Luis Rosero M.

Con el primer paquete de medidas, con devaluación, desregulación y reducción del déficit fiscal, el gobierno argentino estableció algunos puntales de su política económica. Ahora, con la Ley Bases completaría su esquema económico. Si bien las variables macroeconómicas están mejorando, el costo del draconiano ajuste fiscal ha deteriorado el nivel de vida de la población, aumentado la pobreza e incrementado el hambre.  Milei hace malabares para frenar el diferencial cambiario, enfrentar la falta de divisas, con créditos externos, etc. mientras tanto el descontento social continúa avanzando.

Por un voto, el Senado dio la media sanción a la Ley Bases. Para ello, el gobierno tuvo que recortar y modificar su proyecto original cediendo algunos aspectos que estaban en el proyecto original. Los puntos claves de lo aprobado son reducir al mínimo el tamaño del estado a través de eliminar, privatizar o concesionar empresas públicas; reforma del mercado de trabajo; atracción de capital extranjero y liberalización de precios en lo energético; incentivos a grandes inversiones en energía, minería, agroindustria y tecnología; reforma tributaria: reimplantación de un segmento de trabajadores para que paguen el Impuesto a las Ganancias, impuesto al patrimonio y amnistía fiscal, y, lo más polémico, por un año darle poder legislativo (reforma o aprobar leyes) al Presidente en materia administrativa, económica, financiera y energética sin pasar por el Congreso. En el período que se discutió dicho proyecto hubo graves disturbios por parte de las centrales de trabajadores que se oponían a su aprobación. Este proyecto de ley deberá volver a la Cámara de Diputados para la  aprobación definitiva. El gobierno busca que se apruebe el texto original aprobado por esta Cámara que es mucho más drástico que el aprobado por el Senado.

Uno de los problemas macroeconómicos más críticos de Argentina es la alta inflación. Desde diciembre de 2023, en el que Milei asumió el poder, la inflación mensual ha sido alta. En ese mes alcanzó 25.5%, en enero de 2024 bajó a 20.6%, pero en febrero y marzo cayó a 13.2 y 11% pero en abril se redujo a un dígito 8.8% y en mayo cae a la mitad. Esto ha sido posible, en parte, por la aplicación de la teoría de inflación de demanda, que se ha reducido, por la caída del poder de compra de los consumidores. Sin embargo, la inflación anual registro en diciembre de 2023 el nivel de 211.4% y en mayo de 2024 llegó a 276.4%. O sea, una de las más altas del mundo. Mientras que la inflación acumulada en 2024 llegó a 71.9%, que representa la pérdida del poder de compra que se registró por la devaluación y el aumento de los servicios básicos, combustibles y reducción de subsidios de estos dos últimos. En otras palabras, la población más vulnerable ha pagado el costo del ajuste no la casta política como dice Milei.

Otro logró, al tercer mes del mandato, es haber obtenido superávit fiscal que se ha mantenido hasta mayo de 2024, pero que se ha obtenido por el brutal ajuste, pero a costa de reducir una serie de gastos en salud como medicamentos, a comedores populares, baja en términos reales en las jubilaciones y pensiones, en las transferencias a las provincias y obra pública. Tal es la situación social, que la Iglesia Católica abrió comedores populares para paliar el hambre. Mientras que Capital Humano, una dependencia gubernamental, no reparte los alimentos almacenados para distribución entre la población, a pesar de que la Justicia ordeno su entrega a ésta.

Si bien, estos dos ejemplos, reflejan un logró en variables macroeconómicas se ha obtenido en base a reducir el nivel de vida de la población de menores recursos. Pero, por otro lado, el gobierno sigue batallando con la iliquidez en divisas, por lo que hace malabares para obtener recursos frescos. El FMI aprobó la última revisión del programa y desembolsó 800 millones, negoció el swap de monedas con China para aplazar el pago de 5 mil millones y está en camino de negociar un nuevo acuerdo con dicho organismo. La deuda pública externa estrangula financieramente al país gaucho, de forma que parte de la ley bases busca la entrada de capital extranjero para poder tener recursos que le permitan hacer frente al cumplimiento de los pagos de ésta, va camino a una renegociación de esta deuda para evitar caer en un default.

Argentina tiene problemas estructurales de larga data. El Banco Mundial, desde su óptica ortodoxa, establece tres condiciones para un nuevo tipo de crecimiento: mejorar la política fiscal reduciendo la prociclicidad del gasto público; profundizar la integración comercial (o sea apertura comercial) con mayor competitividad de las empresas locales y cultivar el capital humano, apoyando educación y capacitación, con miras a competir en el segmento de la economía del conocimiento.

En suma, el modelo económico de Milei, busca a rajatabla la desregulación de la economía, para el funcionamiento pleno del libre mercado, la reducción al mínimo del tamaño del estado, entrada y salida de capitales sin restricciones, reducción de la inflación y del déficit fiscal que, al parecer esta alcanzando estas dos últimas, apertura total al capital extranjero o sea la desnacionalización de la economía, etc. Esta en el proceso de estabilización de precios, reducción de los principales desequilibrios macroeconómicos, pero se ahoga la economía por la elevada deuda externa y lucha por no caer en default. Lo hace con más deuda externa para pagar esta deuda. Su aspiración por dolarizar esta lejana, mientras no tenga suficiente RMI, el diferencial cambiario sigue aumentando y el reequilibrio de precios relativos va a paso lento. El panorama es crítico para 2024, el FMI estima una contracción económica de 2.8% y el Banco Mundial estima que será 3.5%. El esquema económico ultraneoliberal, de Milei, está basado en su gurú Murray Rothbard.

Luis Rosero M.

El Movimiento de Renovación Nacional (MORENA) en alianza con el Partido de los Trabajadores (PT) y Partido Verde (PV), coalición Sigamos Haciendo Historia -SHH-, ganó con amplia ventaja, en las elecciones presidenciales, gobernaturas, legislatura y alcaldías. En el escrutinio final, Claudia Sheinbaum (MORENA, PT y PV) obtuvo 35.9 millones de votos (59.7%), quedando en primer lugar en 31 de los 32 estados, y Xóchitl Gálvez (coalición PRI-PAN-PRD) alcanzó 16.5 millones (27.4%), una diferencia de 32.3 puntos. Esta gran victoria le sirvió, por arrastre, ganar la Alcaldía de la ciudad de México (CDMX), lograr de las 7 de las 9 gobernaturas en disputa; las estimaciones del conteo rápido, del organismo electoral, proyectan que SHH obtendría 364 diputados (72.8 mayoría calificada) y 83 senadores (64.8 del total de la cámara alta), mientras que PRI-PAN-PRD solo obtuvo 109 diputados (un tercio de lo obtenido por SHH) y 41 senadores (la mitad de lo alcanzado por SHH). Es una aplastante derrota a los partidos de la derecha, en la que el PRI y el PAN obtendrÍan su partida de defunción y el PRD no alcanzó el mínimo requerido para mantenerse como partido político.

Para comprender este histórico triunfo, hay que rememorar lo que pasó en las últimas 5 décadas anteriores. Hasta el año 2000 el PRI había puesto los presidentes. Era el supuesto partido que recogió los principios de la revolución mexicana (1910-1920), perdió su rumbo y se convirtió en represivo, con la matanza de estudiantes en Tlatelolco de 1968, con Diaz Ordaz, posteriormente además viró hacia el neoliberalismo, se volvió corrupto, controló la justicia y mantuvo la impunidad. En el año 2000, asume la presidencia el PAN (derecha) con Vicente Fox, que le quita el poder al PRI, después de 70 años, le sucede en 2006 Felipe Calderón (PAN), que nombra como ministro de Seguridad a Genaro García Luna, quien lleva una aparente guerra contra los carteles de la droga, pero resultó estar al servicio de pocos cárteles y el gobierno atacó a los enemigos de los primeros, dejando un reguero de muertos y desaparecidos. En 2006, el PRI vuelve al poder con Enrique Peña Nieto que continua con las lacras: neoliberalismo, corrupción, control de la justicia y represión. Cansado del desastre de estos gobiernos, de derecha, el pueblo decide, en 2018, llevar al poder a otra alternativa: MORENA con Andrés M. López Obrador (AMLO).

AMLO establece un gobierno que prioriza la política social  (reducción de la pobreza, pensión no contributiva para la tercera edad, ayuda a madres solteras, eliminó el pago de comisiones en las transferencias que hacen los mexicanos a su país, Programa para el Bienestar en los estados más pobres, becas a estudiantes y personas con discapacidad), las obras de infraestructura en vialidad y comunicaciones (Tren Maya, aeropuerto AIFA, tren interurbano CDMX-Toluca, tren interoceánico), creo la Guardia Nacional, lideró la Cuarta Transformación e impuso el nacionalismo y reducción de la evasión fiscal. Tuvo un buen manejo económico, pero deja un mayor déficit fiscal por alcanzar justicia social e infraestructura pública.  No tuvo éxito en la lucha contra los carteles que aumentaron la violencia.

El triunfo de Sheinbaum, aliada de AMLO, es histórico porque es la primer mujer presidente de la historia de México, lo cual tiene más relevancia en un país machista y aumento del femicidio. Es una científica y defensora del medio ambiente. En su discurso, después de conocer el resultado, dijo “No llego sola, llegamos todas…”  con lo que dio a entender el apoyo a las mujeres y establecer una política de género en su gobierno. Se espera que consolide las políticas de su antecesor. En sus propuestas, en el área social, destaca el fortalecimiento de la educación con una beca universal, programas de apoyo a estudiantes, fortalecer los programas educativos y becarios de su antecesor. Para la Seguridad, buscaría fortalecer la Guardia Nacional. En salud, fortalecer el seguro social y vincular todas las instituciones de salud pública y vincularla con las del sector privado.  Establecerá una lucha contra la violencia de género. En economía, esta orientada por la austeridad, mantenimiento de los programas sociales, aumento del salario mínimo y la inversión en el sur. En ambiente, destaca la defensa de éste. Para movilidad se compromete a consolidar los proyectos de comunicaciones y transporte, hidroléctricas, refinerías de petróleo. En suma, buscara elevar el crecimiento económico, ampliar la política social, controlar la deuda y defender el medio ambiente.

En síntesis, se trata de la consolidación del proyecto país de Morena, de una profundización de la política social, equilibrar la economía, reforzar la infraestructura, enfrentar la inseguridad ciudadana y reducir la pobreza. Se trata de un modelo progresista que buscará velar por los más débiles de la sociedad combinado con el desarrollo económico con equidad y justicia social. Dado que tiene mayoría, en ambas cámaras del Congreso, AMLO ya envío un proyecto de 20 reformas entre las que destacan: permanencia de la pensión para adultos mayores y discapacitados, becas, atención médica gratuita, vivienda popular con créditos baratos, defensa del medio ambiente, salario mínimo no debajo de la inflación, apoyo a campo, reforma en el campo eléctrico, reforma al poder electoral y judicial, desaparición de organismos autónomos. Esta iniciativa provocó nerviosismo en los mercados. Si logra AMLO aprobar este proyecto de reformas le deja el campo marcado a la Presidenta y le va a tocar a ella, entre sus objetivos mediatos, equilibrar las finanzas públicas y enfrentar el problema de la deuda y posteriormente aplicar su programa de gobierno. Ya la presidenta ha prometido prudencia fiscal y estabilidad macroeconómica.

Luis Rosero M.

A fin de mayo de 2024, el directorio del FMI aprobó el acuerdo SAF, por 4 años, que le da acceso al país a un crédito de 4000 millones, con un desembolso inmediato de 1000 millones, y con opción para obtener unos 8000 millones de organismos multilaterales. La carta de intención con el FMI, suscrita por el gobierno, establece el condicionamiento de varias medidas económicas: fiscales, de estabilización macroeconómica, deuda pública externa, recuperar la liquidez, de estabilidad del sistema financiero y reformas estructurales. En este artículo solo analizaremos las medidas de carácter fiscal.

El SAF (por sus siglas en inglés) es el acuerdo de facilidad ampliada que se otorga a países con graves problemas de balanza de pagos a mediano plazo.  A nivel técnico, se acordó el 19 de abril de 2024, que implicó claramente un precondicionamiento. En efecto, previo a este acuerdo, en el suplemento 520 se promulgó, en el R. Oficial, de Marzo 18 de 2024, el decreto ejecutivo 198, que aumenta el IVA del 12 al 15%, a partir de abril, según lo dispuesto en la reforma a la ley para enfrentar el conflicto armado. El texto inicial de ésta norma, además se estableció una contribución temporal a grandes empresas, a la utilidad de los bancos, el aumento del ISD al 5% y la remisión tributaria. Estas medidas rendirían 1.8% del PIB en 2024, de la cuales el 1.2% son transitorias.

Con el acuerdo se establece un ajuste adicional para reducir el déficit fiscal, que se estima para 2024 en alrededor de 2.5% del PIB, o sea cerca de 2500 millones de dólares. Las medidas serían, por el lado de los ingresos, a más de las señaladas anteriormente, la eliminación del subsidio a la gasolina extra y ecopaís que rendiría 700 millones, en 2024, lo que sumaría en total 2.5% del PIB. Por el lado, del gasto se limitarían los sueldos y salarios, compras de bienes y servicios y gastos de capital y sociales que se ajustarían, en términos reales, en 0.2% del PIB, con lo cual tendríamos un ajuste fiscal que daría un ingreso neto de 2.2% del PIB en 2024 y un 3.35% en el período 2025-2028.

El tema central del problema fiscal, son las necesidades brutas de financiamiento que alcanzarían en 2024 un nivel de 8035 millones, para lo cual la fuente principal de financiamiento serían los multilaterales de los cuales el fondo aportaría 1500 millones, las otras multilaterales de 3295 millones y el financiamiento interno de 2830 millones. En consecuencia, no basta el crédito del FMI para cubrir las necesidades de financiamiento sino que a éstas (BM, BID, CAF, etc.) aportarían, dos veces más que el FMI. los otros multilaterales De lo cual se desprende, que habría condicionamiento en la política económica no solo del FMI sino de los otros multilaterales, se trata de un condicionamiento cruzado. Pero, lo mas importante, es que el país enfrenta cada vez más sus problemas fiscales con más deuda pública, principalmente endeudamiento externo, que lo mantiene en un ciclo perverso de déficit fiscal creciente – reformas tributarias constantes para generar más ingresos fiscales – mayor deuda pública, sobre todo externa – renegociación de ésta. Este ciclo limita las posibilidades de crecimiento económico, dado que las medidas condicionantes tienden a ser recesivas y llevan al problema de aumento del riesgo en el pago de la deuda externa que a su vez genera un problema en el acceso al mercado a los mercados externos de capital lo cual tienden a culminar en una renegociación de ésta,.

Según el Boletín de Deuda Pública, del Ministerio de Finanzas, a marzo de 2024, la deuda pública alcanzó 60171 millones de dólares, de la cual el 21.4% corresponde a deuda interna (12925’) y el 77% a deuda externa (46345’). Ese monto de deuda representa el 49% del PIB, cuando la Constitución establece que este indicador no debe superar el 40%. El perfil de vencimiento de ésta contempla un pago de 2364 millones en 2024 y 1456 millones en 2025. Cuando el gobierno planteó la ley para enfrentar el conflicto armado interno argumento que el alza del IVA y las contribuciones temporales servirían para financiar las operaciones del ejército en la lucha contra el crimen organizado que, entre otras acciones, implica la presencia en las calles de las FF.AA. Sin, embargo, de acuerdo a las necesidades financiera para cubrir la deuda pública externa se revela que, la verdadera razón, es cumplir con los pagos de este tipo de deuda. El acuerdo con el FMI y con los otros organismos multilaterales aumentará las necesidades de financiamiento y el país tendrá que cubrir mas altos niveles de amortización de la deuda pública en los próximos años.

Además, de acuerdo a la Carta de Intención, el gobierno deberá enviar un proyecto de ley para convertir las contribuciones temporales en permanentes, lo que tendría vigencia en 2025. Por lo que, en el siguiente año, no solo seguiría rigiendo un IVA de 15% sino que además las contribuciones a grandes empresas y de las utilidades de los bancos y otras se convertirían en permanentes.

Hay otra serie de medidas que establece dicha Carta, por el lado fiscal, entre las que están aumento de ingresos petroleros, reducción del gasto no primario no petrolero, establecer límites de deuda, necesidades de financiamiento sostenibles, regularizar los atrasos, reconstruir las reservas fiscales, mejorar la red de apoyo social incluyendo a familias con tres deciles mas bajos de ingresos. Otras medidas serían mejorar la gestión de las finanzas públicas, la gobernanza fiscal y la administración de ingresos.

En síntesis, en 2024 tendremos un ajuste fiscal, por el lado de los ingresos y gastos, que causará una serie de impactos.  Uno, reducirá el déficit fiscal entre 1.6 a 2% del PIB. Dos, será carácter contractivo que frenará el crecimiento y la supresión de los subsidios a la gasolina tendrá un efecto en cascada que impactará en la inflación como lo hizo el IVA que contraerá el consumo. Habrá impacto sobre los grupos más vulnerables y pobres En consecuencia, tendremos desaceleración económica. Las propias proyecciones del FMI establecen que, para 2024, el crecimiento será apena 0.1% que, si siguen los apagones en los próximos meses, podría ser cero o negativo, lo que implicaría más desempleo, subempleo y pobreza. En 2025 habría una leve recuperación con un crecimiento de apenas 1.2% y en 2026 de 1.8%. Habría que esperar para 2027 para la recuperación económica del país.

Luis Rosero M.

En un corto discurso el presidente resumió lo que ha realizado en sus primeros 6 meses de gobierno. Cuando asumió el mando, el país tenía una cuádruple crisis: económica, social, política e institucional. A eso se agregó, la crisis energética. El mandatario tomo algunas medidas para enfrentarla alcanzando ciertos avances y retrocesos, priorizando la económica, de seguridad y energética. En este primer semestre, los hechos configuran un estilo de gobierno, que se maquilla, pensado en la reelección. En éste juega un papel clave la política de comunicación, de una gestión claroscuro, que resalta lo primero y busca obnubilar lo segundo que lleva a la opacidad.

El presidente, en su discurso, destaco 4 ejes: seguridad, economía, crisis energética y lo social. En el primero, el gobierno ha aplicado 3 estados de excepción, sacó las fuerzas armadas a las calles para ayudar a la policía, que juntas han realizado operativos para capturar delincuentes y armas, entró a las cárceles y logró capturar a lideres de bandas criminales con el fin de reducir la violencia que se atribuye a la acción de carteles y sus aliados. Como resultado, a nivel nacional, se han reducido las muertes violentas pero han aumentado los secuestros y extorsiones (vacunas). En el ingreso a las cárceles de los militares encuentran armas, equipos de comunicación, droga, etc., por ello, el gobierno emitió un decreto para control de acceso de armas en éstas. Al parecer, hay problemas en la aplicación de la estrategia de seguridad, su táctica y las labores de inteligencia.  Como resultado, tenemos que sigue el estado de inseguridad en el país, con logros en ciertas provincias como la de Esmeraldas, persistiendo el temor, miedo y zozobra de la población. Al parecer, la política de mano dura no es suficiente para controlar la violencia y debería ir acompañada de otros tipos de políticas.

El gobierno recibió un país con varios desequilibrios macroeconómicos. El más crítico , es el déficit fiscal de cerca del 5%, seguido del pago de la deuda externa. Para ello, la Asamblea aprobó una ley que aumentó el IVA al 15%, una contribución temporal a las empresas y remisión tributaria. Se justificó, esta ley, por la necesidad del financiamiento de la lucha contra la delincuencia, con el apoyo de las FF.AA. Como resultado, los ingresos del IVA aumentaron 58 millones más que en abril de 2023, la remisión de intereses y multas 208 millones y la contribución temporal 328 millones. De ésta, última la Asociación de Bancos Privados planteó una demanda de inconstitucionalidad, evidenciando que los que más tienen no quieren aportar. También hubo un efecto, en el aumento de la inflación mensual y anual y del costo de la vida además de un efecto recesivo. Revisando los altos montos del servicio de la deuda externa -capital+interés-, en el período 2024-2026, al parecer, el verdadero motivo de estas medidas tributarias ha sido el pago de la deuda externa y reducir el riesgo de default. No se habló en el discurso, de la aprobación, a nivel técnico, del acuerdo con el FMI, para obtener un crédito de 4000 millones que servirá, en parte, para pagarle a este mismo organismo. Como es conocido, el gobierno tiene que firmar una carta de intención con el FMI, que trae aparejado un condicionamiento en la política económica, por la que el país se verá obligado a aplicar medidas económicas que exige este organismo y que son de carácter recesivo.

Sobre la crisis energética, que llevaron a apagones, el gobierno culpó a la exministra de energía quien señaló en una carta que a su ministerio no le realizaron las transferencias de recursos para cubrir los gastos de mantenimiento de las centrales hidroeléctricas y ahora el gobierno quiere revivir el concurso de las barcazas de generación eléctrica, que son costosas. Aún más, el ex secretario de comunicación declaró que hubo un cierre de las compuertas de la hidroeléctrica Mazar lo que fue desmentido por el Gerente de Celec Sur señalando que, en esta, no existen compuertas. Este gran error, le costo el puesto al primero. Si bien, ya no hemos tenido apagones por algunos días, por la exportación de energía de Colombia y las condiciones atmosféricas favorables que han permitido llenar los embalses de las hidroeléctricas, el presidente salió con una imagen limpia del problema y se encontró quien era la supuesta causante de la mala gestión energética.

En lo social, se dijo que no se abandona “Ni a los adultos mayores, ni a los jóvenes, ni a las madres. A nadie. …Mejoramos el acceso equitativo y oportuno, a la educación, al empleo, al emprendimiento, a la vivienda, a la tecnología, a la cultura, a la recreación; en definitiva, a una vida digna, de calidad.” Lo cierto es que las personas de tercera edad no reciben la devolución del IVA, el desempleo juvenil es el más alto y un informe de migración a EE.UU. señala que más 16.000 migrantes ecuatorianos fueron detenidos, expulsados y deportados en abril de 2024, fenómeno que se da por la falta de empleo en el país, no hay programa de vivienda pública, hay problemas con el impago a la empresa proveedora de diálisis -que afecta a los diabéticos- y otras, el subempleo, el hambre y la pobreza siguen creciendo. Si no fuera por las remesas de los migrantes, muchas familias de escasos recursos no podrían comer.

En síntesis, si bien este gobierno ha mejorado la gestión en seguridad, respecto al gobierno de Lasso, han bajado las muertes violentas pero se han incrementado otros delitos, hay dificultades en aplicar la estrategia de seguridad y no hay control completo de las cárceles, a pesar que se ha reducido la inseguridad persiste el miedo y el temor de la población; en lo económico, el alza del IVA provocado efectos negativos sobre las mayorías y con el convenio con el FMI se espera que se afecten aún más y se manifieste, la desaceleración de la economía y termine en recesión; en lo energético, no se vislumbra, a muy corto plazo, solución para los apagones y se opta por alternativas costosas y se descarta las que generan energía limpia; en lo social, a más de que no hay muchos recursos asignados para la política social hay deterioro de las condiciones de vida de la población y falta de empleo que explica, en buena medida, la migración. Finalmente, en cuanto a la política de comunicación, Expreso publicó, en relación al informe a la nación, una noticia con el título: Daniel Noboa, master en noticias falsas. Y, por otro lado, El País, tituló una noticia “La popularidad de Noboa cae 12 puntos entre dudas sobre las cifras de seguridad y empleo” refiriéndose al proyecto inmobiliario que se iba a construir en Olón -después de conocerse los favores gubernamentales que recibió la iniciativa- y la confusión de las cifras de empleo y seguridad le hayan afectado en los últimos 30 días, según señala este diario. Salió a la luz, el conflicto de interés entre el interés privado vs. el público. Una cosa son los discursos y otros los hechos. Se muestra la punta del iceberg, no se ve lo que esta debajo de este, pero hay hechos que salen a la luz mostrando los intereses detrás. Un gobierno debe velar por el bienestar de la mayoría, llevar adelante un proyecto país, no cargar la mayor parte de la carga tributaria a los de abajo,  buscar el interés público y no el privado, mostrar transparencia, etc.

Luis Rosero M.

En febrero 9, de este año, el CNE aprobó el calendario electoral que, la primera vuelta presidencial, sería en febrero 9 de 2025. O sea, faltaría alrededor de 8 meses para dicha elección. Los medios de comunicación, a fines de febrero e inicios de marzo de 2024, mencionaban algunos de los precandidatos. Por lo que se conoce, en la práctica, al parecer ya se inició la pre campaña electoral para la próxima elección presidencial en 2025. En ésta, el presidente actual optaría por la reelección y tendría como rivales a candidatos de varias tendencias entre ellos los del PSC (derecha), de la Unidad Popular (izquierda), RC5 (progresismo), etc.

En la pre y campaña electoral son importantes el jefe de campaña, el consultor político y el diseñador de imagen. Los dos primeros establecen la estrategia política de campaña y, el tercero, construye la imagen del candidato. En la campaña se ofrece satisfacer las demandas sociales para convencer a los electores pero no solo en base al plan de gobierno sino además en los atributos personales del candidato para cumplir con estas demandas. En el proceso electoral, también juega un rol importante el marketing político, las fake news, la manipulación de las necesidades, etc. Como señala Hugo Haime, en su libro Que tenemos en la cabeza cuando votamos, las demandas de los ciudadanos son fundamentalmente sobre trabajo, seguridad, salud y ética pública. Cada segmento de la sociedad (clase media y popular) tiene demandas específicas. También pesa mucho el contexto, la coyuntura y la situación económica, social y política del país, o sea el escenario. El asesor de imagen, en cambio, construye la imagen pública para convertir al candidato (a) en el ideal.  La campaña, cuando hay un candidato en el poder, se diferencia de sus rivales porque el gobierno puede difundir, a través de instituciones públicas, la gestión que realiza. También juegan un papel importante la calificación de la población de la gestión gubernamental, la popularidad del presidente, etc.

Por Decreto Ejecutivo 46 de Julio de 2013, la Secretaría de Imagen Gubernamental (SIG) se fusionó por la absorción a la Secretaría Nacional de Comunicación, SECOM; en abril de 2014, se expide el estatuto orgánico de gestión y posteriormente se le otorga personería jurídica propia y autónoma pero manteniendo la SIG hasta la actualidad. En el acuerdo SGPR-2019—0027, se establece que la misión de ésta es: establecer y administrar la imagen gubernamental, el diseño de campañas gubernamentales y material publicitario ….a ser difundido a través de los medios de comunicación que generen sinergia entre el Gobierno Nacional, instituciones del estado y ciudadanía. En función de esta normativa, según Primicias, el gobierno lanzó un proceso de contratación por 2.5 millones para el servicio de pautaje y difusión de los mensajes y campañas del gobierno nacional.

El énfasis que ha puesto el gobierno, en sus primeros 6 meses de gestión, según declaración de Noboa a EFE, ha sido en seguridad, ordenar las finanzas y leyes para la crisis económica. Ahora, continuará la lucha contra la inseguridad (cárceles, desmantelar la estructura del crimen organizado y transnacional), pero que se enfocara en lo social al garantizar la educación y empleo de los jóvenes; en lo económico, señaló que el acuerdo con el FMI no existe pre condicionamiento y que los recursos de los acuerdos internacionales se convertirán en obras, inversión, salud y educación. En otras palabras, la política económica, por los condicionamientos que tradicionalmente impone el FMI, va a estar determinada por este organismo.

Si bien, en el primer semestre, la popularidad del presidente aumento por la reducción de la criminalidad, ha habido una disminución de esta por el aumento del IVA, los apagones, el desempleo, los picos de violencia, etc. Según Primicias, basado en una encuesta de Comunicaliza, los dos primeros factores hicieron que la aprobación del presidente caiga más de 20 puntos en pocas semanas hasta 59%. En efecto, el alza del IVA aumentó la inflación mensual que paso de 0.29% (marzo) a 1.27% (abril 2024) mientras que la inflación anual se incrementó, entre esos dos meses, de 1.66% a 2.75%, lo cual implica que el costo de la canasta básica, que, en marzo de 2023, valía $ 767.31 aumentó en abril de 2024 a $ 797.39, lo que representa un incremento de $ 30.38 dólares en un año, o sea un encarecimiento del costo de la vida. Para explicar el por qué de los apagones, se acusó a la ex – ministra de energía. Para compensar a la población por los cortes de energía, el gobierno ofreció reducir en 50% la factura de electricidad de abril, que se efectivizaría a fines de mayo de este año. Lo mas preocupante es la situación en el mercado de trabajo que si bien es baja la tasa de desempleo, la problemática se centra en la tasa de subempleo que, en el I trimestre, alcanzó 20.5%, mientras que la tasa de otro empleo no pleno llegó a 28.6% que explicaría por qué hay 5 millones de informales y genera migración. El dato preocupante que, refleja los efectos de esta problemática, es el reporte de EE.UU. desde donde más 16.000 migrantes ecuatorianos fueron detenidos, expulsados y deportados en abril de 2024.

Por ello, el presidente declaró en España que la lucha contra la inseguridad, en lo social, se enfocará en el empleo. Ahora, anunció el Ministerio de Finanzas que ha transferido 300 millones a los GADs y se prometió la devolución del IVA a personas de la tercera edad en abril. Esto es posible por el aumento de los ingresos tributarios, por la contribución temporal de empresas y personas naturales y alza del IVA. O sea, el régimen responde a los efectos de las medidas económicas que ha tomado y apagones porque, en precampaña, se ve afectada la imagen gubernamental.

Esta imagen también se afectó por el proyecto inmobiliario que iba a construir la empresa Vinazin en Olón, en la que el presidente y su esposa son accionistas, que fue cancelado, por protestas de comuneros y ambientales, por el daño ambiental que generaría. Las variables implicadas aquí son los conflictos de intereses e influencia de poder en el trámite de permisos ambientales que salpicó a 3 ministros.  La ética pública y la transparencia de los actos gubernamentales son fundamentales en el accionar de un gobierno y la imagen de un mandatario así como de los miembros gabinete que tienen participación accionaria en empresas. Más aún, para enturbiar el panorama, el Ministerio de Finanzas emitió una política para la clasificación, registro y custodia de información pública, reservada y confidencial, aplicable a los funcionarios de dicha cartera de estado, que fue publicada en el Registro Oficial del 13 de Mayo, justo días antes de que el directorio del FMI apruebe el acuerdo con el FMI con lo cual el país recibiría 4000 millones de dólares y que a cambio se obliga a aplicar las medidas económicas, cumplir objetivos y metas macroeconómicas que exige este organismo.  El riesgo es que no solo no se pueda conocerse el contenido de la carta de intención que firmó el gobierno sino que exista opacidad en que dichos recursos sirvan para pagar deuda a ese organismo y, más aún, ese acuerdo sirva de aval de una posible renegociación de la deuda externa. Nuevamente entra en juego la transparencia y la entereza de hacer conocer al país la problemática de la capacidad de pago de la caja fiscal para cumplir sus compromisos internacionales y sus consecuencias.