Luis Rosero M.

En la Asamblea, por acuerdo con el Ejecutivo, está analizando un anteproyecto de ley de inversiones que tiene dos componentes: una, de la economía digital y, la otra, de nuevas inversiones, para lo cual propone la reforma a varias leyes. Sería enviado con el carácter de económico urgente.

Recordemos que, el año pasado, el gobierno envío un megaproyecto de ley que incluía la reforma tributaria, cambios en la economía digital e inversiones, el que fue rechazado por la Asamblea por tratarse de varias materias. El gobierno optó por dividirlo y enviarlo por parte. Logró que se aprobará la reforma tributaria y en el anteproyecto se busca una transformación digital y atracción de nuevas inversiones.

En el anteproyecto, se establece que la rectoría de la transformación digital y del gobierno digital será el Ministerio de Telecomunicaciones (MT). Buscará la modernización y simplificación de trámites en el sector público, el uso eficiente de las plataformas, servicios y tecnología digital. El MT dictará la política pública en este ámbito y buscará que la modernización digital se aplique no solo al sector público, sino además al sector privado y toda la sociedad. Plantea una serie de reformas a varias leyes. Tratará de incentivar las inversiones del sector privado para ejecutar la transformación digital. Además, se incluye al sector audiovisual y se aplicarán incentivos tributarios (aranceles, ISD, Impuesto a la Renta e IVA) para la importación de bienes de capital que necesiten la producción de obras audiovisuales. En el manejo de la información, las entidades del sector público podrán contratar servicios tecnológicos con empresas que observen normas de seguridad y apliquen estándares internacionales. Se exoneran de tarifas por asignación y uso del espectro radioléctrico a los sectores comunitarios.

En el mercado de valores, se plantean reformas para incentivar el uso de títulos de valor electrónicos. Así mismo la cesión, endoso, trasmisión de derechos de documentos, notificación o entrega de títulos electrónicos se podrá utilizar medios electrónicos, telemáticos y firmas manuscritas y electrónicas. En este ámbito, la advertencia es la prevención de posibles delitos como ocurrió con los títulos de valor del ISSPOL.

En cuanto a los servicios notariales, se reforma la ley para que además de que puedan ser prestados de manera física se hagan también de forma telemática. En los documentos electrónicos, las notarías validaran las firmas electrónicas. En el Código General de Procesos se faculta el uso de documentos electrónicos o desmaterializados. En la ley de Registro de Propiedad, Mercantil y otros se establece la transformación digital de registros, certificados, inventarios y demás actos que genere el Registro. Los libros de este podrán llevarse de manera electrónica o automatizada.

Como se observa, en el fondo lo que se está planteando es que a los trámites que requieran documentación física también tendrán la misma validez los documentos electrónicos, y se pueden realizar los trámites y transacciones con éstos manteniendo la legalidad de los mismos al igual que los físicos.

En síntesis, se trata de modernizar los trámites para que puedan realizarse con documentos electrónicos, tengan validez las firmas electrónicas e incluso en los procesos judiciales se podrá usar los medios telemáticos y electrónicos, los que tendrán la misma validez que los físicos.

El gobierno busca agilizar de esta forma la realización de trámites y transacciones con el uso de medios electrónicos y telemáticas que permitirá ahorro de tiempo y costos para los usuarios y garantizando la validez de los mismos que si fueran físicos.

Luis Rosero M.

Después de enfrentar un paro indígena, en Junio de 2022, con el incremento de la violencia en los siguientes meses y con negociaciones con la Asamblea, el gobierno vuelve la mirada a su agenda económica para tratar de implementar algunos de sus componentes claves.

En “Política Económica: reformas estructurales y el FMI en el Ecuador (2017 – 2021)”,  charla dictada a estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas, Sociales y Financieras de la Universidad Técnica de Quevedo (UTEQ), en Enero 31 de 2022, explique los 5 componentes de la agenda económica del gobierno de Lasso, que se inscribe en una reforma económica, en línea con su tendencia neoliberal, que son las reformas: monetaria y financiera, tributaria, laboral, del estado y comercial.

La primera, aprobada por el gobierno de Lenín Moreno que, entre otras modificaciones, realizó cambios institucionales devolviéndole la autonomía al Banco Central y creó la Junta Monetaria y la Junta Financiera, organismos de regulación en el ámbito monetario y financiero. El gobierno de Lasso aplicó dicha reforma y nombró los directivos de ambas juntas. La Financiera se encargó, como una de sus primeras regulaciones, de modificar la metodología para el calculo de las tasas de interés. Todo esto se dio en el marco de una contrarreforma monetaria-financiera (La reforma y contrarreforma monetaria financiera, Rev. Ecuador Debate No.114, Diciembre de 2021, Centro Andino de Acción Popular. Ver https://drive.google.com/file/d/19kXPqYFHbErtLRagQBvWkPAbhSCtIthE/view)

La reforma tributaria, se aprobó a fines de 2021, entró en vigencia en 2022, y creó una contribución temporal a las empresas y redujo las deducciones del impuesto a la renta de los empleados y trabajadores que terminaron pagando, de manera permanente, un mayor impuesto a la renta, por lo que resultó una reforma inequitativa e injusta.

En la reforma comercial, el gobierno buscó afanosamente entrar a la Alianza del Pacifico, para lo cual requería celebrar un acuerdo comercial con México, que sería el boleto de entrada a los mercados de éste país, Chile, Perú. Sin embargo, si bien avanzaron las negociaciones en diversos temas, el acuerdo esta paralizado ya que México defiende a los sectores acuícola, pesca y banano, impidiendo o restringiendo la entrada de los productos ecuatorianos en estos sectores y sobre todo del camarón. En consecuencia, el gobierno optó avanzar en negociaciones comerciales con otros países alcanzando acuerdos con Chile y Guatemala y negocia otros acuerdos con Costa Rica, Corea del Sur, China, y otros países.

En cuanto a la reforma del estado, había decidido la privatización y concesión de empresas públicas. La oposición a la primera, por parte de movimientos sociales, hizo desistir al gobierno de seguir con esa vía de reducción del tamaño del estado. Sin embargo, en actividades que le interesan avanza con la privatización del Banco del Pacifico que estaría lista para la venta en este año. Por ello, optó por la concesión de servicios públicos y ha comenzado con las carreteras y se alista para realizar mas concesiones en otras áreas.

En la actual coyuntura, en una situación de nuevas masacres carcelarias, aumento de la inseguridad ciudadana, una desaceleración de la economía y a las puertas de la recesión mundial en 2023, el gobierno apunta ahora, dentro del marco de la reforma del estado, a una ley de inversiones y un cambio digital en trámites en el sector público y privado. El gobierno basa su ley de inversiones en la maquila utilizando las zonas francas para atraer capital extranjero y reexportar bienes y servicios que se ensamblen o readecuen en dichas zonas. Para ello, establece incentivos de reducción de impuestos y además la posibilidad de una reforma laboral que reduzca el costo laboral.

En síntesis, el gobierno agobiado por la coyuntura actual que además del crecimiento de la inseguridad ciudadana, aumento del temor de la ciudadanía por más violencia, baja de credibilidad y popularidad, cumplir con sus promesas de campaña de crear empleo, hay desempleo, mayor subempleo y crecimiento del sector informal, etc. opta por incentivar inversiones y, por ello, envío a la Asamblea el anteproyecto de Ley para la atracción de inversiones, que esta siendo negociada con la Asamblea. Con ello, completaría la reforma económica de su agenda que están en línea con los lineamientos de los organismos internacionales.

Luis Rosero M.

Los últimos hechos de violencia han aumentado la inseguridad ciudadana; en lo social, continúan los problemas en los hospitales públicos y prestadores externos de servicios de salud; en lo político se toman decisiones erráticas y, en lo económico, se anunció una drástica caída del crecimiento económico en el II trimestre de este año y el riesgo país se ha elevado fuertemente. Todos estos eventos configuran una coyuntura que muestran, al parecer, un panorama de un país sin rumbo, con un gobierno que tarda o es ineficaz en enfrentar los problemas que agobian a la sociedad ecuatoriana.

El crimen de la Abog. Ma. Belén Bernal, el asesinato de un fiscal en pleno centro de Guayaquil, la captura de policías activos cometiendo delitos, los crímenes diarios de los sicarios -sobre todo en la zona 8-, el cobro de vacunas(cobro por protección) a transportistas y negocios, etc. muestran una tendencia de como la violencia sigue imparable y, al parecer, no existen estrategias para contenerlas. Por otro lado, la huida del principal sospechoso de dicho femicidio en una academia policial y la colaboración que, según informan los medios de comunicación, recibió de dos generales de policía revelaron el poder y cómo se maneja la cúpula policial. El crimen aumento el fervor de los colectivos de mujeres y movimientos feministas que reclaman justicia para el femicidio. El impacto en la sociedad ecuatoriana del aumento de la violencia es el temor colectivo y, a nivel de cada ciudadano, el miedo a salir a las calles para resguardarse de la violencia, lo que limita su movilidad afectando su bienestar social. Ya no hay paz ciudadana ni protección efectiva de la fuerza pública que la garantice. En estos momentos de gran violencia, valoramos muchos ese bien público: la seguridad ciudadana. La población realiza marchas contra la inseguridad para pedir protección.

Las decisiones del gobierno ante el femicidio de descabezar la cúpula policial, dar plazo para la captura del principal sospechoso del femicidio y pedir la renuncia al Ministro del Interior y nombrar a otro policía en su reemplazo, no parece ser lo más adecuado y suficiente para enfrentar la ola de violencia. Es muy importante que dicho ministerio este manejado por un civil y, por otro lado, es fundamental una estrategia para enfrentar a las bandas criminales para el control de la violencia. Aún con emergencia de seguridad y, el ejército en las calles, sigue imparable la violencia -sobre todo en la zona 8. Hace poco el Presidente viajó a Israel por temas de seguridad, ha cambiado a varios ministros del Interior y director de cárceles pero hasta ahora tenemos resultados eficaces en el control de la violencia.

En lo social, a pesar de que el gobierno ha implementado planes de provisión de medicinas en los hospitales públicos sigue el desabastecimiento, los pacientes salen a protestar por las deudas del Ministerio de salud con los prestadores externos ya que éstos no los atienden, hospitales y clínicas privadas solicitan dialogo con el gobierno para el pago de sus servicios, el Ministerio de Finanzas llega un acuerdo con el IESS para pagarle 300 millones, cuando la deuda del Ministerio con éste es de mas de 8 mil millones de dólares, el aumento de sueldo a los maestros no puede efectivarse porque el gobierno alega que no hay dinero, etc. ¿Cuáles son las prioridades de este gobierno en lo social? ¿No se atienden a tiempo estos problemas por ineficacia de la gestión pública o por contener el déficit fiscal? Después del paro de los indígenas, en Junio, el Ministro de Finanzas señaló que la prioridad sería el gasto social ¿al parecer otras son las prioridades?

Para complicar el panorama, en lo económico, el Banco Central anunció que el II trimestre, de este año, la economía creció 1.7%, respecto al mismo periodo del año anterior, y solo 0.1% respecto al I trimestre de este año y su argumento para esta baja fue el impacto del paro indígena de Junio. Un funcionario de Citi Research -no del Citibank como erróneamente había señalado- señaló que el crecimiento en 2022 sería solo 1.8% y que el 2023 apenas llegaría a 1.5%. Por otro lado, el riesgo país llegó a 1726 puntos que representa mas del doble de los 714 puntos con que se inició el gobierno. Estos se explicarían, a más de las condiciones económicas adversas, por las exigencias del paro indígena, precio del petróleo, escasa preferencias de los inversionistas y la falta de gobernabilidad. Esto significa que, en este año, continuará con problemas de desempleo y subempleo alto, que se agravarían en 2023. El gobierno insiste en su estrategia económica de apertura comercial, reforma laboral, reforma de inversiones, etc. pero, ya a un año medio de gestión, no logra concretar éstas. Aún más, sigue apostando a la política económica recomendada por el FMI, pues el Presidente anunció que buscaran un nuevo convenio con este organismo.

En síntesis, no hay certidumbre sobre la gestión pública en lo social, político, seguridad. No sabemos adonde va el gobierno y, aún más, en lo económico no se conoce que orientación tomará política económica y, en consecuencia, el rumbo económico del país. Con el anuncio de los organismos internacionales de una recesión mundial en 2023, el panorama económico se agravará en 2023 y esto llevará a un mayor deterioro del mercado de trabajo e incidirá en los niveles de pobreza, hambre e indigencia lo cual impactará en los niveles de violencia.  Sigue latente la hipótesis, la ineficacia de la gestión pública obedece a ¿no actuar a tiempo ante los problemas que enfrenta -que los agrava- o impera la disciplina fiscal que no permite acceder a los recursos a las instituciones para que actúen como sucedió con el primer ministro de Finanzas de este gobierno?

Luis Rosero M.

Los dos casos de asesinatos recientes han conmocionado al país, reflejando el nivel de violencia  a que hemos llegado elevando la inseguridad ciudadana, con una población que siente un mayor clima de temor y zozobra por su desprotección.

El primero fue el asesinato de la abogada María Belén Bernal que, al parecer, fue realizado presuntamente por Germán Cáceres, su esposo, teniente de policía, en una escuela policial. En varios medios de comunicación, como el programa A primera Hora, de Radio Sonorama, Fabricio Vela, entrevistó a varios expertos que dieron su opinión profesional sobre dicho caso; por otro lado A. Boscan hace una serie de revelaciones sobre la acción de dos generales de policía y la dra. DJ. Alma D. Blum plantea algunas denuncias. En resumen, de lo más relevante que se señaló por parte de estos voceros de opinión son las irregularidades en el proceso de investigación policial y de la demora de la Fiscalía en actuar, el que uno de los generales acompañó al teniente Cáceres a entrar a la habitación en que ocurrió el hecho sin que este presente un fiscal, que se presentó una denuncia en la DINASED, organismo de la policía, y no se llevó ésta a la Fiscalía. Además, el ministro Carrillo acusa al guardia que dejó entrar a M. Belén y se detuvo, por homicidio involuntario, a una cadete acusada en el caso. En síntesis, se trata de una serie de hechos para demorar y desvirtuar la investigación del caso. Pero además se revela como se manejan las altas esferas policiales. En el medio Región Network Ecuador se señaló que M. Belén llevaba causas de varios generales de Policía. Surgen muchas interrogantes, cuestionamientos y dudas en este caso. La madre de Ma. Belén ha calificado como crimen de estado y la reacción de los colectivos de mujeres y movimientos feministas fue la movilización y vigía reclamando por la desaparición y justicia en este caso a tal punto que frente a la Comandancia General de Policía protestaron y cantaron una canción alusiva al femicidio. Su grito Ni Una Menos ha retumbado en el país. La repuesta de Sergio Ordoñez, Secretario de Seguridad Pública, a la madre de Belén, fue “Las activistas que defienden la violencia, aquellos que quieren desestabilizar la institucionalidad de seguridad en el país ya encontraron aquí un motivo para crear un relato que pretende concluir que se trata de un acto institucional. Se trata de un acto de un mal policía y habrá que ver si hay más.”  Pero los hechos hablan por sí solos y revelan mucho más que eso. La repuesta del Presidente, al regresar del país, fue pedir la renuncia al ministro Carillo, estudiar la baja al mando policial, la desvinculación de dos generales de la Policía y pedir perdón a la madre de Ma. Belén.

El segundo asesinato, ocurrido el 19 de Septiembre, en pleno centro de Guayaquil, fue al fiscal Edgar Escobar, que estaba encargado de casos de  femicidio, narcotráfico y otros delitos. Sería el tercer fiscal asesinado, mostrando que no solo aumenta la inseguridad ciudadana sino además de los funcionarios judiciales. Se trata de formas de atemorizar e intimidar al personal de la Función Judicial para que algunos casos queden impunes o se alargue el proceso para diferir el caso. A pesar de que hay un mecanismo de protección para tales funcionarios, al parecer este no funciona. Dicho fiscal además estaba encargado del proceso judicial contra la estafa al ISSPOL, en el que participaba el Ministro Carrillo como acusador.

Estos dos hechos demuestran como, cada día, aumenta el nivel de inseguridad de la población pero en el que además resultan afectados los funcionarios judiciales, entre ellos jueces, encargados de llevar a juicio a estos casos y dictar sentencia condenatoria. En medio de la crisis institucional (de la Función Ejecutiva, Judicial, Asamblea Nacional), aumenta el grado de inseguridad que pone en jaque a la población que observa como las entidades encargadas de darle protección ciudadana cumplen cabalmente sus funciones o lo hacen de manera irregular. Lo revelado en el primer asesinato demuestran la urgente necesidad de una reforma profunda e integral a todos los organismos de seguridad del estado, incluida la organización y dirección de la policía, así como en la Función Judicial para que cumplan a cabalidad los establecido en las leyes y la Constitución. Estos son los problemas urgentes a los que hay darles solución. Si bien la mayoría estaría de acuerdo con la consulta popular, no hay que desviar la atención, por lo urgente de la coyuntura, en este momento a temas importantes pero no tan urgentes. Esperamos que se haga justicia, se reestructure totalmente la Policía y la Función Judicial por el bien del país, la sociedad ecuatoriana y la población que cada día se siente desprotegida por la inseguridad ciudadana.