Luis Rosero M.

En la semana santa recrudeció la ola de violencia, en la costa, con asesinatos, lo cual se da en el escenario de un deterioro económico en lo que va del año y con el alza del IVA, a partir del 1 de abril, continuará por el aumento de precios de productos de la canasta básica, de la gasolina, diésel y gas que presionaran al alza del costo de ésta afectando, aún más, las condiciones de vida.

El fin de semana anterior, fue sangriento, por las muertes violentas, aún con el estado de excepción,   en Manabí, de la alcaldesa de San Vicente, de 5 personas en Puerto López, de once más en Manta; en Guayaquil, masacraron a 9 habitantes del Guasmo Sur, un concejal fue asesinado, hubo un amotinamiento en una cárcel que dejo muertos y heridos; en Durán balearon a policías, etc. Son los principales hechos de violencia después de una reducción de las muertes violentas, en febrero de este año, mostrando que el crimen organizado sigue operando, a más de lo señalado, ha habido pérdida de control de algunas cárceles y  aumento de secuestros y extorsión (vacunas). El diario El Universo ha resumido en una noticia que, según los expertos, para lograr seguridad “no solo depende de operativos, sino de políticas públicas integrales” “ya es tiempo de ampliar estrategias para no solo disuadir sino prevenir y controlar la seguridad del país”. Un General del Ejército, en servicio pasivo, ha declarado “El crimen organizado vuelve a realizar actividades delincuenciales; se está viendo un nuevo recrudecimiento y estos grupos irregulares están dando señales de querer amedrentar a la fuerza pública.”

La violencia genera un estado de inseguridad y temor en la población, agravado por la situación económica-social llevando más incertidumbre y estrés ciudadano. En febrero, el desempleo alcanzó 4.2%, un aumento de 2% respecto a enero de 2024, también hubo una reducción del empleo adecuado y un crecimiento de la informalidad a 55.1%, un aumento de 0.5% que representan alrededor de 5 millones de ecuatorianos. Esto es resultado de la tendencia de la desaceleración de la economía, reconocida por el Banco Central al estimar una tasa de crecimiento, en 2024, de sólo 1%. Otro indicador importante, es el de la pobreza por ingresos que, en 2023, representó el 23.9% y la pobreza multidimensional 36.9%, según cifras del INEC. ¿Como puede soportar la población vulnerable tal situación? Las remesas de ecuatorianos en el exterior fueron 5447 millones de dólares en 2023, mayores a las exportaciones de camarón, una cifra récord, que explica como estas ayudan a sobrevivir a la gente pobre y grupos vulnerables. La otra válvula de escape es la migración, tal es así que el segundo mayor grupo que traspasa la selva del Darien (Colombia-Venezuela) es ecuatoriano, que es una de las vías para llegar a EE.UU.

Por la ley del conflicto armado interno el IVA subirá de 12 a 15%, lo que afectará al precio de 208  productos componentes de la canasta básica. Esta tiene 359 productos, de los cuales 151 no subirán  porqué no pagan IVA por ser bienes básicos no procesados. Sin embargo, un decreto presidencial aumento el precio del gas, por el alza de IVA, que será de 5 centavos; el cual se había mantenido fijo desde hace 23 años; la gasolina extra y ecopais aumentarán 7 centavos y el diésel cinco centavos. A más de la subida de precios de los bienes de la canasta básica que si pagan IVA, el alza de los combustibles será incrementar el costo de la canasta básica. Si bien hay productos de estas que están exentos del IVA, 208 si tendrán que pagar este aumento de este impuesto. A ello, se agrega que el aumento de los combustibles y gas, por mayor IVA, si bien es pequeño, podría generar presión en las expectativas inflacionarias. Una vía de incremento de precios directa, sobre todo en el transporte de carga, es el aumento del diésel que aumentará el costo de este tipo de transporte e insumos de la industria que llevará a que se incremente el costo de los productos alimenticios de la sierra y, e incentivará presiones para un incremento del pasaje del transporte público, que finalmente se traducirá en un aumento del costo de la canasta básica.

En síntesis, además de la inseguridad, por el aumento de la violencia, la población -sobre todo pobres, informales y grupos vulnerables- reducirán su capacidad de compra por el alza de la canasta básica disminuyendo su nivel de bienestar. Con la tendencia a la desaceleración de la economía, que se agrava por el efecto recesivo del IVA y el ajuste fiscal, la economía tendería a generar menor nivel de empleo, aumentando el nivel de pobreza e indigencia. La situación social y económica de las mayorías se deterioraría que pagarían el coste de ajuste fiscal. A más de eso, lo situación podría empeorar si se firma el convenio con el FMI que implicaría la toma de nuevas medidas económicas que agravarían a situación social de las mayorías.

Luis Rosero M.

Si el DNU, le permitió a Milei aplicar la desregulación de la economía condujo a la vigencia del libre mercado en una serie de actividades claves, sin restricciones; la devaluación y el ajuste fiscal -con recortes extremos y eliminación de subsidios- licuaron los ingresos de los vulnerables de la sociedad, que lograron alcanzar un superávit fiscal -a costa del bienestar de la gente-. A más de eso, la población sufre un brote del dengue que pone en riesgo la salud de 100000 infectados.  En cambio, el proyecto de ley ómnibus, de 600 artículos, buscaba la privatización del sector público. Sin embargo, éste fue rechazado por el Congreso así como el DNU por el Senado -una primera instancia- que son las dos primeras derrotas legislativas del gobierno.

Para alcanzar aprobar el proyecto de ley ómnibus, el gobierno cambio de estrategia, redujo su contenido a menos de la mitad del anterior y lo dividió en dos partes. La primera, la ha denominado Ley de Bases y Puntos de partida para la libertad de los argentinos que busca la delegación de poderes emergentes en materias de reforma del estado, más desregulación de la economía, cambios en el cálculo de las pensiones jubilares, reformas legales en el ámbito del sector de energía, régimen de incentivos para grandes inversiones y privatizaciones y concesiones de empresas públicas pero más acotada que la primera versión del proyecto inicial.  Si bien, en lo general, el proyecto fue aprobado por la Cámara de Diputados, en esta semana se inicia la discusión para su aprobación de artículo por artículo. El primer proyecto de la ley combo fue aprobado, en lo general, pero fue rechazado en el trámite artículo por artículo.

La segunda, llamada proyecto de ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes, de 119 artículos, que busca más ingresos fiscales, modificar la participación de las provincias de ciertos impuestos, reducción del impuesto a los bienes personales, etc. Por el ajuste fiscal, a las provincias se les ha reducido algunas transferencias y no se les ha entregado lo que les corresponde, por ello este proyecto busca modificar el reparto de los impuestos a las provincias.

Se va delineando así el plan económico de Milei. La devaluación buscó reducir la brecha cambiaria entre el tipo de cambio oficial y el paralelo (blue) e incentivar la liquidación de divisas de los exportadores para fortalecer la Reserva Monetaria Internacional (RMI a fin de aliviar la restricción financiera en divisas. El ajuste fiscal, cuyo costo no lo pago la casta sino los más vulnerables de la sociedad, recayó principalmente sobre asalariados y jubilados, logró, en los dos primeros meses del año, superávit fiscal, con un alto costo social. El DNU llevó a la desregulación de la economía eliminando las trabas y cortapisas que tenía el mercado para actuar libremente que permitió, entre otros, a las empresas privadas de servicios públicos aumentar las tarifas del transporte, energía (luz, gas y combustibles), medicina prepagada, etc. y a las de distribución de bienes de la canasta básica aumentar fuertemente sus precios.

Con el proyecto de Ley de Bases y Puntos de partida para la libertad de los argentinos busca la privatización acotada de empresas e instituciones públicas incluidas las que fueron regresadas al sector público por el fracaso de la privatización inicial. Por otro lado, busca cambiar el cálculo de incremento de las pensiones jubilares en base a la inflación pero a partir de abril de este año, lo que implica ya una reducción en términos reales de éstas. Se pretende aumentar el ámbito de la desregulación que ya introdujo el DNU, aumentar la libertad de mercado en el sector de energía y dar incentivos fiscales a grandes inversiones.  La vigencia de este proyecto depende del trámite de artículo por artículo, lo cual puede modificar o eliminar algunos artículos. 

El proyecto de ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes busca modificar la forma de reparto de algunos impuestos a las provincias. Con la exención del pago del impuesto a las ganancias (ingresos) a cierta parte de trabajadores, en el gobierno anterior, se redujo el monto total de este impuesto y como este era repartido con las provincias, los ingresos fiscales de estas cayeron. Ahora buscan que su participación en el Impuesto País sea restituido. Además, el proyecto busca reducir el impuesto a los bienes personales (riqueza).

Además, el gobierno realizó un canje de deuda en moneda nacional que obtuvo el 77% de aceptación de deudas por 42.6 billones de pesos que vencen en 2024. Por otro lado, el gobierno gestiona un acuerdo con el FMI por 15000 millones de pesos.

Al parecer, todas las medidas aplicadas y las que se pretende con estas dos nuevas leyes buscarían cumplir con el condicionamiento que habría impuesto el FMI. La inflación anual es la mas alta del mundo, aunque la inflación de febrero bajo; alcanzó superávit fiscal; con los dos proyectos de ley buscaría la privatización de empresas públicas y ahondar en mas ingresos públicos. En el trasfondo esta la renegociación de la deuda en pesos (Standard & Poor’s dice que es un impago) y cubrir el pago de la deuda externa con el convenio con el FMI. Lo que si es claro es que el ajuste no lo pago la casta sino los mas vulnerables de la sociedad.

Luis Rosero M.

Con el experimento económico de Milei -como en el de la convertibilidad- aplicó medidas ultra radicales desde el inicio con -la fuerte devaluación y el ajuste fiscal draconiano- seguidas del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) y la ley Ómnibus (Combo) que provocó una desregulación a ultranza -DNU- y busco la privatización del estado. Pero también fue radical la aplicación vía shock (de un solo golpe) que, en los primeros 100 días, han causado un fuerte aumento de la inflación, eliminación de subsidios de servicios públicos que han deteriorado el ingreso real de la clase media, los asalariados e informales. Si bien logró alcanzar un superávit fiscal, como toda política económica tiene un costo, este han sido cargado a los sectores más débiles de la sociedad y no la casta política como prometió Milei. La crisis social se agrava con más pobreza y deterioro del nivel de vida. Las dos derrotas legislativas -el rechazo de la ley ómnibus y del DNU por el Senado -la primera instancia- ponen en vilo al experimento económico.

La devaluación de más de 100%, buscaba reducir la brecha cambiaria entre el dólar oficial y el dólar blue (m. paralelo). Además de esto trata de incentivar la liquidación de divisas de las exportaciones para aumentar el ingreso de dólares que fortalezcan la reserva monetaria internacional (RMI), uno de los aspectos claves para reducir la brecha cambiaria y, en el mediano plazo, instrumentar la dolarización. Esta medida impactó sobre las expectativas de inflación que aumentaron los precios.

Así, la inflación de diciembre de 2023 alcanzó 25.5% y la anual 211.4%. En enero de 2024, comenzó la disminución de subsidios a la energía, transporte y otros servicios públicos que llevó la inflación a 20.6% y la anual 254.2%. En febrero, la inflación mensual alcanzó 13.2% por el aumento de servicios de comunicaciones, transporte y vivienda, gas y electricidad. Esta última aumentó entre 65 – 150%.  Todas estas subas se explican por la reducción de subsidios a estos componentes de la canasta básica. Así, se incrementaron el precio de la nafta, alquileres, tren subterráneo, empresas de salud prepagadas, internet, TV cable y gas. La inflación anual llegó a 272.6% siguiendo la tendencia alcista. Si bien el aumento de precios mensual se redujo su índice se mantiene alto, lo que implica un deterioro del salario real que, en diciembre de 2023, ya alcanzó 13%. En diciembre de 2023, la inflación de alimentos y bebidas no alcohólicas estuvo entre las más alta (25.5%), bajando en enero de 2024 (20.6%) y en febrero (13.2%). Si bien cayó este tipo de inflación, mantiene un nivel elevado. Esto se produjo por liberación de precios que llevaron a las grandes empresas de distribución de alimentos a subir constantemente los precios y reetiquetar estos (Unilever, Procter & Gamble, Arcor, La Serenísima, Bimbo, etc.), reflejando el poder oligopólico de estas empresas que ha obligado al gobierno a abrir las importaciones de alimentos para frenar la inflación. En la estrategia antiinflacionaria el gobierno está aplicando un recorte de la demanda agregada (contracción del consumo) para reducirla y presionar a la baja los precios de los productos de la canasta básica y, obligado por los hechos, someter a competencia a las grandes empresas distribuidoras de alimentos a través de mayor nivel de importaciones de productos de la canasta básica.

Para reducir el déficit fiscal, aplicó un ajuste draconiano. Además de la reducción de los subsidios al transporte, vivienda, gas y electricidad, recortó cerca del 40% las jubilaciones y pensiones, uno de los gastos más altos del estado, también se aminoró la plantilla del sector público y se ha llegado hasta cortar el gasto en ciencias. En resumen, disminuyeron los salarios públicos, subsidios (64%) y la inversión pública (86%). Aún más, se derogó la ley de alquileres que hizo que los arriendos sean más altos. Por el lado de los ingresos públicos, hay que considerar el aumento del impuesto país. Adicionalmente, restringió la entrega de transferencias a las provincias. Como consecuencia de este tremendo ajuste el gobierno anunció que, en enero de 2024, había alcanzado superávit fiscal.

La desregulación de la economía se hizo a través del DNU, que reformó o eliminó más de un ciento de leyes con el propósito de alcanzar apertura económica, reforma del estado, reforma laboral que incluye redefinir los contratos colectivos, régimen de trabajo agrario, comercio, teletrabajo. Se derogan algunos artículos de leyes relacionadas con los sectores de minería, energía, energía renovable, actividad aerocomercial, justicia, salud -incluye medicina prepagada, sistema nacional de seguros de salud, receta electrónica-, comunicación, deportes y turismo. El objetivo es la desregulación de  estas actividades y la propiedad de los recursos naturales para que el sector privado tenga plena libertad de mercado. Sin embargo, el Senado argentino rechazó el DNU y ahora para que no tenga vigencia falta la decisión de la Cámara de Diputados. Por otro lado, el sector sindical presentó una demanda ante la justicia para frenar la reforma laboral -incluida en el DNU- que negó la vigencia de la misma. También el gobierno enfrentó un paro aereonáutico, por parte de sus empleados, que reclamaban alza salarial. Así mismo, la justicia federal de Entreríos dejó sin efecto los aumentos aplicados por una empresa de medicina prepagada. La segunda derrota legilativa fue con a ley Ómnibus que no fue aprobada por el Congreso.

El Observatorio social de la Universidad Católica, señala que, en el tercer trimestre de 2023, la pobreza alcanzó 44.7%, en enero de 2024, se disparó a 57.4%, relejando el nivel de la población que estuvo por debajo de la línea de pobreza. Además, calculó que 27 millones son pobres y 7 millones serían indigentes. Este es el impacto social del programa económico de Milei y, en lo económico, hubo un decrecimiento del 1.6% en 2023 y el FMI estima un descenso de la economía de 2.8% en 2024. Esto se debe a una crisis que se venía arrastrando, al programa económico que es recesivo, que atiza la redistribución negativa del ingreso y aumenta la pobreza e indigencia.

Si bien es necesario la estabilización de precios y el equilibrio fiscal, para sentar las bases del equilibrio macroeconómico, el ajuste no lo pago la casta política como anunció Milei, sino que fue la población principalmente la clase media, pobre, jubilados y trabajadores. Hay que considerar que la política antiinflacionaria y el ajuste serán recesivos, como ya prevé el FMI, que agudizarán el fuerte impacto social del programa antinflacionario y de ajuste fiscal. En crisis, en lo social, la repuesta de la calle, o sea la protesta o movilización social, son el principal riesgo del gobierno para llevar adelante su plan económico. Este podría ser sostenible si logra tener éxito la política antiinflacionaria y el ajuste fiscal. Pero, además, requiere reducir la brecha cambiaria que, a su vez, depende de las RMI, las exportaciones y financiamiento externo. Al parecer, Milei busca un nuevo acuerdo con el FMI que respalde su plan económico y le proporcione recursos para aliviar su restricción financiera en divisas. Ya la Primera Subdirectora Gerente del FMI reconoció y advirtió “Dado los costes de estabilización a corto plazo, es esencial sostener esfuerzos para apoyar a los segmentos vulnerables de la población y preservar el valor real de la asistencia social y las pensiones, así como garantizar que la carga del ajuste no recaiga desproporcionadamente sobre familias trabajadores ”El experimento de Milei está en duda ya que depende -el DNU- de la aprobación de la Cámara de Diputados. Esto es el reflejo del mal manejo político del gobierno que quiere imponer decisiones sin negociar con el Congreso.

Luis Rosero M.

En el artículo anterior señalé que el Banco Mundial incluye al Ecuador como un país con calificaciones crediticias leves, situándolo como una economía con mayor riesgo en su deuda externa, lo que podría implicar la posibilidad de problemas de la sostenibilidad de esta deuda lo cual podría derivar en una crisis de ésta. En artículos anteriores ya había señalado la posibilidad de un convenio con el FMI, pero se trataría de un crédito de servicio ampliado (SAF) que ya firmaron los dos gobiernos anteriores.

Según informó Expreso, la deuda pública (agregada) del país alcanzó, a diciembre de 2023, 79.316 millones de dólares que, si le agregamos los otros pasivos de 4591 millones, sumaria 83907 millones de dólares que representaría el 70.2% del PIB, cifra mayor a la que señala el Boletín de Deuda Pública del Ministerio de Finanzas (51.2%). Lo más crítico es que las dos terceras partes de la deuda es con el exterior. Y aún más, cerca del 60%, de la deuda externa, corresponde a organismos financieros internacionales, siendo el principal acreedor el FMI.

De acuerdo con la información del Ministerio de Finanzas, del perfil principal de la deuda externa los vencimientos de ésta serían en el periodo 2024-2027 corresponderían a 2246, 3220, 3996 y 4315 millones de dólares respectivamente, siendo los años con más alta amortización 2026-2027 que sumarían 8311 millones de dólares que, con un déficit del presupuesto del estado 2024 (6000 millones) representa un aumento del riesgo de la deuda externa que podría derivar en una crisis de su sostenibilidad. Es por ello, que el riesgo país desde la posesión del actual gobierno llegó a alcanzar a diciembre de 2023 más de 2000 puntos hasta que se aprobaron los proyectos de leyes tributarias y otras enviadas por el ejecutivo.

El financiamiento del presupuesto de 2024 se cubrirá con una lluvia de impuestos y otros ingresos: IVA al 15%, ICE de 5%, contribuciones de grandes empresas y bancos, adelanto del impuesto a la renta de 2024, venta de oro, parte de la RM, que aumento las ganancias del Banco Central que fueron trasladadas -por ley- al Ministerio de Finanzas, impuesto a los pronósticos deportivos, renegociación de los contratos con las telefónicas, focalización del subsidio a las gasolinas. A lo que se agrega, la recuperación de parte de los activos incautados a narcos y el dictamen favorable al país de un juicio que realizó una empresa extranjera. Esto explica por qué bajo el riesgo país, en el mes de marzo, además del anunció de la firma del convenio con el FMI.

El trasfondo del nuevo convenio con el FMI es evitar una crisis de deuda. Todos estos nuevos recursos más los 3000 millones de crédito que se obtendrían de ese organismo podrían cubrir el pago de las amortizaciones de la deuda externa en el período 2024-2025, sobre todo para pagarle al propio FMI y otros organismos multilaterales que son los principales acreedores del país.

En el gobierno de Moreno se firmó, en junio de 2019, un SAF por 6500 millones de dólares que implicó una serie de reformas y con Lasso, en 2021, se renegociaron las metas del mismo. Ahora con este nuevo SAF, en el gobierno de Noboa, se aplicarán una serie de reformas estructurales en los sectores financieros, política monetaria, gasto público, política fiscal y otros. Además, se impondrán condicionalidades cuantitativas en déficit fiscal, endeudamiento, base monetaria, reservas.

Como había señalado, en estos gobiernos se hizo más pronunciada la tendencia perversa de déficit fiscal-más impuestos-reformas tributarias que derivaban en más endeudamiento, sobre todo externo. Ahora al parecer se seguirá la misma tendencia. El aumento constante de la deuda externa implica obtener más recursos tributarios para pagarla y genera un efecto desplazamiento de otros rubros del presupuesto del Estado quedando menos recursos para inversión pública, gasto social, subsidios, etc.

El ex ministro de Finanzas, Marcos Flores T., en un artículo de este año, señala que “Solo cuestión de tiempo la crisis de la deuda pública ecuatoriana”, lo que podría derivar en una renegociación de la deuda externa que requiere el aval del FMI. No es casualidad entonces que se firme un convenio con este organismo por la posibilidad de una crisis de deuda que, se resuelve temporalmente, ampliando el plazo de pago de la deuda lo que implica pago de un mayor valor de intereses y comisiones. Continuaría así dicha tendencia perversa.

Luis Rosero M.

En el artículo anterior “Crisis fiscal se enfrenta: con más impuestos (IVA 15%), más deuda y acuerdo con el FMI)”, como se expresa en su título, señalé que el gobierno busca firmar un acuerdo con el FMI para obtener financiamiento y tener el aval de este organismo para contratar más deuda soberana. El Presidente anunció que, en dos meses se firmaría el convenio con dicho organismo, lo cual significa más austeridad y condicionamiento de la política económica.

En dicho artículo también expresé que “Este gobierno, como los últimos cinco, enfrenta el recurrente déficit fiscal con una espiral de remisión tributaria, más ingresos tributarios y mayor endeudamiento, que implica una mayor carga tributaria para los ciudadanos.” Y “Si estos no alcanzan, se recurre a reformas tributarias que refuerzan dicha espiral. Lo preocupante de esta tendencia perversa es la recurrencia a reformas tributarias y endeudamiento externo que pone en riesgo la sostenibilidad de la deuda.”

El Ministerio de Economía y Finanzas ha informado del cambio de la metodología sobre la deuda pública que se aplica a partir del Boletín de Deuda Pública de diciembre de 2023. El principal cambio respecto a la deuda interna es la inclusión de la Deuda a la Seguridad Social así como ya se había reconocido antes las obligaciones pendientes de pago del ejercicio fiscal en curso (atrasos). De acuerdo con dicho boletín, de esa fecha, la deuda pública alcanzaba 61245,44 millones de dólares, de la cual 46877,30 es externa (76.5% del total) y 13437.99 es interna (23.5%). Esto es, qué más de la tercera parte de la deuda total corresponde a la deuda con el exterior. Aún más, la relación Deuda/PIB alcanzó  51.22%, cuando la Constitución señala que este índice debe ser máximo 40%. O sea, estamos sobreendeudados de acuerdo a nuestra legislación. La deuda con la Seguridad Social representa 14.509,44 miles de dólares, con lo cual se reconoce el verdadero valor de la deuda del gobierno con los organismos de seguridad social del país.

El Banco Mundial (BM) publicó, en su blog, el documento “ https://blogs.worldbank.org/es/voices/crisis-de-deuda-silenciosa-hunde-economias-en-desarrollo-bajos-indices-solvencia-crediticia?cid=SHR_BlogSiteEmail_ES_EXT”, sobre las 28 economías en desarrollo -con calificaciones crediticias débiles- en el que se señala que han caído “en una trampa de deuda sin esperanza de escape en el corto plazo” En este grupo esta Ecuador, y recalcan que el costo de endeudamiento ha aumentado en los dos últimos años y “ahora enfrentan una tasa de interés aproximadamente 20 puntos por encima de la tasa de referencia mundial …” Pronostica el BM qué los habitantes de esas economías serán en promedio más pobres que en 2019, crecerían casi un punto porcentual más lentamente en 2024-25 y concluye que estos países deberían crear un espacio fiscal para ampliar las bases de ingresos gubernamentales, priorizar el gasto, por ejemplo, desechando subsidios distorsionadores y despilfarradores,   necesitan ayuda exterior en forma de alivio de la deuda sobre todo de una reestructuración de ésta.

Según el portal https://datosmacro.expansión.com, países como Australia, Dinamarca, Alemania, Países Bajos y Suiza tenían, según las calificadoras de riesgo S & P y Moody’s,  una calificación de la deuda aaa (Moody’s: de más alta calidad, con riesgo mínimo) y un índice de calidad de 100 puntos de su deuda soberana mientras que Ecuador, la primera la calificaba como B- y, la segunda Caa2 (Moody’s: mala posición y están sujetas a un riesgo crediticio muy alto) y su índice de calidad la situaban en 21, le seguían Mozambique y Salvador con un índice de calidad de 18 y 16 puntos.

El país enfrenta una serie de desequilibrios macroeconómicos, entre ellos, la sostenibilidad de su deuda soberana. El BM ha realizado una advertencia y recomendaciones de medidas económicas a esas 28 economías para no caigan en default. El gobierno busca un convenio con el FMI, no solo para obtener 3000 millones de dólares de financiamiento sino que, además ha tomado medidas económicas que generalmente este organismo exige previo a la celebración de un acuerdo. El aumento de los impuestos (IVA), contribuciones y otros ingresos le permiten al gobierno disminuir el déficit fiscal pero, al parecer, buscaría estar en buena posición con este organismo a fin de reducir el riesgo de la deuda externa. El gobierno estaría tomando las decisiones económicas que van en línea con lo sugerido por el BM para disminuir el riesgo de la sostenibilidad de la deuda externa. Sobre todo a qué el BM proyecta que los países con calificaciones crediticias más débiles crecerían menos en 2024 y el Banco Central proyectó un crecimiento de solo 0.8%. Todo acuerdo relacionado con la deuda externa requiere de un aval del FMI.