanza o desaliento de la ciudadanía respecto al ejercicio del poder de dichas funciones e indicio la calidad de dicha gestión.

La encuestadora Click, en su informe de Agosto de 2022, revela datos sobre la opinión ciudadana respecto a lo que pasa en el país. En la pregunta ¿Cómo califica la situación del país? El 79.6 % de los encuestados responde muy mala; se le consulta además ¿El país esta mejor o peor que hace un mes?, el 70.9% indica que está peor. En cuanto a las funciones del Estado, se pregunta sobre la gestión del Presidente de la República y el 74.1% responde mala, mientras que la calificación para la Función Judicial, la mayoría responde (87.4%) mala y respecto a la Asamblea Nacional el 91.3 señaló que el 91.3% es mala. Respecto al principal problema del país la calificación fue: la delincuencia 32.8%, desempleo, 19.8%, crisis económica 19.5%, corrupción 10.9%. Son datos preocupantes y muestra la desesperanza de la población sobre la gestión de las funciones del estado y el estado calamitoso del país respecto a su situación.

¿Por qué hemos llegado a esta situación? En gran medida es por la calidad de la gestión pública. En cuanto a las funciones del Estado refleja la mala calidad de su gestión y esto obedece, en gran medida, al no cumplimiento adecuado o irregular de sus tareas, que están señaladas en la Constitución. En cuanto a la función Ejecutiva, hay denuncias sobre la injerencia en otras funciones del Estado,  aumento de la inseguridad ciudadana, conflictos de interés en altos funcionarios públicos, fallas en el abastecimiento de medicinas en hospitales públicos, inseguridad, etc. A más de eso, el ejecutivo desconoce decisiones de la Asamblea Nacional (AN). En la Función Judicial, los fallos de los jueces, por ej. en el habeas corpus, que tienen sesgos marcados de irregularidades, por otro lado, liberar a delincuentes, con artimañas legales, antes de que cumplan su condena, a lo que se agrega decisiones judiciales que detienen decisiones de la AN, etc. La Asamblea Nacional, tiene baja calificación, entre otros aspectos, por no generar suficientes proyectos de ley y aprobarlos, dictar resoluciones que podrían ser irregulares o inconstitucionales, no respetar decisiones de otras funciones, etc. Esto revela una crisis institucional no solo de las funciones del Estado sino además en otras organizaciones como los movimientos políticos y el uso del poder económico y financiero para favorecer sus intereses.

En cuanto a los principales problemas del país, el que está en primer lugar es la inseguridad ciudadana y refleja la dificultad del gobierno para tratar de controlar a la delincuencia y a los grupos criminales y el sentir del malestar, miedo, zozobra, etc. del ciudadano común, que no solo es un temor generalizado sino también una reducción de su calidad de vida al tener restricciones en su movilidad y disfrute de vida. Los dos siguientes problemas que señalaron los encuestados son el desempleo y crisis económica, que están relacionados directamente con la economía del país. La disminución del nivel de actividad económica, en 2022, en parte por factores externos y por la gestión gubernamental, lleva a que continúen los problemas en el mercado de trabajo. Más aún, cuando el Citibank pronostica un crecimiento de 1.8% para este año.

Esta crisis política, social y también, en parte económica, se da cuando una parte importante de la población sigue batallando con pobreza, hambre y miseria resistiendo para vivir. En sí, lo que refleja la encuesta es el malestar, desencanto y desilusión respecto a la gestión de las funciones del Estado que, frente al deterioro de las condiciones sociales y económicas del país, no hacen el suficiente esfuerzo para enfrentar los problemas del país ni enderezan el rumbo de su gestión que evite el precipicio al que se dirige la nación. A eso se suma que, los grupos políticos están más preocupados por las elecciones secciones de 2023, a más de que pesan más sus intereses específicos que el bienestar común.  En Argentina, con la grave crisis de fines de los inicios del siglo XXI, retumbo el grito que se vayan todos por el mal accionar gubernamental y de los grupos políticos. Es hora de anteponer el interés del país al de los grupos políticos y económicos para salvar al país de un descalabro total. Si la situación se sigue deteriorando las protestas sociales pueden poner fin a esta situación y obligar a enfrentar la situación, enderezar el rumbo y apoyar la democracia  con justicia social.

Luis Rosero M.

La Argentina tiene una crisis económica agudizada por el deterioro social y agravada por el intento de asesinato a su Vicepresidenta que, en parte, obedece al discurso de odio de la oposición y el clima preelectoral. Lo crítico de la coyuntura es que estas crisis son recurrentes y de carácter estructural.

Reflejo de este tipo de crisis son los desequilibrios macroeconómicos, como es la escalada hiperinflacionaria qué a Julio su índice fue 7.4% y el interanual llegó a 71%. Parte de la fuente de inflación es su sistema cambiario que tiene 6 tipos de cambios diferentes que alimentan el alza de precios (el tipo de cambio mayorista alcanzó 139,01, el minorista 145,8 -el 1/09/2022- mientras que el blue – el del mercado negro marcó el viernes 2/09 $ 285 pesos por dólar). Además alimentan la inflación, las remarcaciones de precios de las empresas a pesar de que el gobierno mantiene el sistema de precios vigilados de la canasta básica. Para tratar de frenar la inflación, el Banco Central  aumentó la tasa de interés de referencia de 60 a 69.5% que a su vez conduce a restringir el nivel de actividad económica. Pero, además el país enfrenta una restricción financiera externa pues las divisas que ingresan no alcanzan para cubrir sus necesidades de pagos al exterior. A eso se suma, las pérdidas de RMI. El saldo comercial negativo en junio y julio redujeron el superávit que venía manteniendo la balanza comercial en los primeros cinco meses del año. A eso se suma, una deuda pública representa el 80.1% del PIB y la externa llega a 31.5% (pública y privada). Para ilustrar la situación social solo basta señalar que los hogares bajo la línea de pobreza llegaron a 27.9% y, si consideramos por persona, 37.3% respectivamente en el II Semestre de 2021.

El exministro de Economía, M. Guzmán, del gobierno de Fernández, renegoció el acuerdo con el FMI, que Macri firmó en 2018 con el que obtuvo un crédito de 57.000 millones de dólares que ahora debe continuar pagando. Por ello, el FMI exige una reducción del déficit fiscal para asegurar el pago de dicha deuda. Para ilustrar el peso de la deuda externa, solo el pago de interés y capital de la deuda externa privada representó el 63% del superávit de la balanza comercial entre enero de 2020  y junio de 2022. La restricción financiera externa genera escasez de dólares que limita a las importaciones de los sectores productivos y pago de las obligaciones externas del país. Dicha restricción es agravada por prácticas ilegales y nocivas como la sobrefacturación de importaciones y subfacturación de exportaciones, el alargamiento de la liquidación de exportaciones pues mientras mas tiempo es este mayor será la obtención de pesos, a lo que hay que agregar la dolarización de algunos sectores de la economía que además de contribuir a la inflación aumenta la demanda de dólares. El gobierno tiene que negociar la liquidación, tal es así que proyecta crear el dólar soya, a un tipo de cambio conveniente para los exportadores, pues este producto es uno de los mayor exportación. Así mismo, también recorta el precio del biodiesel en gasoil. La necesidad de dólares obliga al gobierno a esta política pues requiere cumplir con las obligaciones externas y entregar divisas para las importaciones.

El nuevo ministro de Economía, Massa, anunció medidas económicas entre las que destaca la reducción del déficit fiscal. Para ello, ha reducido el subsidio de luz y gas y aumento de las tarifas de los servicios públicos como el del metro (subte); además se incrementan la carrera de taxis, los alquileres y pensiones de colegios. Además, el gobierno, reducirá el gasto público  y congelará contrataciones públicas por 128 mil millones de pesos. Todas estas medidas son para alcanzar la meta de reducción del déficit fiscal al 2.5% del PIB.

Por el lado social, la inflación y las medidas señaladas reducen el salario real y aumentan el costo de la canasta básica disminuyendo la calidad de vida de la población y aumentando la pobreza y el hambre.

En síntesis, hay una grave crisis económica y social. El gobierno apunta a reducir el déficit fiscal rebajando subsidios sociales y aumentando precio de servicios públicos, lo que reduce el nivel de vida de la población. Pero, por otro lado, se ve asfixiado por la restricción financiera externa que le obliga a negociar y ceder con los exportadores agropecuarios para obtener dólares que le permitan cumplir con las obligaciones externas. La encrucijada es reducir los desequilibrios macroeconómicos a costa del sacrificio de la población mas vulnerable. Si sigue ese camino corre el riesgo de la explosión social. El primer campanazo se dio con la protesta que expresaba el velorio del salario mínimo por parte de movimientos sociales y la gran marcha de trabajadores y desempleados que reclaman una lucha contra la inflación que los está empobreciendo cada vez más.