Luis Rosero M.
Con el primer paquete de medidas económicas, el gobierno aplicó un DNU para la liberalización de precios, ajuste fiscal draconiano y devaluación. Ahora busca con una ley combo (ómnibus) ajustada privatizar y concesionar empresas públicas, flexibilización laboral e incremento de ingresos tributarios gravando a trabajadores y empleados. Con esto se completaría su esquema económico ultra neoliberal, que va en línea con lo promovido por los organismos multilaterales (FMI y otros), aplicado vía shock que, en el primer cuatrimestre, ha logrado un superávit fiscal pero ha asfixiado a trabajadores, empleados, clase media y grupos vulnerables.
A más de la recesión, el mayor impacto económico de este conjunto de medidas ha sido el aumento de la inflación anual que, a marzo de 2024, alcanzó 287.9% y, si bien la inflación mensual bajo a 11%, ha incrementado el costo de la canasta básica drásticamente que ha provocado un deterioro del nivel de vida de las mayorías. Por otro lado, si bien el gobierno liberó los precios en todos los mercados, se vio urgido de liberar las importaciones de alimentos para reducir los precios de la canasta básica y en la medicina prepagada se ha visto obligado a exigir que dichas empresas reduzcan sus precios debido al malestar de la clase media.
La Cámara de Diputados aprobó, en general, proyecto de “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, denominada ley ómnibus, cuyos puntos centrales son la privatización de empresas públicas, pero quedaron fuera de esta algunas como el Banco Nación y otras; régimen de incentivos para grandes inversiones que establece una serie de incentivos fiscales, aduaneros y cambiarios. En lo fiscal, impuestos a las ganancias (ingresos) que reimpone la cuarta categoría de trabajadores que ganen entre 1800.000 (solteros) y 2200.000 pesos, o sea que perciban entre 1900 a 2000 dólares; una alícuota creciente para activos que ingresen a fin de desalentar el blanqueo de capitales; moratoria en obligaciones tributarias, aduaneras y de seguridad social no regularizadas; monotributo, mediante el cual se unifica el pago de algunos impuestos en uno solo para pequeños empresarios, aumentando el monto de facturación y la cuota mensual y, en lo laboral, se amplía el periodo de prueba hasta de un año y un fondo de cese laboral, como alternativa a las indemnizaciones, y se constituirá con convenios colectivo de trabajo siendo aportando únicamente por el patrono con 8% del sueldo del trabajador. Lo más importante, en términos del poder presidencial, es que se autoriza, por un año, que pueda tomar medidas, sin pasar por el Congreso, sobre emergencias administrativas, económica, financiera y energética.
Este proyecto de ley fue rechazado por el Senado, como estrategia el gobierno lo reajusto a fin de que pueda ser aprobado. Con este se completaría la política económica que está aplicando. Tendría tres objetivos principales. Uno, se vendería empresas públicas al sector privado o se entregarían en concesión. La idea es reducir el tamaño del estado. Dos, se busca además una reforma fiscal para obtener mas ingresos tributarios, a través de reintroducir el impuesto a las ganancias a los que ganen entre 1900 a 200 dólares; se aumenta el nivel de ventas y el aporte mensual de los pequeños negocios monotributistas y se perdona las multas y mora en ingresos tributarios, aduaneros y seguridad social para obtener liquidez. En lo laboral, se aplica una débil flexibilización laboral aumentado el periodo de prueba y se establece un fondo por cese laboral. El gobierno, en este tema, no fue más allá debido al temor de las protestas de las poderosas centrales obreras. Lo fundamental, en cuando al poder del ejecutivo, de este proyecto, es que puede adoptar decisiones de emergencia administrativas, económicas, financieras y energética directamente sin pasar por la legislatura congresil.
El esquema de política económica está basado en reducir a rajatabla el déficit fiscal y lograr superávit, al que se le culpa principalmente ser el causante de la inflación. Esto se realizó con un ajuste y liberalización de precios internos brutal que los ha igualado a los internacionales. A tal punto ha sido el ajuste, que el gobierno corto la provisión de medicamentos a hospitales públicos para enfermedades críticas muriendo, en los últimos 4 meses, 7 pacientes. Pero, si hay recursos para compra de aviones de guerra a Dinamarca. Como es evidente, este ajuste no lo pago la casta sino trabajadores, empleados, clase media y grupos vulnerables. Con la exigencia de la reducción de precios a las empresas de medicina prepagada y abrir las importaciones de alimentos se revela que hay, en el aumento de la inflación, un poder oligopólico empresarial. El gobierno aplica una teoría de inflación por demanda cuyo efecto, en la práctica, es que al subir demasiado los precios de la canasta básica cae su demanda.
Con este proyecto de la ley ómnibus, el gobierno busca aplicar reformas estructurales: reducción del tamaño del estado, completar su reforma fiscal y una liviana flexibilización laboral. Esto completa su esquema de política económica basada en el imperio del libre mercado (liberalización de precios), un ajuste fiscal draconiano y una fuerte devaluación para reducir el diferencial entre el dólar oficial y el dólar blue. Este modelo establece dos anclas una fiscal y otra cambiaria. Hasta ahora es creíble la fiscal y espera que se acorte el diferencial cambiario para lograr credibilidad de la segunda. Para esperar la sostenibilidad del esquema de política económica habría que esperar, en las próximas semanas, la evolución de la inflación, podremos conocer si se comprueba la hipótesis de que la inflación es causada por el financiamiento del déficit vía emisión. Si bien el gobierno ha logrado superávit fiscal, este ha sido alcanzado reduciendo drásticamente el bienestar de trabajadores y empleados, clase media y ahorristas. El ajuste y los efectos de estas medidas no lo paga la casta. Otros de los efectos de las mismas es la recesión que se traduciría en un crecimiento negativo de 2.8% en 2024. La calificadora de riesgo Moody’s estimó que la economía caerá un 5% en 2024. El tema clave hasta cuando puede mantenerse este esquema de política económica, pues la pérdida del nivel de bienestar de las mayorías, expresado en el aumento de la pobreza, el hambre y crecimiento del sector informal, tiene sus límites, que está dado por la protesta en las calles: la explosión social. Esta presión puede aumentar por el paro declarado por la CTG, a la que todos los sindicatos plegaron a la central obrera y el gobierno ha señalado que lo reprimirá. Dada esta presión, habría que esperar si el Senado aprueba el proyecto de ley ómnibus.
El objetivo económico central del gobierno es dolarizar la economía, pero que está limitado por el bajo nivel de RMI, la iliquidez en divisas, el pago de la deuda externa -que va hacia su reestructuración-, la reducción del diferencial cambiario, la recesión, etc. En lo político, la repuesta de la calle es la limitante fundamental.
Pensamiento y comportamiento 