Luis Rosero M.

El país vive una crisis económica, energética y social. Pero además enfrentamos el cambio climático, la epidemia de dengue, corrupción y el aumento de cierto tipo de delitos en la zona 8. El cumplimiento de funciones públicas así como la gestión gubernamental debe estar orientada al interés público y guiarse por principios éticos y morales. Por ello, el gobierno debe aclarar sobre el polémico proyecto inmobiliario de la conyugue del presidente al que se acusa de afectar una zona protegida y, por otro lado, transparentar la crisis energética que conduciría a posibles cortes de energía. Además del temor por la inseguridad ciudadana, este cúmulo de problemas agrava el estrés y condiciones de la gente. El problema de fondo radica en la motivación de la acción gubernamental.   

La coyuntura actual es complicada. La población además de soportar la intensa ola de calor ahora tiene que soportar una epidemia de dengue que ya alcanza a 27.000 casos. Si bien, a nivel nacional, han disminuido las muertes violentas. Sin embargo, en mayo, de este año, ha recrudecido la violencia, en la zona 8, un ejemplo de ello son los 19 asesinados, el 9 de este mes, en Bastión Popular y otras, zonas populares de Guayaquil. En Duran, a mayo 7, se registraron 177 muertes violentas que, en relación al año pasado, aumentó 302.2% la criminalidad.  También, en Chanduy, Santa Elena, se registró una masacre con la muerte de 8 personas. Pero además de esto, ahora también están aumentado los secuestros y extorsiones en dicha zona., así en el distrito metropolitano de Guayaquil se han dado, hasta la fecha, 462 casos de extorsiones y, a nivel nacional, 1697, mientras que los secuestros ya suman 355 en todo el país. La policía para combatir estos delitos creo la Fuerza de Investigación contra la extorsión (FICE). Aún, con estado de excepción, crece la violencia en dicha zona. Esto nos lleva a interrogarnos ¿esta funcionando la mano dura? ¿la estrategia de combate al crimen organizado de la FF.AA. es efectiva?

Respecto al proyecto inmobiliario (ECHO), que se pretende construir en Oloncito, el acuerdo ministerial # 072, de 2002, las 2,25 Has., que conforman el área del bosque Esterillo Oloncito, Olón, Manglaralto, fueron declaradas como Área de Bosques y Vegetación Protectores por el Estado ecuatoriano. En este acuerdo se señala que toda actividad no compatible con los fines del área queda restringida. Por lo tanto, si dicho proyecto esta ubicado en esa zona habría daños ambientales. Más aún, como existen zonas de manglar, en el área de ese bosque la Corte Constitucional, en septiembre de 2021, dictó una sentencia que restringe las construcciones en dichas zonas. Los servicios ambientales de los manglares son fundamentales para mantener la biodiversidad y defensa contra mareas y cambio climático.

El ex ministro de Ambiente, del gobierno anterior, aclaró que dicho proyecto no se tramitó en ese gobierno. Según Teleamazonas, el Ministerio de Ambiente aprobó el registro ambiental para la construcción del proyecto ECHO el 5 de diciembre, solo a 12 días de la posesión de Noboa. La reacción de los afectados: comuneros y ambientalista ha sido la defensa de la zona. La empresa Vinazin, que promueve el proyecto, tiene como socios al presidente y a su esposa. Hay varias implicaciones. Una, la posible influencia del poder en el trámite del registro. Al respecto, El Universo publicó una noticia titulada “Varios integrantes del círculo íntimo del presidente Daniel Noboa están salpicados por el problema de Olón”, que incluye a tres ministros, lo que dice mucho de la utilización del poder en este gobierno.

Dos, más crítico es el posible conflicto de intereses. Por un lado, la gestión gubernamental debe estar enfocada en función del interés público y no a favor del interés privado. A eso hay que añadir, que un gobernante debe observar principios de ética. Noboa había dictado un Código de Ética, después de asumir el cargo, que prohibía el nepotismo hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad (esposa tiene primer grado de afinidad) en las funciones del poder ejecutivo. Pero, en febrero 23 de 2024, derogó por decreto dicho código. Aún más, si el proyecto afectaría a la biodiversidad y funciones del estero del bosque protegido, habría que aludir a la conciencia y principios ambientales. El daño a los recursos naturales afecta a la comunidad ya que los priva de beneficiarse de las funciones ambientales de la biodiversidad y del estero. En este último, se encuentra el manglar, que ayuda a la protección costera, recursos pesqueros y limpieza del agua, así como la captura de carbono que contribuye a reducir la temperatura.

Por otro lado, la ex ministra de Energía, de este gobierno, publica en la red X una carta, diciendo haber recibido un sector en crisis, que aportó con 220 MW de generación térmica, realizó mantenimiento de 8 centrales hidroeléctricas, que se declaró desierte por el gobierno de Lasso el concurso para adquirir una barcaza, que instaló el Comité de Crisis Interministerial para cumplir requisitos para el funcionamiento de la barcaza, que el Ministerio tenía un presupuesto de 59 millones pero el Ministerio de Finanzas no hizo las transferencias y que trabajo una estrategia a largo plazo para que el sistema energético del país sea resiliente. El ministro de Energía encargado dijo que no había hecho investigación sobre el sabotaje eléctrico del que se acusa a la ex ministra y la Asamblea tramita un juicio en su contra. La ex ministra en su carta señala “Dejar el sector privado para servir desde lo público tiene sus complejidades, entre ellas, saber que lo técnico no es suficiente en un país donde manda lo política.” Y esta variable no sólo la utilizan los partidos sino además los gobiernos.

El problema de fondo es la motivación de la toma de decisiones en la gestión pública. Así, por ejemplo, día antes de la consulta popular se ordenó la captura, en la embajada de México, del ex vicepresidente Glas, justo antes de la consulta popular; para los apagones se acusó a la ex ministra de Energía de sabotaje que podría ser la culpable y, ahora con el polémico proyecto inmobiliario en Oloncito, se ha revelado un conflicto de interés. La repuesta del gobierno fue que son ataques políticos de opositores y el presidente y su esposa viajan, en una gira internacional que durará 10 días, para calmar las aguas. Más aún, ante las protestas y vigilia de comuneros, por el daño ambiental del proyecto, la empresa se ha visto obligada a desistir el proyecto, pero remarcando que se perderían 2783 empleos. Hay que recordar que toda inversión, como esta contemplada en las leyes, debe respetar los recursos naturales y medio ambiente, por más que se quiera favorecer el empleo, emprendimiento y el turismo

Reiteramos que las motivaciones en las decisiones en la gestión gubernamental deben estar orientadas en función del interés público, no en función de interés político ni de interés económico. La lección que deja el polémico proyecto es que la protesta y la consulta popular le ponen límites al poder. Así, en esta última, la población voto no al trabajo por horas y no al arbitraje internacional. Ahora, hay algunas experiencias y efectos que han dejado en sus países los presidentes empresarios. Uno de ellos es la transparencia en el manejo de la cosa pública y privada. Para ello, debería seguirse el ejemplo del ex presidente chileno Piñera que, antes de asumir su segundo mandato, creo un fideicomiso ciego que administró su patrimonio y activos de su familia. La transparencia en el ejercicio de un cargo público es un elemento fundamental para generar credibilidad, velar por los intereses del país y respeto de los principios de ética. En otras palabras, el uso del poder en función del interés público y de la nación.

Luis Rosero M.

Con el primer paquete de medidas económicas, el gobierno aplicó un DNU para la liberalización de precios, ajuste fiscal draconiano y devaluación. Ahora busca con una ley combo (ómnibus) ajustada privatizar y concesionar empresas públicas, flexibilización laboral e incremento de ingresos tributarios gravando a trabajadores y empleados. Con esto se completaría su esquema económico ultra neoliberal, que va en línea con lo promovido por los organismos multilaterales (FMI y otros), aplicado vía shock que, en el primer cuatrimestre, ha logrado un superávit fiscal pero ha asfixiado a trabajadores, empleados, clase media y grupos vulnerables.

A más de la recesión, el mayor impacto económico de este conjunto de medidas ha sido el aumento de la inflación anual que, a marzo de 2024, alcanzó 287.9% y, si bien la inflación mensual bajo a 11%, ha incrementado el costo de la canasta básica drásticamente que ha provocado un deterioro del nivel de vida de las mayorías. Por otro lado, si bien el gobierno liberó los precios en todos los mercados, se vio urgido de liberar las importaciones de alimentos para reducir los precios de la canasta básica y en la medicina prepagada se ha visto obligado a exigir que dichas empresas reduzcan sus precios debido al malestar de la clase media.

La Cámara de Diputados aprobó, en general, proyecto de “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, denominada ley ómnibus, cuyos puntos centrales son la privatización de empresas públicas, pero quedaron fuera de esta algunas como el Banco Nación y otras; régimen de incentivos para grandes inversiones que establece una serie de incentivos fiscales, aduaneros y cambiarios. En lo fiscal, impuestos a las ganancias (ingresos) que reimpone la cuarta categoría de trabajadores que ganen entre 1800.000 (solteros) y 2200.000 pesos, o sea que perciban entre 1900 a 2000 dólares; una alícuota creciente para activos que ingresen a fin de desalentar el blanqueo de capitales; moratoria en obligaciones tributarias, aduaneras y de seguridad social no regularizadas; monotributo, mediante el cual se unifica el pago de algunos impuestos en uno solo para pequeños empresarios,  aumentando el monto de facturación y la cuota mensual y, en lo laboral, se amplía el periodo de prueba hasta de un año y un fondo de cese laboral, como alternativa a las indemnizaciones, y se constituirá con convenios colectivo de trabajo siendo aportando únicamente por el patrono con 8% del sueldo del trabajador. Lo más importante, en términos del poder presidencial, es que se autoriza, por un año, que pueda tomar medidas, sin pasar por el Congreso, sobre emergencias administrativas, económica, financiera y energética.

Este proyecto de ley fue rechazado por el Senado, como estrategia el gobierno lo reajusto a fin de que pueda ser aprobado. Con este se completaría la política económica que está aplicando. Tendría tres objetivos principales. Uno, se vendería empresas públicas al sector privado o se entregarían en concesión. La idea es reducir el tamaño del estado. Dos, se busca además una reforma fiscal para obtener mas ingresos tributarios, a través de reintroducir el impuesto a las ganancias a los que ganen entre 1900 a 200 dólares; se aumenta el nivel de ventas y el aporte mensual de los pequeños negocios monotributistas y se perdona las multas y mora en ingresos tributarios, aduaneros y seguridad social para obtener liquidez. En lo laboral, se aplica una débil flexibilización laboral aumentado el periodo de prueba y se establece un fondo por cese laboral. El gobierno, en este tema, no fue más allá debido al temor de las protestas de las poderosas centrales obreras. Lo fundamental, en cuando al poder del ejecutivo, de este proyecto, es que puede adoptar decisiones de emergencia administrativas, económicas, financieras y energética  directamente sin pasar por la legislatura congresil.

El esquema de política económica está basado en reducir a rajatabla el déficit fiscal y lograr superávit, al que se le culpa principalmente ser el causante de la inflación. Esto se realizó con un ajuste y liberalización de precios internos brutal que los ha igualado a los internacionales. A tal punto ha sido el ajuste, que el gobierno corto la provisión de medicamentos a hospitales públicos para enfermedades críticas muriendo, en los últimos 4 meses, 7 pacientes. Pero, si hay recursos para compra de aviones de guerra a Dinamarca. Como es evidente, este ajuste no lo pago la casta sino trabajadores, empleados, clase media y grupos vulnerables. Con la exigencia de la reducción de precios a las empresas de medicina prepagada y abrir las importaciones de alimentos se revela que hay, en el aumento de la inflación, un poder oligopólico empresarial. El gobierno aplica una teoría de inflación por demanda cuyo efecto, en la práctica, es que al subir demasiado los precios de la canasta básica cae su demanda.

Con este proyecto de la ley ómnibus, el gobierno busca aplicar reformas estructurales: reducción del tamaño del estado, completar su reforma fiscal y una liviana flexibilización laboral. Esto completa su esquema de política económica basada en el imperio del libre mercado (liberalización de precios), un ajuste fiscal draconiano y una fuerte devaluación para reducir el diferencial entre el dólar oficial y el dólar blue. Este modelo establece dos anclas una fiscal y otra cambiaria. Hasta ahora es creíble la fiscal y espera que se acorte el diferencial cambiario para lograr credibilidad de la segunda. Para esperar la sostenibilidad del esquema de política económica habría que esperar, en las próximas semanas, la evolución de la inflación, podremos conocer si se comprueba la hipótesis de que la inflación es causada por el financiamiento del déficit vía emisión. Si bien el gobierno ha logrado superávit fiscal, este ha sido alcanzado reduciendo drásticamente el bienestar de trabajadores y empleados, clase media y ahorristas. El ajuste y los efectos de estas medidas no lo paga la casta. Otros de los efectos de las mismas es la recesión que se traduciría en un crecimiento negativo de 2.8% en 2024. La calificadora de riesgo Moody’s estimó que la economía caerá un 5% en 2024. El tema clave hasta cuando puede mantenerse este esquema de política económica, pues la pérdida del nivel de bienestar de las mayorías, expresado en el aumento de la pobreza, el hambre y crecimiento del sector informal, tiene sus límites, que está dado por la protesta en las calles: la explosión social. Esta presión puede aumentar por el paro declarado por la CTG, a la que todos los sindicatos plegaron a la central obrera y el gobierno ha señalado que lo reprimirá. Dada esta presión, habría que esperar si el Senado aprueba el proyecto de ley ómnibus.

El objetivo económico central del gobierno es dolarizar la economía, pero que está limitado por el bajo nivel de RMI, la iliquidez en divisas, el pago de la deuda externa -que va hacia su reestructuración-, la reducción del diferencial cambiario, la recesión, etc. En lo político, la repuesta de la calle es la limitante fundamental.

Luis Rosero M.

El país enfrenta tres crisis estructurales críticas: energética, en seguridad y económica. Los cortes de luz se realizan diariamente -por la falta de mantenimiento de las hidroeléctricas y de inversión de los dos últimos y actual gobierno para aumentar la oferta de energía eléctrica-, la inseguridad ciudadana sigue atemorizando a la población pese a los esfuerzos del gobierno. Para la crisis económica ha acudido, como en los dos gobiernos anteriores, al FMI para obtener financiamiento lo cual implicará un condicionamiento en la política económica debiendo aplicar la receta de dicho organismo.

El FMI anunció que había llegado a un acuerdo técnico con Ecuador para entregar un crédito para un programa de Servicio Ampliado de este organismo (SAF) que ayudaría a enfrentar problemas estructurales, el cual duraría cuatro años. Según el FMI servirá para “fortalecer la sostenibilidad fiscal, proteger la estabilidad macroeconómica y fomentar un crecimiento sólido e inclusivo, protegiendo al mismo tiempo a los más vulnerables.”

El SAF, según el FMI, “proporciona asistencia financiera a los países que afrontan graves problemas de balanza de pagos a mediano debido a deficiencias estructurales que tardaran tiempo en resolverse.” No es posible conocer las medidas específicas que se aplicarán. Estas se revelarán cuando el directorio del FMI apruebe el acuerdo y se firme la carta de intención. Algunas de esas medidas ya comenzaron a aplicarse con el alza del IVA del 12 al 14% y contribuciones temporales de las empresas para enfrentar la crisis fiscal.

El país lleva 6 años aplicando los SAF, en los dos últimos gobiernos, con resultados magros. En este periodo se han profundizado los problemas macroeconómicos que enfrenta el país son: el déficit fiscal aumentó, creció la deuda pública -principalmente externa-, continua la pérdida de dinamismo de la economía que se expresa en el bajo ritmo de crecimiento, hay un elevado subempleo y un mayor tamaño del sector informal, déficit constante en la cuenta corriente de la balanza de pagos, bajo nivel de las RMI, déficit actuarial en la seguridad social, etc.

En el SAF, el déficit fiscal, de alrededor del 4% del PIB, con las políticas del FMI, se corrige con aumento de los ingresos tributarios. De ahí, que el gobierno aumentó el IVA. El siguiente paso sería la focalización de los subsidios a los combustibles -excepto gas y diésel- pero al parecer no se aplica por problemas técnicos, por lo que se optaría la vía del aumento mensual de las gasolinas extra y ecopaís tal como ocurre con la gasolina super. Por el lado de los gastos, habría una reducción en la nómina del sector público, más recortando en la inversión pública, eliminar otros gastos superfluos, privatización de algunas empresas públicas, etc. Continuaría el atraso con los proveedores, GAD, centros médicos, jubilados, etc. El gobierno apuntaría a entregar pocos recursos a estos acreedores para aliviar la presión de estos.

A pesar del ciclo perverso de mayor gasto público-reforma tributaria-más deuda pública– que se profundizaría con el SAF, el gobierno acude al FMI para obtener un crédito de 4000 millones de dólares, recursos que servirían para pagarle al propio FMI y los servicios de la deuda externa de 2025 y 2026, para así reducir el riesgo de un default.  A más de eso, en el siguiente año, el gobierno podría obtener del organismo multilateral una línea de crédito enmarcada como Servicio de Resiliencia y Sostenibilidad (RSF) hasta de mil millones de dólares.

En cuanto a la problemática del mercado de trabajo, según el INEC, en marzo de 2024, se registró una caída leve del empleo adecuado a 34.4%, la tasa de subempleo aumentó a 20.3% y aunque la tasa de otro empleo no pleno se redujo en -0.8%, sigue en un nivel alto (30.1%). En tanto, el sector informal ya alcanza a 5 millones de personas. En lo social para 2023, lo más crítico es el nivel de pobreza por ingreso, si bien se redujo levemente, alcanzó 23,9%; la pobreza por necesidades básicas llegó a 28.4 % y la pobreza multidimensional registro 36.9%. El empleo y la pobreza dependen, en gran medida, del crecimiento económico que, a su vez, está determinado por la inversión y el consumo. Es probable que se plantee por el FMI la flexibilización laboral y trabajo por hora como mecanismo de incentivo para la contratación laboral. Sin embargo, este posible condicionamiento se ve limitado por la repuesta negativa, de dos terceras partes de la población, al trabajo por horas en el referéndum. Se conoce que las políticas del FMI son de austeridad, por lo tanto, contractivas, y dadas los cortes de luz, el crecimiento económico no sería ni de 0.1%, proyectado por el FMI, sino cero o negativo.

El débil dinamismo del país se explica por la baja inversión pública y privada, contracción del consumo y, ante el menor nivel de comercio mundial, las exportaciones disminuirían provocando que en 2025 el crecimiento sea exiguo (0.8%) tal como proyecta el FMI. Un puntal del crecimiento son las remesas de los migrantes que, en 2023, llegaron a más de 5 mil millones de dólares sobrepasando el monto de las exportaciones de camarón que se ha convertido en el primer producto de mayor ventas externas.

El Banco Mundial (BM), ha señalado que hay 28 países en desarrollo altamente endeudados y con bajos índices de solvencia crediticia -entre los que esta Ecuador.  Pronostica el BM qué los habitantes de esas economías serán en promedio más pobres que en 2019, crecerían casi un punto porcentual más lentamente en 2024-25 y concluye que estos países deberían crear un espacio fiscal para ampliar las bases de ingresos gubernamentales, priorizar el gasto, por ejemplo, desechando subsidios distorsionadores y despilfarradores, necesitan ayuda exterior en forma de alivio de la deuda sobre todo de una reestructuración de ésta. Como se deduce de lo anterior el BM recomienda las mismas medidas económicas. Ecuador ha recibido créditos de este organismo, lo que podría dar lugar al condicionamiento cruzado.

En síntesis, lo señalado serían unas posibles medidas que se aplicarían con el SAF y algunos de sus efectos. Una vez conocida la carta de intención sabremos las medidas y metas específicas, con lo que podríamos determinar el verdadero alcance del acuerdo con el FMI. Lo cierto es que el país tendrá 2 años con un nivel muy bajo de crecimiento, lo que implica más subempleo, mayor sector informal y más pobreza. Con las políticas del FMI, con ajuste fiscal y reducción de desequilibrios macroeconómicos, no habrá crecimiento. Para ello, habría que impulsar la inversión privada y pública, por ejemplo, mejorando la infraestructura en el sector eléctrico, en vialidad, salud, educación, vivienda, etc. O sea, dos años más, soportaremos la crisis económica con agravamiento de las condiciones sociales de las mayorías. Hay que recordar que en 2025 habrá elecciones presidenciales, lo que genera incertidumbre sobre el rumbo del país, afectando las expectativas de inversión. Recién en 2026 podría recuperar la tendencia al crecimiento.

Luis Rosero M.

Los resultados preliminares del CNE, publicados hoy a las 6:30 H, muestran un triunfo parcial en el referéndum y una victoria en todas las preguntas de la consulta popular. Como había señalado, en el artículo anterior que, en el referéndum iba a perder el régimen en las dos últimas preguntas, sin embargo, gana en todas las preguntas de la consulta. El exit poll, había confirmado ayer este resultado, que se convierte en una catapulta para la aspiración de reelección del presidente, pero esto no basta ya que va a depender, hasta que termine su período, de la calidad de la gestión gubernamental, en seguridad, energía, economía y bienestar social, así como cumplir las promesas que hizo en campaña.

El referéndum contenía 5 preguntas. La primera (A), que era sobre el apoyo de las FF.AA. a la policía, condicionó a los dos siguientes interrogantes y todas las de la consulta. Pues, dado el estado de inseguridad, la mayoría voto si en dicha pregunta, dado el temor de la población, que realmente fue una especie de engarce o gancho para las otras interrogantes. Esta primera pregunta fue elaborada por la Asamblea anterior, reformulada y propuesta por Lasso, no tiene plazo de aplicación. En las dos siguientes preguntas, ganó el SI. En la B (extradición), también propuesta por Lasso en su consulta, no tiene plazo específico para su aplicación y la C (judicaturas especiales) entrarían en vigencia en un año. De acuerdo a los resultados preliminares señalados, la tendencia en las tres primeras preguntas es la reducción del porcentaje por el Si (de la pregunta A a la B y C).  En las preguntas sobre el arbitraje (D) y trabajo por horas (E), la repuesta de la población fue muy clara negándolas por los posibles efectos negativos para el país y por la factibilidad de precariedad laboral si es que los contratos fijos de los actuales trabajadores y empleados pasaran a la nueva modalidad legal. El resultado electoral, en estas dos preguntas, se debe al temor de lo anterior y la campaña por el no de ciertos colectivos. Según los resultados señalados, en la pregunta D (arbitraje), el No alcanzó 65.5% y el Si 34.4%; en la pregunta E (trabajo por horas) el No triunfa con 69.6% y el Si solo llega a 30.3%, o sea una diferencia muy amplia, con lo que la población da un claro mensaje al gobierno. El exit poll había arrojado resultados similares.

Respecto a las preguntas de la Consulta Popular, en todas gana el sí, según los resultados preliminares señalados, sin embargo la tendencia del voto por el Si fue descendiendo. En efecto en la pregunta F alcanzó el Si el 70.4% mientras que la I llegó a 64.4% y en la K bajo a 61.4%.  Es importante en estas cuando se ejecutarían. La pregunta F (control de armas por las FF.AA),no tiene plazo de aplicación; la G (incremento de penas de delitos del crimen organizado), la H (cumplimiento total de la pena), la I (delito tenencia o porte de armas), la J (armas incautadas pasen a manos de la policía y FF.AA.) y la K (estado sea titular de bienes ilícitos) tendrían un plazo de 60 días para que la Asamblea apruebe las reformas legales y luego se publiquen en el Registro Oficial.

En suma, Noboa recogió las dos primeras preguntas del referéndum, de las propuestas por Lasso para su consulta, y solo la C es elaborada por su gobierno. La D, al parecer fue condicionada por el FMI y la E, según el gobierno, la propuso la líder de Construye (aunque fue planteada por un colectivo). O sea, el gobierno solo elaboró una pregunta de este instrumento. Si elaboró las preguntas de la consulta popular. En otras palabras, saco provecho en el referéndum, de las dos preguntas del gobierno anterior -además del plan Fénix- que le permitieron ganar las tres primeras preguntas del referéndum.  La pregunta A condicionó a las demás. Pero la población dio un No contundente al arbitraje por los efectos negativos sobre el país y los trabajadores y empleados al trabajo por horas por la precariedad laboral.

En cuanto a la consulta, el gobierno tendrá dos meses para la aplicación por lo cual no habrá pretexto para su ejecución. En consecuencia, los resultados de la consulta le pondrán presión al gobierno para aplicar las reformas legales que trae aparejada dicho instrumento que refuerzan las acciones de la lucha contra el crimen organizado. En consecuencia, el régimen tendrá que complementar su estrategia, labores de inteligencia y contrainteligencia con estas reformas legales y no habrá excusa para obtener buenos resultados en la lucha contra el crimen organizado.

En síntesis, los resultados electorales del referéndum y consulta es producto del escenario construido por régimen apoyándose en la presencia en las calles de las FF.AA. y sus buenos resultados iniciales (reducción de las muertes violentas, lucha contra la extorsión y captura de sospechosos) fueron puntales para ganar parcialmente el referéndum debido al clima de inseguridad ciudadana. El gobierno utilizó la mano dura reforzándola con la acción de las FFAA., el endurecimiento de las penas en delitos ligados al crimen organizado y quiso aprovechar el referéndum para introducir, por la puerta trasera, el arbitraje para resolver los conflictos en acuerdos comerciales e inversión y la flexibilización laboral. Pero la población claramente rechazó el arbitraje y los trabajadores y empleados dijo no al trabajo por hora debido al riesgo de la precariedad laboral. El gobierno echa la culpa de esta perdida a opositores, entre ellos Construye.

El triunfo parcial en el primer instrumento y la victoria total en el segundo catapultan al presidente para sus aspiraciones de reelección. Ayer mismo ya hubo un cambio en el gabinete en el Ministerio de Gobierno, pero además debe refrescar su gabinete de aquellos que tuvieron una gestión errada como en relaciones exteriores (Embajada de México), en el manejo de la cartera del interior, en energía enfrentar la falta de generación eléctrica sin buscar excusas, eliminar la gestión gubernamental con fines electorales, etc.; por otro lado, deberá además preocuparse por reequilibrar la economía sin hacer recaer aún más el ajuste fiscal en las mayorías que se generaría con el nuevo acuerdo con el FMI y aminorar el condicionamiento en la inversión pública y efecto contractivo del ajuste que conduce a mayor desempleo y subempleo. Debe preocuparse de problemas estructurales como energía, empleo, salud, educación y bienestar social (reducir la pobreza, hambre, desnutrición infantil, etc.). Además, debe enfrentar a sus opositores, como Construye, que podrían postular a un candidato presidencial propio o uno ajeno con reconocida trayectoria por sus acciones internas y reconocimiento internacional.

Luis Rosero M.

El 21 de abril se realizará el referéndum que principalmente versará sobre el apoyo de las FF.AA. a la policía y dos temas económicos: trabajo por horas y arbitraje internacional.  La consulta popular indagará fundamentalmente temas de seguridad ciudadana, los delitos del crimen organizado y simplificación de trámites en la extinción de dominio. Ambos instrumentos se convertirán, como ha sucedido antes, en una valoración de la gestión del gobierno. El resultado será crucial para las aspiraciones de reelección del presidente.

En el referéndum se preguntará específicamente: A. Apoyo de la FF.AA. a la policía para combatir el crimen organizado, 1. Extradición de ecuatorianos, 2. Creación de judicaturas especiales en materia constitucional, 3. Arbitraje para resolver controversias, 4. Contratación por horas. La consulta tendrá 6 preguntas sobre 1. El control armas de las FF.AA. en rutas de ingreso a las cárceles, 2. Delitos de bandas criminales, 3. Cumplimiento de penas, 4. Tenencia y porte de armas, 5. La incautación de armas y explosivos sea utilizado por las FF.AA. y 6. El estado sea el dueño de bienes de origen ilícito simplificando tramites de ley de extinción de dominio.

En referéndum, resalta en la primera pregunta (A) que las FF.AA. apoyen a la Policía en el control de la seguridad ciudadana. Las otras 4 preguntas son de otros ámbitos. La dos siguientes se refieren a: 1. Extradición y 2. Creación judicaturas especiales de temas constitucionales.   Pero, la 3 y 4 se refieren a temas económicos, introducidos por posible condicionamiento de acuerdo con el FMI, que son muy importantes. El reconocimiento del arbitraje (3) para resolver controversias comerciales y de inversión, implican que el estado ecuatoriano renuncia a su legislación interna para atenerse a un dictamen de un grupo de expertos en el caso de una demanda contra el estado ecuatoriano. Según especialistas esto garantiza la seguridad jurídica para la inversión extranjera, contratos y de acuerdos comerciales. Estos son realizados por centros de arbitrajes, algunos de los cuales son proveídos por organismos internacionales. La pregunta más controversial, es la del trabajo por horas (4). El problema es el abuso que puede haber por parte de las empresas de eliminar la estabilidad laboral e instaurar la precariedad laboral, como la tercerización, con este tipo de contrato. Aún, la pregunta A implica una reforma parcial a la Constitución y las otras 4 una enmienda constitucional, lo que significa que si gana el sí pasan a ser un cambio definitivo en la Constitución.

Tal como está diseñada la papeleta del referéndum, la primera pregunta destaca el apoyo de las FF.AA. que influiría en la decisión de como votar en las siguientes 4 preguntas.  El enviar a las calles a las FF.AA. ha sido bien visto por la ciudadanía, dado el estado de inseguridad ciudadana que vive el país, por lo que, al colocar esa primera pregunta, condiciona como respondería el elector a las siguientes preguntas y eso también influiría en la introducción de las dos preguntas sobre temas económicos que tienen un porcentaje importante del no.

El aumento de la violencia y de la inseguridad ciudadana es consecuencia de la acción del crimen organizado tanto por narcotráfico y delincuencia común. El gobierno actual ha ejecutado acciones para frenar la violencia apoyado en las FF.AA con relativo éxito. Sin embargo, en éstas solo resalta la presencia y control de las FF.AA. en las calles e ingreso a cárceles. Los expertos señalan que se requiere mucho más que operativos para el control del crimen organizado. O sea, una política de seguridad integral que no sea solo la aplicación de mano dura sino además incluya los aspectos sociales que da origen a la violencia así como una estrategia y labor de inteligencia y contrainteligencia para frenarla. Por ello, el régimen busca que, con la consulta, las FF.AA. realicen control de armas en las rutas de acceso a las cárceles, que las armas incautadas pasen a manos de éstas y sea un delito el uso de armas de uso de las FF.AA. y Policía. La consulta también plantea que se instauren como nuevos delitos acciones de los grupos criminales, que se cumpla todas las penas de los condenados y el estado sea dueño de los bienes ilícitos de estos grupos. Dado el estado de inseguridad ciudadana y tal como están planteadas las preguntas de la consulta, la mayoría de la población estaría de acuerdo con las 6 preguntas. El riesgo es el abuso en la aplicación de estas nuevas funciones de las FF.AA. y que se extrapolen a otras áreas que no sean de la lucha contra el crimen organizado que ahora se ha calificado como organizaciones terroristas.

En los dos últimos gobiernos, las consultas populares se han convertido en una evaluación de la gestión del régimen que incide en la popularidad del ejecutivo. En buena medida esto se mide por la calidad de dicha gestión. En el gobierno anterior, la inacción frente a la inseguridad ciudadana llevó a que su popularidad cayera a solo 13%, según un sondeo de mayo de 2023 de Perfiles de Opinión. Con este antecedente, el gobierno bajo el imperio del estado de excepción, además de sacar a las FF.AA. a las calles, ha realizado operativos en barrios peligrosos y ahora se creó, dentro de la Policía, un grupo especial para enfrentar la extorsión (vacunas), similar al de los secuestros, que ya tuvo su primer operativo en 5 provincias. Además, la semana anterior ha capturado a miembros de las principales bandas criminales.

Además, tendrán incidencia en la decisión de votar en la consulta y referéndum la irrupción de la policía en la Embajada de México y otros hechos. Sebastián Hurtado, consultor político, ha declarado sobre el ingreso a esa sede diplomática “Pienso que hay un costo reputacional importante. Las acciones del Gobierno son sin precedentes en un país democrático y cimientan la percepción del Ecuador como un país en donde cualquier cosa es posible; en donde en realidad los líderes políticos están dispuestos a hacer casi cualquier cosa, independientemente de las normas internacionales, para avanzar en sus intereses políticos o en sus rencillas políticas.”Dicho país, ha entregado una demanda a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) solicitando se sancione al Ecuador por la violación de la Convención de Viena. Por otro lado, en el juicio, en EE.UU., al ex contralor Pólit, ha revelado información sobre los sobornos que recibió y a quienes favoreció que incluye una mención a Glas que abona a la batalla del gobierno contra la corrupción. La pena que imponga la CIJ traerá repercusiones al país, en su imagen internacional, y sobre la situación legal de Glas, sobre todo, por el veredicto del tribunal que trató sobre su solicitud de habeas corpus en el que se estableció que su arresto, en la embajada de México, fue arbitraria e ilegal. Por otro lado, ayer y hoy la prensa informa de cortes de energía eléctrica Guayaquil, Manta y Portoviejo y otras ciudades de la costa y también en la capital que podría ser un preludio de apagones futuros. También incidirá, como dije en el artículo anterior, el alza del IVA, el futuro acuerdo con el FMI y el deterior de la situación social.

En suma, los factores señalados van a incidir, a favor y en contra, en la decisión de como votar en las preguntas del referéndum y consulta popular. Según encuestas, la decisión por el sí lleva la delantera pero ha reducido su margen de diferencia respecto al No. Esto se puede explicar parcialmente por la débil campaña por el No por parte de Pachakutik y Unidad Popular. En pregunta sobre el trabajo por hora hay probabilidad del triunfo del NO, por el temor de los trabajadores y empleados de la precariedad laboral y, la misma tendencia seguiría la pregunta sobre el arbitraje pero con menor margen. En todo caso, el escenario construido por el gobierno busca un golpe de efecto sobre su imagen y gestión, la deconstrucción de este por la oposición y la coyuntura actual pesará en la decisión de como votar en ambos instrumentos y, sin duda, se convertirían en una evaluación de la gestión del régimen y de la aprobación del ejecutivo por parte de la población y será clave para su reelección.

Luis Rosero M.

En el artículo de la semana pasada señale que la inseguridad ciudadana y la economía son los dos principales problemas de coyuntura que enfrenta el país. En la primera semana de abril de 2024 han sucedido una serie de acciones gubernamentales y judiciales que incidiría sobre las expectativas de la decisión de como votar en la consulta popular y referéndum del 21 de abril. Como en el teatro, el escenario se construye y deconstruye.

Hasta antes de los hechos de violencia, en la semana santa pasada, la acción de las Fuerzas Armadas y Policía en su lucha contra el crimen organizado había aumentado la percepción positiva de la población de la reducción de la inseguridad, al menos en la zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón). El brote de violencia criminal volvió a aumentar la percepción de inseguridad de la ciudadanía. Ante ese hecho, el gobierno emprendió una campaña de apresamiento de integrantes y líderes de bandas criminales, de secuestradores y extorsionadores. Además, el domingo de la semana santa pasada, pude ver como militares vigilaban, al interior, de un centro comercial de Samborondón. Todo esto llevó a que dicha percepción de inseguridad ciudadana disminuyera.

El 1 de abril, empezó a regir el aumento del IVA del 12 a 15%, que se aplica también a las gasolinas, diésel y gas, lo que afectará al costo de la canasta básica y del transporte de carga, comercial e industrial. Una encuesta de CEDATOS, del 3 de abril, mostró que el 47% de la población rechaza el aumento del IVA y que éste afectaría en la decisión de como votar en la consulta popular. En efecto, hasta marzo de este año, el SI en la consulta popular alcanzó el 53.5% de apoyo, pero con la vigencia del alza del IVA el apoyo descendió a 50.7%. También anotó la encuestadora que la población tenía mucho desconocimiento del contenido de la consulta. Además, midió la aprobación de la gestión del presidente que registro en febrero 81.4% y marzo 74.4% pero en la encuesta, realizada el 3 de marzo, ésta había caído al 68.8% en tanto que la desaprobación paso de 19,9%, del 27 de marzo, a 29.3%, al 3 de abril. O sea, un aumento de 9.4 puntos de desaprobación en solo una semana.

En el artículo de la semana anterior también señalé otros indicadores económicos. En febrero, el desempleo alcanzó 4.2%, un aumento de 2% respecto a enero de 2024, también hubo una reducción del empleo adecuado y un crecimiento de la informalidad a 55.1%, un aumento de 0.5% que representan alrededor de 5 millones de ecuatorianos. Esto es resultado de la tendencia de la desaceleración de la economía, reconocida por el Banco Central al estimar una tasa de crecimiento, en 2024, de sólo 1%. Otro indicador importante, es el de la pobreza por ingresos que, en 2023, representó el 23.9% y la pobreza multidimensional 36.9%, según cifras del INEC.  A eso se suma, la declaración del presidente de la firma de un convenio con el FMI para obtener un crédito de 3000 millones de dólares que tiene condicionamientos en cuanto a medidas económicas. Por eso, se explicaría el aumento del IVA y la pregunta 4 del referéndum que plantea la reforma a la constitución y reforma del código de trabajo para incluir el trabajo por horas. Los datos objetivos sobre el desempleo e informalidad y las condicionalidades del FMI influirían en la decisión de como votar en el referéndum y consulta.

Hay una investigación judicial y dos hechos políticos que influirían en la consulta. Los casos Metástasis,  Purga y Plaga, muestran la incidencia del crimen organizado en asesinatos, el nivel de corrupción en el sector público y en la justicia. El gobierno abandera la lucha contra las bandas criminales y la corrupción. De los hechos políticos, el primero, es la acusación del presidente de la intención del movimiento CREO de querer boicotear la consulta, a través de la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME), con la convocatoria a una manifestación pacifica para solicitar el pago de los recursos atrasados. El gobierno trata de encontrar un enemigo a quién endosar -CREO, un cadáver político, el descenso del apoyo del SI en la consulta y en su gestión según las encuestas de CEDATOS.

El segundo hecho político es el ingreso de la Policía, por la fuerza, a la embajada de México, para apresar a Jorge Glas, ex vicepresidente de la República, hecho que ha generado el rechazo de gobiernos latinoamericanos de izquierda, derecha, EE.UU., de la ONU y la UE, basados en la violación de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. Esto ha generado un revuelo a nivel internacional sobre la acción del presidente que lleva a pensar hasta donde es capaz de llegar. Aún más, El Universo publicó el titular “MTOP confirma que documento sobre la prohibición de vuelos desde y hacia México si existió, pero no por disposición de las autoridades del gobierno” agregando que se pidió la renuncia de quienes elaboraron documento de la DAC. Si bien no se esclarece esta decisión, alguien ordenó que se elabore tal documento, enrareciendo más el ambiente sobre este asunto. El tema fundamental es que el régimen justifica dicha acción por la lucha por la erradicación de la delincuencia y corrupción con el apoyo de la Fiscalía General del Estado. Dicha irrupción tendrá implicancias en credibilidad del país en el respeto del derecho internacional y en las relaciones internacionales.

En síntesis, hemos señalado hechos y acciones que, objetivamente y subjetivamente, incidirían en las decisiones de como votar en la consulta popular y referéndum. El gobierno construye su escenario para ganar la consulta, con miras en la reelección, y los opositores buscan su desconstrucción apoyando el No.